Crítica:
El texto original es una sucesión de datos administrativos que ocultan la paradoja ética del gasto. Le falta valentía para cuestionar por qué se elige la oferta más cara en un sistema colapsado.
El texto original es una sucesión de datos administrativos que ocultan la paradoja ética del gasto. Le falta valentía para cuestionar por qué se elige la oferta más cara en un sistema colapsado.
Ada Colau ha decidido que la justicia social ahora pasa por meterle la mano al testamento de los que tienen la cuenta corriente con demasiados ceros. En una entrevista con 'La última hora' de La Séptima, la candidata de Frente Amplio ha lanzado el dardo: quiere «acabar» con las herencias de las grandes fortunas. Para Colau, que alguien herede millones de euros es una «mala organización social», una especie de error de sistema que genera precariedad mientras unos pocos se sientan a esperar que el abuelo pase a mejor vida para jubilarse sin haber levantado un dedo. La narrativa es la de siempre: el guante de seda para el ciudadano medio y el puño de hierro para el millonario. Colau jura que no tocará al que herede una o dos viviendas —el típico piso familiar que hoy vale oro pero que no sirve para comprarse un yate—, sino que irá a por los «millones». Es la eterna promesa de la política: el sablazo solo para el de arriba. Mientras el ciudadano común pelea con la factura de la luz, el Frente Amplio propone una ingeniería financiera donde el Estado actúe como el heredero universal de los más pudientes. Pero no todo es utopía fiscal. Entre bambalinas, la unidad de la izquierda parece más un grupo de WhatsApp con peleas internas que un bloque sólido. Colau ha soltado que «quien no quiere estar, no se le puede obligar», lanzando una pulla indirecta a quienes se quedaron fuera del Frente Amplio. Según ella, esto no es un «club social», aunque la gestión de las egos parezca sacada de un reality show. Con Pablo Bustinduy encargado de dar los detalles técnicos mañana, el mensaje es claro: o nos unimos contra el PP y Vox, o seguimos discutiendo quién tiene la razón mientras los ricos siguen heredando.
Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con el mismo pavor con el que se mira una película de terror, la Administración central ha decidido jugar a los Monopoly con el dinero de todos. En el tercer trimestre de 2026, el empleo público estatal ha batido su propio récord, alcanzando los 585.800 asalariados. No es un crecimiento tímido; es un salto del 10,8% que deja en ridículo el 3,5% de las comunidades autónomas. Para que nos entendamos: mientras las autonomías gestionan el barro diario de la sanidad y la educación —donde se amontonan 722.629 sanitarios y 707.723 docentes—, el Gobierno central ha decidido inflar su plantilla con una velocidad pasmosa. Es fascinante el ritmo. Entre julio y septiembre de 2026, se sumaron 28.200 personas en apenas tres meses. Es como si hubieran abierto el grifo al máximo justo antes de las elecciones del 29 de noviembre. De hecho, la ingeniería es brillante: de todo el crecimiento neto desde el verano de 2018, la gran mayoría se ha concentrado en el último año. El resto del tiempo fue un goteo irrelevante de 11.300 asalariados; ahora, el crecimiento es un tsunami. Pero el verdadero 'regalo' llega con el calendario electoral. Justo cuando la campaña arranca el 13 de noviembre, el Ejecutivo recuerda que para 2027 hay una subida salarial fija del 4,5%, la más gorda del pacto con CCOO, UGT y CSIF. Sumando el 0,5% extra si el IPC se porta bien, el festín está servido. En total, el sector público ya mueve a 3.736.800 efectivos. El sector privado, ese que lucha por no cerrar, sumó 261.400 ocupados, pero en el último trimestre el empleo público tuvo que hacer de colchón para compensar la pérdida de 16.300 empleos privados. Una simbiosis curiosa donde el Estado crece mientras el mercado tose.
