Crítica:
El texto es un ejercicio de contrastes efectivo, aunque deja en el aire si el PSOE ha tomado medidas internas contra el 'fan' VIP. Demasiada deferencia con la burocracia de Marlaska y poca presión sobre la responsabilidad orgánica.
El texto es un ejercicio de contrastes efectivo, aunque deja en el aire si el PSOE ha tomado medidas internas contra el 'fan' VIP. Demasiada deferencia con la burocracia de Marlaska y poca presión sobre la responsabilidad orgánica.
Hay quienes dicen que la diplomacia es el arte de decir 'perro' para que el otro entienda 'estupidez'. En este caso, la juez María Tardón sospechaba que el despliegue de un carril VIP en la frontera de Ceuta el 28 de julio era el preludio de una película de espías: un aviso urgente sobre la avalancha de más de 100.000 marroquíes que llegaría el 30 de julio. El escenario parecía perfecto para un thriller político: urgencia, secretismo y un acceso 'absolutamente inusual' que dejó perplejos a los agentes de la Policía. Pero la realidad, esa que siempre llega con el ticket de la mudanza en la mano, es mucho más prosaica. Resulta que el protagonista no era un emisario del apocalipsis, sino Fernando Villalonga, el nuevo cónsul en Tetuán, que llegaba con el equipaje, el perro y la ilusión del primer día. Mientras el Estado se preparaba para un caos migratorio, Villalonga solo quería evitar que su coche diplomático se quedara atrapado en un atasco eterno, una situación que para cualquier mortal es el equivalente a intentar hacer la compra un sábado a las siete de la tarde en un centro comercial. La confusión fue tal que la magistrada incluso citó por error a Aurora Díaz-Rato, la titular en Tánger, antes de darse cuenta de que el 'agente secreto' era en realidad un funcionario en transición. Álvaro Castillo ya se iba después de cuatro años y Villalonga entraba el 1 de agosto. Al final, el 'paso urgente' no fue para salvar la frontera, sino para mover unos conos de sitio y que el perro del cónsul no pasara demasiado calor. Una anécdota diplomática que demuestra que, a veces, el gran misterio de Estado no es más que un trámite de mudanza con matrícula oficial.
La diplomacia entre Madrid y Rabat funciona exactamente como un grupo de WhatsApp donde uno escribe párrafos infinitos y el otro deja el visto. En Ceuta, la realidad es un incendio que no se apaga con buenas palabras. Tenemos a 3.767 menores repartidos en 23 centros, una cifra que hace que la capacidad ordinaria de acogida parezca un chiste malo: estamos multiplicando por 130 el espacio disponible. Es como intentar meter a toda una grada de estadio en un ascensor y esperar que nadie se queje del aire. Mientras tanto, según las ONG, hay otros 500 jóvenes durmiendo a la intemperie, porque el sistema ha dicho basta. La Policía Nacional ha hecho los deberes, casi con caligrafía de colegio. Han montado 170 expedientes detallados, localizaron a las familias en Marruecos y obtuvieron el permiso para que los chavales vuelvan a casa. Todo listo. Papeles sellados. Pero Rabat ha decidido aplicar la ley del silencio. No hay respuesta, no hay voluntad, hay un vacío administrativo que huele a estrategia política. España propone y Marruecos ignora, convirtiendo el acuerdo bilateral en un papel mojado que solo sirve para limpiar el polvo de las oficinas. En la Moncloa, la narrativa ha dado un giro de 180 grados. Sira Rego, la titular de Infancia, ya admite que los adolescentes «quieren quedarse» y que se quedarán porque la ley los protege. Básicamente, el Gobierno ha pasado de intentar devolverlos a aceptar que el hotel es gratis y permanente, planeando repartir la carga hacia otras comunidades autónomas para aliviar el cuello de botella ceutí. Mientras tanto, Juan Jesús Vivas mira el reloj y ve que de los 8.000 expedientes de expulsión de adultos, el contador de ejecuciones reales está prácticamente en cero, salvo que haya un juez y un delito de por medio. Un caos gestionado con la eficacia de un lunes por la mañana.
