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Hay amistades que valen oro, o en este caso, valen una factura de 1,6 millones de euros. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado, Jesús Calleja y Pedro Sánchez han decidido que Lanzarote y La Mareta son el escenario ideal para compartir el verano. No es que el 'expeluquero' aventurero tenga un imán para el poder, es que su productora tiene un imán muy potente para los fondos de RTVE, facturando esa cifra millonaria que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Es la magia del networking: veraneas con el jefe del país y, mágicamente, los rumores de un salto definitivo a la televisión pública cobran sentido. Pero el ecosistema mediático es un patio de colegio con presupuesto estatal. Tenemos la creación de 'La Séptima', el nuevo canal de TDT concedido por 'Su Excelencia' a Miguel Contreras, un personaje que salió volando de PRISA por intentar meter su proyecto a presión. Este nuevo espacio, que abrirá el 5 de noviembre, se presenta como una 'trinchera' ideológica donde Javier Ruiz —fugitivo de Mañaneros 360— montará su cuartel general. Para completar el casting de la militancia, han fichado al humorista Quequé y a Rocío Delgado, quien curiosamente es pareja de Jesús Cintora, el nuevo ariete de TVE. En este tablero, la meritocracia es un concepto abstracto. Mientras Mediaset se rompe la cabeza buscando un nombre para el nuevo formato de 'El Rosco' y Pedrerol intenta que sus audiencias no se desplomen en Energy y Cuatro, en la televisión pública se gestionan las lealtades. Y mientras tanto, los incombustibles Jordi Hurtado y Karlos Arguiñano, con 69 y 78 años respectivamente, se niegan a soltar el micro y la sartén, recordándonos que en este negocio, el relevo generacional es un mito cuando el cheque sigue llegando.
Gibraltar ha decidido que el mapa es solo una sugerencia y ha vuelto a sacar la pala para morderle un trozo más al Mediterráneo. Esta vez se trata de 47.000 metros cuadrados de relleno marítimo frente a Westview Park, una operación de ingeniería que básicamente consiste en fabricar suelo donde antes había agua para plantar 2.300 viviendas. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y ve cómo su cuenta corriente se encoge, el Gobierno colonial expande su superficie como quien añade una habitación más al salón porque se ha quedado pequeño. Fabián Picardo, el ministro principal, se pone la medalla del altruismo asegurando que estas casas no son para los ricos, sino para los trabajadores y pensionistas. Un relato conmovedor, especialmente cuando recordamos que la fiesta se financia gracias al consorcio vietnamita TNG Global Foundation. Sí, los mismos que están levantando Eastside, ese proyecto de 1.400 viviendas de lujo y puerto para megayates que ha puesto a la Fiscalía de Algeciras a trabajar horas extra por ocupar aguas españolas. Es la clásica jugada de manual: usar el dinero del lujo extremo para construir 'vivienda asequible' y limpiar la imagen corporativa. La obra ya ha arrancado con la demolición del Muelle de Extensión número 3 (244 metros de largo y 12,2 de ancho), que terminará convertido en la base del nuevo barrio. Todo esto mientras Verdemar-Ecologistas en Acción grita al vacío sobre el impacto medioambiental y los caladeros de La Atunara se ahogan en partículas en suspensión. La ministra Sara Aagesen guarda un silencio sepulcral, mientras el Peñón sigue creciendo a base de arena importada y una audacia geopolítica que roza lo surrealista. Al final, el mar es el único que no tiene voz para protestar mientras le roban el espacio.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira un campo de minas, el Ministerio de Igualdad ha decidido que la mejor forma de combatir la falta de corresponsabilidad es con un cheque en blanco. Ana Redondo ha puesto sobre la mesa 79.960 euros —casi 80.000 pavos de los nuestros— para diseñar un taller que le explique a los padres de niños menores de 12 años cómo no ser un lastre en casa. Básicamente, el Estado quiere pagar una fortuna para enseñar a los hombres que cambiar pañales no es una actividad extracurricular, sino parte del contrato básico de ser padre. El pliego es una joya del lenguaje administrativo. Hablan de 'masculinidades igualitarias' y de convertir la paternidad en un 'espacio de oportunidad'. En cristiano: quieren que el hombre deje de creer que su única misión es ser el proveedor y empiece a fregar los platos sin que se lo pidan tres veces. El taller también se mete en el barro de las violencias económica y vicaria, poniendo el foco en el impago de pensiones alimenticias, ese agujero contable que deja a muchas madres haciendo el trabajo sucio y el financiero a la vez. Pero la generosidad con el erario público no termina ahí. Porque mientras intentan 'sensibilizar' a los padres, el Instituto de las Mujeres ha soltado otros 136.089,29 euros a la empresa Round Connect SL. ¿El objetivo? Almacenar y repartir folletos, CDs y DVDs. Sí, en plena era del streaming y el PDF, el Ministerio gasta más de 136.000 euros en logística de papel y discos para difundir la igualdad. Una ingeniería financiera fascinante: gastar miles de euros en imprimir folletos para decirnos que no malgastemos los recursos.
