Crítica:
La noticia mezcla reflexiones profundas sobre materiales con datos inconexos sobre voluntarios en la Antártida y frases de Robin Williams. Es un collage caótico que diluye la potencia de la denuncia del ecoblanqueo.
La noticia mezcla reflexiones profundas sobre materiales con datos inconexos sobre voluntarios en la Antártida y frases de Robin Williams. Es un collage caótico que diluye la potencia de la denuncia del ecoblanqueo.
Gestionar la sanidad en Ceuta se ha convertido en el arte de poner tiritas en una fractura expuesta. Mientras el ciudadano de a pie intenta que su cita médica no sea un ejercicio de fe, el Ministerio de Sanidad y el Ingesa juegan al escondite con la realidad. No es que falten recursos, es que parecen haberse evaporado en un agujero contable de negligencias y promesas vacías. Para el ceutí, acceder a un especialista es hoy un deporte de riesgo, una odisea donde la distancia con la Península pesa más que el propio diagnóstico. La ministra Mónica García ha aterrizado en la ciudad no para traer soluciones, sino para ejecutar una coreografía de negación. Sus dos últimas visitas han tenido más aire de operación encubierta que de gestión pública: entradas 'clandestinas' al Hospital Universitario, escoltadas por un despliegue de seguridad que haría palidecer a un jefe de Estado, evitando deliberadamente a los médicos. Es la gestión del 'aquí no pasa nada' mientras el centro sanitario es, en palabras claras, un polvorín sanitario. El debate se ha degenerado en una pelea semántica absurda sobre si la palabra 'colapso' es técnicamente correcta. Es como discutir si el incendio de tu casa es un 'fuego intenso' o una 'combustión acelerada' mientras el techo se te cae encima. Detrás de esa gimnasia mental, hay plazas vacías y profesionales quemados que cargan al hombro un sistema que se cae a trozos. El catedrático Antonio Alarcó Hernández lo deja claro: la inacción ya no es incompetencia, es una traición a los derechos básicos. En Ceuta, la sanidad de segunda categoría ya no se puede maquillar con comunicados oficiales; el paciente no necesita adjetivos, necesita médicos.
Hay una ironía deliciosa en el destino. Maricarmen Abascal, convertida hoy en el estandarte sentimental de la lucha contra los desahucios, resultó que ya conocía el camino al juzgado, pero esta vez no era como víctima, sino como propietaria con las cuentas en rojo. Retrocedamos al 13 de junio de 2000. Mientras el país se acostumbraba al euro, el BOE publicaba un edicto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado-Villalba. El motivo: un procedimiento hipotecario (número 117/99) promovido por el Banco Zaragozano. El objeto del deseo era un chalet en la urbanización Reajo del Roble, en Collado Mediano, justo al lado del embalse de Navacerrada. Una zona donde el aire es puro y el suelo caro. En el registro figuraba como 'vivienda en construcción', aunque en el mundo real —donde las cosas no siempre coinciden con el papel— es probable que Maricarmen ya estuviera disfrutando de las vistas. De hecho, Urbagestión, la empresa que luego protagonizaría su batalla por el piso del Retiro, soltó la bomba el 24 de septiembre: según el padrón, la señora vivió allí hasta 2001. La broma terminó cuando el banco decidió que ya bastaba de paciencia. Se fijó una primera subasta el 13 de julio de 2000 por 20 millones de pesetas. Un sablazo considerable para la época que terminó en un agujero contable. El calendario de ejecuciones estaba servido: segunda subasta el 13 de septiembre y tercera el 18 de octubre. Resulta fascinante el contraste. Por un lado, la lucha por un piso en renta antigua heredado en 1956, donde Urbagestión alega que la subrogación de 2005 fue un salto al vacío legal sin discapacidad acreditada. Por otro, el sueño frustrado de la sierra madrileña. Maricarmen no solo sabe lo que es que te pidan la casa; sabe perfectamente lo que es que el banco te la quite por no pagar la letra.
