Crítica:
El texto original es una mina de oro de implicaciones, pero falla al no detallar exactamente qué 'irregularidades' cometió el Consulado en La Habana. Se apoya demasiado en 'fuentes estadounidenses' sin contrastar la versión española.
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Rescate millonario y seguros contra imputaciones
Hay quien gestiona el dinero público y hay quien lo trata como si fuera el Monopoly de su primo. Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, ha elevado la paranoia a categoría de arte: prohibir móviles en los consejos, delegar firmas para no mancharse las manos y contratarse un seguro de responsabilidad civil con Starr Europe Insurance Limited por 126.000 euros. Básicamente, se compró un paraguas de lujo antes de que empezara a llover imputaciones por la trama SEPI. La jugada maestra ocurrió en julio de 2021. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, Gualda y su equipo hacían magia financiera. El 9 de julio hubo una cita secreta en Moncloa; cuatro días después, el 13 de julio, el Consejo Gestor —con una Sara Aagesen que pasó de sus dudas ecológicas en un abrir y cerrar de ojos— aprobaba 112,8 millones de euros para Tubos Reunidos, S.A. Una cifra que el Consejo de Ministros ratificó el 20 de julio sin pestañear. Lo fascinante es la ingeniería del silencio. Gualda, nombrada el 30 de marzo de 2021 por María Jesús Montero, empezó su mandato dinamitando la unidad de control de fondos. ¿Para qué vigilar el dinero si puedes usar el programa CARLA del CNI para que nadie se entere de nada? Mientras tanto, el dinero volaba: 120 millones para Duro Felguera, compras de acciones de Talgo a 4,25 euros cuando cotizaban a 2,82 (un regalo generoso con el bolsillo ajeno) y la fantasía de gastar 6 millones de euros en remodelar el edificio de la calle Velázquez. Todo esto mientras Vicente Fernández Guerrero, el presidente en la sombra, movía los hilos con Antxón Alonso y el PNV, culminando en una supuesta 'comisión' de 114.959 euros para Servinabar. Un despliegue de generosidad pública que deja a cualquier ahorrador con la boca abierta y el bolsillo vacío.
El 'lacayo' de Zapatero canta todo
La lealtad en las altas esferas tiene la misma caducidad que un yogur olvidado en el coche en agosto. Julio Martínez Martínez, el hombre que según la UDEF era el 'lacayo' y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido que el cariño familiar pesa más que el silencio pactado en El Pardo. El próximo 21 de julio, Martínez se sentará ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, no para defender la honra del expresidente, sino para intentar salvar su propio pellejo mediante una colaboración con la Justicia. El escenario es fascinante. Mientras Zapatero se vende ahora como un inocente 'consultor internacional' (una etiqueta tan elástica que sirve para todo y para nada), la UDEF lo describe con un lenguaje mucho menos diplomático: el líder de una organización criminal. El agujero contable del caso Plus Ultra, donde se 'evaporaron' 53 millones de euros en un rescate público a una aerolínea hispanovenezolana, es solo la punta del iceberg de una trama de veintenas de sociedades gestionadas desde una modesta nave industrial en Petrer, Alicante. Sí, el imperio de la influencia se administraba en un polígono industrial, lo que demuestra que para mover millones solo hace falta un ordenador y alguien que firme los papeles. El giro dramático llegó en mayo, cuando Martínez mandó a paseo a su antiguo abogado, Bernardo del Rosal, por 'diferencias irreconciliables' —traducción: 'mi abogado no quiere que me hunda solo'— y fichó a María Dolores Márquez de Prado, una exfiscal que sabe exactamente dónde están enterrados los cadáveres procesales. Presionado por sus hermanos, incluido Manuel, Martínez ha comprendido que ser el 'lacayo' en los mensajes de WhatsApp es una excelente excusa para reducir la pena, pero una pésima estrategia de vida. Zapatero, que dormía tranquilo creyendo en una fidelidad inquebrantable, ahora descubre que el silencio tiene un precio y que su mano derecha ya ha empezado a escribir el guion de su propia liberación.