Parece que en Valencia han decidido que el currículo escolar para este curso incluye una asignatura intensiva de 'estética facial obligatoria'. La Generalitat Valenciana, en un despliegue de ingenio legislativo, ha deslizado en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos 2026 que llevar el rostro cubierto en clase ya no es una elección de estilo, sino una 'falta grave'. El Artículo 157 de la norma, gestionado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, es tan preciso como una piedra: obliga a mantener el rostro 'sustancialmente descubierto'. Lo fascinante es el menú de sanciones. Mientras que para muchos el mayor drama escolar es que se acabe el papel en el baño, aquí el castigo por un velo o una prenda rebelde se pone al mismo nivel que el acoso, las agresiones o las humillaciones. Sí, hemos llegado al punto donde cubrirse la cara es, administrativamente, tan grave como una pelea a puñetazos en el patio. El castigo puede ir desde hacer tareas extra —el clásico 'castigo de colegio'— hasta el exilio educativo: una suspensión de hasta treinta días naturales o, si la administración se pone especialmente creativa, el cambio de centro educativo. La hipocresía brilla por su ausencia en la redacción: no mencionan el velo ni una sola vez, pero dejan el camino asfaltado citando que en hospitales y transporte público se requiere 'identificación visual continua'. Básicamente, nos dicen que no quieren ver telas donde deberían ver caras, pero lo disfrazan de presupuesto. Es una jugada maestra: meten la prohibición religiosa en el saco de los números y los gastos, esperando que nadie note el sablazo a la libertad personal mientras revisan las partidas de inversión.
La política es ese arte maravilloso de decir una cosa en el mitin y hacer exactamente lo contrario cuando toca gestionar el tráfico. En Palma, el Ayuntamiento, timoneado por el PP, ha lanzado un aviso de cortes de carretera que ha caído como un cubo de agua fría en los grupos de WhatsApp más conservadores. El motivo: una procesión para conmemorar el nacimiento de Mahoma este domingo 23 de agosto. La ironía tiene nombre y apellido: la marcha arranca en el número 95 de la calle Reyes Católicos. Sí, han elegido el epicentro del sarcasmo geográfico para empezar el camino hacia la plaza de Miquel Dolç, la calle Indalecio Prieto y el Camí de Son Gotleu, terminando en la plaza de Orson Welles. Mientras algunos ciudadanos ven en esto una traición a los principios, la realidad es que Son Gotleu es el termómetro demográfico de la ciudad, donde la población del norte de África ya no es una estadística, sino el vecino que te pide la sal. Entre las 17:00 y las 18:00 horas, la Policía Local —bajo el mando de un gobierno que suele jugar la carta de la identidad nacional— se dedicará a cerrar calles con la misma naturalidad con la que uno cierra la persiana del negocio. La EMT de Palma y el TIB ya han preparado los desvíos de autobús, porque el tráfico no entiende de teologías, solo de atascos. Es fascinante observar cómo un simple aviso de servicio se convierte en una guerra cultural en redes sociales. El PP gestiona el espacio público con una pragmática quirúrgica: permiten la procesión, evitan el caos vial y, de paso, dejan que sus votantes se indignen en Twitter mientras los agentes hacen su trabajo. Al final, el domingo habrá cortes, habrá rezos y, sobre todo, habrá una hipocresía tan espesa que no pasará ni un autobús de la EMT.
