La noticia es explosiva, pero se centra demasiado en la amenaza al Mundial. El verdadero escándalo es la falta de voluntad política para resolver una deuda legítima que pone en jaque la credibilidad del país. El título es un poco sensacionalista.
La Roja, con el balón en los pies y un embargo acechando. Mientras Luis de la Fuente intenta meter goles, los fondos buitre se preparan para meter mano en la caja. La selección española, en pleno Mundial de Estados Unidos 2026, podría ver sus movimientos vigilados, no por la defensa contraria, sino por acreedores internacionales. El origen del embrollo, como suele ocurrir, es una historia de promesas rotas y facturas sin pagar: 79,5 millones de euros por el principal más intereses, una cifra que suena a sablazo en la factura de la luz. Pero la cosa no queda ahí. La deuda total acumulada por España en arbitrajes internacionales supera los 700 millones de euros, una suma que podría comprarse un estadio de fútbol… varias veces. Los fondos, liderados por Blasket Renewable Investments y representados por el bufete King & Spalding, no se andan con chiquitas. Han registrado la sentencia en juzgados de Nueva York, Nueva Jersey, California… ¡casi toda la costa americana! Incluso el avión del Rey podría ser objetivo, un detalle que levanta más ampollas que un penalti discutido. Todo esto, por cierto, viene de lejos. De las primas a las renovables aprobadas por Zapatero en 2007 y recortadas después por Rajoy en 2012, un carrusel de decisiones que ha terminado en una deuda de 2.316 millones de euros, con sobrecostes financieros que elevan la cifra a 552 millones más. El Gobierno de Sánchez, fiel a su estilo, se defiende alegando que Bruselas no le permite pagar, un argumento que suena a excusa barata para los acreedores. Mientras tanto, la selección española corre el riesgo de convertirse en un peón en esta partida de ajedrez financiera. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿tendremos que vender la camiseta de la selección para pagar las deudas?
Barcelona, marzo de 2024. La Ley de Vivienda, esa promesa de techo para todos, parece más un paraguas roto en medio de un huracán inmobiliario. Fedea, el think tank que se atrevió a mirar los números sin gafas de color rosa, nos cuenta que la oferta de alquiler en Barcelona se ha desplomado un 22,2%. ¿El motivo? Limitar los precios, al parecer, no anima a los propietarios a poner sus pisos en el mercado. ¿Quién lo diría? Mientras tanto, en Madrid, donde la ley es letra muerta, la oferta sube un 3,9%. La diferencia es como comparar la cola del Rastro con la de un restaurante con estrella Michelin. Cataluña, convertida en el laboratorio de esta experiencia, ha visto cómo la presión por cada vivienda se ha multiplicado por cuatro. ¡368 personas peleándose por el mismo piso! En Barcelona, la cosa está aún más cruda: 462 contactos por inmueble. Imaginen la escena: un anuncio, una horda y un casero sonriendo. La Comunidad Valenciana y Andalucía, que no han sucumbido a la tentación de la regulación, retroceden un modesto 10%, una cifra que parece un oasis en comparación. El Gobierno, mientras tanto, sigue acusando a Madrid de sabotaje. Un 'tú más' digno de un patio de colegio. La moderación de los precios, según Fedea, convive con la escasez y la competencia feroz. Es decir, que el pastel es más pequeño y hay más gente con tenedor. La subida generalizada de precios, insisten, no es culpa de la ley, sino de un déficit de oferta. Suena a excusa barata, pero bueno, en política, la realidad suele ser el primer engaño. Fernando Pinto, profesor de la Rey Juan Carlos, lo tiene claro: la ley no soluciona el problema, lo agrava. Y la lista de espera para un piso en Barcelona, señores, es más larga que la de Hacienda.
