Crítica:
La noticia es un ejercicio de precisión técnica que oculta el escándalo bajo términos procesales. Le falta un análisis más profundo sobre quién autorizó los pagos mientras el cargo no asistía.
El hermano de Sánchez se enfrenta ahora a devolver 340.000 euros de sueldo tras su condena por prevaricación
El 'Hermanísimo' y la factura del aire
Otros artículos
Díaz a la OIT: ¿Inglés de adorno?
Colocar a alguien en la cima de un organismo internacional es como intentar meter un elefante en un Seat Panda: requiere maniobras, mucha paciencia y, sobre todo, ignorar que el coche no está diseñado para eso. El Gobierno ha decidido que Yolanda Díaz es la pieza ideal para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el comunicado oficial de Moncloa emitido este jueves. Pedro Sánchez, en un despliegue de entusiasmo digital, ya ha calificado la noticia en sus redes sociales como un «honor». Todo suena muy sofisticado hasta que aterrizamos en la realidad de los requisitos técnicos. Para mandar en la OIT no basta con tener buena voluntad o un discurso potente en castellano; hace falta dominar las lenguas oficiales. El inglés no es una sugerencia, es un requisito de alto nivel. Aquí es donde la ingeniería política choca con la gramática. Mientras el ciudadano medio lucha con la factura de la luz, el Gobierno parece luchar contra la evidencia de un vídeo de agosto de 2023. En aquella rueda de prensa, la ministra de Trabajo se enfrentó a una pregunta sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. El resultado fue un silencio sepulcral y una mirada de desconcierto que gritaba «no entiendo ni el saludo». La escena fue casi surrealista: la periodista hablaba en inglés y Díaz procesaba el sonido como si fuera ruido blanco. Fue necesaria la intervención de un traductor para que la ministra pudiera responder, y lo hizo, por supuesto, en un castellano impecable. El contraste es brutal. Pretender que alguien lidere la diplomacia laboral global cuando necesita un puente lingüístico para entender una pregunta estándar es, sinceramente, un salto de fe digno de un místico. La ambición política ha decidido que el diccionario es un detalle prescindible.
Examen sorpresa en bable: ¡Vaya sablazo!
Imagínate ir a comprar pan y que el panadero te cobre en rupias sin avisarte. Pues eso es lo que han hecho en el Principado de Asturias con un grupo de filólogos. El pasado martes, 24 valientes se presentaron al primer ejercicio para una plaza de Titulado Superior (Filólogo), Grupo A, solo para descubrir que las 17 páginas del examen estaban escritas íntegramente en asturiano. La portada, el único trozo de castellano, era básicamente el 'manual de instrucciones' antes del salto al vacío. Lo más delirante es que la convocatoria del BOPA de agosto de 2025 no decía ni 'mu' sobre este requisito. No hubo aviso, ni guiño, ni letra pequeña. De repente, los aspirantes se encontraron con 90 preguntas tipo test donde se les pedía analizar la política lingüística y los Premios Andrés Solar. Para añadirle sal al potaje, una de las preguntas preguntaba por el autor de unas encuestas sociolingüísticas, y la respuesta correcta era Ramón d'Andrés... que casualmente es miembro del tribunal calificador. Es como si en un examen de cocina el profesor te preguntara cuál es la mejor receta de tortilla y la respuesta fuera 'la del profesor'. El tribunal, presidido por Juncal Mónica García Velasco y compuesto por figuras como Marta López Fernández, Liliana Díaz Gómez y José Ángel Díaz Fernández, parece haber confundido una oposición pública con un club privado de entusiastas. Mientras Vox, con Javier Jové a la cabeza, grita que esto es oficialidad 'por la puerta de atrás' y un atentado a la igualdad de oportunidades, el Gobierno de Adrián Barbón juega al ajedrez con el marco jurídico. Ahora los candidatos tienen tres días para alegar, aunque intentar convencer a un tribunal que se pregunta a sí mismo en el examen es como intentar pedirle permiso al toro para entrar en la plaza.
