Crítica:
El texto original es un panfleto de indignación que confunde la crítica política con el análisis periodístico. Le sobra adjetivación y le falta profundidad en el análisis de las causas del hundimiento de la afiliación.
La secretaria de Juventud de CCOO: "Mi derecho a hacer piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar"
Piquetes vs Trabajo: El delirio sindical
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Censo trucado: el Supremo frena 'nietos'
Hay quien dice que la democracia es un reloj suizo, pero el Tribunal Supremo acaba de avisar de que al CERA le han metido arena en los engranajes. No es una sospecha ligera; hablamos de 'indicios racionales de irregularidades de gran relevancia'. Traducido al idioma de la calle: el censo electoral tiene un agujero del tamaño de un estadio y alguien ha estado jugando al Tetris con las nacionalidades para inflar los números justo antes de las elecciones del 29 de noviembre. La jugada es casi artística. Mientras tú peleas con la administración para renovar el DNI, 162.454 personas han aterrizado en el censo mediante una interpretación creativa de la Ley de Memoria Democrática (LMD) y la Instrucción del 25 de octubre de 2022 de la DGSJFP. Sí, más de ciento sesenta mil votos que aparecen por arte de magia, restando apenas a 901 que sí entraron por la vía directa. Es como si en un partido de fútbol un equipo empezara con diez jugadores extra en el campo y el árbitro, el Supremo, decidiera que, para que el partido no sea una farsa, esos jugadores tienen que sentarse en el banquillo hasta que se aclare quién les pagó el billete. Iustitia Europa y Vox pidieron cautelares, y aunque el Supremo ha denegado algunas suspensiones, ha dejado claro que permitir que este grupo vote sería convertir la sentencia final en un simple trozo de papel decorativo. El riesgo es real: esos votos, repartidos por todas las circunscripciones, podrían alterar el resultado de las Cortes Generales. Al final, el 'interés general' de tener un proceso limpio ha ganado la partida al derecho individual de sufragio de quienes entraron en el CERA con el manual de instrucciones al revés.
RGC: Miles de beneficiarios juegan al escondite
La Generalitat de Cataluña gestiona la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con la precisión de quien intenta atrapar humo con las manos. Según datos exclusivos de Libre Mercado, en 2025 hubo 14.219 expedientes 'ilocalizables'. Traducido al lenguaje de la calle: miles de personas cobran una ayuda para la 'dignidad' mientras el Estado juega al escondite con ellas. De esos fantasmas administrativos, 4.386 tenían NIE, lo que supone un 30,9% del total. Es el triunfo del 'estoy en casa, pero no abro'. El director general de Prestaciones Sociales, Valentí Arroyo Peña, firma una documentación que es un poema al descontrol. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el sistema ha permitido que el número de titulares caiga un 33% desde el pico de 2021 (54.752) hasta los 35.184 registrados al 31 de julio de 2026. La Generalitat dice que es por el empleo y la autonomía; nosotros lo llamamos 'limpieza de archivos' o, sencillamente, que la gente se esfuma. Pero lo más jugoso no es quién no está, sino cuánto se ha ido. Hay un agujero contable de 4.637.898,88 euros en pagos indebidos en 474 liquidaciones. Solo en 2024, el sablazo fue de 3.644.098,75 euros. Para que nos entendamos: es como si el vecino se llevara el premio de la lotería con tu billete y la administración se encogiera de hombros. Y eso que la Sindicatura de Cuentas ya había avisado en junio de 2025 que el agujero total en prestaciones era de 167,5 millones, con 36 millones solo en la RGC. Ahora nos venden los 'controles trimestrales' y la 'interoperabilidad' como la panacea. Muy bonito en el papel, pero cuando tienes 11.265 casos sin localizar solo en los primeros siete meses de 2026, la interoperabilidad parece más un concepto filosófico que una herramienta de gestión.
