Crítica:
El estudio de Fedea es contundente, pero carece de un análisis más profundo de las causas subyacentes del déficit de oferta. El titular, aunque llamativo, simplifica demasiado una situación compleja.
El pinchazo de la ley de vivienda donde se aplica: la oferta de alquiler se hunde un 22,2 % en Barcelona y crece un 3,9 % en Madrid
Ley Vivienda: Menos pisos, más locura
Otros artículos
DGT: Radar 'trampa' devuelve el dinero
La DGT, en su infinita sabiduría, ha instalado un radar que parece tener vida propia. Un radar de tramo en la A-7, entre San Roque y Algeciras (kilómetros 1.106,2 y 1.207,5), que en lugar de velar por nuestra seguridad, nos ha puesto una trampa. ¿La jugada? Multar a conductores a 80 km/h en un tramo donde la señalización indicaba 100 km/h. Un sinsentido, vamos, digno de un guion de Kafka. Imaginen la escena: usted conduciendo, respetando la velocidad permitida, y de repente, ¡sorpresa! Una multa que le hace cuestionar su cordura. Y no era un caso aislado. La DGT, tras las denuncias (obviamente, después de haber llenado los bolsillos), reconoció el error. Pero aquí viene lo bueno: miles de conductores, confiados en que no habían hecho nada mal, pagaron las multas sin recurrir. Dinero que, previsiblemente, no verán de nuevo. La DGT defiende estos radares de tramo como una forma de “educar” al conductor, obligándonos a controlar la velocidad en tramos más largos. Sí, claro. Como si no tuviéramos suficiente con la inflación, las facturas de la luz y el precio del pan. Ahora, además, tenemos que preocuparnos de que los radares estén bien calibrados. Un desastre. Y mientras tanto, el agujero contable se agranda, alimentado por las sanciones de conductores incautos. El organismo, en vez de actuar de oficio y devolver el dinero, parece apostar por la estrategia de la inacción.
Kétchup, aceite y la UE: ¡qué follón!
La Unión Europea, en su infinita sabiduría burocrática, ha decidido que los sobrecitos de kétchup y las monodosis de aceite son el enemigo a derrotar. Primero nos vendieron la higiene y el fraude como excusas para imponer los envases individuales. Ahora, diez años después, nos informan que esos mismos envases son una aberración ecológica. ¿El Reglamento (UE) 2025/40, más conocido como PPWR, es la solución? No lo parece. Para el dueño de cualquier bar, la cosa pinta mal. Da igual si vota al PSOE o al PP, esta medida le toca la fibra sensible. Y no precisamente por la ideología, sino por la cartera y la gestión diaria. Porque, seamos serios, entre hacer la compra y lidiar con la inflación, ahora tienen que preocuparse por si el kétchup viene en sobrecito o en botella. ¿Es la medida buena para el medio ambiente? La pregunta es legítima. Gastamos más plástico con los minisobres, sí, pero ¿qué pasa con el consumo? Con el bote grande a mano, la tentación de echar más kétchup en la patata frita es irresistible. Y si sobra, pues sobra. El malgasto, ironía aparte, era precisamente uno de los argumentos con los que se justificó la eliminación de los envases rellenables hace una década. Pero el verdadero problema no es el kétchup, sino la forma en que se legisla en Bruselas. Una estructura que se alimenta de sí misma, con gente cobrando (y bien) por inventar leyes para todo, incluso para lo que no debería haberlas. Un ejemplo perfecto del 'si tienes un martillo, todo parece un clavo'. La Comisión Europea, en lugar de fijar un precio al plástico, prefiere legislar sobre la cantidad de kétchup que podemos usar. Un sinsentido.