Joyas 'de cortesía' y 53 millones rescatados
Hay quien recibe una tarjeta de felicitación por su cumpleaños y quien recibe un tesoro nacional en una caja fuerte. José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido que el mejor momento para explicar que sus joyas son un «regalo de cortesía personal» es justo cuando el viento sopla en contra. No es casualidad. El calendario es quirúrgico: mientras el expresidente intenta convencer a Javier Ruiz en el programa Mañaneros 360 de TVE de que no hay aroma a fraude, su amigo y socio, Julio Martínez Martínez, le ha dejado el camino pavimentado de espinas. Martínez no ha sido precisamente delicado. Ha soltado la bomba sobre un presunto tráfico de influencias para que la aerolínea Plus Ultra se embolsara un rescate de 53 millones de euros en 2021, bajo el mandato de Pedro Sánchez. Para el ciudadano medio, 53 millones es una cifra que requiere un Excel y una calculadora científica; para la ingeniería financiera de los despachos, parece ser el precio de un favor bien colocado. El contraste es delicioso. Por un lado, la modestia del «error» de aceptar joyas que ahora resultan ser un lastre judicial; por otro, la magnitud de un rescate público que hace que la lista de la compra de cualquier hogar parezca un chiste. Zapatero, acorralado entre el registro de su domicilio y la traición de su socio, ha aplicado la técnica del 'silencio selectivo'. Cuando le preguntan quién le regaló el brillo o de dónde vienen, la respuesta es la clásica: «Solo ante el juez». Es la danza habitual del poder: el regalo es 'personal' cuando es un lujo, pero la responsabilidad es 'judicial' cuando es un problema.
Cerdán: la hucha familiar bajo lupa
Parece que en la alta política el concepto de 'ahorro familiar' ha evolucionado hacia una ingeniería financiera creativa. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido que mirar solo el bolsillo de Santos Cerdán era quedarse corto, como quien intenta contar el presupuesto de una boda mirando solo el coste de las flores. El magistrado ha ordenado rastrear las cuentas de su mujer, Paqui Muñoz, su hermana Belén Cerdán (exteniente de alcalde de Milagro) y su cuñado Antonio Muñoz. ¿El motivo? La sospecha de que la familia funcionaba como una suerte de hucha colectiva para ingresos que no aparecen en ninguna declaración de la renta. La trama, encastrada en elCaso Koldo, huele a lo de siempre: influencias, contratos amañados y comisiones que fluyen con la naturalidad de un río. En el centro del tablero está Servinabar, una empresa que más que prestar servicios parece haber servido para cobrar 'mordidas'. Según los datos, el 87,04% de los ingresos de esta mercantil provenían de Acciona o sus proyectos, mientras que un 2,48% venía de otras investigadas y un 0,66% de Antxon Alonso. Es una distribución tan precisa que parece diseñada con regla y compás. Lo más llamativo es el uso de una tarjeta de Servinabar para ahorrar gastos personales, como si el dinero público fuera un cupón de descuento del supermercado. A esto se suman 18.000 euros de origen desconocido y la sombra de Koldo García y su esposa, Patricia Úriz, moviendo efectivo. El juez no habla de 'sospechas', sino de 'indicios objetivados' de organización criminal, cohecho y malversación. Al final, el círculo se cierra: BBVA, CaixaBank, Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra tendrán que abrir sus libros para ver cuánto del pastel de las obras públicas terminó en la cuenta de la cuñada.
Alcalde quita tejados para echar okupas
Hay quien pide el alquiler por favor y quien, como el alcalde Nelson Cunha, prefiere que la arquitectura sea una sugerencia opcional. En Entroncamento, el Ayuntamiento ha decidido que la mejor forma de desalojar una vivienda municipal en el barrio de Ulrich no es un recuadro legal aburrido, sino una retroexcavadora con hambre de tejas. Mientras nosotros peleamos con el servicio de atención al cliente de la luz, el consistorio decidió que el tejado de una familia procedente de Elvas era un accesorio prescindible. Literalmente, les quitaron la tapa de la casa para que el aire fresco y la lluvia fueran los nuevos inquilinos. Esta 'estética de la demolición' no es un hecho aislado, sino la firma de Chega —la versión portuguesa de Vox—, que ha convertido la gestión urbana en un deporte de contacto. El pasado 4 de mayo ya habían empezado con el menú degustación: cortes de agua y electricidad en varias viviendas, coordinados con la PSP y la Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. Básicamente, si no puedes echar al okupa con un papel, lo haces dejándolo a oscuras y seco, como quien apaga la consola para que el niño deje de jugar. Nelson Cunha dice que quiere que el municipio sea un referente en el Médio Tejo y el Ribatejo. No sabemos si se refiere a la gestión urbanística o a la capacidad de convertir casas en cenadores abiertos en tiempo récord. El argumento es la justicia para quienes esperan la vivienda social, una premisa noble que, curiosamente, se ejecuta con la delicadeza de un martillazo en un dedo. Al final, la receta es sencilla: si el derecho de propiedad no basta, la ingeniería civil del 'techo fuera' siempre funciona.
