Crítica:
La noticia es un despliegue de tecnicismos procesales que oculta la sencillez del engaño. Se centra en el 'auto' y no en el rastro del dinero, dejando la parte más jugosa para que el lector la deduzca.
La noticia es un despliegue de tecnicismos procesales que oculta la sencillez del engaño. Se centra en el 'auto' y no en el rastro del dinero, dejando la parte más jugosa para que el lector la deduzca.
Si pensabas que tu vida amorosa era un desastre, es que no has visto el catálogo de citas de las cárceles catalanas. Lo que en el Parlamento se traduce como 'vulneración de la seguridad institucional', en la calle es básicamente un episodio de 'First Dates' con rejas y esposas. El CSIF y el Partido Popular de Cataluña han decidido que ya basta de jugar al amor prohibido y piden una prohibición explícita de cualquier relación afectiva o sexual entre el personal y los internos. Porque claro, mientras nosotros peleamos con la tarifa de la luz, hay monitoras de teatro que no solo se enamoran, sino que convierten su salón en refugio de fugitivos y rematan la jugada atracando un banco. Un combo completo de pasión y delincuencia. La lista de 'éxitos' es delirante. Tenemos a una docente de dibujo de la cárcel Modelo que, en 2011, decidió que la mejor forma de enseñar arte era acompañando a Jorge Sánchez Romero en una gira criminal por Málaga, Almería y Granada, con un paréntesis sangriento en Mazarrón que acabó en dos asesinatos. O la enfermera que confundió el centro de salud mental con un catálogo de citas recurrentes. Y para los románticos, la educadora que se fue hasta Chile persiguiendo un amor transoceánico, solo para descubrir que el preso tenía esposa e hijos; un sablazo emocional de manual. El problema es que, según los sindicatos, la gestión de estos líos es tan laxa que parece un juego de sillas musicales: cambian al funcionario de centro y el 'Cupido' penitenciario sigue repartiendo flechas. Incluso hay quienes, tras estos deslizamientos, acaban en puestos de mando. El PP, con los diputados Juan Fernández Benítez, Monserrat Berenguer y Alberto Villagrasa, quiere importar el modelo de 'tolerancia cero' de Francia o Alemania, porque resulta que en Europa no consideran que el sexting con móviles facilitados por la propia empleada sea una dinámica de equipo saludable.
Hay quien dice que para entrar en el paraíso hace falta un santo, pero para aterrizar en Caracas en plena pandemia bastaba con tener el WhatsApp de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras Iberia y Air Europa hacían cola en la embajada como quien espera el turno del médico de cabecera, Plus Ultra decidió que los protocolos diplomáticos eran meras sugerencias. La receta fue sencilla: un 'salto' a la embajada coordinado por el expresidente y su 'tocayo', Julio Martínez Martínez, el hombre que movía los hilos en la sombra. El calendario es una obra de arte del cinismo. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez le inyecta a Plus Ultra un rescate de 53 millones de euros. Dinero público, básicamente, para que la empresa no se hundiera. Dos semanas después, a finales de marzo, la compañía ya estaba volando hacia Venezuela gracias a que la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y el general Teixeira del INAC decidieron que Plus Ultra no necesitaba notas diplomáticas, solo 'influencia'. Mientras el Gobierno de Sánchez enviaba notas verbales el 23 de febrero rogando por la normalización de vuelos —recibiendo la callada por respuesta—, los accionistas Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola celebraban que todo iba 'viento en popa'. El negocio era tan fluido que incluso gestionaron la 'quinta libertad' hacia Buenos Aires, un bombazo comercial que dejó a la competencia mirando desde la pista de aterrizaje hasta noviembre. Pero el amor entre el régimen de Maduro y la trama Zapatero tenía un precio: una deuda de 258.618 dólares con el INAC. Cuando el general Teixeira empezó a apretar las tuercas, el 'tocayo' volvió a entrar en acción. El resultado fue una gestión 'exitosa', según el propio Zapatero el 31 de julio de 2021. Al final, la moraleja es clara: en el mundo de las altas esferas, la meritocracia es un mito y el verdadero combustible de los aviones son los contactos adecuados.
