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Durante décadas, España jugó al señorito en el comercio con Marruecos, disfrutando de un superávit que parecía eterno. Pero el tablero ha girado. En 2025, por primera vez, hemos pasado a un déficit comercial que deja un agujero de unos 3.000 millones de euros, según los datos de UN Comtrade. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si durante años hubieras sido el que invita a las cañas y, de repente, te despiertas descubriendo que no solo estás pagando la ronda, sino que el otro te ha dejado el carrito de la compra lleno de cables y aceite de argán mientras tú solo puedes ofrecerle gas licuado. La jugada es maestra. Mientras España se ha quedado estancada en una zona de confort exportadora, Marruecos ha decidido dejar de ser la periferia para convertirse en el proveedor. Han pasado de comprar nuestra tecnología agrícola a vendernos sus propios productos, aprovechando que las normas europeas ya no son el muro infranqueable de antes. Las cifras no mienten y son un bofetón de realidad: en 2024 aún nos salvábamos con exportaciones de 18.000 millones frente a importaciones de 16.000 millones, pero en 2025 la tortilla se dio la vuelta. Marruecos exportó 19.600 millones e importó solo 16.500 millones. María Ángeles Ruiz Ezpeleta, de EAE Business School, lo resume con una elegancia casi cruel: Marruecos crece mientras España crece 'poquito'. La hipocresía reside en que, aunque Rabat sigue dependiendo de nosotros para respirar económicamente, España ha perdido la capacidad de marcar el ritmo. Seguimos comprando gas a Rusia y vendiendo gas a Marruecos, pero el reino alauita ha doblado sus exportaciones globales en tres años. Básicamente, nos han adelantado en el carril rápido mientras nosotros seguíamos convencidos de que el camino era el de siempre.
Hay una receta muy sencilla para hundir la industria nacional: ponle normativas asfixiantes a los tuyos y ábrele la puerta de casa al vecino. Mientras el pescador español lucha contra el gasóleo a 1,20 euros el litro —un sablazo que hace que salir a faenar sea casi un deporte de riesgo financiero—, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el pescado marroquí es el nuevo plato estrella. Los datos de Datacomex no mienten: hemos pasado de importar 91,7 millones de kilos en 2018 a unos impactantes 137,2 millones en 2025. Un incremento del 49,6% que suena a éxito comercial, pero que huele a rendición. En el libro de cuentas, la cifra es igualmente delirante. La factura ha subido de 620,1 millones a 864,6 millones de euros. Básicamente, estamos tirando la tarjeta en el mercado vecino mientras nuestra propia flota se encoge. Javier Garat, de Cepesca, lo tiene claro: es un doble rasero. A los nuestros les exigen estándares europeos que rozan la utopía, mientras que el pez espada marroquí entra en el mercado capturado con redes a la deriva, una técnica prohibida en la UE por ser un desastre ecológico. Es como obligar a un corredor a ir con pesas en los tobillos mientras el rival va en moto. La hipocresía alcanza su cénit con el atún chino, cuyos contingentes libres de aranceles pasaron de 20.000 a 200.000 toneladas. Pero volviendo al vecino del sur, la dependencia es total: las importaciones agroalimentarias saltaron de 1.524 millones en 2018 a 2.223 millones en 2024. Mientras Luis Planas escucha las quejas del sector en despachos climatizados, la realidad es que España ya no pesca para sí misma; prefiere hacer el pedido por catálogo al Magreb, ignorando que el acuerdo de pesca está suspendido por la Justicia europea por el asunto saharaui. Un negocio redondo, siempre que no seas el que maneja la red.
