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En un contexto de reconfiguración política en Venezuela tras la captura del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Caracas invitado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país. Zapatero se reunió con Rodríguez y con políticos de la oposición como Henrique Capriles y Enrique Márquez, recientemente liberado tras más de un año de prisión. La visita de Zapatero, conocido por su papel en negociaciones entre el régimen chavista y la oposición, coincide con un momento en que Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha optado por una estrategia de estabilidad en Venezuela, trabajando con el régimen actual sin presionar por una transición democrática inmediata. El objetivo de Washington es asegurar el control de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, y promover inversiones que podrían superar los 100.000 millones de dólares. Sin embargo, esta estrategia genera temores entre los funcionarios del régimen, que temen perder poder y fortunas obtenidas bajo Maduro. La situación en Venezuela sigue siendo delicada, con la necesidad de garantías legales, seguridad y control sobre grupos armados para atraer inversión extranjera.
En un movimiento inesperado, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aterrizó en Venezuela sin previo aviso al Gobierno de España ni al Ministerio de Asuntos Exteriores. Moncloa se apresuró a desligarse del viaje, enfatizando que no se trataba de una misión oficial y que, por tanto, no era de su incumbencia. 'No es cosa nuestra', fue la tajante respuesta desde el Ejecutivo. La visita coincide con un momento de cambios políticos en Venezuela, donde el oficialismo ha iniciado una Ley de Amnistía que ha resultado en la excarcelación de varios presos y la revisión de sus causas. Zapatero, que no ocupa ningún cargo público, ha expresado su 'gran confianza' en la presidenta encargada de Venezuela, destacando los pasos que ha dado en un corto período para mejorar la situación en el país. Aunque su papel ha sido el de un interlocutor en intentos de diálogo entre el Gobierno venezolano y diversos sectores políticos, su presencia en el país ha generado debate político en España debido a la frontera difusa entre su iniciativa privada y los efectos públicos de sus acciones. El Gobierno insiste en que cualquier gestión relacionada con ciudadanos españoles en el exterior se canaliza a través de la red diplomática y consular, y que todo lo demás queda fuera de su competencia directa.
La detención de Óscar Sánchez, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en octubre de 2024, ha desvelado un entramado de corrupción y narcotráfico que involucra a una veintena de personas, incluyendo a Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano de Juan Carlos I. Sánchez, con acceso a información privilegiada gracias a su cargo, ayudó a la organización criminal a introducir 58 toneladas de cocaína valuadas en 2.500 millones de euros a través de 37 contenedores marítimos. Además de facilitar información sobre las iniciativas policiales, Sánchez proporcionó consejos legales a los investigados, como Ignacio Torán, para diseñar una estrategia legal que les permitiera evitar la detención. El informe policial destaca que Torán utilizaba los beneficios del narcotráfico para blanquear capitales a través de inversiones en lingotes de oro, relojes de lujo y una mansión en Dubái valorada en más de 10 millones de euros. La investigación, llevada a cabo por el juez Francisco de Jorge, ha revelado un complejo entramado de blanqueo que incluía la compra de criptomonedas, billetes de lotería premiados y la adquisición de inmuebles en Madrid e Ibiza. La Policía ha incautado seis vehículos de alta gama y atribuido a Torán el control de criptoactivos valorados en 10,2 millones de dólares.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está ultimando un informe con nuevos indicios sobre la trama de presuntos amaños de contratos públicos liderada por Leire Díez, exmilitante socialista, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los investigadores analizan la documentación incautada en diciembre al grupo Hirurok, integrado por Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Los primeros análisis de los dispositivos incautados revelan indicios de amaños más allá de las cinco operaciones por valor de 132,9 millones de euros ya imputadas, por las que habrían recibido hasta 750.000 euros en supuestas comisiones. El caso se destapó tras analizar el teléfono de Antxon Alonso en el marco del caso Koldo, encontrando un grupo de WhatsApp llamado Hirurok donde se concertaban para amañar contratos aprovechando su influencia sobre funcionarios. La UCO ha acelerado las pesquisas y prepara un atestado para el juez Santiago Pedraz, quien mantiene la causa bajo secreto de sumario. Leire Díez está imputada por el presunto cobro irregular de 21.500 euros a través de la venta de un coche a la sociedad Mediaciones Martínez, utilizada para canalizar mordidas. Los hechos investigados datan de 2021, 2022 y 2023. El juez Pedraz prorrogará el secreto de sumario para proteger la investigación.
El magistrado Jesús Villegas ha analizado en profundidad el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha negado a entregar su pasaporte al juez que investiga sus actividades. Villegas ha explicado que, aunque Gómez no está obligada a entregar pruebas que puedan incriminarla, el juez dispone de mecanismos alternativos para obtener la información necesaria. Entre ellos, pedir a la policía judicial que reconstruya sus movimientos a través de registros policiales y administrativos. Villegas ha destacado que el juez puede oficiar a la policía para recabar información existente en registros, lo que podría ser clave para avanzar en la investigación. Además, ha planteado dos hipótesis sobre la negativa de Gómez a entregar su pasaporte: que contenga elementos inculpatorios o que haya detalles de su vida privada que quiera preservar. Para resolver este dilema, Villegas sugiere que el juez podría ordenar la extracción de solo los elementos relevantes para la investigación, manteniendo ocultos los detalles privados. El magistrado también ha criticado la falta de colaboración del matrimonio Sánchez-Gómez con la justicia, mencionando las querellas por prevaricación contra el juez instructor, que fueron desestimadas, y la negativa de Pedro Sánchez a declarar como testigo. Villegas ha calificado la 'ley Begoña', una proposición de ley del PSOE que buscaba restringir la acusación popular, como una 'auténtica barbaridad' que pretende crear privilegios defensivos para proteger a delincuentes. Finalmente, ha concluido con una reflexión: 'Por favor, los inocentes no tienen nada que temer'.
