Crítica:
La noticia es un collage de mitines que prioriza la anécdota del 'enfrentamiento simbólico' sobre el análisis de programas. Es un festín de frases hechas donde el ruido electoral tapa cualquier dato de gestión real.
La noticia es un collage de mitines que prioriza la anécdota del 'enfrentamiento simbólico' sobre el análisis de programas. Es un festín de frases hechas donde el ruido electoral tapa cualquier dato de gestión real.
Hay quien dice que la cultura es el espejo del alma, pero al parecer, para el Ministerio de Cultura, es más bien un tablero de Excel donde se reparten asientos. Ernest Urtasun y su Dirección General de Derechos Culturales han decidido que la meritocracia es un concepto pasado de moda. Por eso, se han gastado 16.843,20 euros —lo que para alguien normal sería el presupuesto de una reforma integral del baño— en un informe de la cooperativa Connectats que propone que el 40 % de los jurados, museos y comités de cómic sean reservados para mujeres inmigrantes o racializadas. Sí, cuotas verificables y rotación obligatoria. Básicamente, limpiar la mesa para que el reparto sea 'justo'. Pero la ingeniería social no se queda en el currículum. El plan incluye adaptar los turnos laborales al Ramadán, con pausas para el rezo y ajustes en la vestimenta para el hiyab en la conservación de museos. Todo muy vanguardista, excepto por el detalle de que este 'estudio científico' se basa en la asombrosa muestra de dieciséis entrevistas. Dieciséis personas para diagnosticar nueve sectores, desde los videojuegos hasta el teatro. Es como intentar juzgar la gastronomía española probando un solo plato de tapas en un bar de Madrid y Barcelona. Para rematar la faena, el informe lanza un dato sobre una brecha salarial del 29,3 % que, al rascar un poco, resulta ser un 'copia y pega' mal hecho de un estudio de Nature de 2025 sobre inmigrantes en general, no específicamente mujeres en cultura. Mientras tanto, Connectats Cooperativa demuestra que el negocio de la consultoría ideológica es rentable: 244.006,38 euros en subvenciones desde 2023 entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el propio Ministerio. Un círculo perfecto donde el dinero público financia la teoría que justifica más intervencionismo público.
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cesta de la compra no parezca un atraco a mano armada, el PSOE ha decidido que el camino hacia la armonía social se pavimenta con billetes. En un acto en Alcorcón, Pedro Sánchez ha soltado la bomba: un 'Plan de Integración y Ciudadanía' para el periodo 2026-2030 con un presupuesto inicial de 500 millones de euros. Sí, medio millardo de euros que, en lenguaje de calle, es como si el Estado decidiera pagar la hipoteca de miles de familias solo para que todos nos llevemos bien. El plan no es una aventura solitaria; el Gobierno quiere invitar a la mesa a UGT y CCOO, porque claro, gestionar semejante montaña de dinero requiere de la bendición de los sindicatos. El objetivo es 'humano y eficaz', según el programa electoral, centrándose en formación, sanidad y empleo. Básicamente, quieren que el reconocimiento de títulos extranjeros deje de ser un laberinto kafkiano y que la integración no sea solo un eslogan de campaña. La narrativa es seductora: España como 'puerto seguro' y un modelo de convivencia contra la xenofobia. Prometen reforzar el asilo y cuidar especialmente a los menores no acompañados, poniendo el 'interés superior del menor' sobre la mesa. Todo suena muy noble en el papel, pero la paradoja es deliciosa: proponen reducir la burocracia administrativa mientras diseñan un plan quinquenal que, por definición, añade capas de gestión pública. Al final, el PSOE apuesta por ampliar las vías legales de entrada para responder a la demografía, esperando que 500 millones de euros compren la paz social y la eficiencia laboral en un país donde esperar una cita previa es, hoy en día, un deporte de riesgo.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el ticket del supermercado como quien lee una novela de terror, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que 800.000 euros son un 'detalle' razonable para enviar al norte de Marruecos. No es dinero de los fondos europeos Next Generation —nada de préstamos externos—, sino dinero vivo de los Presupuestos Generales del Estado, sacado directamente del bolsillo de los contribuyentes españoles. José Manuel Albares, el arquitecto de nuestra diplomacia, mueve los hilos a través de la AECID para regar la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas. El objetivo suena a manual de marketing social: 'empoderamiento femenino', 'escuela inclusiva' y 'economía de los cuidados'. Conceptos preciosos que, en la práctica, son tan etéreos como una promesa electoral. La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) confirmó la jugada el pasado 20 de octubre, pero el desglose es un misterio digno de Agatha Christie: no sabemos cuántas mujeres se 'empoderarán' ni qué escuelas se volverán 'inclusivas'. Solo sabemos que el dinero ya tiene destino: dos concesiones al Consejo Regional de Tánger-Tetuán-Alhucemas por 659.000 y 141.000 euros. Lo verdaderamente fascinante es el timing. El Real Decreto 188/2025 sirve de escudo legal mientras Rabat juega al gato y al ratón con nuestra soberanía sobre Ceuta y Melilla. Albares le dice a Naser Burita que las reivindicaciones marroquíes son 'absolutamente inaceptables', pero acto seguido le envía un cheque de casi un millón de euros. Es la diplomacia del 'estoy muy enfadado contigo, pero toma este dinero para que no te molestes'. Una estrategia brillante si lo que buscas es pagar el alquiler de la paz fronteriza con el dinero de quien no puede pagar la luz.