Mientras la familia Sánchez disfruta de la brisa del Palacio de la Mareta, Begoña Gómez prepara el aterrizaje más duro de su carrera. A la vuelta del verano, la mujer del presidente no se encontrará con una alfombra roja, sino con el banquillo de los acusados y un jurado popular que no entiende de protocolos de Moncloa. El juez Juan Carlos Peinado ya lo dejó claro y la Audiencia Provincial de Madrid lo selló el 16 de julio: habrá juicio. La cifra es un sablazo: nueve años de prisión solicitan las acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír. Se habla de tráfico de influencias y malversación, conceptos que en la calle significamos como 'usar el carné de esposa del jefe' para saltarse la fila. El núcleo del problema es la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense, codirigida con Juan Carlos Barrabés, y el uso de Cristina Álvarez, una asesora pagada con dinero público en la Moncloa para hacer gestiones que huelen a intereses privados. Para salir del atasco, entra en juego Jaime Campaner, un abogado que sabe que en España las reglas son como las sugerencias de Google Maps: dependen de quién conduzca. Su estrategia es brillante en su cinismo: alegar que no existe un 'manual de instrucciones' para las primeras damas. Básicamente, argumentan que, como no hay una ley que diga qué puede hacer la mujer del presidente, Begoña es una ciudadana de a pie, aunque su 'paseo' sea por los pasillos del poder. Se escudan en la Ley 50/1997 y la Ley 3/2015, que obligan al político a abstenerse, pero dejan la puerta abierta para que el cónyuge haga su agosto sin restricciones. Es la paradoja perfecta: ser invisible para la ley cuando conviene, pero estar en el centro del foco cuando hay que gestionar influencias.
Hacienda ha decidido que esperar unos días para cobrar sus facturas es un lujo anacrónico. Con la Resolución de 4 de junio de 2026, la Agencia Tributaria ha pasado de la burocracia del sello y el papel a una eficiencia digital que envidiaría cualquier app de delivery. Ahora, el proceso de embargo se ha convertido en un sprint nocturno: Hacienda lanza la orden antes de las 20:00 horas y los bancos —incluidos los modernos neobancos como Revolut— tienen hasta las 08:00 del día siguiente para congelar el saldo. En esencia, mientras el autónomo duerme pensando en cómo cerrar el mes, el sistema digital ejecuta una traba en apenas 12 horas. Es una ingeniería financiera diseñada para que no quede tiempo ni de pestañear. Si en la cuenta principal no hay saldo, el banco no se detiene; puede barrer hasta diez cuentas distintas del mismo titular en la misma entidad para rascar cada céntimo. No importa si es una cuenta de ahorro, una libreta o una plataforma de pago no bancaria; si el dinero es líquido, es objetivo. Es como si el recaudador tuviera ahora una llave maestra que abre todas las cajitas de la casa en un abrir y cerrar de ojos. Para intentar suavizar el golpe, Sandra Hernanz recuerda que se respetan los límites del Salario Mínimo Interprofesional (1.221 euros en 2026) y la doctrina de la sentencia 467/2024 del Tribunal Supremo, que protege los fondos provenientes de nóminas aunque estén en cuentas distintas. El despliegue será escalonado desde septiembre hasta noviembre, dejando claro que, para el Estado, cobrar es una prioridad absoluta, mientras que para el ciudadano, defender su saldo será ahora una carrera contra el reloj digital.
