Crítica:
El texto original es un panfleto de la FAI disfrazado de noticia. Carece totalmente de la voz del Gobierno o de colectivos de inquilinos para equilibrar la balanza.
Casi 6.000 operaciones afectadas por los decretos de vivienda, según datos del sector
Decretos de vivienda: menos pisos y más caos
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Habitaciones: el nuevo lujo imposible para jóvenes
Pedro Sánchez prometió en abril de 2024 que estaríamos en la «legislatura de la vivienda». Efectivamente, ha sido la legislatura de la vivienda, pero en el sentido de que el mercado se ha convertido en un deporte extremo donde el joven medio juega con desventaja. Mientras el Banco de España veía cómo el déficit de casas pasaba de 600.000 unidades a 755.000, avisando que para 2028 llegaremos al millón, la realidad palpable no es el sueño prometido, sino un sablazo mensual que no perdona. Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en una aritmética cruel. Alquilar una habitación en 2025 cuesta de media 521 euros, un 59% más que en 2018. Es decir, que mientras el alquiler de pisos completos subió un 37% en el mismo periodo, el mercado de las habitaciones ha decidido correr un maratón. Para un joven de entre 25 y 29 años, con un salario bruto de 2.008 euros según la Seguridad Social de marzo de 2026, pagar esa estancia absorbe el 25% de sus ingresos brutos. Un lujo que se paga con el hambre o el ahorro inexistente. La hipocresía institucional es total: ni el INE ni el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ofrecen datos oficiales sobre este fenómeno. Hay que recurrir a iAhorro para descubrir que la oferta de habitaciones ha subido un 85,4% desde 2022. El resultado es que el 87% de los jóvenes emancipados, según el Consejo de la Juventud de España, vive en modo 'coliving' forzado. Con alquileres de pisos que rozan los 1.600 euros en Madrid y Barcelona, la única alternativa es compartir el baño y la nevera, dedicando un 33% de los ingresos a una estancia, superando cualquier límite de salud financiera internacional. Básicamente, estamos sustituyendo el sueño de la primera casa por la pesadilla de la cama compartida.
El truco del paro: maquillaje y mentiras
Vender el éxito laboral en España hoy es como intentar convencer a alguien de que su cuenta bancaria está llena porque ha cambiado el color del saldo a verde, aunque siga en números rojos. El Gobierno nos sirve una ración de optimismo basada en una alquimia contable donde el plomo se convierte en oro mediante un truco de magia llamado 'fijo discontinuo'. Mientras el Ejecutivo presume de que la tasa de paro según la EPA rozó el 9,9 % en el segundo trimestre de 2026, la realidad es que estamos jugando al escondite con los datos. La consultora Freemarket ha destapado el truco: el paro registrado del SEPE marcaba 2,38 millones en septiembre de 2026, pero hay un agujero negro de personas que no trabajan, no cotizan y, sin embargo, no cuentan como parados. Hablamos de entre 740.000 y más de 850.000 fijos discontinuos inactivos. Es el equivalente a decir que no estás soltero porque tienes un contrato de noviazgo que se activa solo los martes de carnaval. Si sumamos a estos invisibles, el desempleo real se dispara por encima de los 3,2-3,7 millones de personas. Un sablazo de realidad que deja en ridículo el discurso oficial. Para rematar la jugada, nos venden récords de afiliación en la Seguridad Social, superando los 21,8-22 millones. Pero cuidado, que aquí entra el 'pluriempleo', esa joya de la precariedad donde una persona tiene tres trabajos para poder pagar el alquiler. En 2025, la Seguridad Social contabilizó cerca de 890.000-900.000 afiliaciones de este tipo. No es que haya más empleo, es que la gente tiene que malabarear con más contratos basura para sobrevivir. Al final, el éxito es una ilusión óptica: hemos fragmentado el trabajo para que la estadística brille, mientras el paro juvenil sigue anclado en el 23-25 % y España sigue cargando con una de cada cuatro personas desempleadas de la eurozona.
