Crítica:
El texto original es una mina de oro de hipocresía estadística que el autor expone bien, aunque se queda corto al no cuestionar quién se beneficia realmente de este 'maquillaje' contable.
El texto original es una mina de oro de hipocresía estadística que el autor expone bien, aunque se queda corto al no cuestionar quién se beneficia realmente de este 'maquillaje' contable.
Hay empresas que no vuelan, sino que levitan sobre el cinismo. Plus Ultra, la aerolínea que convirtió un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia en una especie de deporte de riesgo financiero, busca ahora un salvavidas. Y no cualquier salvavidas: negocia con Iberojet para que entre como socio inversor y le insufle un músculo financiero que, a estas alturas, parece más una prótesis que un músculo. Mientras tanto, la compañía navega en un mar de expedientes judiciales por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, con el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero orbitando la trama y exdirectivos como Julio Martínez Solá y Roberto Roselli soltando en el juzgado que se pagaban comisiones del 1% por el 'éxito' del rescate. Un porcentaje modesto para algunos, pero una bofetada para quien paga sus impuestos. En la calle, la realidad es más cruda y huele a aeropuerto vacío. Para conseguir liquidez, la compañía ha empezado a malvender billetes a precios de saldo, una estrategia desesperada que recuerda a quien vacía el garaje para pagar el alquiler. El resultado es un caos operativo: rutas a Bogotá y Cartagena canceladas en junio y frecuencias a Buenos Aires recortadas de cinco a dos vuelos semanales. Hay familias colombianas que han soltado 2.700 euros por ocho billetes y ahora solo reciben el silencio administrativo, y pasajeros que han visto cómo sus ahorros, entre 1.400 y 4.500 euros, se evaporan en el aire. Plus Ultra se escuda en que ya ha devuelto el 78% de los billetes de Colombia, pero el resto de los usuarios, organizados en WhatsApp y Facebook, saben que luchar contra una aerolínea es como intentar soplar una vela en un huracán. Mientras Barceló y la dirección de la firma guardan un silencio sepulcral, los pasajeros esperan que la AESA o la OCU hagan algo antes de que el avión termine de estrellarse contra la realidad contable.
En España, buscar un piso de alquiler se ha convertido en una especie de 'Los Juegos del Hambre' inmobiliarios, pero sin el premio final. La última radiografía del Observatorio del Alquiler es un bofetón de realidad: para el cierre de 2026, el mercado perderá más de 15.000 viviendas respecto al final de 2025. No importa si buscas un residencial, un temporal, un turístico o simplemente una habitación donde no te pisen los pies; la oferta se está evaporando como el sueldo el día 5. El detonante es la receta habitual: una dosis masiva de inseguridad jurídica y los cambios normativos de la Ley de Vivienda. Los propietarios, que no son precisamente filántropos, han reaccionado con la velocidad de un rayo. Entre el 28 y el 30 de septiembre, 4.290 ofertas desaparecieron en tres días. A las pocas semanas, la cifra ya era de 7.705 inmuebles retirados. Es el efecto 'pánico' traducido a ladrillos. Mientras el Gobierno intenta poner parches con préstamos de 50.000 euros para la entrada —una cantidad que hoy en día apenas sirve para pagar la fianza y el primer año de un zulo—, la realidad es que desde 2021 hemos sufrido un desplome del 37,1% en la oferta. El resultado es un precio medio de 1.214 euros mensuales, un 2,27% más que a cierre de 2025. Para que nos entendamos: hay una media de 133 interesados peleándose por cada inmueble en sus primeros diez días. Es una carnicería. Lo más triste es que construir no es darle a un botón; convertir suelo finalista en urbanizable tarda entre 8 y 15 años. Si seguimos así, el escenario pesimista prevé que el alquiler tradicional pierda hasta el 25% de sus inmuebles (unos 806.000 pisos) y que los precios suban un 42%. Básicamente, estamos diseñando un futuro donde vivir será un lujo reservado para quienes tengan un árbol de billetes en el jardín.