Vivir en el aire tiene un precio, y en Algeciras han convertido el padrón municipal en una especie de 'estacionamiento' de personas fantasma. La jugada es sencilla: pagas una cantidad —que la Policía Nacional prefiere mantener en secreto, como quien oculta el precio de un menú degustación— y ¡tachán!, ya tienes un papel que dice que vives en una casa donde jamás has puesto un pie. Es la ingeniería financiera aplicada al domicilio: transformar una dirección en un producto cotizable para fabricar arraigos de laboratorio. La realidad es casi surrealista. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, algunos emprendedores del engaño han empadronado a gente en casas tapiadas, inmuebles abandonados y viviendas en obras. Básicamente, han vendido el derecho a vivir en un escombro sobre el papel. La Policía Local no se ha quedado dormida y, en solo dos meses, ha detectado 336 casos de fraude: 187 en marzo y otros 149 en abril, tras revisar a ciudadanos de 25 nacionalidades. Un volumen de 'fantasmas' que haría palidecer a cualquier censo. La trama ha culminado este mes con cinco detenciones por falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, después de que dos propietarios descubrieran que ocho desconocidos habían 'colonizado' administrativamente sus casas. Pero el negocio no termina en la calle; llega hasta los despachos del poder. PP y Vox, en su acuerdo de gobierno en Andalucía, ya planean para 2027 un «servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón», mientras que Adelante Andalucía, con José Ignacio García a la cabeza, ya huele a «policía paralela». Al final, el padrón, que debería ser el espejo de la ciudad, se ha convertido en un catálogo de alquileres invisibles donde lo único real es el dinero que cambia de manos.
En el tablero del poder, hay jugadas que parecen sacadas de una comedia de enredos donde nadie quiere pagar la cuenta. Resulta que el Gobierno de Pedro Sánchez, en un alarde de cortesía diplomática que roza lo surrealista, le sugirió a Felipe VI que cogiera el teléfono para darle las gracias a Mohamed VI. Sí, agradecerle al monarca alauita su 'actuación' tras el asalto masivo de inmigrantes que dejó Ceuta en shock. Es como pedirle a alguien que invite a una copa al vecino que acaba de saltarse tu valla y pisar tus petunias, solo porque ahora ha decidido dejar de empujar. Mientras el ministro Óscar López se dedicaba el 8 de agosto a soltar la frase comodín de que el Rey visitará Ceuta 'cuando sea oportuno', el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, intentaba salvar los muebles en Palma asegurando que el monarca cumple sus compromisos. Pero la realidad es que Felipe VI está en el limbo: quiere ir a Ceuta, pero espera que el Ejecutivo le dé el visto bueno, como quien espera que el portero del club le deje pasar a la zona VIP. Para añadirle sal a la herida, Enrique Santiago, el líder de IU, ha decidido que es el momento de cobrar facturas. Desde su atril en Mediaset, ha dinamitado la paciencia real sugiriendo que el Rey 'está tardando' en llamar al jefe del Estado del país que nos ha atacado. La lógica de Santiago es aplastante: si no lo votamos, que al menos trabaje. Al final, tenemos un triángulo amoroso tóxico entre la Moncloa, la Zarzuela y Rabat, donde el teléfono suena pero nadie se atreve a contestar por miedo a decir algo que no esté coordinado en el manual de supervivencia política.
Ir al mercado se ha convertido en un deporte de riesgo para la cartera. Mientras nosotros nos quejamos del aire acondicionado, el Mediterráneo ha decidido transformarse en una sopa caliente, y el resultado es que la sardina nos ha metido un sablazo del 25% en el último año. No es una fluctuación cualquiera; es el precio de vivir en un acuario recalentado. El boquerón y la anchoa no se quedan atrás, con un incremento del 10%, mientras que la gamba blanca ha subido un 12% y la roja oscila entre el 10% y el 15%. Básicamente, comer pescado azul hoy requiere un presupuesto de lujo. El culpable es el termómetro. Según World Weather Attribution, el agua ha subido más de 3 grados sobre lo normal, llegando a picos absurdos de 33 grados en Torrevieja y Orihuela. Jorge Olcina, meteorólogo de la Universidad de Alicante, confirma que hemos tocado techo. Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cofradías de Alicante y patrón mayor de Torrevieja, lo resume con la sencillez de quien huele a salitre: si a nosotros nos achicharra el sol, al pescado también. Desde abril, la temporada ha sido, en sus palabras, 'nefasta'. Pero claro, que el mar esté hirviendo no es lo único. A la crisis térmica se le suma la burocracia de la Unión Europea, que limita los días de faena como quien raciona el pan, y un relevo generacional que brilla por su ausencia. En lonjas como Villajoyosa o Torrevieja, los marineros miran el horizonte con incertidumbre. El otoño se presenta tan nublado como la cuenta bancaria del consumidor medio, porque el mar no suelta el calor y los pescadores, que ya están con un pie en la jubilación, no ven la luz al final del túnel.
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Joan Ramos