La noticia es un festín de fuentes anónimas ('fuentes del PP', 'varios diplomáticos') que huele a filtración interesada. Mezcla el pánico al voto CERA con el robo puntual en Badajoz para crear una atmósfera de inseguridad generalizada sin aportar una sola prueba documental.
Votar desde el extranjero en España es, básicamente, confiar el destino del país a un sistema de logística que parece gestionado por un primo lejano con mala voluntad. A tres semanas de las generales del 29 de noviembre, la tensión es palpable. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, en los consulados de Iberoamérica el drama es otro: sacas de votos que, según diplomáticos de carrera, están 'atadas con un lazo a oscuras'. Traducido al lenguaje de la calle: es como enviar los ahorros de tu vida en un sobre abierto por correo ordinario y esperar que llegue el importe exacto. La derecha, con el PP y Vox al frente, ha activado el modo paranoia. No es para menos; el crecimiento del censo CERA por la 'ley de nietos' dejó un sabor amargo que ni el Tribunal Supremo, paralizando la disposición adicional de Sofía Puente, ha logrado borrar. El miedo es real: que te 'birlen' 10 diputados mientras miras para otro lado. Hay funcionarios que cuentan que algunas sacas simplemente 'no subieron al avión'. Un detalle menor, casi anecdótico, si no fuera porque estamos hablando de la democracia y no de un pedido de Amazon que se pierde en el almacén. Para compensar este caos, Correos ha decidido que el voto postal nacional ahora lleve escolta, como si las papeletas fueran lingotes de oro. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil custodiarán las oficinas, y se han instalado 4.000 balizas de geolocalización. Parece que el robo de una caja fuerte con 124 votos en Fuente de Cantos (Badajoz) fue el chispazo necesario para que se acordaran de que las cajas no vuelan solas. Al final, tenemos un despliegue tecnológico de ciencia ficción para el voto interno y un 'lazo a oscuras' para el exterior. Una coherencia admirable.
La DGT ha decidido que la solución para que no nos pasen por encima en la carretera es vestirnos como conos de obra. El 1 de octubre entró en vigor el nuevo Reglamento de Circulación, una joya legislativa que nos obliga a los motoristas a llevar guantes y calzado cerrado, y a los peatones y repartidores a lucir el glamuroso chaleco amarillo reflectante. Para los ciclistas, el casco ya no es una sugerencia, sino un mandato. Todo un despliegue de moda vial para proteger a los llamados 'usuarios vulnerables'. El problema es que, mientras la administración se felicita por el papel redactado, la realidad en el asfalto es un agujero negro. El año pasado, España contabilizó 1.775 fallecidos por accidente, un sablazo del 15% respecto al año anterior. De ese total, 496 eran los vulnerables: 222 peatones, 132 motoristas, 29 ciclistas y 21 usuarios de patinete. Cifras que no son estadísticas, sino familias rotas mientras el reglamento seguía en el cajón. Pero lo más delirante es el balance post-reglamento. En lugar de salvar vidas, los decesos de vulnerables han subido de 36 en 2025 a 38 en 2026. El culpable es el motorista, cuyas bajas saltaron de 19 a 27. Parece que obligar a alguien a llevar guantes no detiene un camión a cien kilómetros por hora. La DGT sigue apostando por campañas sanguinolentas que parecen sacadas de una película de terror para asustarnos, pero se olvida de lo más básico: informar. El ciudadano medio ignora que estas normas existen. Al final, tenemos un reglamento que brilla en el papel tanto como el chaleco reflectante, pero que en la práctica es un cero a la izquierda.