Bruselas ha decidido que el camino hacia el paraíso eléctrico era, en realidad, un precipicio sin red. Resulta que querer prohibir los motores de combustión para 2035 y borrarlos del mapa en 2050 era como intentar correr un maratón en sandalias mientras los chinos vienen en moto. La realidad ha dado un bofetón a la utopía: la demanda en Europa es tres millones de unidades inferior a lo que las fábricas pueden escupir. Mientras tanto, gigantes como Volkswagen, BMW y Mercedes ya han empezado a limpiar trastes con miles de despidos y cierres de plantas, porque competir en baterías hoy es como intentar ganar la lotería sin haber comprado el boleto. Francia y Alemania, que suelen llevarse como el perro y el gato, han firmado un pacto de supervivencia. Han obligado a Bruselas a 'deselectrificar' el parque móvil, rescatando los híbridos y los combustibles renovables. Es un movimiento clásico de quien se da cuenta de que ha apostado toda la hipoteca a un caballo cojo. Alemania ha cedido terreno a Francia, permitiendo que el motor de combustión respire, a cambio de que la energía nuclear vuelva a jugar en la liga oficial y de que regresen los coches populares, esos que no cuestan el precio de un piso y que no te regañan con mil sensores ADAS cada vez que giras el volante. En este tablero, Renault ya amenazaba con apagar las luces en Valladolid y Stellantis ha tenido que buscarse un 'sugar daddy' chino con Leapmotor y Donfeng para no hundirse. Lo más surrealista es que, mientras el resto de la UE vuelve a la tierra, España y Pedro Sánchez se han quedado solos en la fiesta, defendiendo a uñas y dientes un coche eléctrico que, ahora mismo, es un lujo inalcanzable para el bolsillo del ciudadano medio.
Hay gente que gasta el presupuesto de una vida en un coche que se deprecia al salir del concesionario, y luego están los especuladores de huesos, que están dispuestos a soltar 9 millones de dólares por un montón de calcio con nombre de vecina. Les presento a Jodi. No es la vecina del quinto, sino un Nanotyrannus lancensis, un bicho que mide unos 19,6 pies y pesa unas 1,500 libras. Durante 80 años, los expertos se pelearon en los pasillos como niños pequeños, discutiendo si Jodi era simplemente un T. rex que no había terminado de crecer o una especie distinta. Al final, tras analizar 150 diferencias morfológicas, decidieron que no era un adolescente rebelde, sino un adulto de una especie propia. La ironía es deliciosa: el 'rebranding' científico le quita el glamour del T. rex, pero Sotheby’s sabe que el mercado del lujo no entiende de taxonomía, sino de exclusividad. Cassandra Hatton, la jefa de ciencia de la casa, dice que esto cambia nuestra comprensión del Cretácico. Claro que sí, sobre todo si esa comprensión tiene un precio de salida entre 6 y 8 millones de dólares el próximo 27 de octubre en Nueva York. Jodi, encontrada en 2019 por la ranchera Jodi Pierson en la formación Hell Creek de Montana, está completa al 55%. Tiene 35 dientes y cuatro garras, aunque para que luzca en el salón de algún magnate, han tenido que rellenar los huecos con impresiones 3D y esculturas. Es el equivalente paleontológico a comprar un coche clásico destrozado y ponerle piezas de plástico para que brille. Si Gus, otro T. rex, pasó de una estimación de 30 millones a venderse por 50, quien sabe qué locura de cheque firmará algún millonario por Jodi. Al final, el Cretácico es ahora un catálogo de Sotheby's.
Imaginen que tienen una tarjeta de crédito con un límite obsceno, intereses bajos y un plan para montar un negocio que se paga solo, pero deciden dejar el plástico en el cajón mientras la casa se quema. Eso es, básicamente, lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con los fondos NextGenerationEU. Mientras los jóvenes españoles juegan al Tetris con sus muebles en habitaciones alquiladas que cuestan más que su propio sueldo (un alquiler mediano de 1.080 euros frente a un salario joven de 1.048 euros), el Ejecutivo ha dicho 'paso' a 61.700 millones de euros en préstamos europeos. No estamos hablando de dinero regalado, sino de una ingeniería financiera que, según el Foro Regulación Inteligente (FRI), habría levantado unas 440.700 viviendas asequibles. Para que nos entendamos: es como si te ofrecieran financiar el 70% de un coche que luego puedes alquilar para que la cuota se pague sola, y tú respondieras que prefieres caminar bajo la lluvia. El déficit de vivienda en España es un agujero negro de 750.000 inmuebles; el Gobierno tenía asignados 163.000 millones, pero cerrará el programa con 101.300 millones. Un 38% de los recursos se ha quedado en el limbo, como ese cambio que nunca encuentras en el bolsillo del pantalón, pero a escala macroeconómica. La hipocresía es el plato fuerte. En julio de 2024, Sánchez presumía de una línea del ICO de 4.000 millones para 43.000 casas. Muy mono, pero los 61.700 millones descartados son quince veces más grandes. Es la diferencia entre dar una palmadita en la espalda y solucionar el problema. Claro, el ministro Carlos Cuerpo dice que podemos pedir dinero en el mercado en condiciones similares. Quizás sea cierto, pero ignorar que los costes de construcción y los tipos de interés han subido desde 2021 es como intentar comprar el pan con el precio de hace diez años: una fantasía.