Hay que tener un talento especial para que se te pase la vida y no te acuerdes de redactar las instrucciones de uso de una ley. El Gobierno acaba de confesar, con la naturalidad de quien admite que ha dejado un tupper olvidado en la nevera desde el año pasado, que han tardado casi 20 años en aprobar el reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Sí, hablamos de la Ley 40/2006, aprobada el 14 de diciembre bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el mundo pasaba del Nokia al iPhone y nosotros sobrevivíamos a tres crisis económicas, la administración española operaba en modo 'espera'. Durante dos décadas, el Ejecutivo se conformó con poner parches. Lanzaron el Real Decreto 8/2008 para las necesidades básicas, el 230/2008 para el Consejo General y el 1960/2009 para los Consejos de Residentes. Una especie de ingeniería financiera de la burocracia: en lugar de construir la casa, fueron poniendo ladrillos sueltos por el jardín. Lo más delirante es que la política de retorno, el Título II de la ley, era un desierto absoluto; no tenía desarrollo reglamentario alguno. Básicamente, si querías volver a España, te deseábamos suerte y que el viento soplara a favor. El Real Decreto 954/2026 llega ahora, con 105 artículos, cuando la realidad ya los había adelantado por la derecha. Según el INE, la población española fuera pasó de 1.471.691 personas en 2009 a 3.202.002 en 2026. El número de emigrantes se ha duplicado, pero la maquinaria del Estado se mueve a la velocidad de un caracol con reumatismo. Ahora prometen asesoramiento laboral, homologación de títulos y protección contra la violencia de género para las españolas en el exterior. Genial, pero llegan veinte años tarde. En la calle, eso no es eficiencia, es una siesta administrativa de proporciones épicas.
Hay una ironía deliciosa, casi coreografiada, en volver a presentar el mismo menú cuando el cliente ya se ha intoxicado con el primer plato. Ada Colau regresa al ruedo electoral el 29 de noviembre con el Frente Amplio, prometiendo expropiaciones y límites a los grandes tenedores, como si el calendario hubiera borrado sus ocho años al mando de Barcelona. La realidad, esa que no se maquilla en los mítines, es que entre junio de 2015 y junio de 2023, el acceso a un techo en la capital catalana se convirtió en un deporte de riesgo financiero. Mientras la narrativa oficial hablaba de combatir la especulación, la vivienda de segunda mano se encareció un 45,5%. Para que el ciudadano medio lo entienda: el metro cuadrado saltó de 2.933,7 euros a 4.267,7 euros. Un sablazo de 1.334 euros por cada metro que, básicamente, es el precio de la buena voluntad política. Pero el verdadero drama ocurrió en el alquiler. Aquí la cifra no es un dato, es un puñetazo: la renta media de los nuevos contratos subió un 54,6%, pasando de 734,94 euros a 1.136,40 euros mensuales. Un incremento de 401 euros al mes que, en la economía de cualquier familia, significa elegir entre comer salmón o pagar la luz. La joya de la corona fue la reserva obligatoria del 30% de vivienda protegida de diciembre de 2018. Una medida con nombre de utopía que terminó siendo el repelente perfecto para la inversión. El resultado fue un desierto constructivo: en 2022, los proyectos visados cayeron un 48% respecto al año anterior, con solo 1.454 proyectos. Intentaron forzar la mano del mercado y el mercado, que no entiende de banderas pero sí de rentabilidades, simplemente apagó la luz y se fue a otros municipios.
Gestionar la seguridad ferroviaria en España parece, a veces, como intentar arreglar una caldera de los años 70 con cinta americana y esperanza. El Gobierno nos vendió que el sistema LZB era seguro, pero la letra pequeña de los informes recuperados de ADIF —esos que convenientemente 'desaparecieron' de la web hasta que alguien empezó a preguntar— cuenta otra historia. En Urda, el choque mortal entre el AVE 02080 y el Iryo 6076 no ocurrió en un vacío técnico, sino en un cementerio de obsolescencia. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, ADIF mantenía 396 kilómetros de vía con la versión L72 del LZB, una reliquia que Alemania mandó a la basura ya en 2012 porque ni siquiera había repuestos. Es como conducir hoy un coche cuyos frenos ya no se fabrican desde la crisis del 2008. Según el plan de construcción, el sistema ERTMS debía estar operativo en Urda a finales de 2024. Pero el calendario se convirtió en una sugerencia: el accidente ocurrió en octubre de 2026 y el sistema seguía 'en pruebas'. La ingeniería financiera es fascinante. El contrato con Thales, por 77,5 millones de euros financiados con fondos Next Generation, ahora tiene la lupa de la Fiscalía Europea y la UCO de la Guardia Civil por un posible fraude. Es el clásico cuento: el dinero europeo llega rápido, pero la seguridad llega tarde o no llega. Si la licitación de febrero de 2020 no hubiera sido anulada por el TACRC, el ERTMS podría haber estado listo en 2023. Tres años antes de la tragedia. Al final, la diferencia entre un viaje tranquilo y un desastre con 69 víctimas parece haber sido un papeleo mal hecho y una gestión que prefiere borrar archivos antes que admitir que Urda era una bomba de relojería tecnológica.
