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La aritmética del hambre en Madrid tiene sus trucos, y los últimos datos de agosto de 2026 son un manual de instrucciones sobre cómo leer (y no leer) la realidad. Tenemos a 15.611 extranjeros como titulares del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para el ojo rápido, esto es un 21,11% del total de titulares en la región. Suena a titular de tabloide, pero la letra pequeña es donde reside la verdadera ingeniería social. Mientras que el ciudadano medio lucha contra una inflación que convierte la compra del supermercado en un deporte de riesgo, el sistema sostiene a unos 73.950 titulares en total: 58.300 españoles y los ya mencionados 15.611 extranjeros. Es decir, uno de cada cinco titulares no nació aquí. Pero ojo, que aquí viene el malabarismo estadístico: ser 'titular' es como ser el dueño de la cuenta bancaria; no significa que solo esa persona coma. El IMV protege a la unidad de convivencia, y ahí es donde la cifra se dispara a 227.840 beneficiarios totales. El problema es que la administración, en un despliegue de opacidad accidental o deliberada, no nos dice cuántos de esos 227.840 son extranjeros. Nos dejan el dato a medias, como quien te sirve el café pero se olvida del azúcar. La tendencia es clara: el número de titulares extranjeros sube como la espuma, pasando de 14.986 en abril, 15.227 en mayo y 15.189 en junio, hasta aterrizar en los 15.611 de agosto. Un incremento del 4,2% en cuatro meses. Curiosamente, aunque hay más extranjeros cobrando, su peso relativo bajó del 21,4% de abril al 21,11% actual porque los titulares españoles también se han sumado a la cola del hambre a un ritmo más frenético. Al final, el IMV es ese colchón público que intenta evitar el desplome, pero que nos deja sin saber exactamente cuánto dinero sale del bolsillo común para cada nacionalidad.
Hay un arte muy preciso en el que consiste en intentar lanzar una piedra contra el tablero y acabar recibiendo el tablero entero en la cara. Jordi Évole, el maestro de la entrevista incómoda, intentó jugar al sarcasmo con la campaña 'Todos somos caballas' —esa iniciativa de la Asociación Valenciana de Empresarios que llevó el apoyo a Ceuta hasta los dorsales del Real Madrid y el Elche—. Pero el periodista cometió el pecado capital de la era digital: usar a una anciana como remate de un chiste. Comparó la situación de los ceutíes con el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que, tras 71 años viviendo en su casa de Madrid, acabó en la calle. El problema es que el sarcasmo, cuando se usa para hacer 'bromitas' con la miseria ajena, tiene un efecto bumerán letal. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, no tardó en recordarle que la realidad no se filtra con efectos de edición. Le soltó un dato que no cabe en un tuit: el 7 de septiembre, en Hospitalet de Llobregat, una mujer de 54 años decidió quitarse la vida cinco meses después de ser desahuciada. Mientras Évole diseccionaba la ironía de las camisetas, en Cataluña —la comunidad que lidera los desahucios este año— alguien se rendía al abandono institucional. Es la eterna danza de la hipocresía mediática. Usar la tragedia de una abuela para ridiculizar un gesto solidario es como intentar apagar un incendio con gasolina. Al final, el periodista que vive de exponer las costuras ajenas se ha quedado con la costura abierta. Maricarmen ya no es el ejemplo de una injusticia, sino la herramienta de un comentario desafortunado que ha dejado a Évole en la posición más incómoda de su carrera: la del entrevistado que no sabe responder.
