Crítica:
El texto original es una joya de la cautela periodística que evita señalar culpables directos en el Ministerio. Brilla por la ausencia de respuestas oficiales, lo que deja el vacío perfecto para la especulación.
El texto original es una joya de la cautela periodística que evita señalar culpables directos en el Ministerio. Brilla por la ausencia de respuestas oficiales, lo que deja el vacío perfecto para la especulación.
El Tribunal Supremo acaba de darle un correctivo al Gobierno, recordándole que gobernar no es como borrar un mensaje de WhatsApp: no todo se soluciona con un 'clic' automático. Resulta que el reglamento de extranjería aprobado el 19 de noviembre de 2024 pretendía aplicar la técnica del 'tajo ciego', denegando la residencia a familiares de inmigrantes con antecedentes penales sin mirarles siquiera a los ojos. Una especie de portero de discoteca implacable que no deja pasar a nadie con una mancha en el currículum, sin importar si la falta fue un desliz de hace veinte años o algo serio. Cinco entidades sociales —Cáritas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Red Acoge, Andalucía Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes— decidieron que este automatismo era una aberración y llevaron el asunto al juzgado. El Supremo les ha dado la razón en lo fundamental: no se puede gestionar la vida de las personas como si fueran tickets de soporte técnico. Ahora, la Administración tendrá que sudar la camiseta y hacer una valoración individualizada, pesando la gravedad del delito y el interés de los hijos menores, en lugar de limitarse a pulsar el botón de 'denegar'. Pero la fiesta de la anulación no termina ahí. El Supremo también ha barrido la norma que castigaba a los menores casados (un guiño necesario a las víctimas de matrimonios forzados) y ha dejado claro que atender a menores no acompañados es una obligación incondicionada, no una sugerencia según el humor del funcionario. Incluso ha dinamitado la barrera digital que obligaba a ciertos extranjeros a hablar solo con la Administración vía electrónica, como si todos tuvieran fibra óptica y un máster en informática. Eso sí, el Gobierno mantiene su victoria en el arraigo: mientras esperes el asilo, no hay atajos ni cuentan los días para el arraigo. Un equilibrio quirúrgico entre la humanidad y la burocracia.
Hay una magia muy particular en la gestión pública: la capacidad de hundir un barco y cobrar un bono por el hundimiento. Mientras Correos se desangraba con pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros entre 2018 y 2023, Juan Manuel Serrano y Leire Díez se aseguraron de que sus cuentas personales no conocieran la sequía. Juntos embolsaron más de 1,2 millones de euros. Es el arte de la ingeniería financiera aplicada al bolsillo propio mientras la empresa, la 'corporación amarilla', se convertía en un agujero negro presupuestario. Serrano, el hombre fiel que acompañó a Pedro Sánchez desde 2014, aterrizó en la presidencia de Correos el 19 de julio de 2018. Durante cinco años y cinco meses, se paseó por el cargo cobrando cerca de un millón de euros. En 2023, su retribución fue de 207.077,65 euros; una cifra que, para el ciudadano medio, equivale a décadas de ahorro sin salir de casa. Y como el sistema es generoso con los suyos, al salir el 27 de diciembre de 2023, se llevó una indemnización de 25.335 euros. Para no aburrirse, Sánchez lo recolocó en la Seitt, donde puede aspirar a otros 160.000 euros anuales. Es el ciclo del reciclaje político: del fracaso al sueldo público. Luego tenemos a Leire Díez, la pieza del puzzle que entró el 17 de noviembre de 2021 gracias a un diseño de requisitos 'a medida' pactado con Vicente Fernández de la SEPI. En poco más de dos años, Díez acumuló unos 260.000 euros, incluyendo 24.400 euros de indemnización. Lo más jugoso: en sus dos últimos meses cobró más de 57.000 euros brutos. Mientras Amazon y AliExpress devoraban la paquetería, la cúpula de Correos se dedicaba a la filatelia de lujo. Ahora, para tapar el desastre que CCOO y UGT tachan de histórico —con pérdidas que algunos elevan a 1.500 millones—, el Gobierno soltará una inyección de 3.000 millones de euros. Dinero público para arreglar el desastre de quienes cobraron como estrellas de rock mientras la empresa quebraba.