Joyas, indultos y el manual del riesgo cero
Pedro Sánchez ha decidido jugar al tenis en una pista donde él mismo pone la red y elige al árbitro. Su reciente tour mediático —pasando por El País, La Vanguardia, el pódcast Keep it Cutre y ahora La Séptima de Javier Ruiz— es el equivalente político a ir al dentista y pedir que te pongan música relajante: cero riesgos, máxima comodidad. Mientras tanto, el presidente despliega su manual de supervivencia: agitar el fantasma de los años 50 para asustar al electorado, una estrategia que ya vimos en 2023 y que ahora recicla como quien calienta las sobras del domingo. Pero lo verdaderamente fascinante es la gimnasia mental sobre las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez despacha el asunto con una ligereza pasmosa, soltando que el expresidente 'no quiere tenerlas'. Traducido al lenguaje de la calle: es como si te pillaran con la caja fuerte del vecino y dijeras que, en realidad, te hacías un favor al devolverla. Resulta curioso que el 'faro moral' del socialismo esté imputado por delitos fiscales mientras el jefe del Ejecutivo defiende un expediente 'impoluto' sobre el préstamo a Plus Ultra, como si habláramos de una cuenta de ahorros sin comisiones. Para rematar la jugada, Sánchez mantiene la puerta abierta al indulto de Álvaro García Ortiz, condenando la sentencia judicial con un guiño gubernamental. Y sobre su ausencia en el funeral de las víctimas de Urda, la excusa es la 'preferencia personal' por lo aconfesional. Una elegancia exquisita: enviar a Carlos Cuerpo y Milagros Tolón mientras él se ahorra el protocolo religioso. Al final, Sánchez admite que su meta es que el rival termine gritando 'qué hijo de puta', confirmando que en el tablero del poder, la ética es un accesorio y la ironía, la única moneda que nunca se devalúa.
ADIF: Fondos europeos y fiscalización de juguete
Hay quien confunde la fiscalización pública con rellenar un formulario de encuestas de satisfacción en el supermercado. El Tribunal de Cuentas, bajo la batuta de Enriqueta Chicano, parece haber aplicado esta última filosofía al analizar los contratos de ADIF y Adif-Alta Velocidad financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Mientras nosotros contamos los céntimos para que no nos den el sablazo en la factura de la luz, el Tribunal aprobó en diciembre de 2025 un informe que, según fuentes internas, es tan superficial que parece escrito con lápiz borrable. El resultado de este 'análisis administrativo' —que es la forma elegante de decir que se quedaron en la superficie— ha sido el combustible perfecto para que la Fiscalía Europea decidiera entrar en escena de oficio la semana pasada. ¿El motivo? Un posible fraude en la seguridad y señalización del AVE Madrid-Sevilla. No hablamos de un error de carpintería en una oficina, sino de la infraestructura donde ocurrió la tragedia de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales. Es fascinante el contraste. Mientras la Fiscalía Europea y la UCO ahora buscan el destino real del dinero, el informe de Chicano se preocupaba por si los 'Anejos' estaban bien cumplimentados o si faltaba la firma de algún representante en veintitrés expedientes. Básicamente, mientras el barco hacía agua por todas partes, el Tribunal de Cuentas revisaba que los salvavidas tuvieran la etiqueta puesta correctamente. Sugerir que ADIF 'automatice la sincronización de información' vía API es como pedir que compren un robot aspirador mientras la casa se quema. Al final, la Fiscalía Europea ha tenido que hacer el trabajo sucio porque el organismo encargado de vigilar el dinero público prefirió hacer una lista de recomendaciones genéricas en lugar de buscar el agujero contable.