Gestionar el voto de los españoles en el extranjero es, según la cúpula de Correos, un trámite que puede hacerse con la precisión de un lanzamiento de moneda al aire. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, la empresa pública decidió ignorar dos informes técnicos (julio y octubre de 2022) que eran, básicamente, un manual de instrucciones para no hacer el ridículo. Tras eliminar el voto rogado, el volumen de envíos saltó a los 2,26 millones de electores en las generales de 2023; un crecimiento del 1.000% que la dirección recibió con la calma de quien espera que el correo llegue por arte de magia. La ironía es deliciosa: los propios trabajadores propusieron cambiar la carta certificada —que en países como EE. UU. o Alemania tiene la prioridad de un folleto de publicidad— por el servicio EMS, la paquetería prémium. Pero no, prefirieron mantener el sistema manual, creando cuellos de botella que harían desesperar a cualquiera en una cola del supermercado. Juan Manuel Serrano y Leire Díez, esta última la 'fontanera' del PSOE encargada de las Relaciones Institucionales, tuvieron sobre su mesa la receta para evitar extravíos: etiquetas armonizadas, protocolos ITMATT y el uso de herramientas como MINERVA o EGA para automatizar la clasificación. En lugar de eso, optaron por el 'estilo artesanal', ignorando que en provincias como Ourense el voto exterior pesa un 40,42% y en Lugo un 25,53%. El colmo de la ingeniería financiera llega con la mensajería. En lugar de licitar acuerdos con DHL o UPS para cubrir el 41,84% del censo concentrado en ocho países latinoamericanos (como México o Argentina), Correos Express subcontrata a FedEx pagando tarifas tres veces más caras. Un sablazo en las cuentas públicas para garantizar un servicio que, según los técnicos, sigue siendo una lotería.
Hay gente que espera meses por una cita médica o años por una pensión, pero David Sánchez tiene un reloj suizo en la mano y mucha prisa. El hermano del presidente del Gobierno ha decidido que un mes de espera es una eternidad insoportable. Desde el pasado 13 de octubre, su abogado, Emilio Cortés, mira el calendario con angustia porque la Audiencia Provincial de Badajoz no ha enviado los recursos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura. Es el típico caso de 'impulso procesal' que solo parece urgente cuando tienes una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación colgando del cuello como un collar de plomo. La trama es un clásico del urbanismo administrativo: un 'enchufe' en la Diputación de Badajoz para crear una plaza de coordinador de conservatorios que luego, en 2022, se transformó mágicamente en jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. Un ascenso encubierto que huele a cerrado. Mientras tanto, Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación, se lleva la palma con 18 años de inhabilitación. Lo irónico es que Gallardo intenta convencer al juez de que en 2016 Pedro Sánchez era un 'valor amortizado' en el PSOE, casi una reliquia, y que nadie movería un dedo por alguien que acababa de dimitir como secretario general. Como si el poder fuera una acción de bolsa que sube y baja según la temporada. Entre que Vox y Hazte Oír piden más cárcel por tráfico de influencias y la Fiscalía quiere anular todo por 'meras sospechas', David Sánchez se escuda en que es músico y no un 'perito de leyes'. Es la defensa perfecta: 'yo solo toco el instrumento, no sé cómo se cocinan las plazas públicas'. Una narrativa conmovedora que intenta borrar el rastro de una ingeniería financiera y administrativa donde Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, también juega su papel en este reparto de favores.