La televisión pública, esa que financiamos todos mientras intentamos que el recibo de la luz no nos deje en la calle, ha decidido que la historia es como la plastilina: se moldea a gusto. El pasado 1 de julio, RTVE lanzó 'Grandes maricas y bolleras de la historia', un programa que promete 'documentación sólida' pero que termina pareciendo un ejercicio de imaginación creativa. El problema es que, en sus 90 minutos de metraje, han decidido que Catalina de Erauso (1592-1650) y Elena de Céspedes (1545-1588) no eran mujeres valientes que se disfrazaron de hombres para sobrevivir o trabajar, sino hombres trans. Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, esto no es divulgación, es un 'negacionismo misógino'. Resulta casi cómico que RTVE llame 'pesados' a los historiadores que insisten en que Catalina era una mujer, escritora y monja que huyó de un convento cortándose el pelo para vivir en libertad. Es como si hoy alguien decidiera que Cervantes era en realidad un astronauta y llamara 'anticuado' a quien cite el Quijote. La fiesta del revisionismo no se detiene en la pantalla; ya habían pasado por el Museo Reina Sofía, donde la 'Monja Alférez' también fue reconvertida. Pero el ambiente en RTVE está ya tan viciado que el maltrato es la norma. Desde Pablo Iglesias llamando 'gentuza' y 'nazis' a Tasia Aránguez en '59 segundos', hasta el programa 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora metiendo al Partido Feminista de España (PFE) y a Lidia Falcón en el mismo saco que Vox o La Falange. Al final, la televisión pública se ha convertido en un club de lectura donde el libro es el que ellos quieran escribir, y si no estás de acuerdo, eres el enemigo.
Gestionar Correos resultó ser un deporte de riesgo, o al menos para el contribuyente. Juan Manuel Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, dirigió la entidad entre 2018 y diciembre de 2023 dejando un agujero contable que supera los 1.000 millones de euros. Mientras la empresa se desangraba, Serrano y Leire Díez —a quien 'enchufó' en la estructura— se aseguraban un botín personal de unos 1,2 millones de euros. Una gestión brillante, si el objetivo era vaciar la hucha. Lo más excretionario es la ingeniería financiera para repartir el pastel. En 2021, Serrano soltó dos millones de euros a Sortis Networks, una consultora de comunicaciones basada en Panamá. Para el ciudadano común, dos millones son el precio de varias vidas de alquiler, pero para Serrano era el coste de un 'servicio de consultoría' adjudicado a una firma invisible en los rankings, pero muy visible en la agenda de amigos. Resulta curioso que la empresa pertenezca a Javier Martínez Acha, íntimo de Antonio Hernando. Lo más irónico es que Sánchez prometió no contratar con paraísos fiscales, justo cuando Panamá volvía a la 'lista negra' de la UE en marzo de 2020. El compromiso político, al parecer, tiene un asterisco cuando el amigo es el que firma. Pero el festín no terminó ahí. La lista de invitados incluía a Huawei, a pesar de que la UE la ve como un riesgo de seguridad nacional, y a las empresas de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. Incluso hubo espacio para Iberojet (Ávoris), justo después de que la familia Hidalgo recibiera un rescate de 475 millones en 2020. Todo coordinado por Serrano, quien ahora ve cómo la UCO y la imputación por el caso Leire convierten sus antiguos contratos en el peor regreso de inversión de su carrera.
Hay quien se jubila para cultivar tomates y hay quien, como el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, decide que la jubilación es el momento ideal para jugar al 'broker' de metales preciosos en el Caribe. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, Julio Martínez y Domingo Amaro Chacón —este último, generoso benefactor que soltó más de medio millón de euros a las hijas del expresidente por una web— se dedicaban a coordinar expediciones al Arco Minero del Orinoco. No eran vacaciones; buscaban el 'amarillo'. La jugada empezó en mayo de 2023, justo cuando el régimen de Nicolás Maduro se quedó huérfano de rutas comerciales tras el desplome del ministro Tareck El Aissami y el escándalo 'PDVSA-Cripto'. En ese vacío de poder, apareció la red de Zapatero para hacer de puente dorado hacia In2Metals, la joya de la corona del magnate egipcio Naguib Sawiris. El plan era sencillo: usar la agenda del exmandatario como llave maestra para abrir las puertas de Minerven y obtener licencias privadas bajo el 'paraguas' de Delcy Rodríguez y el joven Nicolás Maduro Guerra (el tal 'M.G.'). La trama, rastreada por la UCO y la UDEF, se traduce en una logística de película: geólogos, ingenieros como Philip Stander, Nuris Orihuela y Karl Sonni Mena, y pasaportes volando entre chats de WhatsApp. Mientras Amaro Chacón sudaba frío para que el hotel y la seguridad de los técnicos de Sawiris estuvieran listos en Guasipati, el objetivo final era el 'Proyecto Colombia' y las minas Isidora-Laguna y Sosa Méndez. Básicamente, transformar la influencia política en lingotes, operando en la zona más gris del mapa mundial mientras el resto seguimos contando céntimos para el café.