Hay una ironía deliciosa, casi coreografiada, en la forma en que el Gobierno de Pedro Sánchez gestiona la seguridad ferroviaria. Mientras en casa nos conformamos con sistemas que parecen sacados de una postal de los noventa, el 11 de febrero de 2025 el Consejo de Ministros decidió que Marruecos necesitaba un empujoncito financiero. No uno cualquiera: un crédito de hasta 754,3 millones de euros a través del FIEM para que la ONCF se renovara. El resultado fue un 'boomerang' empresarial perfecto: unas semanas después, CAF se llevaba un contrato de 600 millones de euros para fabricar 30 trenes intercity (con opción a 10 más). Pero aquí viene el giro de guion que te deja frío. Estos trenes marroquíes llevan el sistema ERTMS (específicamente el ETCS N2), una tecnología de señalización que vigila la velocidad y el movimiento en tiempo real mediante radio GSM-R. Es, básicamente, el 'seguro de vida' que no tuvimos en la línea Madrid-Sevilla. Según el ingeniero Ricardo Díaz, si hubiéramos tenido ese sistema en Urda, el tren de Iryo no se habría quedado plantado como un mueble viejo, sino que habría recuperado la comunicación y seguido su camino. Mientras tanto, los pasajeros españoles lidian con el sistema LZB y sus cables conductores, mientras que en Marruecos disfrutarán de trenes blindados contra el polvo del desierto, aguantando 55 grados, con diagnosis en tiempo real y frenado regenerativo. Es el clásico caso de comprarle el Ferrari al vecino mientras tú sigues parcheando el Seat Panda con cinta aislante, pero asegurándote de que el concesionario sea el de tu barrio. Una generosidad geopolítica que, curiosamente, deja la seguridad de nuestros propios raíles en el retrovisor.
Hay silencios que gritan más que un estadio lleno, y el del Gobierno de Pedro Sánchez ante el último espectáculo en San Mamés es ensordecedor. Mientras 40.000 espectadores —dejando 13.229 asientos vacíos, quizás por falta de ganas de asistir a un mitin disfrazado de fútbol— veían cómo la selección vasca le ganaba 1-0 a Venezuela, la grada se convirtió en un karaoke del resentimiento. El hit del momento: «español el que no bote». Un ritmo pegadizo para algunos, una bofetada para otros, y un bostezo institucional para Moncloa. La escena era surrealista. Jugadores como Oihan Sancet, que en octubre de 2023 celebraba con lágrimas en los ojos marcarle a Escocia con la selección absoluta de España, ahora saltaban al son de una consigna que excluye precisamente a quienes le dieron el estrellato. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica. Mientras Kepa Arrizabalaga ponía cara de querer evaporarse y Jagoba Arrasate mantenía la compostura, el resto del grupo se sumaba al baile, entre pancartas de «Free Maduro» y sueños de oficialidad deportiva impulsados por PNV y EH Bildu. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien encuentra la gracia en el cinismo— es el contraste. Cuando en marzo, en Cornellá, unos iluminados cantaron «musulmán el que no bote» contra Egipto, el Gobierno reaccionó como si hubiera saltado una alarma nuclear. Sánchez, Milagros Tolón y Óscar Puente salieron en tromba a hablar de «fascismo» y «odio», con Albares llamando hasta al homólogo egipcio para pedir perdón en nombre de la tolerancia. Pero claro, cuando el «odio» viene empaquetado con los apoyos necesarios para sobrevivir al 29-N, la tolerancia se vuelve selectiva. El silencio de Tolón hoy es la moneda de cambio política de mañana. Al final, parece que en España no es lo mismo botar que botar, dependiendo de quién sea el socio que te sostiene la silla.