Hay que tener una gestión del tiempo envidiable para dejar que alguien se instale en tu jardín durante dos meses y solo decidir que es hora de limpiar cuando la playa parece un mercadillo abandonado. Así es la coreografía del domingo en la playa del Trampolín, en Ceuta. Mientras el ciudadano medio se pelea con el despertador, la Policía Nacional decidió que ya era suficiente de 'hospitalidad' improvisada y desplegó un operativo que parecía el rodaje de una película de acción de bajo presupuesto. No escatimaron en recursos, porque para limpiar el desorden de dos meses de asentamiento ilegal hace falta más que una escoba. Hablamos de más de 50 furgones de la UIP, dos vehículos blindados BMR y una decena de pesados del Ejército de Tierra. Es el típico caso de 'llegar tarde pero llegar con todo el ruido'. El despliegue empezó a las siete de la mañana, con los servicios de limpieza esperando en la puerta como quien espera que termine una fiesta que se ha ido de las manos. Lo irónico es que este despliegue militar para recuperar un trozo de arena llega después de que el asentamiento ya hubiera echado raíces. El mensaje de la calle es claro y cortante: "Ceuta no es un CETI". Los vecinos, que han salido a la calle por segunda vez en tres días, no entienden por qué hace falta un ejército para hacer lo que debería haber sido un trámite administrativo el primer día. Tras el 'sablazo' logístico en Playa Benítez, el Trampolín ha sido el siguiente en la lista de tareas pendientes. Al final, el operativo de las 8:00 horas no es más que el cierre de una persiana que debió bajarse hace ocho semanas, dejando claro que en la gestión de fronteras, la improvisación sale muy cara en combustible y blindados.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en la logística del humanitarismo moderno. En Ceuta, específicamente en la playa del Trampolín, Cruz Roja ha descubierto un modelo de economía circular digno de un premio al ingenio: reparten comida y, de paso, regalan los ladrillos. Sí, hablo de los cartones de las cajas. Mientras el ciudadano de a pie pelea con la inflación y mira el ticket del súper como quien mira una sentencia de muerte, en el litoral ceutí se monta un urbanismo efímero gracias al embalaje de los víveres. No es solo caridad; es arquitectura involuntaria. Las cajas que transportan los alimentos se convierten en el material de construcción preferido para ampliar chabolas y refugios. Es un ciclo perfecto: llega el alimento, se consume el contenido y el continente se transforma en propiedad inmobiliaria ilegal. La Policía Nacional ya cifra en unos 9.000 las personas concentradas en este asentamiento, una cifra que hace que cualquier plan de ordenación urbana parezca un chiste de mal gusto. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos la 'generosidad' del cartón reciclado; por otro, la realidad cruda de los hosteleros locales que, hartos de que les limpien las mesas en un abrir y cerrar de ojos, tienen que contratar seguridad privada para que no les desplumen la cafetería. Ya vivimos el tráiler en la playa de Benítez, donde 1.000 personas fueron desalojadas, provocando que unos 200 volvieran a Marruecos por miedo al 'fichaje' policial, mientras el resto simplemente cambió de código postal hacia el Trampolín. Al final, el espacio público se convierte en un Tetris de cartón donde las autoridades intentan borrar líneas mientras la ayuda humanitaria, sin querer o queriendo, suministra el material para seguir jugando.
La televisión es como ese primo que te jura que ha ido al gimnasio mientras se come un donut: el engaño es parte del encanto. El pasado 17 de septiembre, 'Pesadilla en la Cocina' intentó vendernos una innovación disruptiva en el Gastrobar Terelita: un grupo de WhatsApp donde los clientes, en tiempo real, soltaban sus verdades sobre la comida y el servicio. Un experimento social fascinante, si no fuera porque la cámara, en un descuido de principiante, mostró que los mensajes llegaban desde terminales registrados a nombre de Warner Bros. ITVP España. Sí, los 'clientes indignados' resultaban ser, en la agenda del móvil, el equipo de guion y producción. Es el clásico sablazo a la credibilidad. Mientras nosotros intentamos que no nos timen con la letra pequeña del contrato del gas, laSexta nos presenta un 'reality' donde la realidad parece venir prefabricada en una oficina de producción. La respuesta de Atresmedia ha sido un ejercicio de gimnasia mental digno de medalla olímpica: dicen que los comensales escribieron opiniones auténticas, pero que lo hicieron usando los móviles de la productora porque les habían quitado los suyos por 'protocolidad de seguridad'. Traducción para los que no hablamos 'corporativo': 'Sí, hemos puesto el teléfono de la empresa, pero el cliente es el que ha tecleado'. Una explicación que suena a intentar tapar un agujero en la pared con un póster de oferta. Alberto Chicote vuelve este 1 de octubre, pero el sabor amargo no lo deja la cocina del Gastrobar Terelita, sino la sensación de que el guion pesa más que el menú. Al final, la única pesadilla real es creer que en la telerrealidad alguien no está moviendo los hilos desde la sombra.