En Ceuta, la justicia ha decidido que la prioridad del momento es llevar un inventario detallado de gatos desmembrados. Mientras la ciudad intenta digerir el caos de una invasión, el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 ha abierto diligencias previas para contar los cadáveres felinos. Es el surrealismo puro: el Estado, que a veces no sabe ni cuántas personas cruzan la valla, ahora pide al Seprona, a la Policía Nacional y a la Policía Local que hagan una lista de asistencia de animales desaparecidos o mutilados. La cronología del horror se sitúa entre el 17 y 19 de agosto de 2026. En barrios como Huerta Téllez, Carmelitas, calle Goya, Príncipe, Sidi Embarek, Punta Blanca y la planta desaladora, las colonias de gatos pasaron de ser refugios comunitarios a convertirse en un menú improvisado. Manuel Toledo Roldán, presidente de DAUBMA, lo ha resumido con una crudeza que hiela la sangre: «todo ser vivo lo cazan y a la cazuela». Básicamente, hemos pasado de la convivencia vecinal a una dinámica de supervivencia donde el gato del barrio es el aperitivo. La Asociación Zolandia, capitaneada por Inmaculada Jaén, ha empujado la denuncia buscando 'la verdad'. El juez, en un auto del 16 de septiembre, quiere que la policía rastree medios de comunicación y redes sociales para encontrar a las cuidadoras que vieron el desastre. Es fascinante observar cómo la maquinaria judicial se pone en marcha para enumerar trozos de animal mientras el contexto social arde. Al final, el dato duro es que hay un agujero en la fauna urbana de Ceuta y que la ley, tarde o temprano, quiere saber cuántos platos se sirvieron en esa cena no invitada.
Ceuta tiene un sótano que el Ayuntamiento prefiere no mirar. Mientras el ciudadano medio se pelea con la comunidad de vecinos por una gotera, bajo las galerías subterráneas del Sarchal ha florecido un ecosistema paralelo. Un incendio accidental —de esos que no avisan— obligó a los bomberos a bajar al agujero y, ¡sorpresa!, se encontraron con un campamento ilegal para decenas de personas. No era un refugio improvisado de fin de semana; el sitio tenía hasta letrinas artesanales, colchones y montañas de basura que harían llorar a cualquier inspector de sanidad. Es la ciudad invisible, la que no sale en los folletos turísticos. Pero el Sarchal es solo la punta del iceberg. La Policía Nacional ha tenido que jugar al escondite en las barriadas del Príncipe y Loma Colmenar para desmantelar dos 'pisos patera'. Treinta personas hacinadas, incluyendo tres menores, viviendo sin luz ni agua, como si el siglo XXI fuera un concepto opcional. El dato que realmente dinamita la tranquilidad de la ciudad es la cifra que maneja la policía: unos 10.000 invisibles. Diez mil personas repartidas entre garajes, casas abandonadas y locales, esperando que la mafia les cobre el billete a Algeciras o Málaga, o que el Gobierno decida que es hora de mover el tablero. Lo más curioso es la logística. Mientras el Estado finge que no existen, hay un flujo constante de familiares que entran en Ceuta cargados de comida, móviles y efectivo. Es una economía sumergida que mantiene vivo el sueño del salto a la península. Estos miles de personas, que ya colapsaron el traslado de la Playa del Trampolín y el nuevo centro de acogida del puerto, prefieren la insalubridad de un sótano antes que el riesgo de que un sello en el pasaporte los devuelva a Marruecos. La normalidad en diciembre parece, ahora mismo, un chiste de mal gusto.
Imaginen la escena: sábado por la tarde, las 19:30, el tráfico de la AP-7 fluyendo con esa inercia hipnótica entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès. De repente, el teatro. Cinco tipos con chalecos reflectantes que gritan 'Policía' y la cara tapada, haciendo un control de carretera que no figuraba en ningún manual de seguridad ciudadana. No eran los Mossos, eran actores de un guion criminal que decidieron que era un buen momento para llevarse a un ciudadano en el maletero de la realidad. El despliegue fue quirúrgico, casi profesional, si no fuera porque el objetivo no era el orden público, sino resolver unas 'desavenencias entre bandas criminales'. Así, en lenguaje administrativo, nos dicen que el coche fue el escenario de una liquidación de cuentas pendiente. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, estos señores juegan al Monopoly con personas reales. La víctima apareció más tarde, en buen estado de salud, aunque con la cara ensangrentada. Un detalle estético que nos recuerda que, para los secuestradores, el respeto por la integridad física es como el manual de instrucciones de un mueble de IKEA: algo que se ignora olímpicamente hasta que el resultado no encaja. Ahora la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) intenta rastrear a estos cinco impostores que confundieron una autopista de Barcelona con el set de una película de acción de bajo presupuesto. La ironía es deliciosa: usar el disfraz de la ley para saltársela en plena luz del día, confiando en que el ciudadano medio, acostumbrado a detenerse ante un chaleco amarillo, no cuestionara la legitimidad de unos policías que parecen salidos de un atraco a un banco de los años noventa.