Hay quienes gestionan la administración pública como si fuera la cuenta corriente de un primo lejano. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el expediente de Begoña Gómez es ya demasiado gordo para un solo cajón y ha abierto una 'pieza separada'. ¿El motivo? Unos fondos europeos que, en lugar de fluir hacia la innovación, parecen haber bailado un vals sospechoso hacia contratos específicos a través de Red.es. La trama tiene un aroma a ingeniería financiera de manual. Según el decreto de la Fiscalía Europea del 8 de junio de 2026 y el atestado 28/2026 de la UCO, no estamos ante un simple error de dedo en un formulario. Hablamos de una 'omisión deliberada de datos'. En lenguaje de calle: alguien borró lo que molestaba para que el contrato cayera, como por arte de magia, en el regazo del mismo licitador que ya estaba bajo la lupa. Es el equivalente a maquillar la lista de la compra para que el presupuesto del hogar termine en un capricho caro mientras la nevera sigue vacía. La Fiscalía Europea, que no suele jugar a las canicas, ha sido tajante: hay indicios de criminalidad. No es una sospecha ligera, sino una posible prevaricación y un fraude a los intereses de la Unión. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta, aquí se investiga si se utilizó la maquinaria pública para favorecer a dedo a ciertos beneficiarios. El juez Peinado ahora pide el informe del Ministerio Fiscal para ver si estos 'olvidos' deliberados tienen la tipicidad necesaria para acabar en una condena. Al final, el dinero de Bruselas es muy generoso, pero deja un rastro de migas que, tarde o temprano, alguien acaba siguiendo.
El PSOE, en un giro digno de serie de Netflix, parece haber recurrido a una consultora estadounidense, Guidepost, con un historial más turbio que el agua de grifo en verano. Esta empresa, experta en “investigaciones privadas” (léase, apagar fuegos con gasolina), ha trabajado con figuras latinoamericanas de dudosa reputación, incluyendo a allegados a PDVSA. ¿Su misión en España? Gestionar citas con la trama de Leire Díez, la joven que denunció acoso al fiscal Grinda. Una de esas citas, ¡ojo!, tuvo lugar en la mismísima sede del PSOE en Ferraz, con Santos Cerdán presente. Todo comenzó con una llamada desde Nueva York, cortesía de Yohir Akerman, un supuesto periodista colombiano que, resulta, es empleado de Guidepost. Akerman y su compañero, Vytenis Didziulis, viajaron a Jaén, convencieron a Miriam S.R. (la denunciante) de reabrir un caso archivado en 2017, y la llevaron a Madrid para una serie de encuentros clave. Renfe, ajena a la trama, aportó los billetes de tren que delataron la presencia de los agentes. ¿El objetivo? Desviar la atención de fiscales incómodos. Guidepost se describe como especialista en “investigaciones de alto riesgo”. Traducido: apagar incendios judiciales a clientes adinerados. Su currículum incluye operaciones en Latinoamérica, China y Rusia, con un enfoque en fraude, corrupción y, por supuesto, sanciones. En el ajo también está Juanfran Serrano, diputado del PSOE y hombre de confianza de Cerdán, quien presuntamente medió para conseguir un “enchufe” para Miriam en una empresa de la Diputación de Jaén. Una amistad de toda la vida con el presidente de la empresa, Francisco Reyes, facilitó la operación. La frase clave, según el sumario: “Juanfran ha sido obediente”. ¿Obediente a quién? Esa es la pregunta del millón. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando la cuenta.
El misterio de los regalos presidenciales. ¿Dónde están los obsequios de Sánchez? Una pregunta que resuena mientras el Gobierno se escuda en tecnicismos legales dignos de Kafka. Desde 2023, el abogado Guillermo Rocafort lleva intentando desentrañar el inventario de obsequios recibidos por Pedro Sánchez, encontrándose con un muro de silencio administrativo. El argumento es simple, casi infantil: “Ya lo veremos cuando deje el cargo”. Tres años de espera, mientras el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le pone la puntilla, recordando que la Casa Real sí publica sus regalos anuales. La opacidad de Sánchez contrasta con el pasado. Felipe González, Aznar y Zapatero acumularon 1.224 objetos entre 1982 y 2016, un botín que salió a la luz gracias a la Ley de Transparencia. Zapatero, por cierto, se vio envuelto en un embrollo con 103 joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho. ¿Coincidencia? ¿O una muestra de que la falta de control abre la puerta a la ingeniería financiera y a las sombras? Mientras el ciudadano medio lucha por llegar a fin de mes, la Presidencia del Gobierno considera que las “anotaciones simples” de los regalos no son documentos públicos. Es decir, un chiste. La Abogacía del Estado defiende lo indefendible: que no hay obligación legal de llevar un inventario en tiempo real. Rocafort, tozudo, sospecha que se trata de evitar “disfrutes” y “desapariciones” de regalos. Y no es para menos. Porque en este país, donde hacer la compra es un deporte de riesgo, la transparencia parece un lujo reservado a otros. Habrá que esperar a 2027 para saber si Sánchez supera a sus predecesores socialistas en cuanto a regalos recibidos. O si, simplemente, ha decidido ocultarlos bajo la alfombra.
