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Julio Martínez Martínez, conocido como 'Julito', presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, utilizaba un teléfono móvil aislado de internet con solo cinco contactos, incluyendo al expresidente. Este dispositivo era parte de sus estrictas medidas de seguridad para proteger sus comunicaciones relacionadas con transacciones comerciales y evitar investigaciones policiales. Martínez ha sido clave en un entramado de al menos 16 sociedades activas vinculadas a operaciones económicas de gran envergadura, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La relación entre Zapatero y Martínez se estrechó tras la salida del expresidente de la Moncloa en diciembre de 2011. Martínez comenzó a viajar regularmente a Venezuela para cerrar negocios y consolidó una red empresarial que está siendo investigada judicialmente. El uso de teléfonos sin conexión a internet es una estrategia para evitar filtraciones digitales y mantener la discreción en sus negocios de alto nivel. Zapatero también utilizaba dispositivos similares para comunicarse con Martínez. La investigación sugiere que hubo un borrado de correos y mensajes de Martínez tras su última reunión con Zapatero, lo que podría indicar un 'chivatazo' por parte del expresidente. La estructura jerárquica dentro de la Policía Nacional y su vinculación con figuras cercanas a Zapatero han generado sospechas de filtraciones y condicionamiento de las investigaciones.
La trama corrupta en la SEPI aumentó su actividad tras la supresión de la Dirección de Planificación y Control en 2021. Esta unidad controlaba gastos y concesión de fondos del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Se investigan adjudicaciones públicas valoradas en 132.9 millones. La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y el ex vicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández, fueron detenidos junto al empresario Antxon Alonso. La Audiencia Nacional investiga el alcance de la trama entre 2021 y 2023. La actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, certificó el cambio organizativo. La decisión de eliminar la unidad de control generó alarmas en el PP. La investigación continúa bajo el secreto de sumario por el juez Santiago Pedraz. La SEPI es un holding estatal que gestiona participaciones en empresas estratégicas. El FASEE es un fondo destinado a apoyar financieramente a empresas consideradas estratégicas. La trama podría haber intermediado en rescates como el de Tubos Reunidos o Plus Ultra. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo a Vicente Fernández en una posición de influencia tras su dimisión en 2019. La diputada Carolina España formuló una pregunta parlamentaria el 10 de septiembre de 2021 sobre la eliminación de la unidad de control. Moncloa defendió el cambio organizativo asegurando que las funciones de control se integraron en otras direcciones. Fuentes internas de la SEPI aseguran que la labor de control se resintió tras la reorganización. La investigación determinará si hubo cobro de 'mordidas' a cambio de adjudicaciones públicas.
Miguel Ángel Gallardo reconoció el mal resultado del PSOE en Extremadura, achacándolo al PP. Carlos Alsina criticó su discurso en Onda Cero, ironizando sobre su negativa a aceptar la derrota electoral. El PP y Vox subieron, mientras el PSOE bajó a su peor resultado histórico en la región. Gallardo destacó que el PP no logró mayoría absoluta y sigue necesitando a Vox para gobernar. Alsina cuestionó la lógica de considerar el resultado como un fracaso del PP cuando en realidad aumentó su representación de 28 a 29 escaños, necesitando ahora solo 4 de Vox en lugar de 5. La crítica de Alsina se centró en la incoherencia de Gallardo al no aceptar la responsabilidad de la derrota. El análisis postelectoral se centró en la subida de PP, Vox y Unidas por Extremadura, mientras el PSOE sufría su peor resultado. La sesión en Onda Cero mostró el estupor de los tertulianos ante el discurso de Gallardo. El líder socialista no dimitió tras conocerse los resultados. La ironía de Alsina resaltó la percepción de que a Gallardo 'le molestan las elecciones'.
Pedro Sánchez propone incluir Cataluña y País Vasco en la ONU Turismo y Unesco. La propuesta genera controversia por el estatus de 'miembro asociado' solicitado. Existen precedentes de territorios no soberanos como Flandes y Puerto Rico. La adhesión requiere evaluación del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo y ratificación de la Asamblea General. Sectores nacionalistas apoyan la medida mientras que críticos temen fragmentación de la acción exterior española. El Gobierno español argumenta que refuerza la cohesión estatal permitiendo singularidades regionales expresarse en foros internacionales. Cataluña es históricamente el principal receptor de turistas internacionales en España con una marca turística de prestigio global. La propuesta se produce tras la retirada del apoyo de Junts al Gobierno por 'incumplimientos con Cataluña'. El proceso de adhesión no será inmediato y requiere consensos internacionales. Shaikha Al Nowais asumirá la dirección de ONU Turismo el 31 de diciembre relevando a Zurab Pololikashvili.