El 'traje a medida' de David Sánchez
Hay quienes confunden la administración pública con el cajero automático de la familia. El caso es un manual de instrucciones sobre cómo montar un 'club de amigos' con presupuesto estatal. Iustitia Europa ha lanzado un dardo directo al Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano: quieren que David Sánchez devuelva 340.572,36 euros. No es una cifra pequeña; es el tipo de dinero que te permite jubilarte en una playa del Caribe mientras el resto de los mortales seguimos peleando con el precio del aceite de oliva. La trama es deliciosa en su descaro. La Audiencia Provincial de Badajoz ya puso la etiqueta: 'actividad criminal de despacho'. Básicamente, se diseñó un traje a medida, con costuras de seda y presupuesto público, para enchufar al hermano del presidente. Miguel Ángel Gallardo, el antiguo presidente de la Diputación, se llevó 18 años de inhabilitación por ser el sastre de este montaje, mientras que David Sánchez se llevó 9 años de inhabilitación y un sueldo acumulado desde 2017 hasta 2025 como coordinador de Conservatorios y jefe de Artes Escénicas. Pero la generosidad no se detuvo ahí. El esquema era piramidal, casi una secta administrativa. Entra en escena Luis María Carretero Pérez, el amigo del amigo, quien aterrizó el 26 de diciembre de 2023 en un puesto 'vacuo'. Entre enero de 2024 y junio de 2025, Carretero se embolsó 86.988,76 euros (desglosados en 49.870,62 euros en 2024 y 37.118,14 euros en 2025). Todo esto mientras la justicia califica los procesos de selección como 'cosméticos'. En resumen: mucho maquillaje, cero contenido y una factura que, según Luis María Pardo, debería volver a las arcas públicas antes de que se convierta en humo.
Joyas millonarias: Zapatero y el 'olvido' dorado
Hay un tipo de amnesia muy selectiva que solo afecta a quienes han gobernado el país. José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista con RTVE, ha decidido presentarse como el hombre más distraído del mundo. Resulta que en su despacho, guardadas bajo llave en una caja fuerte, aparecieron unas joyas tasadas en 1,3 millones de euros. Un detalle menor, casi como encontrar un ticket del súper viejo en el bolsillo del abrigo, solo que aquí hablamos de una cifra que pagaría la hipoteca de medio barrio durante tres generaciones. El expresidente, con esa calma de quien sabe que el guion está escrito, sostiene que no había 'afán patrimonial'. Traducido al idioma de la calle: 'Me las regalaron, las puse ahí y me olvidé de que valían una fortuna'. Según Zapatero, eran simples 'regalos de cortesía' de hace años, aunque curiosamente se niega a decir de qué país venían. Es fascinante la gimnasia mental: tener un botín millonario en la caja fuerte y afirmar que 'estaban ahí y ya está', como si hablara de un juego de llaves perdido o un mando a distancia traspapelado. El contraste es delicioso. Mientras el ciudadano medio computa cada céntimo para llegar al viernes, el exmandatario admite que 'ni podían imaginar ese valor'. Una ingenuidad conmovedora. Reconoce que ahora, con el juez mirando el inventario, quizás 'hubiera tomado otra decisión'. Claro, porque el arrepentimiento siempre llega cuando la policía judicial ya ha hecho el recuento. No hubo 'intención de defraudar', solo una gestión del olvido muy eficiente para un patrimonio que, casualmente, no figuraba en ninguna declaración transparente.
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