Crítica:
La noticia es un imán de morbo que prioriza la anécdota escandalosa sobre el análisis sistémico de la seguridad. El título original es casi un programa de televisión, disfrazando un problema de gestión pública como un chisme de barrio.
‘First dates’ en las cárceles catalanas: líos con la monitora de teatro, ‘sexting’ con presos…
Amor tras las rejas: salseo penitenciario
Otros artículos
El 'Sablazo' de AceleraPyme: Peinado va a Barrabés
Hay quien dice que para hacer negocios basta con tener un buen contacto, pero parece que en el círculo de Begoña Gómez el 'networking' alcanzó niveles estratosféricos. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una pieza separada para analizar si el socio de la mujer del presidente, el empresario Juan Carlos Barrabés, se benefició de una ingeniería financiera bastante creativa. Estamos hablando de un contrato de 'Servicios de oficina AceleraPyme' valorado en 4 millones de euros. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren el IBI dos veces, aquí se habrían saltado requisitos básicos, como el Libro Blanco, que era indispensable para entrar en el juego. La trama es un ping-pong judicial agotador. La Fiscalía Europea estuvo dos años husmeando, pero la Audiencia Nacional dijo 'hasta aquí' y devolvió el paquete al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La UCO ya ha dejado migas claras: Innova Next S.L., asociada con KPMG, se llevó el pastel a pesar de que el informe pericial de la IGAE sugiere que el proceso de adjudicación fue, digamos, flexible. Mientras tanto, el escenario principal sigue siendo un campo de minas. Begoña Gómez y la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, esperan a ver si Peinado les quita el pasaporte o los obliga a pasarse por el juzgado cada quince días. El juez ya ha dejado escrito en 39 folios que Gómez usó su 'posición institucional' —esa suerte de aura invisible que da vivir en Moncloa— para impulsar su carrera. Ahora solo queda ver si la Audiencia Provincial de Madrid acepta el juicio por jurado popular o si el asunto se diluye en el laberinto de los recursos.
Zapatero: 500.000€ por 'confianza' y sin contrato
Hay quien hace contratos en papel y hay quien, habiendo sido presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, gestiona su carrera como quien acuerda una partida de pachucos en un bar: 'por confianza'. José Luis Rodríguez Zapatero compareció el 17 de junio ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional para explicar cómo es que terminó embolsándose casi 500.000 euros a través de la consultora Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. ¿El contrato? No hay. ¿El rastro? Un vacío administrativo que haría llorar a cualquier gestor de Hacienda. Mientras el ciudadano medio necesita tres justificantes y un sello para recuperar diez euros de una factura, Zapatero sostiene que su 'caudal de conocimiento' justifica que la Agencia Tributaria viera que los fondos de la consultora acababan básicamente en su bolsillo y en What The Fav, la empresa de sus hijas. El exmandatario niega haber movido un dedo para que la aerolínea Plus Ultra se llevara el rescate de 53 millones de euros durante la pandemia. Dice que no mandó ni un WhatsApp, aunque el juez le recordó que los datos suelen matar el relato. Lo más surrealista: Zapatero admite haber llamado al vicepresidente del Banco Santander, Cendoya, para que 'atendieran' a Plus Ultra, pero asegura que fue un gesto de cortesía, no una gestión de fondos. Sobre las joyas de 1,3 millones de euros en su despacho o la misteriosa sociedad offshore en Dubái vinculada a una comida en el restaurante Portonovo el 26 de enero de 2021, el ex presidente optó por el silencio o el 'no recuerdo'. Al final, el juez no ha pedido pasaportes ni prisión, pero ha dejado claro que el 'acuerdo de confianza' suena, en lenguaje jurídico, a un agujero contable del tamaño de un avión.