Bono: Sol, lujo y basura caribeña
Hay quienes dicen que la política es una vocación; otros, que es la mejor agencia de colocación para jubilaciones doradas. José Bono, el eterno estratega del PSOE, ha decidido que el retiro se lleva mejor con brisa caribeña y suelos de mármol. Mientras el ciudadano medio pelea con la hipoteca o recorta en la lista de la compra, el exministro se ha hecho con dos viviendas de lujo en Santo Domingo, en el exclusivo complejo Meridian Residences. No son precisamente estudios para estudiantes: hablamos de 212 metros cuadrados en la planta 14 y otros 183 en la 16, con maderas preciosas y grifería que probablemente cuesta más que el salario anual de un funcionario medio. La magia de esta ingeniería financiera empezó a cocinarse el 29 de septiembre de 2020, cuando el presidente Luis Abinader le regaló la nacionalidad dominicana. Un detalle elegante para facilitar el despliegue de Teivelpir, la mercantil que Bono fundó en plena pandemia. ¿El negocio? Un macroparque solar llamado Pimentel Energy en la provincia de Duarte, junto a otro proyecto, Las Parras Energy, cuya valoración conjunta roza los 500 millones de euros. El exministro, operando con Juan Segovia como pantalla para no mancharse el currículum, movió los hilos desde el 9 de abril de 2021 ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que los permisos fluyeran como champán en una boda. Pero la ambición no entiende de límites energéticos. El grupo empresarial, que incluye sociedades como Vetapir, se ha metido también en el negocio de la basura. En septiembre de 2024, el consorcio Sucesat se llevó un contrato de recogida de residuos en Santo Domingo Norte por 120 millones de euros. Es el ciclo perfecto: del despacho ministerial al sol del Caribe, pasando por la gestión de los desechos ajenos. Los empresarios dicen que no le han pagado ni un duro, pero los pisos de alto standing no se compran con aire.
Trump quema millones en carbón muerto
Hay que tener valor para llamar 'hermoso' a un combustible que tiene el planeta en cuidados intensivos. Donald Trump ha decidido que el carbón, esa industria que lleva décadas en modo zombie, merece un desfibrilador de 700 millones de dólares. Para lograrlo, no ha usado una hucha de ahorros, sino que ha rescatado la Ley de Producción de Defensa de 1950, un artefacto de la Guerra Fría que permite al presidente jugar al capitán industria bajo la excusa de la 'seguridad nacional'. Es el equivalente a usar un manual de instrucciones de un televisor de tubo para intentar arreglar un smartphone. Lo más delirante es la procedencia del dinero. Según The New York Times, los fondos venían destinados precisamente a reducir las emisiones de CO2. Es decir, han cogido la cartera de la limpieza para pagar el detergente más sucio del mercado. El reparto es quirúrgico: 425 millones para que 13 plantas obsoletas no cierren la persiana y el resto para levantar dos nuevas centrales en Alaska y West Virginia, las primeras desde 2013. Todo esto mientras el carbón solo representa el diez por ciento de la producción energética doméstica. Trump promete 14.000 empleos, pero los datos del Sierra Club son un jarro de agua fría: 330 plantas han cerrado desde 2010 y otras 60 se irán al hoyo para 2031. La paradoja final es que la IA, con su hambre voraz de energía, está obligando a encender estas reliquias. Como dice Lena Moffitt de Evergreen Action, lanzar 700 millones al carbón hoy es como intentar salvar un barco que ya está en el fondo del océano; puedes tirar la cuerda que quieras, pero el barco sigue mojado.
Ascenso VIP al comisario del Delcygate
En el manual de la meritocracia del Interior, parece que el camino al éxito no es la eficiencia, sino el arte de borrar historiales y regalar el parking público como si fuera el patio de su casa. Jesús María Gómez Martín, el comisario que orquestó el operativo del 'Delcygate', ha pasado de gestionar el aeropuerto de Barajas a mandar en Canarias con una facilidad pasmosa, mientras la UDEF le pisa los talones por un presunto entramado de favores y dinero sucio. La historia es un clásico: un inspector honesto intentó avisar el 29 de marzo de 2022 sobre un mando que trataba la frontera como un club privado. Hablamos de recoger amigos a pie de avión el 25 de diciembre de 2021 con coches camuflados y convertir el aparcamiento policial en un 'parking VIP' para empresarios. Mientras el ciudadano medio lucha con la burocracia, Gómez Martín presuntamente cobraba 7.000 euros de magnates venezolanos por hacer que la ley fuera opcional para sus allegados. La respuesta institucional fue la habitual: en lugar de investigar el agujero ético, castigaron al denunciante enviándolo a Chamartín, un movimiento que la Justicia acabó tildando de ilegal. Pero el premio al 'buen empleado' llegó en noviembre de 2022, cuando el Ministerio del Interior lo catapultó a Jefe Superior de Canarias. Ahora, frente al Senado, el comisario juega la carta de la 'casualidad'. Dice que tomarse un café de 15 minutos con el testaferro de Zapatero, Julio Martínez, o conocer a figuras como Danilo Díezgranados y Miguel Palomero son simples 'relaciones del cargo'. Es la eterna danza de la hipocresía: el mando niega haber recibido 700 millones, pero se olvida de que, en la calle, el respeto no se gana con ascensos sospechosos, sino con la coherencia que aquí brilla por su ausencia.
