Crítica:
La noticia es un altavoz de la versión autonómica sin dar espacio a la réplica del Gobierno central. Es puro teatro político donde el dato de la patrullera averiada es el único clavo real en un discurso de campaña.
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Marlaska pide calma mientras Ceuta arde
Hay una receta clásica en el manual de supervivencia política: cuando la realidad te golpea en la cara, pide 'serenidad'. Fernando Grande-Marlaska ha aplicado este truco el pasado viernes en el Congreso, transformando la gestión de la invasión de Ceuta del 30 de julio en un ejercicio de yoga mental. Mientras el ministro hablaba de 'sentido de Estado' y 'humanidad', los juzgados de Ceuta acumulaban 53 denuncias por agresiones y resistencia contra policías, guardias civiles y militares. Es el contraste perfecto: el discurso de seda en Madrid frente al barro y los golpes en la frontera. Para el titular de Interior, el problema no son los hechos, sino el 'aprovechamiento político'. Es curioso que la 'estigmatización' le preocupe más que los 29 atentados a agentes de la autoridad o las 23 resistencias que han dejado el cuerpo de seguridad exhausto. Pero claro, es más cómodo hablar de 'personas vulnerables' que admitir que el control fronterizo tiene más agujeros que un colador viejo. Mientras tanto, la ciudadanía de Ceuta, harta de sentirse en el patio trasero del Gobierno, ha pasado de las palabras a los hechos, rompiendo cordones policiales en la playa de El Trampolín y quemando chabolas. El balance es desolador y el silencio ministerial, ensordecedor. Sumamos 20 denuncias por agresión sexual, incluyendo ocho violaciones, donde incluso una vecina de Ceuta ha sido víctima. Pero en la narrativa oficial, esto es una 'situación de complejidad'. Traducido al lenguaje de la calle: nos están vendiendo un coche sin motor asegurando que lo importante es la pintura. Marlaska prefiere señalar a la 'ultraderecha' que llamar a la deportación, mientras ignora que para el vecino de Ceuta, la 'dignidad humana' empieza por no vivir con miedo en su propia casa.
Marlaska calla mientras Ceuta arde a pedradas
En el tablero político, el silencio es una herramienta de gestión, y Fernando Grande-Marlaska ha decidido convertir el Ministerio del Interior en una cámara anecoica. Mientras en Ceuta la realidad golpea con la crudeza de una piedra en la cara, el ministro prefiere jugar al escondite con las estadísticas. Los juzgados ya cuentan 53 denuncias por agresiones y resistencia: 29 atentados a la autoridad y 23 delitos de resistencia. Es una cifra que, en el lenguaje de la calle, significa que el control se ha ido al traste y que los agentes están poniendo el cuerpo mientras el despacho central mira hacia otro lado. La paradoja es deliciosa si no fueras el que lleva el uniforme. Tenemos a militares que actúan como policías pero que, legalmente, son ciudadanos de primera clase sin capacidad de detener a quien los embosca. Es como enviar a alguien a apagar un incendio pidiéndole que no use el extintor porque no tiene el carné administrativo. El resultado: soldados que denuncian ataques grupales donde 40 personas arremeten y solo 12 acaban en el calabozo. El resto, humo. Pero el agujero contable de la seguridad no está solo en los golpes. Hay 20 denuncias por agresión sexual, incluyendo ocho violaciones, en un escenario donde niñas de 10 años buscan refugio bajo los coches patrulla para evitar ser cazadas en las montañas del CETI. Mientras tanto, la UIP y la UPR lidian con machetes y dedos fracturados, como si patrullar Ceuta fuera un deporte de riesgo no remunerado. Entre pedradas a patrullas y guardias civiles asaltados fuera de servicio, la ciudad autónoma ha pasado de ser una frontera a un polvorín donde los vecinos, hartos de la impunidad, han empezado a aplicar su propia ley quemando chabolas en la playa del Trampolín. Un caos perfecto, convenientemente archivado en el cajón de los secretos de Marlaska.