Fuentestrún es el espejo donde España se mira y no reconoce. Un pueblo soriano donde el censo es una broma de mal gusto: mientras solo 23 o 24 almas resisten el frío del día a día, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) presume de 177 electores allende nuestras fronteras. Un contraste obsceno frente a los 38 españoles en el extranjero que no son 'nietos'. Es la matemática del abandono: el pueblo no tiene colegio ni farmacia, y el médico pasa por allí dos veces al mes, como quien hace una visita de cortesía, pero los papeles vuelan hacia Santiago de Chile. Isidoro Gil, alcalde 'popular' desde 2006, se ha convertido en el detective de genealogías más involuntario de la comarca del Moncayo. Entre 60 y 70 solicitudes de partidas de nacimiento en los últimos dos años han transformado el ayuntamiento en un archivo histórico de urgencias. Mientras el presupuesto municipal probablemente no dé para un café decente para todos, Gil y la secretaria pasan las mañanas peleándose con libros de 1876 que se caen a trozos. Buscar un acta de nacimiento es ahora como intentar encontrar una aguja en un pajar de caligrafía ilegible, obligando al regidor a usar el móvil para descifrar letras que parecen jeroglíficos. La ironía es fina y amarga. Fuentestrún tiene un monumento a los emigrantes, pero ahora esos emigrantes —o sus descendientes— vuelven en formato PDF para reclamar un pasaporte. Familias de doce hijos que huyeron de la miseria y que ahora, décadas después, generan una carga administrativa en un pueblo que depende de servicios ambulantes para comprar el pan. 'Tela marinera', dice el alcalde. Efectivamente, una tela que tapa el agujero demográfico con tinta y sellos oficiales.
En la Plaza de Sol, donde el aire huele a incienso y a idealismo de manual, ha florecido una curiosa especie de ventanilla bancaria sentimental. Entre tiendas de campaña y pancartas que empezaron hablando de la vivienda y del caso de Maricarmen, ahora se recauda dinero para los migrantes que entraron masivamente en Ceuta el pasado 30 de julio. El sistema es sencillo, casi artesanal: un cartón escrito a mano que pide aportaciones en efectivo y, para los que no salen de casa sin el móvil, el infalible Bizum. Todo bajo el mantra de «¡Abajo las fronteras!», una consigna que suena preciosa en el centro de Madrid, pero que tiene un eco muy distinto en el terreno. Mientras en Sol se organizan «talleres antirrepresivos» y charlas sobre perspectivas antirracistas, en la ciudad autónoma la realidad no se lee en cartones, sino en balances contables que dan miedo. La Cámara de Comercio de Ceuta ha soltado la cifra del sablazo: 33.038.768 euros en pérdidas económicas directas entre finales de julio y agosto. Es una cantidad que no cabe en un Bizum. Según los datos de 302 empresas, el comercio se ha desplomado un 53% y la hostelería un 50,7%. Es la eterna danza de la solidaridad selectiva. En el puesto de Sol hay comida y bebida con aportación voluntaria, pero el radar de la empatía parece tener un punto ciego: los residentes y empresarios ceutíes que vieron cómo sus fiestas patronales y sus reservas de verano se evaporaban. No hay carteles para el hostelero que cerró el negocio ni para la familia que perdió su ingreso mensual. El dinero fluye hacia un destinatario concreto, sin que nadie se moleste en explicar quién gestiona la hucha ni dónde termina el dinero. Una ingeniería de la bondad muy cómoda, siempre que se haga desde el asfalto madrileño y no desde la primera línea de fuego.
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