Crítica:
El texto original es una joya de la sugerencia, pero le falta el rigor de citar las fuentes oficiales de los consulados. Se apoya más en la anécdota política que en la prueba documental del 'fraude' administrativo.
El texto original es una joya de la sugerencia, pero le falta el rigor de citar las fuentes oficiales de los consulados. Se apoya más en la anécdota política que en la prueba documental del 'fraude' administrativo.
Hay que tener courage para llamar 'acoso' a un proceso judicial mientras te refugias en el búnker más caro de España. David Sánchez, el músico de la familia, ha vuelto a instalarse en La Moncloa desde el 23 de junio, buscando refugio en el 'apartamento de los padres de Sonsoles'. Mientras el ciudadano medio espera una cita en el juzgado con la ansiedad a tope, David gestiona sus nervios tocando un piano de cola de Patrimonio Nacional. Un detalle exquisito: el instrumento llegó con Sonsoles Espinosa y regresó cuando el apellido Sánchez tomó el mando. La escena es digna de una comedia de enredos con presupuesto público. El músico, que sigue siendo residente fiscal en Portugal (un truco contable clásico para evitar que Hacienda le quite el aire), se preocupa por si su coche tiene un GPS, mientras el Ministerio de la Presidencia ya le ha pagado hasta la autocaravana y las revisiones ginecológicas de su mujer, Kaori Matsumoto, en vehículos de la Guardia Civil. Es el 'all-inclusive' del Estado. Todo esto ocurre mientras espera que la Audiencia de Badajoz decida si sus contratos en la Diputación de Badajoz fueron fruto del talento o de una ingeniería de tráfico de influencias y prevaricación, según la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma. Pedro Sánchez, en un despliegue de solidaridad fraternal, calificó estas investigaciones de 'acusaciones infundadas' desde el Congreso. Básicamente, el jefe del Ejecutivo ha convertido la residencia presidencial en una zona de seguridad para su hermano, donde renovar la documentación es tan fácil como bajar a la comisaría del complejo. Al final, el piano suena, pero la música la pagamos todos.
Mientras miles de pacientes esperan una terapia que no llega o pelean contra la burocracia sanitaria, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) decidieron que la lucha contra el cáncer necesitaba un toque de vanguardia. Y por 'vanguardia' entendemos que alguien haya tenido la genialidad de pagar 7.500 euros por una escultura hecha con cuatro bidones de plástico, arena y acero. Básicamente, el presupuesto de un coche modesto invertido en convertir el hall de la cuarta planta en un vertedero artístico llamado 'El mundo de las cosas', obra de Susana Solano y Pedro Alonso. Pero el CNIO Arte no se quedó en el minimalismo del plástico. El programa, activo desde 2018 hasta diciembre de 2024, funcionaba como una tarjeta de crédito sin límite para el ocio conceptual. El premio al derroche se lo lleva el viaje al Ártico y Oslo, que costó 12.940,04 euros. Un billete al Polo Norte para que Dora García y David Nogués-Bravo charlaran sobre el cambio climático, pagado con fondos que, se supone, deberían estar buscando la cura de la enfermedad más temida. Para redondear el menú, sumamos escapadas a Washington (9.760,64 €), Mozambique (8.760,38 €) y dos viajes a Madrid (10.181,44 €). La ingeniería financiera alcanza su clímax con la Oficina de Imagen Institucional: 612.342,42 euros en sueldos para un responsable y un técnico cuya 'dedicación efectiva' al proyecto es un misterio absoluto. Todo esto es el aperitivo, porque la Fiscalía Anticorrupción ya huele algo más podrido: un presunto amaño de contratos que podría haber dinamitado hasta 25 millones de euros en 18 años. Cristina Navarro, la nueva directora-gerente, ya ha suspendido el programa, pero el daño está hecho. El arte, al final, ha sido la distracción perfecta para un agujero contable del tamaño de un estadio.