Nacionalidad a un clic: el 'hack' electoral
Hacer un trámite administrativo en España suele ser como intentar cruzar un río lleno de cocodrilos con los ojos vendados. Pero, curiosamente, cuando hay votos de por medio, el Ministerio de Justicia descubre el hilo del teléfono y se vuelve eficiente. Félix Bolaños, con la agilidad de quien sabe dónde están las costuras del sistema, firmó una instrucción que convirtió el calvario de los consulados en un paseo digital. La jugada fue sencilla: María Ester Pérez Jérez, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, decidió en noviembre de 2024 que ya no hacía falta hacer cola físicamente para pedir cita. Bastaba un clic telemático. El resultado fue un salto cuántico: pasamos de 351.266 solicitudes a la estratosférica cifra de 2.622.450. Es como si hubieran pasado de vender entradas para un teatro pequeño a llenar el Santiago Bernabéu siete veces seguidas, solo que aquí el premio no es un concierto, sino un DNI con derecho a voto. Lo verdaderamente fascinante es la elasticidad de la memoria. Mientras que la ley hablaba de exiliados, la práctica se extendió a descendientes de emigrantes de 1882. Básicamente, si tienes un tatarabuelo que se fue a Argentina antes de que se inventara la bombilla, el Gobierno te pone la alfombra roja. Pilar Cancela y César Mogo han hecho de Buenos Aires su segunda residencia, no por amor al tango, sino para avisar a los nuevos españoles que «podéis votar gracias a este Gobierno». Con 557.709 expedientes ya aprobados, el PSOE no está haciendo justicia histórica; está haciendo ingeniería electoral. Buscan el triunfo en 18 provincias pequeñas donde un puñado de votos del 'exilio' puede inclinar la balanza. Al final, la nacionalidad ha dejado de ser un vínculo afectivo para convertirse en una tarjeta de fidelidad política.
Educación: España recorta mientras Europa invierte
En España, invertir en educación es como intentar llenar una piscina con un gotero mientras el vecino de arriba, el sueco, usa una manguera industrial. Según Eurostat, mientras la media de la Unión Europea se plantó en el 4,7 % del PIB en 2023, nosotros nos conformamos con un 4,34 %. Cuatro décimas que parecen calderilla, pero que en la calle se traducen en aulas que parecen museos del siglo pasado y una sensación de abandono crónico. Lo más cínico es el paseo que hemos dado estos años. En 2019, antes de que el mundo se detuviera, estábamos en un 4,08 %. Llegó la pandemia y, entre el caos y la contracción del PIB, el gasto subió artificialmente hasta un pico del 4,72 % en 2020. Fue un espejismo. En cuanto pasó la tormenta, empezamos a recortar el grifo: 4,69 % en 2021, 4,42 % en 2022 y el actual 4,3 % en 2023. Básicamente, hemos vuelto a la dieta habitual de austeridad educativa. El resultado es que España se ha quedado en el puesto 15, haciendo compañía a Lituania y Letonia, y mirando con envidia a Bulgaria, Portugal o Polonia. Estamos a un abismo de 2,46 puntos de Suecia, que se gasta un 6,8 % del PIB sin despeinarse, seguida de Finlandia (6,3 %) y Bélgica (6,2 %). Entre Milagros Tolón y Pedro Sánchez se pasan la pelota con las comunidades autónomas, jugando al ping-pong de las competencias mientras el sistema se desinfla. Unos dicen que faltan becas y otros que faltan docentes, pero la realidad es que el presupuesto educativo tiene la misma prioridad que limpiar el trastero: se hace solo cuando sobra tiempo y dinero, cosa que, viendo las cifras, no ocurre nunca.
Sánchez en la playa, Ayuso en el fuego
Hay quien entiende las vacaciones como un derecho sagrado y quien las ve como un lujo que el calendario no permite. Pedro Sánchez, por ejemplo, ha gestionado la crisis migratoria de Ceuta —donde aterrizaron unos 80.000 inmigrantes— con la agilidad de quien pide un café para llevar. El 31 de julio hizo una escala técnica en la ciudad autónoma solo para volver a correr hacia La Mareta, su refugio en Lanzarote. Se tomó 27 días de desconexión, las vacaciones más largas desde que llegó a La Moncloa en 2018, para reintegrarse al mundo real el 25 de agosto en un Consejo de Seguridad Nacional. Básicamente, mientras el país ardía en caos migratorio, el jefe del Ejecutivo aplicaba el 'modo avión' en el Caribe español. En la otra acera, Isabel Díaz Ayuso ha pasado el agosto jugando a los bomberos, literalmente. Con 17 municipios calcinados desde el 23 de julio, la presidenta madrileña no ha sabido lo que es una tumbona, salvo por escapadas rápidas a Sotillo de la Adrada. Su agenda ha sido un despliegue de kilometraje: desde Pelayos de la Presa el 2 de agosto hasta Villa del Prado el 5 y el 10, pasando por Aldea del Fresno y Navalagamella el día 7. No se ha ahorrado ni el barro ni la polémica del ático de Planifica Madrid, que ahora se vende por unos 6 millones de euros para parchear los daños. Entre visitas a familias de Tres Cantos el 13 de agosto y la vendimia en San Martín de Valdeiglesias el 17, donde soltó medio millón de euros para los viticultores, Ayuso ha cerrado el ciclo el 24 de agosto en el Pantano de San Juan con un cheque de 3 millones de euros para empresas afectadas. Un contraste brutal: mientras uno contaba olas en Lanzarote, la otra contaba hectáreas quemadas y facturas de reconstrucción.