España: más fibra, pero menos carne
Mientras el relato oficial nos vende una España blindada y progresista, los datos de Eurostat actúan como un cubo de agua fría en plena calle. Resulta fascinante, casi poético, que hayamos escalado puestos en los rankings de la miseria. No es una promoción laboral, es una carrera hacia el abismo. En 2018, España estaba en la 19ª posición en cuanto a personas que no pueden permitirse carne o pescado cada dos días; hoy, con una agilidad envidiable, hemos subido al 14º puesto. Hemos pasado de un 3,6% a un 5,3% de ciudadanos que miran el mostrador de la pescadería como quien mira una vitrina de joyería. Países como Polonia o Bélgica nos han dejado atrás en el arte de pasar hambre. El ocio, ese lujo de quien no tiene que hacer malabares con el alquiler, también es una utopía para más gente. Hemos empeorado una posición, situándonos octavos en la UE, rozando el talonario de Rumanía y Lituania. Y si hablamos de exclusión social, la cifra es un puñetazo: 12,5 millones de personas (un 25,7% de la población) están en el riesgo de pobreza, catapultándonos al quinto puesto europeo. Es decir, que mientras el Gobierno presume de indicadores, la realidad es que somos la quinta potencia en precariedad. La paradoja es deliciosa: tenemos fibra óptica en cada esquina —bajando del 5,6% al 1,7% de excluidos digitales—, así que ahora podemos leer el precio del aceite en tiempo real y en alta definición mientras la nevera bosteza. La brecha social es un abismo: desde 2018 hay 1,7 millones de pobres más y, para darle el toque maestro a la ironía, 35.500 millonarios nuevos según el INE y Capgemini. Todo esto mientras Unicef califica de «dramática» la situación de 700.000 niños en carencia material severa. Una gestión redonda.
Ceuta: fuera de la aduana y olvidados
Imagínate vivir en España, pero que para enviar un paquete a Algeciras te traten como si estuvieras mandándolo desde el Congo o Nigeria. Esa es la surrealista comedia burocrática que padece Ceuta. Mientras el resto del país intenta ayudar comprando online a los comerciantes locales, se topan con un muro: la ciudad no pertenece a la Unión Aduanera. Es el equivalente a vivir en el mismo edificio que tu vecino pero tener que pasar el control de pasaportes para ir a pedirle un poco de sal. Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, lo tiene claro: es una tortura. Un camión de tomates frescos pasa por los mismos controles que uno que va para Argelia, haciendo que la verdura llegue a la mesa con la frescura de un mueble antiguo. Lo más irónico es que, mientras a Gibraltar le han hecho un traje a medida en julio, Ceuta sigue vistiendo harapos administrativos desde 1986. Pedro Sánchez, el 3 de septiembre, prometió en el Congreso corregir este 'desastre' (término que ya usaba CNN), pero ha pasado un mes y el olvido es la única medida efectiva. La economía local está en cuidados intensivos. El 90 % son pymes y micropymes, y ya han volado 44 autónomos. Para ellos, los 5.000 euros de ayuda son como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua, especialmente para quienes no facturaron ni un euro en agosto tras la invasión. Y ojo al dato: el paro baja un 4 % interanual, pero no es por el éxito empresarial, sino porque hay que contratar a cientos de personas para limpiar las 1.775 toneladas de basura —unas 3,5 piscinas olímpicas de mugre— dejadas por los inmigrantes ilegales y montar carpas. El Gobierno dice que volveremos a la normalidad antes de fin de año, pero en la calle saben que eso es un cuento chino.
Inmigración sin empleo: el sablazo del SEPE
Hablemos claro: entrar en el mercado laboral a los 45 años es como intentar comprar un piso en el centro con el presupuesto de un menú del día. Imposible. Pero hay datos que hacen que el optimismo se convierta en un chiste malo. Según el SEPE, bajo la firma de Ricardo Cuesta García, hay 103.599 personas mayores de 45 años que jamás han trabajado. De ese grupo, el 75,9% son mujeres (78.669) y el resto varones (24.930). Un agujero administrativo que parece un sumidero. Lo llamativo no es el número, sino la velocidad del sablazo. Los hombres marroquíes han pasado de ser 617 en julio de 2021 a 1.778 en julio de 2026. Un incremento del 188,1% que te deja frío. Es como si de repente el club de los 'sin experiencia' hubiera abierto sucursal en el Magreb. Y no vienen solos; las mujeres marroquíes dominan el ranking con 9.656 inscritas, superando a la suma de venezolanas, colombianas, ucranianas y brasileñas juntas (9.624). La regularización extraordinaria de 2026 ha sido el combustible: los varones marroquíes saltaron de 1.102 en marzo a 1.778 en julio, un 61,3% más en cuatro meses. Mientras tanto, el bloque comunitario se encoge (4.346 registros) y las españolas bajan un 27%, de 67.763 a 47.832. El contraste es brutal: mientras el perfil nacional se limpia, el extracomunitario se dispara hasta representar el 40,5% del total (41.998 personas). Colombia y Perú también juegan la partida, con disparos del 446% y 584% respectivamente en el sector femenino. Al final, el SEPE no gestiona empleo, gestiona una lista de espera infinita donde la edad es el muro y el pasaporte la etiqueta.