Hay una magia muy particular en los despachos de la Moncloa: la capacidad de anunciar un banquete y servir solo la entrada. El 17 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros salió al balcón a decirnos que, para combatir la crisis por la guerra en Irán, soltarían 11.553 millones de barriles de petróleo (unos 12,3 días de consumo). Sonaba muy bien en el BOE del 20 de marzo. Pero, como ocurre con las promesas de dieta en enero, la ejecución se quedó a medio camino. El Gobierno aplicó una primera fase de cuatro días y luego se quedó dormido en los laureles. El resto, esos 8,3 días adicionales que dependían del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siguen guardados bajo llave. En lenguaje de calle: nos prometieron bajar el precio del combustible, pero han dejado el 67,5% del petróleo inmovilizado mientras nosotros seguimos pagando el sablazo en la gasolinera. Mientras Italia ejecutó su parte el 26 de marzo sin pestañear, aquí en España el petróleo se ha quedado cogiendo polvo. ¿Y quién paga esta 'siesta' administrativa? El coste de mantener ese producto guardado oscila entre los 79 y los 215 millones de euros anuales. Es como pagar el alquiler de un trastero carísimo para guardar algo que deberíamos estar usando para ahorrar dinero. Ese capital inmovilizado, valorado en hasta 1.100 millones de euros, acaba trasladándose al precio final. El resultado es un IPC de agosto de 2026 que escala al 4,3% y un diésel que ha subido el 40% desde febrero. La CNMC registra precios históricos mientras el Ministerio guarda silencio. Al final, la estrategia fue brillante: anunciar la medicina, pero dejar la jeringuilla en la nevera.
España ha vuelto a coronarse como la campeona europea en el arte de vaciar carteras. Mientras el Gobierno juega al Monopoly con la economía, el ciudadano de a pie descubre que encender el aire acondicionado para no morir cocinado en agosto es, básicamente, un lujo prohibitivo. Según los datos de CaixaBank Research, los recibos de la luz en la tercera semana de agosto pegaron un salto del 20% respecto al año pasado. Para que nos entendamos: pasamos de un tímido 0,4% en mayo a un sablazo que deja cualquier presupuesto familiar tiritando, aunque el termómetro diga lo contrario. Pero claro, el festín no termina en el enchufe. Ir a la gasolinera se ha convertido en una experiencia traumática. El gasto en carburantes subió un 21% en esa misma tercera semana de agosto, impulsado por el petróleo y el fin de una rebaja fiscal que desapareció más rápido que el sueldo el día uno. Julio ya avisaba con un 11% y las primeras semanas de agosto un 16%, drenando las cuentas corrientes justo cuando el coche más kilómetros hace. La hipocresía del sistema es deliciosa: para compensar que la luz y el combustible nos están desplumando, el español ha decidido que el ocio es prescindible. Mientras las playas están a reventar, el gasto en bares y restaurantes se ha quedado congelado, con un avance ridículo del 0,4% en la tercera semana de agosto, e incluso una caída del 0,4% en la segunda. Hemos cambiado las cañas por el pago del kilovatio. Para rematar la faena, la cesta de la compra ha subido un 6,6%. Como parche, el Gobierno lanza un segundo real decreto con descuentos de 20 céntimos en diésel y cinco en gasolina por la guerra de Irán. Un caramelo para que no gritemos mientras, convenientemente, no se aplica ni una sola medida para abaratar la luz.
Hay quien dice que el sentido común es un don, pero en el Gobierno parece que es un artículo de lujo que no pueden permitirse. La última genialidad consiste en instalar campos de inmigrantes en Ceuta siguiendo una lógica digna de un juego de mesa: pongamos a miles de personas, algunas con el currículum manchado de yihadismo y otras que podrían ser agentes de inteligencia marroquíes, justo al lado de donde guardamos los fuegos artificiales más potentes del Estado. El plan maestro ubica a la gente en la 'explanada del Guano' (propiedad del Ministerio de Transición Ecológica) y en la zona de la 'Hípica'. Lo divertido es que, a tan solo 150 metros de esta última, el Ejército de Tierra tiene 16 búnkeres llenos de armamento y explosivos. Es como dejar las llaves del coche puestas y abrir la puerta del garaje en un barrio conflictivo, esperando que nadie note el olor a gasolina. Desde el Ejecutivo nos venden la moto alegando que la videovigilancia y la presencia del Regimiento de Ingenieros N.º 7 (RING7) y el Batallón del Cuartel General de Melilla darán 'seguridad'. Claro, porque nada dice 'estamos tranquilos' como tener un polvorín a un tiro de piedra de una masa donde el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) ya avisó de la presencia de agentes marroquíes no uniformados dando órdenes. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la factura de la luz, aquí jugamos al Tetris con la seguridad nacional. Ya hemos visto que el uniforme no asusta a quien viene en masa —como demostró la emboscada a cuatro militares en agosto—, pero parece que al Gobierno le gusta vivir al límite, convirtiendo la zona del Centro Ecuestre de Ceuta en un experimento de tensión geopolítica que ningún mando militar firma sin sudar frío.