Zapatero: el 'pasaporte VIP' de Plus Ultra
Hay quien dice que para entrar en el paraíso hace falta un santo, pero para aterrizar en Caracas en plena pandemia bastaba con tener el WhatsApp de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras Iberia y Air Europa hacían cola en la embajada como quien espera el turno del médico de cabecera, Plus Ultra decidió que los protocolos diplomáticos eran meras sugerencias. La receta fue sencilla: un 'salto' a la embajada coordinado por el expresidente y su 'tocayo', Julio Martínez Martínez, el hombre que movía los hilos en la sombra. El calendario es una obra de arte del cinismo. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez le inyecta a Plus Ultra un rescate de 53 millones de euros. Dinero público, básicamente, para que la empresa no se hundiera. Dos semanas después, a finales de marzo, la compañía ya estaba volando hacia Venezuela gracias a que la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y el general Teixeira del INAC decidieron que Plus Ultra no necesitaba notas diplomáticas, solo 'influencia'. Mientras el Gobierno de Sánchez enviaba notas verbales el 23 de febrero rogando por la normalización de vuelos —recibiendo la callada por respuesta—, los accionistas Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola celebraban que todo iba 'viento en popa'. El negocio era tan fluido que incluso gestionaron la 'quinta libertad' hacia Buenos Aires, un bombazo comercial que dejó a la competencia mirando desde la pista de aterrizaje hasta noviembre. Pero el amor entre el régimen de Maduro y la trama Zapatero tenía un precio: una deuda de 258.618 dólares con el INAC. Cuando el general Teixeira empezó a apretar las tuercas, el 'tocayo' volvió a entrar en acción. El resultado fue una gestión 'exitosa', según el propio Zapatero el 31 de julio de 2021. Al final, la moraleja es clara: en el mundo de las altas esferas, la meritocracia es un mito y el verdadero combustible de los aviones son los contactos adecuados.
Fondos europeos: el 'truco' del Libro Blanco
El juez Juan Carlos Peinado acaba de añadir un nuevo plato al menú de complicaciones del 'caso Begoña Gómez'. No es un aperitivo, sino una pieza separada por prevaricación y fraude con fondos europeos. La jugada es tan torpe que parece escrita por un guionista de serie B: la Fiscalía Europea dio el aviso el pasado 8 de junio, alertando que en Bruselas alguien no sabía sumar ni restar honestidad. El núcleo del problema es el contrato 044/20. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si en un concurso de cocina pidieran obligatoriamente un postre y el jurado le diera la máxima nota a quien entregó el plato vacío, asegurando que era 'minimalismo vanguardista' para que nadie más se quejara. En este caso, la UTE KPMG-INNOVA se llevó el premio gordo a pesar de que no presentaron el Libro Blanco, un requisito básico que los evaluadores decidieron 'olvidar' deliberadamente en el informe de valoración. Lo más cínico es que los borradores del informe, esos que se escriben antes de limpiar la fachada, ya admitían que faltaba el Libro Blanco. Pero, mágicamente, esa frase desapareció en la versión final para que otros licitadores no pudieran impugnar el sablazo. El hilo conductor de este despropósito tiene nombre y apellidos: Luis Prieto. El señor Prieto firmó los informes de valoración en tres procedimientos distintos, dejando una huella digital tan evidente que la UCO de la Guardia Civil no tuvo que esforzarse mucho en conectar los puntos. Ahora, la Fiscalía debe analizar la tipicidad de estos hechos, mientras el dinero público europeo sigue siendo el tablero donde algunos juegan al Monopoly con la ley.
Begoña Gómez: Fondos europeos y contratos 'a dedo'
Hay quienes gestionan la administración pública como si fuera la cuenta corriente de un primo lejano. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el expediente de Begoña Gómez es ya demasiado gordo para un solo cajón y ha abierto una 'pieza separada'. ¿El motivo? Unos fondos europeos que, en lugar de fluir hacia la innovación, parecen haber bailado un vals sospechoso hacia contratos específicos a través de Red.es. La trama tiene un aroma a ingeniería financiera de manual. Según el decreto de la Fiscalía Europea del 8 de junio de 2026 y el atestado 28/2026 de la UCO, no estamos ante un simple error de dedo en un formulario. Hablamos de una 'omisión deliberada de datos'. En lenguaje de calle: alguien borró lo que molestaba para que el contrato cayera, como por arte de magia, en el regazo del mismo licitador que ya estaba bajo la lupa. Es el equivalente a maquillar la lista de la compra para que el presupuesto del hogar termine en un capricho caro mientras la nevera sigue vacía. La Fiscalía Europea, que no suele jugar a las canicas, ha sido tajante: hay indicios de criminalidad. No es una sospecha ligera, sino una posible prevaricación y un fraude a los intereses de la Unión. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta, aquí se investiga si se utilizó la maquinaria pública para favorecer a dedo a ciertos beneficiarios. El juez Peinado ahora pide el informe del Ministerio Fiscal para ver si estos 'olvidos' deliberados tienen la tipicidad necesaria para acabar en una condena. Al final, el dinero de Bruselas es muy generoso, pero deja un rastro de migas que, tarde o temprano, alguien acaba siguiendo.