La burocracia española ha vuelto a descubrir el arte de regalar el jardín mientras el vecino paga la valla. Resulta que Violeta Alonso, la mujer que preside el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y que básicamente le susurra al oído al Gobierno cómo gestionar la Ley de Nietos, no es precisamente una técnica aséptica. Mientras el ciudadano medio lucha contra el laberinto de la administración para renovar un pasaporte, Alonso se ha dedicado a dar clases magistrales en las escuelas de Izquierda Unida Exterior. Sí, esas donde las banderas republicanas cuelgan con más orgullo que un título universitario. Nombrada en agosto de 2022 por José Luis Escrivá, Alonso ha transformado su cargo en una suerte de altavoz militante. En mayo de 2025, en Berlín, no fue a hablar de gestión administrativa, sino a instruir a los cuadros de IU sobre cómo nacionalizar a todo el mundo, sin límite de generaciones. Para ella, que la Ley de Memoria Democrática de 2022 se quede en los 2,6 millones de solicitudes recibidas hasta octubre de 2025 es un pecado. Su propuesta es abrir el grifo del todo: que bisnietos y tataranietos entren en el reparto, eliminando plazos y barreras. Lo más delirante es su visión sobre la instrucción de Sofía Puente de octubre de 2022, que permitió nacionalizar a descendientes de emigrantes previos a julio de 1936. Alonso la definió como "muy generosa". Es la generosidad de quien reparte caramelos con la cartera de los demás. Mientras tanto, Feijóo intenta que alguien declare ilegal este despliegue de ingeniería demográfica, mientras el Gobierno usa fondos de la UE para aceitar la maquinaria. Al final, la nacionalidad española se ha convertido en una promoción de '2x1' donde el requisito no es el arraigo, sino el árbol genealógico y la simpatía ideológica de quien firma el decreto.
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible, pero en Galicia, allá por 2005, parecía más bien el arte de la aritmética creativa. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la factura de la luz, el PSOE montó una maquinaria de precisión para quitarle la Xunta a Manuel Fraga. En el centro de la jugada, un joven Pedro Sánchez y Óscar López, actuando como asesores bajo el mando de José Blanco, aprendieron que el voto exterior es como un comodín en el póker: puede salvarte la partida cuando las cartas en casa no ayudan. La jugada fue maestra. Fraga se quedó a un suspiro de la mayoría absoluta con 37 escaños, mientras Touriño sumaba 25. El partido se decidió en Pontevedra, donde el PP sacó 15.361 votos (49,7%) frente a los 13.518 (43,7%) socialistas. ¿El truco? Un crecimiento espectacular del voto extranjero que permitió arañar ese último diputado clave. Fue un sablazo electoral basado en la movilización de emigrantes, especialmente desde Argentina, donde hoy el Gobierno sigue operando con la Ley de Memoria Democrática. Lo fascinante es el 'deja vú'. Si en 2005 ya sabían cómo mover el tablero, ahora lo hacen a escala industrial. A través de una instrucción de Sofía Puente, la ley de los 'nietos' se ha convertido en la ley de los 'tataranietos', permitiendo que cualquiera con un ancestro español del siglo XIX consiga el pasaporte. Con un millón de solicitudes en Argentina, el Gobierno no solo está reparando la historia, está fabricando un censo electoral a medida. El PSOE ha sido la fuerza más votada en el exterior en los últimos procesos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. No es filantropía; es ingeniería electoral pura y dura.
Hay una coreografía fascinante en el ejercicio del poder: esa capacidad de mirar a alguien a la cara en televisión y decir que es un 'gran desconocido', mientras que en la intimidad del WhatsApp se gestionan favores como quien pide un recado en la panadería. La última filtración de los chats entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos es una clase magistral de hipocresía institucional. Mientras el presidente se dedicaba a borrar el rastro de su antiguo confidente, el 7 de febrero de 2024 —apenas trece días antes de que la Guardia Civil le cayera encima a Koldo García—, Sánchez le lanzaba un «¡Qué paciencia tienes!» tras ver un vídeo de Ábalos toreando a Cayetano Martínez de Irujo en el programa 'Todo Es Mentira'. Lo irónico es que el 'desconocido' Ábalos no solo era el confidente, sino el chófer político que limpiaba el camino. En enero de 2024, Sánchez no lo usaba para filosofar sobre la democracia, sino para hacer el trabajo sucio en Valencia. Necesitaba que Diana Morant se impusiera sobre Alejandro Soler y, como quien tira de una tarjeta de confianza ya desgastada, le pidió ayuda directa el 26 de enero. «Ok. Pues te la pido yo», sentenció el presidente. Ábalos, fiel hasta la última gota de ingenuidad, movió los hilos con Santos Cerdán y dejó el tema 'arreglado' el 30 de enero. El contraste es brutal: el presidente utiliza a Ábalos para disciplinar al PSOE valenciano y, acto seguido, lo lanza debajo del autobús cuando el caso Koldo empieza a oler a quemado. Pasar de un «¡Muchas gracias, José Luis!» a fingir amnesia selectiva es una maniobra de ingeniería financiera emocional que solo alguien en Moncloa podría ejecutar con tanta frialdad. Al final, el 'pescozón' no fue para el noble de Arjona, sino para el propio Ábalos, que descubrió que en la alta política la amistad dura exactamente lo que tarda en llegar la primera citación judicial.