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en La Coruña descubrieron que el éxito se puede comprar con un cheque. Imagínate el cuadro: 50.000 personas sudando tinta en septiembre de 2025 para entrar en la Seguridad Social, y de repente, 33 aspirantes en una sola provincia se convierten en los 'Einstein' del BOE, barriendo las mejores notas del país. Una anomalía estadística que no es suerte, es ingeniería financiera aplicada al examen. El juego era sencillo: reuniones en hoteles, pinganillos para el chivatazo y un precio que haría temblar a cualquiera, entre 20.000 y 60.000 euros por plaza. Básicamente, el coste de un piso pequeño a cambio de un sueldo público vitalicio. El Ministerio, bajo el mando de Elma Saiz, hizo una auditoría en enero que confirmó que el proceso era un coladero, aunque convenientemente decidieron que las irregularidades ocurrían 'fuera' de su departamento. Muy práctico. Lo más surrealista llega ahora. Siete de los elegidos han renunciado a su plaza. Seis de ellos eran los 'estrellas' de La Coruña (tres con cero fallos, dos con uno y otro con dos). ¿Quién renuncia a un puesto fijo hoy en día? Pues quien tiene miedo de que el Juzgado de Instrucción número dos de La Coruña, que ya investiga la falsificación documental, le pida explicaciones sobre cómo ocurrió el milagro. Algunos ya tienen plazas en ADIF, la AGE o Auxilio Judicial; parece que coleccionaban aprobados como quien colecciona sellos, saltando de organismo en organismo. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Cristina Asacia Navarro, la subsecretaria, firmó la lista de aprobados el 6 de febrero y dimitió ese mismo día. El Ministerio dice que fueron 'razones personales'. Seguramente, la razón personal de no querer estar sentada en el despacho cuando el castillo de naipes se desplome.
Pere Navarro y la DGT han decidido jugar al 'simulador de gestión' con la realidad de nuestras carreteras. La idea es romántica: que un agente de la Guardia Civil aparezca como por arte de magia cada vez que un conductor active su baliza V16. Un plan brillante si viviéramos en un mundo de Lego, pero en el mundo real, donde el presupuesto es un chiste y el personal es un recuerdo, suena a delirio. Carlos Cantero, de la AUGC, ha tenido que bajar el telón de este teatro con una dosis de realidad necesaria: es materialmente imposible. Hagamos cuentas de barrio. Tenemos unos 9.000 agentes de Tráfico cuando, para no morir en el intento, harían falta más de 10.000. Mientras tanto, la DGT nos suelta que hay unos 2.700 avisos de balizas V16 diarios. Casi 3.000 conductores pidiendo auxilio cada 24 horas. Intentar cubrir eso con la plantilla actual es como querer limpiar el Estadio Santiago Bernabéu con un cepillo de dientes mientras alguien sigue tirando palomitas. La hipocresía alcanza su clímax al comparar este caos con el País Vasco, donde la Ertzaintza sí acude a cada aviso. Claro, comparar la logística de una región pequeña con la inmensidad de España es como comparar un coche de juguete con un tráiler cargado de cemento. En la A-4 de Madrid, con 3 o 4 siniestros por turno y apenas dos o tres patrullas disponibles, el sistema ya está en modo supervivencia. Sumemos a esto las campañas de alcoholemia que absorben los pocos recursos que quedan y tenemos la receta perfecta para el colapso. Al final, lo de Navarro no es un protocolo, es un 'brindis al sol' pagado con la salud mental de los agentes.
Comentarios