La paradoja es un plato que se sirve frío, pero en el puerto de Ceuta se sirvió con piedras y botes de humo. Resulta que el grupo Negu Gorriak, aterrizando desde Pamplona con la intención de 'poner el cuerpo como escudo' por los refugiados, se encontró con un comité de bienvenida que no precisamente les había preparado un pastel. Bajo el lema 'basta ya contra los radicales', una marea de manifestantes decidió que la mejor forma de combatir el radicalismo era, precisamente, a base de gritos de 'puta ETA' y cortes de carretera. En este despliegue de 'tolerancia' y 'orden', la ingeniería del caos alcanzó su punto máximo cuando una señora, que solo quería bajar del ferry y llegar a casa sin que su coche pareciera un colador, acabó siendo la víctima colateral. La confundieron con la comitiva proetarra y le dieron un sablazo de piedras que dejó el vehículo destrozado. Un detalle exquisito: combatir la violencia con pedradas a desconocidos es, probablemente, la definición más honesta de coherencia que hemos visto últimamente. La tensión escaló hasta que la Policía tuvo que desplegar a la UIP y la UPR para evitar que el puerto se convirtiera en un campo de batalla. Mientras la Guardia Civil custodiaba a los miembros de Negu Gorriak en la primera planta del puerto para que no los lincharan, algunos manifestantes sugerían irse al 'Trampolín' a echar a los inmigrantes, mientras otros gritaban que 'meterían fuego' en el mismo lugar. Al final, el balance es el de siempre: un detenido, un coche hecho añicos y una ciudad que, entre el discurso del 'basta ya' y las amenazas incendiarias, demuestra que el odio es el único combustible que nunca sufre crisis de suministro.
Hacerse cargo de la prole ajena parece haberse convertido en el negocio más rentable del sector público, al menos en ciertos códigos postales. Mientras el trabajador medio ve cómo su nómina se desangra entre el alquiler y una cesta de la compra que parece un atraco a mano armada, en Navarra hay quien ha descubierto el 'combo dorado'. El caso de una mujer marroquí que percibe más de 4.000 euros al mes —sumando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las ayudas por acoger a dos sobrinos— es la bofetada de realidad que necesita cualquiera que crea que el esfuerzo laboral es el camino más rápido hacia la estabilidad. Traduzcamos el lenguaje burocrático a moneda de calle. En Navarra, acoger al primer niño supone un ingreso neto de 850 euros. Si te animas con el segundo, el Estado te aplica un 'descuento' del 25%, dejándolo en 637,50 euros. Total: 1.487,50 euros netos solo por abrir la puerta de casa. Pero si entramos en el terreno del 'acogimiento especializado', la cifra sube hasta los 1.500 euros mensuales. Es decir, una familia con un adulto y dos niños podría embolsarse 2.987,50 euros netos. Prácticamente un sueldo de directivo medio sin haber pisado una oficina ni haber cotizado un solo día. El mapa del 'bienestar' varía según la región, pero el esquema es el mismo. En Madrid, el primer menor aporta 500 euros, el especial 1.000 y la urgencia llega a los 2.000 euros. En Cataluña, el precio varía según la edad: desde 496 euros (0-9 años) hasta 563 euros (15-18 años). En Andalucía, el rango es más modesto, entre 398,66 y 553,71 euros. Lo verdaderamente fascinante es que todo esto es compatible con el IMV. Una ingeniería financiera pública que permite vivir como un rey mientras el vecino que trabaja 40 horas semanales lucha por llegar al día 30.