PSOE: Operación Fontanería al Estilo Yankee
El PSOE, en un giro digno de serie de Netflix, parece haber recurrido a una consultora estadounidense, Guidepost, con un historial más turbio que el agua de grifo en verano. Esta empresa, experta en “investigaciones privadas” (léase, apagar fuegos con gasolina), ha trabajado con figuras latinoamericanas de dudosa reputación, incluyendo a allegados a PDVSA. ¿Su misión en España? Gestionar citas con la trama de Leire Díez, la joven que denunció acoso al fiscal Grinda. Una de esas citas, ¡ojo!, tuvo lugar en la mismísima sede del PSOE en Ferraz, con Santos Cerdán presente. Todo comenzó con una llamada desde Nueva York, cortesía de Yohir Akerman, un supuesto periodista colombiano que, resulta, es empleado de Guidepost. Akerman y su compañero, Vytenis Didziulis, viajaron a Jaén, convencieron a Miriam S.R. (la denunciante) de reabrir un caso archivado en 2017, y la llevaron a Madrid para una serie de encuentros clave. Renfe, ajena a la trama, aportó los billetes de tren que delataron la presencia de los agentes. ¿El objetivo? Desviar la atención de fiscales incómodos. Guidepost se describe como especialista en “investigaciones de alto riesgo”. Traducido: apagar incendios judiciales a clientes adinerados. Su currículum incluye operaciones en Latinoamérica, China y Rusia, con un enfoque en fraude, corrupción y, por supuesto, sanciones. En el ajo también está Juanfran Serrano, diputado del PSOE y hombre de confianza de Cerdán, quien presuntamente medió para conseguir un “enchufe” para Miriam en una empresa de la Diputación de Jaén. Una amistad de toda la vida con el presidente de la empresa, Francisco Reyes, facilitó la operación. La frase clave, según el sumario: “Juanfran ha sido obediente”. ¿Obediente a quién? Esa es la pregunta del millón. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando la cuenta.
Sánchez: ¿Qué esconde en la caja?
El misterio de los regalos presidenciales. ¿Dónde están los obsequios de Sánchez? Una pregunta que resuena mientras el Gobierno se escuda en tecnicismos legales dignos de Kafka. Desde 2023, el abogado Guillermo Rocafort lleva intentando desentrañar el inventario de obsequios recibidos por Pedro Sánchez, encontrándose con un muro de silencio administrativo. El argumento es simple, casi infantil: “Ya lo veremos cuando deje el cargo”. Tres años de espera, mientras el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le pone la puntilla, recordando que la Casa Real sí publica sus regalos anuales. La opacidad de Sánchez contrasta con el pasado. Felipe González, Aznar y Zapatero acumularon 1.224 objetos entre 1982 y 2016, un botín que salió a la luz gracias a la Ley de Transparencia. Zapatero, por cierto, se vio envuelto en un embrollo con 103 joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho. ¿Coincidencia? ¿O una muestra de que la falta de control abre la puerta a la ingeniería financiera y a las sombras? Mientras el ciudadano medio lucha por llegar a fin de mes, la Presidencia del Gobierno considera que las “anotaciones simples” de los regalos no son documentos públicos. Es decir, un chiste. La Abogacía del Estado defiende lo indefendible: que no hay obligación legal de llevar un inventario en tiempo real. Rocafort, tozudo, sospecha que se trata de evitar “disfrutes” y “desapariciones” de regalos. Y no es para menos. Porque en este país, donde hacer la compra es un deporte de riesgo, la transparencia parece un lujo reservado a otros. Habrá que esperar a 2027 para saber si Sánchez supera a sus predecesores socialistas en cuanto a regalos recibidos. O si, simplemente, ha decidido ocultarlos bajo la alfombra.
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