El Gobierno ha aprobado un decreto ley que prorroga las medidas del 'escudo social' hasta diciembre de 2026, incluyendo la moratoria antidesahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, esta normativa excluye a propietarios de uno o dos inmuebles, lo que podría dejar fuera al 93,4% de los propietarios de viviendas en alquiler en España. Según un estudio del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 93,4% de los propietarios físicos tienen solo un inmueble adicional al suyo habitual. Esto significa que solo el 6,6% de los inquilinos estarán protegidos por el nuevo 'escudo social'. La prórroga mantiene las condiciones de vulnerabilidad establecidas en 2020, requiriendo un informe de los servicios sociales competentes y la decisión de un juez para suspender o ejecutar el desahucio. Los propietarios de una o dos viviendas quedan exentos de la suspensión del lanzamiento, y serán los servicios sociales quienes deberán buscar una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables. El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, distingue entre morosidad y situaciones de vulnerabilidad, recordando que la primera se combate por vía judicial.
Con un gasto total de 1.220 millones de euros en 2025, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido ante el Congreso que la Corporación ha logrado un superávit de 45 millones de euros, poniendo fin a dos años de resultados negativos. López destacó que, pese al elevado gasto, la Corporación generó ingresos comerciales propios récord y redujo sus gastos financieros. Además, subrayó que la compensación de servicio público se redujo en un 6%, de 589 millones a 552 millones de euros, lo que supuso un ahorro de 37 millones para el Estado respecto al año anterior. López también negó que RTVE tenga una deuda con Hacienda o que haya solicitado un rescate a la SEPI, aunque reconoció una contingencia por IVA de 821 millones de euros. El presidente resaltó el éxito de programas como 'La Revuelta' de David Broncano, que ha contribuido al cambio de tendencia en La 1 y ha atraído a un nuevo público en prime time. López felicitó al equipo del programa por su trabajo y justificó el incremento de 3,4 millones en su presupuesto debido al tamaño del equipo y la calidad de su contenido.
La ministra Sira Rego ha declarado que el siguiente paso del Gobierno será «limitar y prohibir» el uso de X a todos los españoles. Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno y sus entes dependientes abandonen la red social X, propiedad de Elon Musk. Rego considera que X vulnera derechos fundamentales y que es necesario encontrar alternativas como Bluesky o Mastodon. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado medidas para prohibir las redes sociales a menores de 16 años y perseguir a las plataformas que no retiren contenidos ilegales. Elon Musk ha respondido acusando a Sánchez de ser un «tirano» y traicionar a España. La Moncloa ha reprochado a Pável Dúrov, fundador de Telegram, por instar a los españoles a mantenerse «vigilantes» y luchar por sus derechos. El Gobierno aún no tiene intención de cerrar sus cuentas en X y Telegram, pero ya han abierto cuentas en Bluesky.
En un movimiento inesperado, el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por el partido de Giorgia Meloni, ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que investigue la regularización masiva de inmigrantes en España acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La carta, firmada por los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco, argumenta que esta medida podría socavar la credibilidad del control migratorio de la UE y desencadenar un flujo de llegadas a Europa. El grupo conservador pide a la Comisión que elabore una evaluación formal de los efectos previsibles de esta regularización sobre el espacio Schengen y sus implicaciones operativas. Esta petición llega justo antes de un debate en el Parlamento Europeo sobre la misma cuestión, respaldado por Patriots for Europe y el mismo ECR. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ya se pronunció sobre el tema, afirmando que la responsabilidad del estatus de los inmigrantes recae en cada Estado miembro. Con un precio de salida de 50€, fijado para hoy, la empresa busca...
El diario británico The Telegraph ha lanzado una crítica feroz contra el Gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo como uno de los peor gobernados de Europa debido a sus políticas migratorias y exteriores. Según el rotativo, la decisión de regularizar a cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular responde más a una estrategia electoral que a una cuestión de justicia social. La medida ha generado polémica, con acusaciones de 'ingeniería electoral' por parte de la oposición, ya que podría favorecer al partido gobernante. Además, The Telegraph critica la postura de Sánchez hacia Israel, su rechazo a aumentar el gasto en defensa y su enfrentamiento con Estados Unidos, lo que ha provocado reproches incluso de Donald Trump. El artículo destaca que, mientras otros países europeos refuerzan su capacidad militar ante la amenaza rusa, España prioriza el gasto social sobre la defensa. La popularidad de Sánchez ha caído al 36% según YouGov, y su gobierno enfrenta críticas por presuntos casos de corrupción y la amnistía a separatistas catalanes. Elon Musk resumió la polémica con un escueto 'wow', al que Sánchez respondió en tono desafiante. Estas políticas, según The Telegraph, están alimentando el crecimiento de la derecha en España, especialmente entre los jóvenes.
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Margarita Caballero