Hay quien dice que el dinero no compra la felicidad, pero Yang Youlin intentó comprarse el catálogo completo de la vida. Durante tres décadas, entre 1993 y 2023, este ex alto cargo del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing convirtió la administración pública en su propio cajero automático personal. No se quedó en el pequeño 'estímulo' bajo cuerda; hablamos de 2.214 millones de yuanes, que traducidos al idioma de los mortales son unos 308,7 millones de dólares. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con la hipoteca, Yang gestionaba una fortuna que haría palidecer a cualquier fondo de inversión, moviéndose entre el urbanismo, la construcción y el turismo de Jiangsu como quien elige el menú del día. El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou no ha tenido mucha poesía al dictar sentencia este lunes. Yang ha sido sentenciado a la pena de muerte, la privación de derechos políticos de por vida y la confiscación de hasta el último céntimo de sus bienes. El catálogo de delitos parece el índice de un manual de ingeniería financiera delictiva: soborno, malversación, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales. El tribunal lo calificó de 'especialmente enorme', un eufemismo elegante para decir que el agujero contable era un cráter. Lo más irónico es que Yang intentó jugar la carta del 'soplón', aportando datos sobre otros colegas corruptos para salvar el cuello. Pero en la China de Xi Jinping, que desde 2012 lleva una campaña de limpieza que no deja títere con cabeza, la cooperación no fue suficiente para evitar el patíbulo. El Tesoro estatal recuperará lo que pueda, mientras el resto sigue siendo una deuda que Yang ya no podrá pagar con su tarjeta de crédito.
En la alta esfera del poder, parece que el árbol genealógico es la mejor herramienta de inversión. Mientras el ciudadano medio se pelea con el calendario de la renta, en los pasillos del Ministerio de Hacienda se gestionaba la venta de María de Molina 50 —la joya de la corona inmobiliaria madrileña— con una lógica digna de un bazar clandestino. Un empresario, que prefiere el anonimato para que no le cierren el chiringuito profesional, ha soltado la bomba: en 2021, para avanzar con la compra, le exigieron un 'peaje' del 3% destinado a un supuesto primo de María Jesús Montero. No era una sugerencia, era el precio de entrada al club. El intermediario y su socio se quedaron mirando el techo, preguntándose quién era ese primo invisible que, sin mover un dedo ni captar un solo cliente, pretendía llevarse un porcentaje que haría palidecer a cualquier gestor de fondos. Para que el negocio cuadrara, el comprador tendría que haber soltado un 6% total: un 3% para los profesionales que sí trabajaban y un 3% para el 'pariente' del poder. Un sablazo tan descarado que los inversores decidieron que era mejor pasar de largo que alimentar el árbol genealógico de la ministra. La operación, que empezó en 2019 con un precio de salida de 196 millones de euros y terminó en un desierto absoluto, acabó resolviéndose a mediados de 2023. Tras bajar el precio al umbral de los 156 millones, el Grupo Lar (via Barnaby Investment) y BlackRock se lanzaron al ruedo, cerrando la compra en 2024 por 204,7 millones de euros. El edificio ahora se transforma en 153 viviendas de lujo y una residencia de 400 camas. Al final, el 'primo' no apareció en la escritura, pero el aroma a ingeniería financiera familiar sigue flotando en el aire de Madrid.
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