El mercado inmobiliario español acaba de dar un giro de guion digno de telenovela. Los británicos, esos eternos dueños de nuestras costas que veían España como su patio de recreo, han sido desplazados del trono. El nuevo rey es Marruecos. Durante el primer semestre de 2026, los marroquíes se anotaron 4.960 compraventas, dejando a los británicos con 4.541 operaciones y una cara de asombro considerable. En términos de pastel, Marruecos se lleva el 8% y el Reino Unido el 7,3% del mercado extranjero. Pero ojo, que aquí viene la letra pequeña, esa que suele estar escrita en tamaño hormiga. No es que el dirham esté compitiendo con la libra en el lujo extremo. Mientras que un estadounidense suelta 3.948 euros por metro cuadrado sin pestañear —básicamente comprando aire caro—, el comprador marroquí es el maestro del ahorro. Pagan una media de 801 euros por metro cuadrado, una cifra que parece un chiste comparada con la media general de 2.644 euros de los extranjeros. Es la diferencia entre comprar un ático en la Milla de Oro o buscar una oportunidad donde el precio no te obligue a vender un riñón. El fenómeno es real sobre todo entre quienes ya viven aquí. Los residentes extranjeros mueven el 63,2% del juego (39.387 compraventas), y en regiones como Murcia, los marroquíes son los dueños del tablero con el 36,1% de las operaciones. Mientras tanto, el mercado general se desinfla: las compraventas extranjeras cayeron un 13% (62.327 operaciones), el mayor bajón desde 2020. Los rusos y chinos huyen del mercado con caídas superiores al 26%, mientras que solo venezolanos y colombianos siguen tirando de tarjeta con optimismo. España sigue siendo el destino favorito, pero ahora el perfil del comprador ya no es solo el jubilado de Surrey, sino alguien que sabe dónde está la ganga.
Estados Unidos ha decidido jugar al póker con el comercio español, y lo hace usando el libro de reglas de un cobrador del fracs. La Comisión Marítima Federal (FMC) ha lanzado una propuesta que es, básicamente, un peaje VIP para cualquier buque con bandera española: 200.000 dólares por viaje. Unos 180.000 euros que, para el Tesoro estadounidense, son calderilla, pero que para un armador español suenan a sablazo en plena factura mensual. Todo esto por el bloqueo de barcos que presuntamente llevaban armas a Israel; una partida de ajedrez geopolítica donde las piezas que se sacrifican son los exportadores. Pero el castigo no se queda en el muelle. La FMC ha puesto el ojo en cinco categorías que son el orgullo de nuestra despensa y tocador: aceites y grasas, perfumería, cerámica, piedra y azúcar. Estamos hablando de un mercado que en 2025 movió 2.758 millones de euros. Aunque el Gobierno intente maquillar la cifra diciendo que solo es el 0,7% de las exportaciones totales, para el productor de aceite de oliva ese porcentaje es la diferencia entre renovar la maquinaria o cerrar la persiana. Es como decir que perder un dedo no es grave porque te quedan nueve; el que pierde el dedo es el que no puede escribir. La jugada maestra es el calendario. La consulta pública cierra el 14 de diciembre, convenientemente después de las elecciones españolas. Una pausa dramática para ver quién manda en Madrid mientras Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, intenta recordar que en este baile nadie gana si el suelo desaparece. La propuesta actual es 'moderada' comparada con los 2,3 millones de dólares que se barajaban en diciembre de 2025, lo cual es como si te quisieran quitar la cartera pero te dejaran conservar las monedas de diez céntimos.
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