En el tablero político actual, parece que el perdón se reparte con la misma ligereza con la que algunos gestionan el presupuesto público. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz o intenta que la lista de la compra no parezca una hipoteca, en Moncloa y Vitoria el aire huele a 'flexibilidad'. Según los datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), 247 etarras han logrado rascar beneficios penitenciarios desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del Estado. No es una cifra cualquiera; es un goteo constante que convierte la justicia en un menú degustación donde algunos repiten plato, como es el caso de Guridi. La ingeniería administrativa es fascinante. El traspaso de competencias a la Ejecutiva vasca, con el PSOE mirando hacia otro lado, ha servido para aceitar la maquinaria. El desglose es quirúrgico: 155 terceros grados, 62 libertades condicionales y casi 30 semilibertades gracias al artículo 100.2, ese comodín legal que ha beneficiado a perfiles como Anboto y Txeroki. Incluso Asier Eceiza, el hombre que acabó con la vida del concejal Juan Priede en 2002, intentó colarse en la lista, aunque la Fiscalía tuvo que intervenir para frenar el carro alegando que el 'perdón' era más un trámite que una convicción. Mientras tanto, la retórica política baila el tango. Oskar Matute, de EH Bildu, se atreve a decir que ETA era un 'estorbo' —como quien dice que un atasco en la M-30 es molesto—, pero se niega a usar la palabra 'terrorista'. Un malabarismo semántico digno de premio. Eso sí, el apoyo callejero ha bajado: Covite registra 129 actos de apoyo en el primer semestre, lejos del pico de 327 en 2022. Menos fiestas y pintadas, pero la herida sigue abierta y la sensación de impunidad, intacta.
Hay quien confunde el servicio postal con el servicio de catering electoral. Mientras el ciudadano medio se pelea con la oficina de Correos porque el paquete de Amazon ha llegado aplastado, en Siero, Asturias, parece que la logística pública ha decidido diversificar sus actividades. El 13 de noviembre de 2026, a las 20:15 horas, la Avenida de Gijón de Lugones se convirtió en el escenario de una escena surrealista: operarios uniformados, con la seriedad de quien entrega una notificación de Hacienda, dedicados a colgar pancartas del PSOE. No fue una coincidencia ni un entusiasmo espontáneo de los carteros. La denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central (JEC) es quirúrgica. No solo hay fotos y vídeos, sino que el 'caballo de batalla' fue una Renault Trafic rotulada, un vehículo oficial que, según la DGT, pertenece a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Es fascinante. Mientras nosotros pagamos el sello y esperamos que la carta no se pierda en el limbo administrativo, el PSOE parece haber encontrado un método de transporte 'premium' y gratuito para sus banderolas. La neutralidad institucional ha pasado a ser una sugerencia opcional. Usar personal y medios materiales del sector público para hacer campaña no es un error de gestión; es una ingeniería de conveniencia. El contraste es delicioso: la imagen corporativa de una entidad estatal sirviendo de soporte logístico para una candidatura específica. Al final, el mensaje es claro: para algunos, el mobiliario urbano es un lienzo y los recursos públicos, una caja de herramientas disponible para quien tenga la llave adecuada.
La Royal Navy ha decidido que jugar al Monopoly con barcos de acero ya no es suficiente y ha pasado a la era de los juguetes teledirigidos. En medio del Atlántico Norte, durante los ejercicios Neptune Reach B y Heavy Lift Challenge 3, el HMS Queen Elizabeth —un coloso de 65.000 toneladas que gasta más en combustible que un barrio entero en calefacción— ha servido de pista de lanzamiento para cuatro drones Nyan. No se equivoquen: no son esos aparatitos que compras en Amazon para grabar el jardín; son municiones merodeadoras diseñadas por Callen-Lenz, una filial de BAE Systems, cuyo único objetivo es ir hacia un sitio y no volver jamás. Un billete de ida sin retorno. Lo curioso es que, mientras otros países gastan fortunas en catapultas integradas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, los británicos han optado por el ingenio del 'bricolaje' industrial: una catapulta neumática montada directamente sobre la cubierta. Básicamente, han puesto un lanzador exprés sobre el barco para no tener que reformar toda la estructura, demostrando que cualquier barco con espacio suficiente puede convertirse en un nido de avispas robóticas. En este despliegue de fuerza, los Nyan no volaron solos; fueron guiados por un TEKEVER AR5, un dron de vigilancia que hace de 'ojos' para que los pequeños kamikazes no se pierdan por el camino. Todo este despliegue busca blindar el hueco GIUK (Groenlandia, Islandia y Reino Unido), asegurando que los F-35B Lightning II no tengan que hacer todo el trabajo sucio. Según el Lieutenant Commander David Burton, esto es el futuro de la 'Armada híbrida'. En lenguaje llano: quieren que el riesgo lo corra el software y el silicio, mientras los pilotos miran desde la distancia cómo el presupuesto público se evapora en misiones de un solo sentido.
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