En la política municipal, la memoria es un músculo que se atrofia convenientemente según sople el viento. En Esteríbar, el guion es de manual: primero te ponen la dieta a dieta y luego te sirven el banquete. Retrocedamos al verano de 2023. Guillermo Larrayoz Otazu acababa de aterrizar en la alcaldía el 17 de junio, gracias a un pacto con Independientes de Esteríbar y Alternativa Esteríbar. Parecía un matrimonio de conveniencia estable, hasta que llegó el 28 de junio y tocaron el tema del dinero. Larrayoz pidió 32.042 euros brutos anuales. Una cifra que, para quien maneja presupuestos públicos, es casi calderilla, pero que a EH Bildu e Independientes de Esteríbar les pareció un exceso. Se aliaron con la precisión de un reloj suizo para fulminar la propuesta por 6 votos contra 4. No se conformaron con el 'no'; fueron más allá y lo obligaron a bajarse el sueldo hasta los 29.397 euros. Básicamente, le recortaron la cartera mientras le recordaban que la austeridad es una virtud, especialmente cuando la aplica otro. Fast-forward al presente. Matilde Añón, que en aquel entonces fue una de las arquitectas del recorte, ahora luce la banda de alcaldesa. Y aquí la aritmética se vuelve creativa. Añón se ha blindado un sueldo de 47.160,98 euros brutos. Estamos hablando de un incremento del 60,43 % respecto a lo que cobraba Larrayoz. Un sablazo de 17.763,98 euros extra al año que, curiosamente, ha sido bendecido por el mismo bloque de Independientes, EH Bildu y Alternativa Esteríbar. Como si el chiste no tuviera ya suficiente gracia, el acuerdo del 29 de septiembre de 2026 podría ser papel mojado. Un vecino, que probablemente sabe leer un calendario mejor que el secretario municipal, ha recurrido al Tribunal Administrativo de Navarra. ¿El motivo? Convocaron el pleno con apenas 19 horas y 18 minutos de antelación, saltándose los dos días legales. Una prisa sospechosa por cobrar más que parece sacada de una comedia de enredos.
En el pequeño tablero de Esteríbar, la aritmética del poder tiene una lógica muy particular: lo que para unos es un 'exceso', para otros es un 'merecido'. Resulta fascinante observar cómo la austeridad es una asignatura que algunos políticos aprueban solo cuando el cheque no lleva su nombre. Retrocedamos al 5 de agosto de 2023. En aquel entonces, EH Bildu e Independientes de Esteríbar se pusieron la capa de los ahorradores. Vieron que para Guillermo Larrayoz se proponían 35.241 euros y, con una sensibilidad social ejemplar, decidieron que era demasiado. Le recortaron la propuesta en un 16,58 %, dejándolo en 29.397 euros. Un sablazo de 5.844 euros en nombre del rigor presupuestario, aprobado con ocho votos a favor. Pero el viento cambió y la cartera también. El 29 de septiembre de 2026, la nueva alcaldesa, Matilde Añón, ha aterrizado en el despacho con una tarifa muy distinta. Los mismos socios de siempre —Independientes, EH Bildu y Alternativa Esteríbar— han decidido que la austeridad ya no es tendencia. Han aprobado que la primera edil cobre 47.160,98 euros brutos anuales. Un incremento del 60,43 % respecto a su antecesor. En plata: un extra de 17.763,98 euros que, comparado con el recorte anterior, parece una broma de mal gusto. Como si el monto no fuera suficiente, el proceso ha sido un ejercicio de velocidad olímpica. La alcaldesa firmó la convocatoria el 28 de septiembre a las 14:12 y el pleno se celebró el 29 a las 9:30. Diecinueve horas y dieciocho minutos. Un despliegue de eficiencia que ignora los dos días hábiles que marca la Ley Foral 6/1990. Ahora, un vecino ha llevado el asunto al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), esperando que la ley sea más rígida que la memoria salarial de los concejales.
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