El embajador español en Argentina, Joaquín de Arístegui, ha generado un conflicto diplomático al montar un 'consulado paralelo' y favorecer a la entidad Cedeu, no registrada legalmente, en detrimento del Consejo de Residentes Españoles (CRE). De Arístegui llegó a Argentina en diciembre de 2024 y desde entonces ha mantenido enfrentamientos con sus consejeros y cónsules. El cónsul en Buenos Aires, José María Ridao, ha sido particularmente afectado, recibiendo un trato hostil por parte del embajador. La situación ha provocado que más de 600.000 solicitudes de nacionalidad española en Buenos Aires y otro millón en el resto del país permanezcan en lista de espera. El PP ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al ministro José Manuel Albares sobre la situación, expresando 'seria preocupación' por el papel de Cedeu en los trámites de nacionalidad. Cedeu, dirigida por Juan Manuel de Hoz, ofrece 'asesoramiento gratuito' pese a no estar registrada legalmente en Argentina. La entidad ha sido acusada de lucrarse con los trámites de nacionalidad y de dar cobertura a prácticas irregulares. El conflicto ha llegado a tal punto que De Arístegui promovió una votación en el CRE para solicitar la destitución de Ridao, afirmando que tenía instrucciones directas de Albares, lo cual ha sido desmentido por fuentes cercanas al cónsul. La situación en la embajada española en Buenos Aires se considera 'institucionalmente insostenible'.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, se reunió en diciembre de 2019 con un trader internacional del petróleo en su despacho oficial del Ministerio de Fomento. La reunión, solicitada por Ábalos, versó sobre el asesoramiento en el mercado del crudo, logística del transporte marítimo y rutas marítimas supuestamente de Omán. Participaron otras dos personas, una venezolana. El trader interpretó que se referían a crudo iraní, sujeto a sanciones internacionales. Un mes después, Ábalos invitó a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. Investigaciones de la Guardia Civil revelaron que Ábalos se implicó en operaciones petroleras venezolanas desde abril de 2019. Su asesor Koldo García le informó de una operación para suministrar un petrolero al mes con crudo venezolano a través de una empresa en EE. UU., con beneficios de 500.000 euros mensuales. Ábalos propuso que los contratos se firmaran a nombre de su hijo Víctor. Ábalos evitó discutir detalles técnicos, mostrando desinterés en los mecanismos y enfocándose en los resultados. Un empresario contactó con su hijo Víctor para tratar sobre petróleo venezolano para un cliente chino. Los investigadores creen que el apellido Ábalos se usaba como puerta de entrada a estos negocios.
El Ayuntamiento de Mérida, gobernado por Antonio Rodríguez Osuna (PSOE), promociona su mercadillo de Navidad con la palabra 'Alá' en árabe. La forma elegida es la más sagrada para el islam. El mercadillo cuenta con 19 casetas de artesanos y actividades como un taller de madera donde se realizaban corazones con la palabra Alá. El Ayuntamiento colabora con la asociación 'A manos sin prisas' y la ONG Accem, que gestiona un albergue de inmigrantes ilegales. En octubre de 2023, Rodríguez Osuna ofreció la ciudad para acoger inmigrantes ilegales de Canarias. Actualmente, Mérida recibe miles de inmigrantes subsaharianos y el Gobierno destinó 8.3 millones de euros en 2024 a la seguridad y alimentación del centro de acogida, que tiene capacidad para 820 personas. El alcalde ya generó polémica al comprometer instalaciones municipales para dar refugio a inmigrantes.
El Gobierno no contabiliza casos de fraude en cambios de sexo registral bajo la ley trans aprobada el 2 de marzo de 2023. Según el Ministerio de la Presidencia, recopilar datos de todos los Registros Civiles de España resulta complicado debido a su gran número y dispersión. Entre el 2 de marzo de 2023 y 2024, 10.670 personas cambiaron su sexo registral, con un aumento del 7.63% en el segundo año. El 63% de los cambios fueron de hombre a mujer. La Comunidad de Madrid y Cataluña lideraron los cambios en 2024 con un 45.54% del total. Andalucía registró 570 cambios, mientras que La Rioja tuvo solo 8. El Ministerio justificó la falta de datos detallados debido a la complejidad de la tarea de reelaboración requerida para obtenerlos de las oficinas del Registro Civil.
De cuatro estudiantes universitarios seleccionados por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos para realizar prácticas, dos renunciaron. El programa, regulado por un convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma de Madrid, no ofrece remuneración. Publicado en el BOE-A-2025-16767 el 12 de agosto de 2025, el acuerdo se firmó el 31 de julio de 2025 y tiene una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2029. El convenio permite prácticas curriculares y extracurriculares, así como actividades dentro del programa Erasmus+. La comisión mixta entre el Ministerio y la Universidad supervisará la ejecución y propondrá mejoras. Los estudiantes deben asumir todos los gastos asociados a la estancia. La relación entre España y Marruecos ha mejorado en los últimos años, reflejándose en acuerdos bilaterales que buscan fortalecer la colaboración en distintas áreas.
Julio Martínez Martínez, presunto 'testaferro' de José Luis Rodríguez Zapatero, cambió el objeto social de su empresa Rentas Litoral a Voli Analítica en marzo de 2021, convirtiéndose en bróker aéreo justo después de que el Gobierno aprobara un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. La empresa pasó de la actividad inmobiliaria a la intermediación en el transporte aéreo sin apenas estructura ni empleados. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigó y arrestó a Martínez Martínez, junto con el presidente y CEO de Plus Ultra, por delitos de fraude fiscal, pertenencia a organización criminal y apropiación indebida. Los investigadores sospechan que Rodríguez Zapatero cobró una comisión por ayudar en el rescate y que Martínez Martínez actuó como testaferro. La UDEF encontró que parte del rescate se destinó a devolver préstamos a sociedades extranjeras vinculadas a una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Martínez Martínez activó al menos ocho sociedades mercantiles después del rescate, incluyendo Voli Analítica, Rentas Emeritenses y Zenzap, que declararon cifras sospechosas en sus cuentas. La empresa Zenzap tenía 350.000 euros en su tesorería en 2021 pero declaró cero euros de ganancia.
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Margarita Caballero