Cataluña: Bruselas les pone los puntos
Bruselas, con el gesto largo, le ha soltado a España un buen rapapolvo. No por la deuda, ni por el déficit… sino por los impuestos 'a la carta' que se montan en Cataluña y el lío del etiquetado. Mientras tú intentas entender si el IVA ha subido o bajado, en Cataluña te pueden poner un impuesto extra a la Coca-Cola. ¡Un drama! Y si quieres vender un producto, prepárate para imprimir la etiqueta en tres idiomas, como si fuera una prueba del CIE. La Comisión Europea dice que esto, lejos de impulsar la economía, la frene. Que es como intentar correr una maratón con mancuernas. El informe semestral de la UE diagnostica a España como el alumno que nunca se aprende las lecciones. Últimos en transponer las directivas europeas (solo un 2,6% a tiempo, ¡menuda nota!), y con un porcentaje preocupante de errores al hacerlo. Es decir, que las normas las ponen en Bruselas, pero en España las interpretamos a nuestro aire. Y no solo eso. En 2025, un 34% de las licitaciones públicas se decidieron con una única oferta, como si fuera una rifa amañada. El Plan de Recuperación y Resiliencia intenta poner orden, pero parece que el avispero está abierto. Las pymes españolas, según la UE, se ahogan en papeleo, impuestos y trabas burocráticas. Bruselas alerta de que esta 'ingeniería fiscal' regional y los caprichos lingüísticos encarecen los productos y dificultan la vida a las empresas. Al final, el sablazo se lo llevamos todos.
Seguridad Social: ¿Qué esconden?
Mientras la lista de la compra se encarece, la Seguridad Social sigue sin saber qué tiene en el trastero. Literalmente. El Tribunal de Cuentas, con la paciencia de un santo, ha vuelto a señalar lo mismo que en 2022: un caos monumental en la gestión de su patrimonio inmobiliario. Hablamos de miles de edificios, oficinas, locales… un imperio de ladrillo y cemento cuyo inventario parece una misión imposible. La excusa para no hacer un censo completo, señores, es el coste de contratar a alguien que lo haga. ¡Menudo agujero contable! La cosa viene de lejos, claro. La polémica con las viviendas de Muface alquiladas a precio de ganga a la familia de Begoña Gómez ha encendido las alarmas, pero el problema es más profundo. El organismo, pese a las “reformas” y el Plan de Optimización, sigue con inmuebles asignados a quien no corresponde, duplicidades en los registros y una falta de información que da grima. En 2022-2025, sí, vendieron algunos edificios –183 operaciones por 116 millones de euros–, pero eso es como poner una tirita a un paciente con una hemorragia. El drama se agrava porque, además, han recortado personal en la Subdirección General de Gestión del Patrimonio: de 47 efectivos en 2021 a 37 en 2025. ¿Quién gestiona el patrimonio si no hay gente para hacerlo? ¿Magia? Lo que el Tribunal de Cuentas denuncia, en resumen, es que se han aprobado leyes para vender y rentabilizar, pero sin saber ni siquiera qué se va a vender o rentabilizar. Es como intentar hacer una dieta sin saber cuántas calorías consumes. Un despropósito. Y mientras tanto, el patrimonio de la Seguridad Social, uno de los mayores de la Administración, sigue siendo una incógnita.
Sánchez Infla la Seguridad Social: ¿Trampa o Triunfo?
El Gobierno celebra el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, pero con la prudencia de un político que sabe que las fotos viejas pueden salir a la luz. Mayo ha traído 231.975 nuevos afiliados, un 72% extranjeros. Traducido: siete de cada diez empleos nuevos llevan acento. Funcas, el centro de análisis, lo confirma. Borja Suárez, secretario de Estado, prefiere esperar al 30 de junio para hacer balance, como quien espera que la tormenta pase. Pero Elma Saiz, ministra de Inclusión, ya avisó: permiso provisional, trabajo inmediato. La burocracia se ha agilizado, sí, pero las empresas, astutas como pocas, piden garantías. ¿Qué pasa si el permiso no llega y han apostado por un trabajador? El miedo a la multa es un gran motivador. En abril de 2024, había 3.006.360 afiliados extranjeros. Ahora, en 2025, son 3.250.895. ¡244.500 más! Pero calma, que no todo es la regularización. La hostelería, la agricultura, la logística… sectores que siempre han necesitado manos, muchas veces de fuera. Fernando Jesús Santiago Ollero, del Consejo de Gestores Administrativos, lo explica claro: antes era un laberinto, ahora es un poco menos. Empresas buscando personal, inmigrantes buscando papeles, todos esperando un respiro. Pero la desconfianza persiste, como la mancha de café en la camisa blanca. La regularización, un parche temporal a una herida abierta. Y mientras tanto, los datos siguen subiendo, como la inflación en el carrito de la compra. La realidad es que el 'boom' de afiliación extranjera se ha acelerado, mientras que la de los nacionales se estanca, una paradoja que huele a truco barato.