La DGT, en su infinita sabiduría, ha instalado un radar que parece tener vida propia. Un radar de tramo en la A-7, entre San Roque y Algeciras (kilómetros 1.106,2 y 1.207,5), que en lugar de velar por nuestra seguridad, nos ha puesto una trampa. ¿La jugada? Multar a conductores a 80 km/h en un tramo donde la señalización indicaba 100 km/h. Un sinsentido, vamos, digno de un guion de Kafka. Imaginen la escena: usted conduciendo, respetando la velocidad permitida, y de repente, ¡sorpresa! Una multa que le hace cuestionar su cordura. Y no era un caso aislado. La DGT, tras las denuncias (obviamente, después de haber llenado los bolsillos), reconoció el error. Pero aquí viene lo bueno: miles de conductores, confiados en que no habían hecho nada mal, pagaron las multas sin recurrir. Dinero que, previsiblemente, no verán de nuevo. La DGT defiende estos radares de tramo como una forma de “educar” al conductor, obligándonos a controlar la velocidad en tramos más largos. Sí, claro. Como si no tuviéramos suficiente con la inflación, las facturas de la luz y el precio del pan. Ahora, además, tenemos que preocuparnos de que los radares estén bien calibrados. Un desastre. Y mientras tanto, el agujero contable se agranda, alimentado por las sanciones de conductores incautos. El organismo, en vez de actuar de oficio y devolver el dinero, parece apostar por la estrategia de la inacción.
La Unión Europea, en su infinita sabiduría burocrática, ha decidido que los sobrecitos de kétchup y las monodosis de aceite son el enemigo a derrotar. Primero nos vendieron la higiene y el fraude como excusas para imponer los envases individuales. Ahora, diez años después, nos informan que esos mismos envases son una aberración ecológica. ¿El Reglamento (UE) 2025/40, más conocido como PPWR, es la solución? No lo parece. Para el dueño de cualquier bar, la cosa pinta mal. Da igual si vota al PSOE o al PP, esta medida le toca la fibra sensible. Y no precisamente por la ideología, sino por la cartera y la gestión diaria. Porque, seamos serios, entre hacer la compra y lidiar con la inflación, ahora tienen que preocuparse por si el kétchup viene en sobrecito o en botella. ¿Es la medida buena para el medio ambiente? La pregunta es legítima. Gastamos más plástico con los minisobres, sí, pero ¿qué pasa con el consumo? Con el bote grande a mano, la tentación de echar más kétchup en la patata frita es irresistible. Y si sobra, pues sobra. El malgasto, ironía aparte, era precisamente uno de los argumentos con los que se justificó la eliminación de los envases rellenables hace una década. Pero el verdadero problema no es el kétchup, sino la forma en que se legisla en Bruselas. Una estructura que se alimenta de sí misma, con gente cobrando (y bien) por inventar leyes para todo, incluso para lo que no debería haberlas. Un ejemplo perfecto del 'si tienes un martillo, todo parece un clavo'. La Comisión Europea, en lugar de fijar un precio al plástico, prefiere legislar sobre la cantidad de kétchup que podemos usar. Un sinsentido.
Bruselas, con el gesto largo, le ha soltado a España un buen rapapolvo. No por la deuda, ni por el déficit… sino por los impuestos 'a la carta' que se montan en Cataluña y el lío del etiquetado. Mientras tú intentas entender si el IVA ha subido o bajado, en Cataluña te pueden poner un impuesto extra a la Coca-Cola. ¡Un drama! Y si quieres vender un producto, prepárate para imprimir la etiqueta en tres idiomas, como si fuera una prueba del CIE. La Comisión Europea dice que esto, lejos de impulsar la economía, la frene. Que es como intentar correr una maratón con mancuernas. El informe semestral de la UE diagnostica a España como el alumno que nunca se aprende las lecciones. Últimos en transponer las directivas europeas (solo un 2,6% a tiempo, ¡menuda nota!), y con un porcentaje preocupante de errores al hacerlo. Es decir, que las normas las ponen en Bruselas, pero en España las interpretamos a nuestro aire. Y no solo eso. En 2025, un 34% de las licitaciones públicas se decidieron con una única oferta, como si fuera una rifa amañada. El Plan de Recuperación y Resiliencia intenta poner orden, pero parece que el avispero está abierto. Las pymes españolas, según la UE, se ahogan en papeleo, impuestos y trabas burocráticas. Bruselas alerta de que esta 'ingeniería fiscal' regional y los caprichos lingüísticos encarecen los productos y dificultan la vida a las empresas. Al final, el sablazo se lo llevamos todos.
