El artículo es un recital de datos, pero se centra demasiado en la narración de los hechos y poco en el contexto más amplio. La fuente principal parece ser la acusación popular, lo que puede sesgar la información. El título es correcto, pero podría ser más incisivo.
Extremadura, tierra de buenas vistas y, al parecer, buenas manos. No para los agricultores, sino para una banda de 12 individuos que parecían tener un pacto con el cartero y una especial predilección por las elecciones de 2025. La Guardia Civil, en una operación bautizada como 'Botonero' (¿en referencia a los botones de las urnas, a los de la camisa, o a la facilidad con la que 'botaban' los bienes ajenos?), ha desmantelado esta organización criminal que no le hacía ascos a nada. Robos en Correos, bancos, joyerías, colegios… el menú era variado. Pero la guinda del pastel, el detalle que te hace cuestionar la solidez de nuestra democracia, fue la interceptación de votos por correo. Sí, lo leen bien. Votos. 37 delitos contra el patrimonio y un botín que supera los 340.000 euros, una cifra que, para algunos políticos, es menos que un café con leche en la cafetería del Congreso. Tres de los cabecillas ya están disfrutando de la hospitalidad penitenciaria, mientras que otros dos siguen investigados. El robo de dos vehículos de alta gama en Almoharín fue el principio del fin, aunque uno de los coches, curiosamente, fue recuperado al día siguiente. ¿Quizás lo usaron para ir a votar? Los ladrones, con un “elevado grado de especialización” (léase: sabían cómo abrir una caja fuerte y cómo distinguir un voto de un recibo de la luz), también se lucieron robando 8.000 euros destinados a una excursión escolar. El colmo. Un atraco a la infancia, literalmente. Hasta el camión de los regalos de Navidad sufrió sus fechorías. En fin, una trama digna de película, con la salvedad de que esto no es ficción. Y que, mientras ellos se lucraban, los ciudadanos honestos seguían haciendo cola en la oficina de Correos para enviar sus votos, sin saber que podían acabar en manos equivocadas.
El 'caso Leire' ha dejado de ser una sombra sobre el hermano de Pedro Sánchez para convertirse en un espejo roto que refleja la imagen del PSOE. David Sánchez, sentado en el banquillo de los acusados en Badajoz, observa cómo la fontanera del partido, Leire Díez, le devuelve el favor con unas agendas explosivas. ¿El plan? “Destruir el procedimiento”, apuntaba Díez el 2 de septiembre de 2024, con la juez Beatriz Biedma en la mira. La fontanera, investigada por la Audiencia Nacional, parece haber desplegado un arsenal de maniobras para proteger a David Sánchez, pero solo ha logrado darle más munición a la oposición. PP, Vox e Iustitia Europa se frotan las manos ante la evidencia: el PSOE, según la abogada de Vox Marta Castro, está intentando manipular hasta la Fiscalía, que, convenientemente, responde a las siglas “P.S.” (Pedro Sánchez). Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, aparece como el hombre que puso a disposición de Díez toda la estructura del partido. Pero la cosa no acaba ahí. La declaración de guardias civiles revela intentos de frenar la investigación, orquestados desde la cúpula de la Guardia Civil. El juez Pedraz, instructor del caso Leire, ha confirmado que todo esto se financió con “fondos” del PSOE, en una operación para atacar a jueces y fiscales que se habían convertido en incordios. Mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes, el PSOE parece tener un presupuesto ilimitado para “ingeniería financiera” y boicotear investigaciones. La pregunta ya no es si David Sánchez es culpable, sino cuánto le ha costado al erario público el intento de blanquearlo. Y, claro, quién pagará la factura.