Hay que tener valor. Mucho valor. Rosario Sánchez, la candidata del PSOE al Govern en Baleares, ha decidido que la receta para rescatar a un partido que huele a cerrado por los casos de corrupción es, sencillamente, 'enamorar'. Claro, porque nada seduce más que un currículum manchado y una retórica de combate. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el alquiler y ve cómo la factura de la luz le da un sablazo cada mes, Sánchez opera desde la comodidad de un sueldo de 120.000 euros anuales como secretaria de Estado de Turismo. Lo curioso es que, según los datos, ha decidido que su agenda gubernamental puede quedar en el congelador para dedicarse a tiempo completo a la campaña de mayo de 2027. Básicamente, cobrar el premio gordo del Estado para jugar a la política regional. En la reunión del Consell Polític de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), la estrategia ha sido el ataque frontal. Para Sánchez, Jaime Martínez es un 'especulador inmobiliario' y Marga Prohens una 'clasista y racista'. Un despliegue de cariño digno de quien quiere 'enamorar' al electorado. Por su parte, Iago Negueruela, el candidato a la Alcaldía, ha intentado vender la idea de que son la alternativa real frente a la 'involución', poniendo el foco en la saturación y el cambio climático. El contraste es delicioso: mientras el PSOE habla de 'derechos básicos' y 'vivienda no productiva', su propia candidata disfruta de un salario que multiplicaría por diez la capacidad de ahorro de cualquier joven palentino que intente alquilar un zulo en el centro. Quedan 37 semanas para las elecciones y el plan es dar un 'susto'. Con este arranque, el único susto probable es el que se llevarán los contribuyentes al revisar la hoja de horas de la Secretaria de Estado.
Vivir en el Aljarafe, con el jardín perfecto y la piscina climatizada, parece el sueño americano versión andaluza, hasta que te das cuenta de que tu intimidad tiene el precio de una oferta de liquidación. Rocío Osorno acaba de descubrir que su vestidor no es tan privado como creía cuando dos encapuchados decidieron visitarla sin invitación mientras ella y su familia estaban en casa. Salir corriendo y gritando es la respuesta humana; entrar con la tranquilidad de quien va a comprar el pan es la firma de alguien que tiene el mapa del tesoro en el móvil. No es un hecho aislado, es un patrón. Sergio Ramos y Pilar Rubio ya pasaron por el mismo trauma en 2023, con cuatro niños en casa, demostrando que ni los muros más altos detienen a quien sabe exactamente dónde está la llave. Y luego tenemos el caso de María del Monte e Inmaculada Casal, donde el 'topo' resultó ser Antonio Tejado, el sobrino que confundió la lealtad familiar con una oportunidad de negocio. Ahora, el programa Fiesta suelta la bomba: la Guardia Civil rastrea a un empresario sevillano, alguien con acceso VIP al entorno de los famosos y, ojo al dato, estrechamente ligado a Isabel Pantoja (aunque la tonadillera, según dicen, no sabía que su contacto jugaba a los espías). Este sujeto no buscaba firmas, buscaba rutinas, horarios y puntos ciegos. Pero lo que convierte esto en una comedia surrealista son los cinco millones de euros que, según informaciones, estarían enterrados en Sevilla dentro de ollas exprés. Sí, han pasado de la ingeniería financiera a la cocina rústica. Mientras unos pierden el sueño, otros entierran fortunas en menaje de cocina, esperando que el 'topo' no tenga hambre.