Ceros sospechosos: la Justicia frena a la EHU
Imagínate que vas a pagar la cuenta de un restaurante y, solo porque el camarero no te gusta cómo vistes, te clava un cargo extra de 100 euros sin explicación. Pues eso es, básicamente, lo que ha intentado hacer la Universidad del País Vasco (EHU) con decenas de alumnos en el examen de euskera de la selectividad. Unos ceros masivos, quirúrgicos y sospechosamente concentrados, que han caído como un cubo de agua fría sobre estudiantes de centros donde el español es el idioma rey. La justicia de Bilbao ha tenido que intervenir para evitar que el futuro de estos chavales se fuera por el sumidero. El presidente del Tribunal de Instancia, Aner Uriarte, ha soltado la bomba: hay una "posible infracción" porque los examinadores sabían perfectamente de qué colegio venía cada alumno. El anonimato, que en un examen es tan sagrado como el ticket del súper para reclamar un producto caducado, brillaba por su ausencia. Entre 25 y 30 demandas han forzado que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo suspendan esos ceros cautelarmente. Ahora, los alumnos pueden recalcular su nota de acceso sin ese lastre para matricularse antes de que expire el plazo este martes. Pero ojo, que aquí viene la letra pequeña: la sentencia definitiva tardará entre 8 y 14 meses. Es decir, que el alumno puede entrar en la carrera hoy, pero si dentro de un año el juez dice que el cero era legal, la EHU podría echarlo a patadas de la facultad. Un juego de ruleta rusa académica. La EHU, por supuesto, ha activado el modo defensa y dice que cumplir la medida es "imposible" porque alteraría el orden de prelación. Básicamente, argumentan que proteger el derecho de unos pocos perjudica la igualdad del resto, olvidando convenientemente que la igualdad empieza por no saber quién es el que escribe el examen.
Sánchez regala palacio a la OMT: ¿estratégico?
Hay quienes regalan flores y quienes regalan palacios en la Castellana. Pedro Sánchez ha optado por lo segundo, inaugurando este lunes un edificio público cedido a la Organización Mundial del Turismo (OMT) con una generosidad que haría palidecer a cualquier ONG. No es un alquiler compartido ni un préstamo de fin de semana; es una cesión gratuita por 75 años. Para que el detalle fuera redondo, el Estado no solo entregó las llaves, sino que se dejó en la cartera 24,6 millones de euros para la reforma. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, el Ejecutivo ha firmado un cheque en blanco por tres cuartos de siglo. La coincidencia temporal es, cuanto menos, curiosa. Este despliegue de altruismo institucional llega después de que Zurab Pololikashvili, el jefe de la OMT, hiciera de puente dorado para que Begoña Gómez aterrizara en círculos de negocios internacionales. Incluso Inmark, la consultora donde Gómez acumuló acciones y contratos públicos, logró pescar un contrato en la República Dominicana gracias al empujón de la OMT tras la pandemia. Es el ciclo perfecto: contactos, contratos y un edificio gratis en el corazón de Madrid. La fiesta de inauguración no ha sido un trámite. Sánchez ha movilizado un despliegue de siete ministros, incluyendo a Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, para escoltar el acto. Un despliegue digno de una cumbre geopolítica para celebrar que la OMT tiene casa nueva. Todo esto mientras la UDEF pone la lupa sobre Pololikashvili, vinculado a un viaje con José Luis Rodríguez Zapatero a Bolivia para que el exmandatario embolsara 200.000 euros evitando una multa a una empresa peruana. La generosidad pública, al parecer, tiene un lenguaje muy específico y se habla fluidamente en los pasillos de la Moncloa.
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