Hay quien confunde la diplomacia con el liquidismo, y Pedro Sánchez parece haber hecho un máster en esto último. Mientras el ciudadano de a pie pelea con la inflación y mira la cuenta corriente como quien mira una película de terror, en Ceuta se ha montado un despliegue que haría palidecer a cualquier general de carrera. Metieron a 100.000 personas en una ciudad de 80.000 habitantes en apenas dos días; una logística envidiable si lo que buscas es colapsar un municipio. Lo más curioso es que, según la juez Tardón, el mando no estaba en Madrid, sino que oficiales marroquíes plenamente identificados dirigían el cotarro, mientras el Gobierno retiraba policías y militares como quien quita los muebles antes de entregar las llaves de un piso alquilado. Pero el verdadero 'sablazo' moral llega con el funeral de las víctimas de Urda. Sánchez, el hombre que se siente cómodo en el solsticio de invierno pero le pone alergia al incienso, decidió que un funeral católico no era lugar para él. Mandó a las ministras Rodríguez y a la llamada 'Pili Juerga' (la ministra de Educación) a hacer el trámite, como quien envía a un becario a recoger un paquete. Es una ironía deliciosa: el mismo presidente que le pide favores al Papa para asegurar votos, se siente indignado ante un rito de 2.000 años, pero no tiene problema en felicitar el Ramadán o en prohibir el jamón en los menús escolares de Ceuta y Melilla para no molestar al Sultán. Al final, la aritmética es sencilla. Entre la sumisión a Rabat y el desprecio por las tradiciones propias, Sánchez ha convertido la gestión del Estado en una especie de saldo de liquidación. Prohibir el cerdo en las escuelas para halagar al Comendador de los Creyentes es, básicamente, entregar la cocina entera para que no nos echen la casa.
Hay una coreografía clásica en el teatro del poder: primero llega el despliegue de la UCO, luego el ruido de las sirenas y, finalmente, el drama de la 'víctima' que no entiende cómo ha acabado en el centro del tiroteo. Andrea de la Torre, la pareja de José Luis Ábalos, ha decidido romper el silencio tras el registro de su domicilio el pasado jueves. Su narrativa es la de siempre: la prensa es muy dura y ella es una espectadora inocente de un guion que no escribió. Resulta casi tierno que pida 'ir más despacio' mientras el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ya ha pisado el acelerador, imputándola por blanqueo, organización criminal, delito fiscal y tráfico de influencias. Es el combo completo, el menú degustación de la corrupción institucional. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para que no le cobren una comisión por respirar, la pareja del exministro —condenado a 24 años de prisión— vivía en el piso de Ábalos, habiendo alquilado su propia casa en Madrid para mudarse a Valencia con los perros. Un desplazamiento logístico digno de una operación militar. La escena es surrealista: horas de registro, una abogada al lado y un viaje hasta la comandancia de Valencia donde, siguiendo el manual del 'no sé nada', se negó a declarar. De Torre se queja de que al encender la televisión parece que ya ha sido condenada. Quizás es que el contraste entre su perfiles de 'acompañante' y la magnitud del Caso Koldo —que empezó con el negocio de las mascarillas y ha terminado salpicando al Tribunal Supremo y a figuras como Koldo García y Víctor de Aldama— es demasiado ruido para quien pretendía pasar desapercibida. Al final, admite que el entorno tendrá que dar explicaciones. Lógico. Cuando el barco se hunde y el capitán lleva 24 años de condena, es difícil convencer al mundo de que uno solo estaba allí para pasear a los perros.
Hay una regla de oro en la vida: cuando alguien te ofrece un coche de lujo al precio de una bicicleta usada, es porque el motor está sujeto con cinta americana. Adif aplicó esta misma lógica inversa en septiembre de 2021 al adjudicar el sistema ERTMS de la línea Madrid-Sevilla a Thales España GRP. Mientras Siemens pedía 100 millones y CAF 102, Thales llegó con una oferta de 77,5 millones, un 28,45% por debajo del presupuesto. En cualquier oficina normal, un descuento así es una bandera roja; en la administración pública, parece ser un imán. La jugada maestra fue el juego de espejos corporativo. Thales vendió su unidad ferroviaria a Hitachi Rail justo antes de firmar, pero Adif miró hacia otro lado. El problema es que Hitachi Rail es el nuevo traje elegante de AnsaldoBreda, una empresa que en Bélgica fue vetada por la SNCB tras el desastre de los trenes Fyra. Aquellos convoyes eran básicamente trastos con ruedas: piezas que se caían en marcha, baterías que se incendiaban y una oxidación prematura que haría llorar a un chatarrero. Los ingenieros belgas les pusieron hasta 2.019 puntos de penalización, cuando el límite para no morir en el intento es de 10. En Bruselas prefirieron dejar la ruta desierta que arriesgarse con este fabricante. En España, sin embargo, decidimos que era una idea brillante confiar la señalización de nuestra alta velocidad a quien ya había demostrado que sus cables y frenos eran una sugerencia, no una garantía. Resultado: estamos a finales de 2026 y el sistema sigue sin funcionar. La obra se ha dilatado tanto que parece que el ERTMS viaja en tren regional. Se espera que esté listo para finales de 2027, siempre y cuando no se nos olvide apretar algún tornillo fundamental.