El rescate de Air Europa, esa operación que costó 475 millones de euros –casi lo que cuesta mantener un barrio obrero un año–, se ha convertido en un culebrón judicial con sabor a podrido. El juez Escribano ha decidido que Bartolomé Lora, el entonces presidente de la SEPI, y el consejero delegado de Globalia, De la Rocha, expliquen sus movimientos. La cosa promete. Lora, que según las querellas actuó de intermediario para acelerar el proceso a petición de Ábalos, deberá dar cuentas el 3 de julio. Pero la citación a De la Rocha, cercano a Pedro Sánchez, es la puntilla. ¿Qué sabía el hombre fuerte de Moncloa? La trama se complica con las revelaciones del caso Mascarillas, donde Víctor de Aldama, empresario con lengua suelta, asegura que Begoña Gómez, esposa del presidente, ejerció presión para el rescate y que los Hidalgo patrocinaron sus “cosas”. Aldama incluso habla de 200.000 euros en un sobre, destinados a la esposa de Sánchez, según la declaración de Koldo García. Un detalle jugoso. Begoña, por cierto, ya había visitado dos veces las oficinas de Globalia en 2020, mientras Wakalua, filial de la familia Hidalgo, invertía casi un millón de euros en el IE Africa Center que ella dirigía. Un entramado de intereses que apesta a podrido. El juez no se anda con chiquitas y ha solicitado a la SEPI y al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSEE) toda la documentación posible: actas, correos electrónicos, informes, incluso las agendas del presidente del Consejo Gestor. Quiere saber quién votó a favor de la ayuda, quién la impulsó y, sobre todo, quién se benefició. Sara Aagesen, Ana de la Cueva, Pilar Paneque y Raül Blanco, todos con peso en el gobierno, aparecen en el acta de la aprobación “unánime”. Unánime… como si no hubiera alternativas. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando la gasolina a precio de oro y preguntándose dónde fue a parar su dinero.
Once minutos. Eso es todo el tiempo que necesitaba José Luis Rodríguez Zapatero para, presuntamente, ofrecer una 'ayudita' a Plus Ultra. Once minutos para sembrar la idea de un crédito ICO, avalado con su nombre, como quien pide un café con leche. Y mientras el ciudadano de a pie hacía equilibrios con la lista de la compra, esta aerolínea, con el sector aéreo en jaque por el Covid, aspiraba a un rescate de 53 millones de euros. Un 'sablazo' considerable que, según la UDEF, podría estar ligado a tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El modus operandi, según la investigación, era sencillo: Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, le expuso la papeleta a Zapatero en abril de 2020. La aerolínea pendía de un hilo, con vuelos suspendidos y trabajadores en ERTE. La solución, según el ex presidente, era una misiva al Banco Santander, firmada por los directivos de Plus Ultra, pero con el beneplácito de Zapatero. Una carta intervenida por la Policía Nacional que rezaba textualmente: “Siguiendo instrucciones del presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero...” Pero la cosa no acaba ahí. El 'amigo' de Zapatero, Julio Martínez Martínez, también se lucraba como asesor externo de la compañía, resolviendo 'problemillas operativos' en Venezuela y moviendo hilos en aeropuertos militares. Viajes a Caracas, fotos comprometedoras y, por supuesto, remuneración. Un entramado que culminó con el rescate en marzo de 2021, gestionado a través de la SEPI y su representante, José Ángel Partearroyo. En resumen, una historia donde los contactos valen más que las alas, y donde el ciudadano de a pie sigue pagando la cuenta.
Andalucía ha hablado, pero el eco viene del extranjero. El PSOE, dando la espalda a un batacazo histórico en su feudo, ha logrado una victoria incomprensible en el voto de los españoles residentes en el extranjero. ¿Casualidad? Difícilmente. Los números gritan: 31,3% para los socialistas en el CERA, nueve puntos más que en la propia Andalucía, mientras el PP se desplomaba 12 puntos. Una tendencia que se repite como un disco rayado en Extremadura (+7 puntos PSOE), Castilla y León (+10) y Aragón (+12). La lógica dictaría que los que se han ido no sufren las consecuencias de la política nacional, pero la realidad es más retorcida. Recordamos 2004, el 11-M, y cómo el PP arrasó en el CERA antes de la tragedia. O 2011, con un PSOE hundido en España rescatado por el voto exterior. Ahora, la sospecha se centra en la reciente campaña de nacionalizaciones impulsada por la Ley de Memoria Democrática. Más de 2,4 millones de solicitudes, la mayoría de Argentina, y un 98% de aprobaciones. Dos millones de nuevos españoles con derecho a voto, listos para alterar el tablero de juego. La participación en el extranjero es baja (0,5% en Andalucía, apenas 21.583 votos), pero suficiente para inclinar la balanza en circunscripciones pequeñas. Y el PSOE lo sabe. El sociólogo Luis Miller ya advirtió del “impacto demográfico enorme” de esta operación, aunque dudaba de su efecto político. En el PSOE, sin embargo, no creen en la filantropía: si abren la puerta a dos millones de nuevos votantes, es porque esperan algo a cambio. Con las encuestas hundiendo a los socialistas en casi todas las autonomías (por debajo del 20% en Navarra y Cantabria), el voto exterior podría ser el único respirador artificial para evitar una debacle aún mayor. En resumen, algo huele mal en el voto exterior, y no es el protector solar de Benidorm.
Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, ha lanzado una pulla que resuena más que un sablazo en la factura de la luz al PSOE. Mientras los ciudadanos andan contando céntimos, el partido se ve obligado a dar cuentas de las reuniones de su jefa de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez. ¿El detonante? Un caso que, según García, amenaza con convertir al PSOE en un lastre para el conjunto del espacio progresista. La ministra exige "todas las explicaciones", porque, al parecer, la transparencia es un bien escaso en Ferraz. En paralelo, Sumar, con su habitual tono de “nada que ocultar”, presume de trabajar para “mejorar la vida de la gente”. Una afirmación que contrasta, irónicamente, con la necesidad de aclarar las sombras que planean sobre su socio de gobierno. García, con una metáfora digna de un taller mecánico, describe a Díez como una “fontanera chapucera”, pero advierte que el foco no debe desviarse: la amenaza real, según ella, es el avance de la ultraderecha y el acuerdo entre PP y Vox. Un giro estratégico para desviar la atención, o una genuina preocupación por el futuro del país, la pregunta sigue en el aire. La Cumbre de Primavera de Más Madrid sirve de escenario para estas acusaciones cruzadas. El PSOE, en tierra de nadie, intenta minimizar el impacto de la crisis, mientras que Mónica García aprieta las tuercas con una declaración contundente. El caso, que involucra presuntas reuniones secretas y posibles irregularidades, amenaza con desestabilizar aún más un panorama político ya de por sí convulso. La ciudadanía, mientras tanto, observa con escepticismo cómo la clase política se enfrasca en disputas internas, mientras los problemas reales siguen sin resolverse. El BOE, ese templo de la legalidad, parece lejano a los problemas cotidianos.
Mónica García, la ministra que parece dispuesta a hacer migas con el juramento hipocrático. Mientras los pacientes hacen cola para una resonancia, la ministra se dedica a un slalom político digno de esquí alpino, culpando a las autonomías de un Estatuto Marco de Sanidad que huele a gasolina y a estrategia de distracción. La aprobación, a marchas forzadas, de este marco legal, sin financiación adicional ni recursos humanos, es como intentar llenar un vaso roto con agua. Un ejercicio de ilusionismo barato. El Gobierno, acorralado por la corrupción (que, dicho sea de paso, parece el único proyecto de país que gestiona con eficacia), busca chivos expiatorios. Y los consejeros de Sanidad, víctimas de una planificación chapucera orquestada desde el Ministerio, son los elegidos. García pretende dejar su “legado”: una gestión calamitosa que indigna a médicos, servicios de salud y, sobre todo, a los pacientes que ya ven venir el temporal. La ministra, con una habilidad digna de estudio, intenta replicar la estrategia de la segunda ola de la pandemia, donde las responsabilidades se diluyeron entre comunidades autónomas como azúcar en agua caliente. Ahora, el objetivo es el mismo: desviar la atención de la debacle. Un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial, convocado con la urgencia de quien intenta tapar una fuga de agua con un parche, es la prueba fehaciente de esta maniobra. La ministra, en su huida hacia adelante, parece olvidar que los médicos no son marionetas y que la paciencia de los pacientes tiene un límite... y ese límite se está agotando. El desplome en las encuestas, mientras tanto, es un síntoma más de la enfermedad.
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