Hay una ironía deliciosa en el aire de La Ferté-Vidame. Mientras en España nos peleamos por saber si el rey es un activo o un lastre, en Francia —la patria de la guillotina y el espíritu republicano— lo reciben con alfombra roja y aplausos. Este domingo, Juan Carlos I, con sus 88 años y el aura de quien ya no tiene nada que perder, aterrizó en este pueblo de postal para recoger el premio al mejor libro de memorias del año, el galardón del duque de Saint-Simon. Un premio que, ojo, también querían figuras como la mística Patti Smith o el filósofo Régis Debray. El monarca llegó a las cinco de la tarde escoltado por su 'clan' íntimo: la infanta Elena, Victoria Federica, Irene, María Zurita y su médico, Eduardo Anitua. Curioso que, en un despliegue de afecto francés, brillaran por su ausencia el embajador de España y la infanta Sofía, que ya está instalada en París. El rey, hablando de 'legados' y 'posteridad' en su libro ‘Reconciliación’ (Planeta, 2025), se vendió como un valiente que elige dar testimonio frente al silencio. Una narrativa potente, aunque en casa los medios monárquicos lo hayan tratado con la frialdad de un congelador industrial. Lo más surrealista es el contraste. El año pasado, el premio en La Ferté-Vidame fue para Daniel Cohn-Bendit, el icono del Mayo del 68. Francia no se complica la vida: premia al revolucionario y al rey sin que le tiemble el pulso. Nosotros, en cambio, seguimos atrapados en el cainismo, dejando que el mejor actor político del siglo XX pase sus días en Abu Dabi mientras los galos le hacen la pelota literaria. Es el clásico caso de quien no es valorado en su barrio, pero es estrella en el pueblo de al lado.
Hay una gimnasia mental admirable en el ecosistema mediático actual, pero lo de José Miguel Monzón Navarro, alias El Gran Wyoming, es deporte de élite. Desde 2006, el presentador de ‘El intermedio’ ha hecho de la sátira un bisturí para diseccionar las fortunas ajenas y los pecados de la derecha, mientras en su propia cartera guardaba un catálogo inmobiliario que haría palidecer a cualquier fondo buitre de barrio. No hablamos de un modestito apartamento para pasar el verano, sino de más de 19 inmuebles repartidos por España. La mayoría de sus apuestas están concentradas en la Comunidad de Madrid, con propiedades en Chamberí, Malasaña y el centro histórico. Hay de todo: pisos, locales comerciales y plazas de garaje. Básicamente, mientras el ciudadano medio lucha contra el sablazo del alquiler o intenta que la hipoteca no se coma su sueldo, Wyoming ha montado un imperio de ladrillos. Lo más fascinante es la naturalidad con la que gestiona la paradoja. El comunicador no se esconde; afirma haber ganado mucho dinero en 30 años de televisión y que lo invierte donde quiere. Según él, se puede ser rico y 'buena gente'. El problema no es el saldo bancario, sino la hipocresía de usar la riqueza como arma arrojadiza contra el adversario político mientras uno mismo es, técnicamente, un gran tenedor. Es la eterna historia del 'haz lo que yo digo, pero no mires mi escritura de propiedad'. En plena crisis de vivienda, donde el precio de los alquileres es una pesadilla cotidiana, descubrir que el altavoz de la justicia social tiene una colección de pisos es como enterarse de que el vegano más radical es el dueño de una sequencedora de jamones. Una contradicción que no se resuelve con humor, sino con coherencia.
Hay niveles de desesperación que hacen que cualquier menú parezca un banquete, incluso si el plato principal es una carpa tóxica pescada a mano en un embalse prohibido. El pasado 8 de septiembre, la realidad en Ceuta se resumió en bolsas de plástico llenas de peces que son, básicamente, cápsulas de riesgo sanitario. No hay cañas, no hay cebos; hay manos desesperadas y un hambre que ignora que el agua del embalse del Renegado no pasa ningún control sanitario precisamente porque no es apta para el consumo humano. Mientras el ciudadano medio se piensa tres veces si el aguacate del súper está demasiado maduro, aquí hay personas que, tras la entrada masiva de finales de julio, juegan a la ruleta rusa alimenticia. Lo más fascinante es la coreografía de la negligencia institucional. El espacio es propiedad estatal, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y bajo la tutela de la Delegación del Gobierno. En teoría, es un recinto vedado; en la práctica, es un buffet libre de riesgos biológicos sin un solo guardia que vigile la entrada. La gestión del territorio en Ceuta parece haberse convertido en una sugerencia más que en una norma. Ya tuvimos el episodio del ánsar, un ave protegida que terminó siendo cena, y los colegios ocupados justo antes del inicio del curso. El contraste es sangrante: para el vecino, el perímetro es un muro infranqueable; para quien no tiene nada, es una puerta abierta a una intoxicación grave. No es solo una cuestión de seguridad alimentaria, es el retrato de un Estado que sabe contar los inmigrantes que entran, pero olvida vigilar dónde comen y cómo sobreviven en el limbo de la irregularidad.
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Joan Ramos