Niños de parapeto en la huelga general
Hay quienes confunden una huelga general con una excursión escolar al zoológico, pero con la diferencia de que el zoológico no suele incluir bengalas ni cargas policiales. La Policía ha interceptado un protocolo, redactado originalmente en catalán, que parece más el manual de instrucciones de una guardería itinerante que una convocatoria social. La consigna es clara: cada adulta debe cargar con '2 ó 3 criaturas'. Una logística que, vista desde la calle, suena a intentar meter tres maletas en un maletero de Smart; forzado y peligroso. El manual es una joya de la hipocresía organizativa. Recomiendan escribir el teléfono del responsable en el brazo del niño con rotulador permanente, como quien marca una maleta para que no se la lleven en el aeropuerto. El detalle del botiquín para 'caídas y arañazos' y las mascarillas para el 'humo de las bengalas' es el toque maestro: admiten que el entorno es una zona de guerra, pero lo venden como un paseo familiar. Mientras nosotros nos peleamos con el precio del aceite, aquí diseñan un 'Bloque Infantil' donde los menores sirven, según fuentes policiales, de parapetos humanos disfrazados de civismo. Lo más surrealista llega con la gestión de la tensión. Si la cosa se pone fea, el plan es sentarse en el suelo en círculos concéntricos: niños dentro, adultos fuera. Una formación que recuerda más a un ritual místico que a una medida de seguridad real. Todo esto ocurre en el marco de la huelga del 11 de noviembre, mientras la cúpula de Blocus en España ya ha sentido el hachazo policial tras los intentos de montar revueltas en Halloween. Usar a la infancia para blindar una movilización no es activismo; es una ingeniería del riesgo donde los niños son la moneda de cambio.
Ábalos y el truco de las facturas
Hay quien gestiona el Estado y hay quien lo gestiona como si fuera el cajero automático de su primo. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, la UCO ha salido este jueves a buscar un 'kit de supervivencia' compuesto por facturas falsas que superan los 200.000 euros. No hablamos de un error contable ni de un descuido con el IVA, sino de una ingeniería financiera diseñada para maquillar mordidas por contratos públicos adjudicados a dedo, esos que se dan con la misma naturalidad con la que uno reparte invitaciones a una boda. El juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, ha decidido que ya es hora de limpiar el mantel. Por eso, los registros no se han quedado en el papel, sino que han aterrizado en la sede de Adif Alta Velocidad y en la empresa Azvi en Sevilla. El despliegue ha dejado seis detenciones y un recorrido que une la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia con el refugio de Cristian Corvillo en Córdoba. Corvillo es la pieza clave, el hombre que fue chófer de Pedro Sánchez en Andalucía durante las primarias de 2017 y que, según parece, mantenía una 'línea directa' con Ábalos. Un puente perfecto para que empresarios andaluces ayudaran a blanquear el dinero. Lo más cínico es que este modus operandi —facturas por trabajos fantasma— ya era el pan de cada día en Peñarroya, donde Luisa Ruiz, exalcaldesa y aliada de Corvillo, ya se ganó una condena de seis años en el caso Rocket. Al final, parece que en ciertos círculos el blanqueo de capitales no es un delito, sino una asignatura obligatoria de la carrera política.
Correos: Voto postal, Black Friday y miseria
Gestionar el voto por correo es, habitualmente, como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con la mitad de los tornillos perdidos. Pero lo de Pedro Saura en Correos es llevar el surrealismo a otro nivel. Llegamos al 29-N con una plantilla que no está precisamente para fiestas, sino en pie de guerra. La jugada es maestra: coincidir en el calendario con el Black Friday y la campaña de Navidad. Es decir, pedirle al cartero que gestione la democracia, las ofertas de freidoras de aire y los regalos de Santa Claus, todo al mismo tiempo y con el mismo equipo. Un triatlón logístico donde el premio es el agotamiento. Mientras el Ministerio del Interior prepara un cheque de entre 60 y 70 millones de euros para financiar el despliegue, la dirección parece haber olvidado que el dinero no mueve los sobres, sino las personas. CCOO ya ha hecho los números: un millón de solicitudes de voto por correo requieren 20.000 contrataciones. Sin embargo, la respuesta de la empresa ha sido entregar la documentación diez minutos antes de la reunión, un movimiento de 'magia' corporativa que los sindicatos tachan de opacidad. Lo más gordo no es solo la falta de manos, sino la 'gratificación roñosa'. En lugar de incentivar el esfuerzo, la propuesta rebaja las compensaciones respecto a 2023. Es como si te pidieran hacer el doble de horas extras pero te pagaran el café con un cupón de descuento caducado. Entre las sombras del caso Leire Díez y las sospechas de PP y Vox sobre la limpieza del proceso, Correos intenta navegar una tormenta perfecta. Al final, la profesionalidad de la plantilla es el colchón donde la dirección se apoya para no caerse, pero el colchón ya tiene demasiados agujeros.
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