La DGT nos quiere vender que el cielo sigue vigilado, pero la realidad es que su flota aérea tiene más puntos negros que un examen de matemáticas en junio. Mientras los helicópteros Pegasus han aterrizado definitivamente por los agujeros contables de su adjudicataria, Pere Navarro y su equipo nos dicen que los drones llevan el mando. Spoiler: es una broma de mal gusto. Estamos hablando de unas 40 unidades que son auténticas reliquias. Tienen modelos como el DJI Phantom 4, un aparato de 2016 que hoy es tan útil como un teléfono de disco; un dron de consumo básico, sin zoom óptico y totalmente descatalogado. Luego están los DJI Matrice 200, que nacieron en 2017 y hoy son básicamente pisapapeles caros porque no hay repuestos. De los 40 drones, la mitad están rotos. Es como intentar gestionar el tráfico de Madrid con un Nokia 3310 y mucha esperanza. Solo el SDLE Thyra V109 mantiene la dignidad con su zoom 40x, pero el resto de la flota es un chiste. Estos juguetes, que en su día costaron entre 2.000 y 10.000 euros, no tienen radar de velocidad homologado. O sea, que sirven para hacer fotos bonitas desde el aire, pero no para multar con rigor técnico. Lo más surrealista es el despliegue humano: el operador del dron no es agente de la autoridad, así que tiene que ir escoltado por un Guardia Civil para que el operativo no sea un paseo turístico. La DGT ha preferido invertir en herramientas para vaciar carteras en lugar de en seguridad real. Han pasado cinco años, desde 2020 y 2021, sin comprar un solo tornillo nuevo. En resumen: vigilancia de vanguardia con tecnología de museo.
En el tablero del Estado, hay piezas que brillan y otras que son simples adornos. La AITAT, esa entidad que suena a agencia espacial pero que en realidad es el 'departamento de los accidentes', es el ejemplo perfecto de cómo montar un escaparate sin tener mercancía en el almacén. Para investigar los descarriles de Adamuz —donde ya han pasado diez meses— y el de Urda, que cumple un mes, el Gobierno ha desplegado un ejército formidable: tres investigadores. Tres. Es como intentar limpiar un estadio después de un concierto de rock con una escoba vieja y un cubo agujereado. La comedia alcanza su clímax con la baja por paternidad de uno de ellos. Ahora el equipo ha quedado reducido a dos, obligando a que los consejeros, que tienen rango de director general y probablemente prefieran el aire acondicionado de su despacho, se bajen al barro y hagan las preguntas. Lo más gracioso es que, en teoría, está prohibido que los vocales hagan ese trabajo. Pero bueno, cuando el barco se hunde, cualquiera que sepa nadar es capitán. Mientras el ministro provisional de Transportes, Carlos Cuerpo, juega al 'limpiador' despidiendo a los presidentes de Adif y Renfe para marcar territorio, la AITAT sigue siendo un cascarón vacío. Se supone que es independiente, pero el Ministerio paga las nóminas y pone los despachos; una independencia tan real como la de un adolescente que dice ser libre pero sigue viviendo en casa de sus padres y usando su tarjeta. La CIAF murió en julio para dar paso a este nuevo modelo que, a día de hoy, no ha terminado ni una sola investigación. Si ocurre otro accidente, el sistema no solo fallará, explotará. Porque contratar a alguien nuevo no es como comprar un café: requiere entre tres y seis meses de formación. En resumen, tenemos un organismo de seguridad que funciona con la inercia de un funcionario un viernes a las dos de la tarde.
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