Rescate Tubos Reunidos: Un Negocio Familiar
El Gobierno, con la rapidez de un prestamista a puerta cerrada, inyectó 112,8 millones de euros en Tubos Reunidos en julio de 2021. Un salvavidas para una empresa que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya estaba flotando boca abajo mucho antes de la pandemia. ¿El requisito indispensable para recibir la ayuda? No estar en crisis en 2019. Un pequeño detalle, aparentemente, porque el ebitda de Tubos Reunidos en 2019 fue de -21.785.000 euros, con una ratio de cobertura de intereses de -1,52. Es decir, quemando dinero a un ritmo que ni el más optimista inversor justificaría. La cosa, además, viene con aroma a caso judicial. La sede de Tubos Reunidos fue registrada por la UCO en relación con el 'caso Leire Díez'. ¿Coincidencia? Difícil de creer cuando se descubre que Hirurok, un trío dinámico liderado por Leire Díez, Vicente Fernández (ex-presidente de la SEPI) y Antxon Alonso, recibió 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez por, digamos, facilitar el proceso. En 2017 la empresa aún gozaba de un ebitda positivo de 11,8 millones, pero en dos años, como quien pierde el dinero en una tragaperras, el patrimonio neto se desplomó de 144,1 a 68,5 millones. Un agujero contable que ni la pandemia justificaba. Ahora, en mayo de 2024, Tubos Reunidos ha presentado concurso de acreedores. La ironía es tan espesa que se corta con un cuchillo. ¿El plan de viabilidad? Renegociar la deuda con los mismos que la metieron en este berenjenal. Mientras tanto, la SEPI se defiende alegando que la empresa cumplió con los criterios, una afirmación que choca frontalmente con los datos contables. Un rescate que huele a podrido, y que demuestra que en política, a veces, las cuentas nunca cuadran.
Correos: Vende Deuda o Vende Humo
El Gobierno, con la sutilidad de un elefante en una cacharrería, ha decidido que Correos, esa institución que aún recuerda cartas y sellos, se convierta en vendedor de deuda pública. Sí, como si el sablazo en la factura de la luz fuera poco, ahora podrás comprar bonos del Estado en la misma oficina donde antes te llegaba el correo de la abuela. Mientras la deuda pública se dispara hasta los 1,7 billones de euros –una cifra que da vértigo incluso a los economistas más optimistas–, el Ejecutivo se rasca la barriga y dice que el PIB crece más rápido, así que todo está bajo control. ¡Ajá! Como si el crecimiento del PIB fuera un chaleco salvavidas en medio de un tsunami financiero. Correos, que ya venía haciendo malabares con trámites administrativos, pagos de subvenciones y hasta asistencia en catástrofes naturales (la DANA y los temporales de Andalucía y Extremadura, para ser exactos), ahora se añade la venta de deuda a su currículum. 3.000 millones de euros de inversión, según el Plan Estratégico 2024-2028, para modernizar la compañía y, de paso, tapar el agujero contable que se ha ido formando con la caída de la correspondencia tradicional. Pedro Saura, el presidente de Correos, lo vende como una oportunidad para “garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social”. ¡Claro que sí! Porque nada es más igualitario que invitar a la gente a endeudarse para salvar las cuentas públicas. La estrategia, en resumen, es convertir Correos en un supermercado de servicios públicos, una especie de “ventanilla única” donde podrás hacer de todo, desde pagar impuestos hasta comprar deuda. Parece que el libre mercado no es capaz de ofrecer ciertos servicios esenciales en las zonas rurales, así que el Estado, fiel a su vocación intervencionista, decide tomar las riendas. Una solución pragmática, sin duda, aunque huele un poco a parche temporal para un problema estructural mucho más profundo. Que no nos vendan la moto de que esto es por el bien común, aquí hay mucho interés político y económico en juego. Y, como suele ocurrir, el que paga el pato siempre es el mismo.
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