Luz cara y diésel barato: el delirio
Hay una danza muy curiosa en los despachos de Madrid. El Banco de España, bajo el mando de José Luis Escrivá, ha decidido salir del modo silencio para darle un toque de atención al Gobierno en su informe de Proyecciones macroeconómicas del tercer trimestre de 2026. El motivo es el clásico: la factura de la luz y ese caos energético provocado por la guerra en el Golfo Pérsico. Mientras el ciudadano medio mira el recibo de la electricidad como quien mira una película de terror, el Banco de España advierte que el Gobierno está jugando al revés. La Moncloa ha decidido que el 'escudo anticrisis' sea un abrazo al combustible fósil, pero un desplante a las renovables. Es como si, para ahorrar en la compra, el Gobierno nos regalara el aceite importado pero nos subiera el precio de las patatas del huerto vecino. El Real Decreto del 29 de septiembre es el ejemplo perfecto: rebajas en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y topes al gas, pero la luz se queda en el limbo, esperando a que un 'mecanismo de salvaguardia' actúe cuando ya estemos todos a oscuras. Pero lo más delirante es el lío del diésel. España prometió a Bruselas en 2021, mediante el Hito 388 del Plan de Recuperación, que dejaría de mimar al gasóleo para recibir los fondos Next Generation. Resultado: una incapacidad parlamentaria crónica que nos ha costado 200 millones de euros en ayudas retenidas. Para rematar la faena, la última medida de septiembre ha inflado la ventaja fiscal del diésel sobre la gasolina, pasando de 9,4 a 24,4 céntimos por litro. En resumen, el Gobierno prefiere pagar la multa a Europa que cambiar la receta, mientras el Banco de España mira el agujero contable con una ceja levantada.
Luz y gas: el sablazo del 2027
Parece que hemos confundido la Navidad con un simulacro de supervivencia. Mientras el ciudadano medio intenta que la cesta de la compra no requiera un préstamo hipotecario, el sector energético nos suelta la bomba: lo peor está por llegar. Estamos volviendo a los tiempos de la invasión rusa, pero con el agravante de que ya no nos sorprende que nos tomen el pelo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desempolvado el manual de 'recetas repetidas', aplicando descuentos en carburantes y recortes fiscales que son, en esencia, poner una tirita en una fractura expuesta. Los números no mienten, aunque intenten maquillarlos. Mibgas ya nos avisó con el MWh disparado a 75 euros, un capricho que arrastra a la electricidad hasta los 180 euros por la bendita regla de que el más caro manda en la fiesta. Pero preparen los abrigos y el ahorro, porque enero y febrero de 2027 prometen ser un auténtico sablazo. Tempos Energía, con Antonio Aceituno al timón, advierte que si el estrecho de Ormuz sigue cerrado, la luz podría bailar entre los 150 y 170 euros por MWh. Es decir, pagar el doble que el año pasado por el simple hecho de no querer congelarse en el salón. El cóctel es explosivo: la desaparición del GNL ruso el 1 de enero y una Alemania desesperada por llenar sus depósitos. En el peor de los casos, con un frío que muerda y Ormuz bloqueado, el gas podría superar los 105 euros/MWh, catapultando la luz hasta los 189 euros. Si el estrecho abre, el alivio tarda semanas porque los metaneros no vuelan. En resumen, estamos a merced de un calendario caprichoso y de una geopolítica que nos usa de moneda de cambio mientras nosotros miramos el contador de la luz con el mismo pánico que quien mira una bomba de tiempo.
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