Puertos españoles: China tiene las llaves
España ha decidido abrirle la puerta de casa a COSCO Shipping, y no solo le hemos dejado pasar, sino que le hemos dado las llaves del cajón de los cubiertos y el código de la alarma. No es una inversión cualquiera; es el Gobierno chino sentándose a la mesa en Valencia, Bilbao y Algeciras. En Valencia, donde el puerto es el primero de España en contenedores y el cuarto de Europa, COSCO maneja el 51 % de las acciones. Básicamente, son los dueños del patio y deciden si el suelo se amplía para que sus mega buques aparquen cómodamente, mientras nosotros miramos desde la valla. En Bilbao, con un 39,5 % de las acciones, controlan el acceso al Cantábrico y el Eje del Ebro, conectando directamente con más de cincuenta puertos chinos. Y para rematar el triplete, han desembarcado en Algeciras, el nodo vital entre Europa y África. Es como si alguien comprara la gasolinera, el supermercado y la farmacia de tu barrio: parece un negocio brillante hasta que te das cuenta de que el dueño sabe exactamente cuántas compresas y cuántos kilos de arroz compras cada mes. El software logístico chino permite saber en tiempo real qué entra y sale de España, incluyendo suministros militares y tecnología sensible. El Ministerio de Defensa lanzó un grito de auxilio en mayo y la Comisión Europea ya habló en marzo de «actores estatales de alto riesgo». Pero claro, personajes como Aurelio Martínez en Valencia, o el tándem Gerardo y José Ignacio Landaluce en Algeciras, prefirieron ignorar el ruido europeo para abrazar la inversión. La ironía es deliciosa: hemos cambiado la soberanía estratégica por un cheque, olvidando que la ley china obliga a estas terminales a ayudar a la Armada del Ejército Popular de Liberación si Pekín lo pide. Un detalle menor, como quien acepta los términos y condiciones de una app sin leer la letra pequeña.
Robles y Marlaska: guerra de versiones por Ceuta
El Gobierno español ha decidido jugar al teléfono escacharrado con la seguridad nacional, y el premio es una vergüenza pública en horario prime. Mientras en Rabat el ministro Ahmed Toufiq habla de «liberar las ciudades ocupadas» bajo la mirada del rey Mohamed VI, en Madrid los ministros se dedican a pasarse la pelota caliente como si fuera un partido de tenis mal jugado. Por un lado, Margarita Robles sale al Congreso a decir que todo estaba bajo control. Según ella, los servicios de Inteligencia hicieron los deberes y que el CNI, con sus 25 agentes en Ceuta (un dato que, irónicamente, es secreto pero que ella suelta como quien cuenta los huevos que quedan en la nevera), avisó el 29 de julio de que el 30 sería un caos aprovechando la Fiesta del Trono. Incluso recuerda que el 27 de julio Juan Jesús Vivas y el delegado del Gobierno ya estaban sudando frío por el riesgo de colapso, con mil personas entrando al día. Pero entonces llega Fernando Grande-Marlaska y, con la tranquilidad de quien no ha leído el grupo de WhatsApp, niega que existiera «ningún informe» que avisara del desastre. Es la clásica dinámica de pareja en crisis: uno dice que avisó y el otro jura que no escuchó nada. Mientras tanto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, se ríe en nuestra cara reivindicando el «derecho histórico y geográfico» para que las ciudades «vuelvan al seno de la patria». Es fascinante. Tenemos a Marruecos marcando el ritmo y a nosotros discutiendo si el aviso llegó por correo certificado o por paloma mensajera. La seguridad de la frontera se ha convertido en un agujero contable de coherencia donde la única certeza es que, mientras los ministros se desmienten, la realidad golpea la valla.
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