En el tablero del Gobierno, las piezas se mueven con una lógica que solo entienden ellos, probablemente en una sesión de terapia grupal. El martes pasado, el Ejecutivo decidió que la mejor persona para pilotar Casa 47 —la empresa pública de vivienda— no era un arquitecto, ni un experto en urbanismo, ni alguien que supiera distinguir un plano de planta de una servilleta. No. Han nombrado a Maribel Ramos Vergeles. Sí, la psicóloga experta en género. Para quienes luchamos cada mes contra un alquiler que se come la mitad del sueldo, el nombramiento suena a chiste de mal gusto. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con la tarjeta para llegar al día 20, el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez nos vende que poner a una especialista en Intervención Social y Género al mando es la clave para «consolidar la vivienda pública». Es como contratar a un experto en nutrición para que arregle el motor de un tractor: muy noble la intención, pero el tractor sigue sin arrancar. El currículum de Ramos Vergeles es impecable, pero en el carril equivocado. Licenciada por la Universidad de Salamanca y con un máster en Políticas Públicas e Igualdad de Género por la Universidad Rey Juan Carlos, ha pasado por el Instituto de la Mujer y la Junta de Extremadura entre 2009 y 2011. Ha estudiado en el IESE y Esade, lugares donde se aprende a gestionar el éxito, aunque no necesariamente a gestionar el déficit de pisos. Su única pincelada en el sector fue en Hogar Sí (2014-2024), donde compartió bandera con Richard Gere. Muy bien por la filantropía, pero gestionar la vivienda pública no es hacer una gala benéfica; es una partida de ajedrez contra la especulación donde ahora el Gobierno ha decidido jugar con las piezas del psicoanálisis.
En el tablero político, hay quienes juegan al Monopoly con la vida real y otros que simplemente pasan la factura. El ministro Óscar Puente ha decidido que el puerto de Ceuta es el lugar ideal para montar un campamento de carpas para más de 1.000 personas en situación irregular, ignorando con una elegancia glacial el voto negativo de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Para el Ministerio, el artículo 73.3 de la Ley de Puertos es como un 'vale todo' que permite saltarse la opinión de quienes gestionan el muelle día a día. La jugada es maestra en su desfachatez: mientras el Consejo de Administración advertía que esto era incompatible con la explotación del puerto —algo así como intentar montar un mercadillo en medio de una autopista—, Puente firmó la orden el sábado por la mañana. Resultado: 16.000 metros cuadrados de dominio público convertidos en un hotel de lona hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo más jugoso es el contraste. Puertos del Estado admitió que la medida podría 'incrementar riesgos' en infraestructuras críticas. Traducido al cristiano: es un riesgo, pero como el 'interés general' manda, nos aguantamos. Mientras los empresarios de la CECE gritan que no se toque el motor económico de la ciudad, el Gobierno despliega enfermerías y casetas de seguridad como quien coloca muebles en un piso alquilado que no es suyo. Al final, la solución humanitaria se impone mediante un 'porque yo lo digo', dejando a la administración local como un simple espectador de su propia infraestructura, con la opción de recurrir ante la Audiencia Nacional si no les gusta el paisaje de carpas que ahora domina el horizonte portuario.
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, una lotería donde siempre pierdes. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del súper con cara de tragedia, Vox ha decidido sacar la calculadora para el arranque del curso político. El planteamiento es sencillo, casi de libro de cuentas de barrio: ¿por qué seguimos pagando el pato mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se gasta más de 1.000 millones de euros anuales en el programa de «acciones a favor de los inmigrantes»? Es el clásico contraste entre el presupuesto para el vecino que llega y el bolsillo del que ya estaba aquí. Santiago Abascal no se anda con rodeos y apunta al dedo a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, con una moción que huele a urgencia. Según las cuentas de Vox, desde 2018 nos han clavado más de 140 subidas de impuestos. Es una lluvia de tributos que ha dejado el poder adquisitivo en cuidados intensivos, con una pérdida del 3,2% en los salarios reales. Para rematar el cuadro, dicen que la recaudación del IRPF en 2025 se disparó un 85% comparado con 2017. Básicamente, el Estado ha pasado de pedir una propina a llevarse media cena. La receta de Vox para salir del agujero es el 'borrón y cuenta nueva' fiscal: exenciones para rentas bajas de 22.000 euros, bajadas de IVA y eliminar los impuestos a los hidrocarburos y la electricidad. También ponen el foco en la vivienda, donde sostienen que la llegada de 7,8 millones de inmigrantes entre 2018 y 2025 ha dinamitado los precios, convirtiendo el alquiler de una habitación en lo que antes era un piso entero. Piden una auditoría del Tribunal de Cuentas porque, según ellos, hay una ingeniería financiera invisible que oculta el gasto real en inmigración ilegal mientras el español de a pie sigue apretándose el cinturón.
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Joan Ramos