Mientras la lista de la compra se encarece, la Seguridad Social sigue sin saber qué tiene en el trastero. Literalmente. El Tribunal de Cuentas, con la paciencia de un santo, ha vuelto a señalar lo mismo que en 2022: un caos monumental en la gestión de su patrimonio inmobiliario. Hablamos de miles de edificios, oficinas, locales… un imperio de ladrillo y cemento cuyo inventario parece una misión imposible. La excusa para no hacer un censo completo, señores, es el coste de contratar a alguien que lo haga. ¡Menudo agujero contable! La cosa viene de lejos, claro. La polémica con las viviendas de Muface alquiladas a precio de ganga a la familia de Begoña Gómez ha encendido las alarmas, pero el problema es más profundo. El organismo, pese a las “reformas” y el Plan de Optimización, sigue con inmuebles asignados a quien no corresponde, duplicidades en los registros y una falta de información que da grima. En 2022-2025, sí, vendieron algunos edificios –183 operaciones por 116 millones de euros–, pero eso es como poner una tirita a un paciente con una hemorragia. El drama se agrava porque, además, han recortado personal en la Subdirección General de Gestión del Patrimonio: de 47 efectivos en 2021 a 37 en 2025. ¿Quién gestiona el patrimonio si no hay gente para hacerlo? ¿Magia? Lo que el Tribunal de Cuentas denuncia, en resumen, es que se han aprobado leyes para vender y rentabilizar, pero sin saber ni siquiera qué se va a vender o rentabilizar. Es como intentar hacer una dieta sin saber cuántas calorías consumes. Un despropósito. Y mientras tanto, el patrimonio de la Seguridad Social, uno de los mayores de la Administración, sigue siendo una incógnita.
El Gobierno celebra el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, pero con la prudencia de un político que sabe que las fotos viejas pueden salir a la luz. Mayo ha traído 231.975 nuevos afiliados, un 72% extranjeros. Traducido: siete de cada diez empleos nuevos llevan acento. Funcas, el centro de análisis, lo confirma. Borja Suárez, secretario de Estado, prefiere esperar al 30 de junio para hacer balance, como quien espera que la tormenta pase. Pero Elma Saiz, ministra de Inclusión, ya avisó: permiso provisional, trabajo inmediato. La burocracia se ha agilizado, sí, pero las empresas, astutas como pocas, piden garantías. ¿Qué pasa si el permiso no llega y han apostado por un trabajador? El miedo a la multa es un gran motivador. En abril de 2024, había 3.006.360 afiliados extranjeros. Ahora, en 2025, son 3.250.895. ¡244.500 más! Pero calma, que no todo es la regularización. La hostelería, la agricultura, la logística… sectores que siempre han necesitado manos, muchas veces de fuera. Fernando Jesús Santiago Ollero, del Consejo de Gestores Administrativos, lo explica claro: antes era un laberinto, ahora es un poco menos. Empresas buscando personal, inmigrantes buscando papeles, todos esperando un respiro. Pero la desconfianza persiste, como la mancha de café en la camisa blanca. La regularización, un parche temporal a una herida abierta. Y mientras tanto, los datos siguen subiendo, como la inflación en el carrito de la compra. La realidad es que el 'boom' de afiliación extranjera se ha acelerado, mientras que la de los nacionales se estanca, una paradoja que huele a truco barato.
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