El 'caso Leire' destapó una cloaca, pero el verdadero festín estaba en Gaslow. Juan Sánchez Yepes, exmando de la UCO, no solo se dedicaba a perseguir delincuentes, sino a negociar con ellos. Un auténtico 'traductor' entre la ley y el dinero sucio. El juez Pedraz, con 43 páginas de puro drama, desvela cómo Yepes infló su patrimonio un 134% entre 2018 y 2022, pasando de 251.587,89 euros a 590.300,21 euros, mientras el resto lidiábamos con la pandemia y la inflación. ¿Un golpe de suerte? No, un negocio redondo basado en 'servicios prestados'. ¿En qué consistían esos servicios? En chivatazos, claro. Yepes avisaba a los capos de la trama de hidrocarburos (Javier García Pérez, Antonio Rodríguez Estepa y José Luis Caramés Taboada) de las próximas detenciones, permitiéndoles esconder el dinero y limpiar el terreno. García Pérez, por ejemplo, le regaló 55.000 euros a través de testaferros, y a cambio recibió información privilegiada. Una 'novedad en el frente', como le preguntaba el empresario. El silencio, al parecer, se mide en billetes. La trama era tan amplia que implicó a la esposa, hijos, hermana y cuñado de Yepes, quienes canalizaban sobornos a través de tarjetas prepago hasta sumar 154.722,46 euros. Un 'aguinaldo' familiar cortesía de los defraudadores. Para colmo, Yepes fue destinado a enseñar Ética y Deontología Profesional en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, un giro argumental digno de una serie de Netflix. La ironía, a veces, es el mejor disfraz de la hipocresía. Ahora se enfrenta a 26 años de cárcel, una cifra que, considerando el nivel de impunidad en este país, podría ser una simple advertencia. Y todo, porque se atrevió a tirar de la cuerda demasiado corta. Las dádivas no se limitaban al dinero. Televisores Samsung, muebles de lujo, incluso viviendas a precio de saldo (un solar por 60.000 euros cuando valía 100.000) formaban parte del botín. El juez Pedraz, con lupa de detective y paciencia infinita, ha reconstruido una red de favores y corrupción que avergüenza al sistema. Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie seguimos pagando el IVA de la gasolina y preguntándonos dónde está el dinero.
El expresidente Zapatero ha bailado sobre la cuerda floja en la Audiencia Nacional, pero el juez Calama le ha permitido seguir bailando. A pesar de que la Fiscalía pedía ataduras –retención de pasaporte, comparecencias quincenales, la guinda: prisión provisional–, el magistrado ha decidido que, por ahora, el señor Zapatero puede seguir haciendo la compra sin problemas. Mientras tanto, la acusación popular (Vox, Hazte oír y compañía) se queda con las ganas. La cosa va de 53 millones de euros rescatados a Plus Ultra en 2021, un rescate donde, según mensajes intervenidos, el 'pana' Zapatero movió los hilos. Y no solo eso. También aparecen transferencias entre cuentas del expresidente, sociedades mercantiles dudosas y, la joya de la corona, 1,3 millones de euros en joyas sin justificar, tasadas por la mismísima joyería Ansorena. Zapatero dice estar recabando información, pero el juez prefiere creer en su 'arraigo' y en el hecho de que, siendo quien es, no va a escaparse. El juez Calama argumenta que ya se han intervenido las pruebas y que Zapatero no puede obstaculizar la investigación. Además, considera que restringir su libertad sería desproporcionado. En resumen, un auto que huele a perfume caro y a impunidad. Mientras tanto, el expresidente ha negado cualquier influencia en el rescate y se ha desvinculado de su supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez, quien, irónicamente, firmó un contrato para cobrar una comisión del 1% del rescate. Zapatero sí admite haber trabajado para la consultora de Martínez, Análisis Relevante, y haber cobrado 490.780 euros, cantidad que, casualmente, está bloqueada en sus cuentas. A esto hay que sumar otros 239.755 euros que fueron a parar a la agencia de sus hijas, Whathefav. Un entramado que, a simple vista, parece más enrevesado que un nudo de marinero.
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