Marlaska calla mientras Ceuta arde a pedradas

En el tablero político, el silencio es una herramienta de gestión, y Fernando Grande-Marlaska ha decidido convertir el Ministerio del Interior en una cámara anecoica. Mientras en Ceuta la realidad golpea con la crudeza de una piedra en la cara, el ministro prefiere jugar al escondite con las estadísticas.

Los juzgados ya cuentan 53 denuncias por agresiones y resistencia: 29 atentados a la autoridad y 23 delitos de resistencia. Es una cifra que, en el lenguaje de la calle, significa que el control se ha ido al traste y que los agentes están poniendo el cuerpo mientras el despacho central mira hacia otro lado. La paradoja es deliciosa si no fueras el que lleva el uniforme.

Tenemos a militares que actúan como policías pero que, legalmente, son ciudadanos de primera clase sin capacidad de detener a quien los embosca. Es como enviar a alguien a apagar un incendio pidiéndole que no use el extintor porque no tiene el carné administrativo. El resultado: soldados que denuncian ataques grupales donde 40 personas arremeten y solo 12 acaban en el calabozo.

El resto, humo. Pero el agujero contable de la seguridad no está solo en los golpes. Hay 20 denuncias por agresión sexual, incluyendo ocho violaciones, en un escenario donde niñas de 10 años buscan refugio bajo los coches patrulla para evitar ser cazadas en las montañas del CETI.

Mientras tanto, la UIP y la UPR lidian con machetes y dedos fracturados, como si patrullar Ceuta fuera un deporte de riesgo no remunerado. Entre pedradas a patrullas y guardias civiles asaltados fuera de servicio, la ciudad autónoma ha pasado de ser una frontera a un polvorín donde los vecinos, hartos de la impunidad, han empezado a aplicar su propia ley quemando chabolas en la playa del Trampolín.

Un caos perfecto, convenientemente archivado en el cajón de los secretos de Marlaska.