Hay una forma muy elegante de decir 'te he mentido en la cara' y es borrar un punto del orden del día. El Ministerio del Interior, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, ha aplicado la técnica del borrador mágico: convocan al Consejo de la Policía este viernes, pero la jubilación anticipada ha desaparecido de la agenda como si fuera un truco de magia barata. La jugada es maestra en su cinismo. Aina Calvo, la Secretaría de Estado de Seguridad, llevó ocho meses haciendo que los sindicatos creyeran que el papeleo estaba listo. Los agentes ya se veían jubilándose con 31 años de cotización en la Seguridad Social (en vez de 37) o con 30 en Clases Pasivas (en lugar de 35). Estaban tan convencidos que el pasado 27 de octubre fueron a la cita pensando que solo faltaba el boli para firmar. Pero Calvo soltó el comodín electoral: 'No hay tiempo, no hay presupuesto, mala suerte'. La respuesta fue un encierro de 10 horas que terminó con una escena surrealista: agentes de la UPR desalojando a sus propios compañeros a la una de la madrugada. Mientras los sindicatos, liderados por Carlos Prieto del SUP, denunciaban que les negaran hasta un vaso de agua, desde los despachos volaban amenazas de prisión y allanamiento. Es la clásica gestión de 'guante de seda' para negociar y 'puño de hierro' para desalojar. La hipocresía es el plato fuerte. Nos dicen que no hay dinero para reconocer que ser policía es una profesión de riesgo, pero el grifo de las partidas presupuestarias sigue abierto para otros caprichos institucionales. Al final, 130.000 agentes se quedan con la promesa rota y una concentración en Canillas que es solo el aperitivo de un calendario de protestas que promete ser mucho más ruidoso que un silencio administrativo.
En este país, si te gusta el teatro, te pagas el taller; si te gusta la caza, sueltas la pasta por la licencia y la escopeta. Reglas básicas de supervivencia. Pero hay un grupo que ha hackeado el sistema: los amantes de la representación sindical. Aquí, el hobby no solo es gratis, sino que te pagan por él mientras el resto de los mortales seguimos picando piedra. Es el 'chollo' definitivo. Saquemos la calculadora, que aquí vienen los sablazos. Tenemos a unos 284.000 delegados sindicales en el sector privado. Para que nos entendamos, suman más de 73 millones de horas al año dedicadas a 'tareas de representación'. Si aplicamos el coste laboral medio de 25,8 euros por hora, el agujero contable asciende a unos 1.900 millones de euros anuales. Un monto que las empresas absorben y que, al final, acabamos pagando nosotros en el precio del café o de la compra del súper. Y ojo, que esto es sin contar a los 45.000 delegados del sector público, que se pagan directamente con nuestros impuestos. Traducido al lenguaje de la calle, estas horas equivalen al sueldo anual de 40.300 personas que cobran sin producir un solo tornillo. Tenemos 4.200 liberados plenos —los 'estrellas' que no pisan la línea de montaje— y una legión de liberados parciales. Mientras que en Francia una empresa de 900 empleados puede sobrevivir con un solo representante, en España necesitamos un comité de 21 miembros. Veintiuno. Es como querer montar un equipo de fútbol y terminar contratando a tres plantillas completas y un cuerpo técnico solo para decidir el color de las camisetas. Una ingeniería financiera que nos resta competitividad frente a Alemania o Reino Unido, mientras mantenemos una casta de privilegiados que cobra por existir en el organigrama.
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