Crítica:
La noticia es un ejercicio de contraste brutal, aunque peca de darle demasiada importancia al detalle del barrio de Tetuán. El foco real es la ausencia en el funeral frente a la agenda oculta de marketing digital.
Sánchez se va a grabar el podcast ‘Memorias de Pez’ una semana después de la tragedia de Urda con 69 muerto...
Sánchez: Menos funerales y más podcasts
Otros artículos
El Tormenta: de la celda al chalet
Hay que tener un sentido del timing envidiable para salir de la cárcel y, antes de que el aire fresco te despeje los pulmones, instalarte en la mansión del tipo al que tu propio clan le destrozó las piernas. Jesús García Rocho, alias 'El Tormenta', ha convertido la libertad provisional en un tour inmobiliario forzoso. Con solo 18 años, el joven ha decidido que la urbanización de Tres Arroyos, ese refugio de paz para 500 vecinos en Badajoz, es el sitio ideal para estrenar su nueva etapa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la hipoteca o reza para que la factura de la luz no sea un atraco, El Tormenta presume en redes de un Lamborghini Urus de 400.000 euros. Un capricho que hace que cualquier ahorro de toda una vida parezca calderilla. Pero el lujo tiene un aroma rancio: la casa que ahora okupa pertenecía a un hombre de 51 años, el señor De la Hiedra, que el 11 de octubre a las 8:30 de la mañana descubrió que las escopetas no son juguetes cuando un sicario apodado K. S. le dinamitó las piernas en la avenida Pablo Neruda. Lo verdaderamente surrealista no es el ajuste de cuentas entre narcos, sino que este clan, Los Rochos, parece tener el teléfono directo con las altas esferas. Según el 'Caso Cloacas', Luis Sáenz de Tejada habría llamado a la madre de Jesús, la señora Cintia Rocho (alias 'La Celsa'), para gestionar la 'eliminación' de la juez Beatriz Biedma, quien cometió el error de investigar a David Sánchez. Así se cocina la realidad: entre Lamborghinis, piernas destrozadas y llamadas telefónicas desde el despacho del poder para silenciar a la justicia. Una comedia negra donde el villano no solo gana, sino que se queda con el chalet.
PSOE busca voluntarios: nadie quiere ir
Hay un silencio ensordecedor en las sedes del PSOE que no se cura con propaganda ni con selfies institucionales. El 29 de noviembre se celebran elecciones y, mientras el Gobierno presume de gestión, en las bases el ambiente es el de una fiesta a la que nadie quiere ir. La maquinaria socialista, esa que solía funcionar como un reloj suizo, se ha quedado sin pilas. El pánico ha saltado el tablero y se ha materializado en un envío masivo de emails personalizados el pasado 3 de noviembre, justo cuando Óscar Puente comparecía, intentando rescatar la movilización de una militancia que ha decidido aplicar la ley del mínimo esfuerzo. La situación es casi cómica si no fuera trágica: los dirigentes llaman y nadie responde. Es el equivalente político a intentar organizar una cena de Navidad en una familia donde todos se llevan mal; el teléfono suena, pero el silencio al otro lado es un grito. El contraste es un puñetazo en la mesa. En 2019, el PSOE desplegó un ejército de 50.000 interventores y 21.000 apoderados. Voluntarios que se sentían parte de algo. Para el 23 de julio de 2023, el partido prefirió el misterio y no soltó cifras oficiales, refugiándose en la excusa de que era agosto y la gente estaba en la playa. Pero ahora, con unas encuestas que proyectan una participación del 74 al 77%, ocurre la paradoja máxima: el país quiere votar, pero los socialistas no quieren vigilar el voto. El desánimo es el nuevo combustible de la organización, especialmente en aquellas federaciones que fueron barridas en las municipales y autonómicas de 2023. Ya no basta con el logo del puño y la rosa para que la gente sacrifique su domingo. El PSOE ha descubierto que el entusiasmo no se puede decretar por decreto ley ni se consigue con una carta desesperada firmada por un secretario de organización.
Puente y el LZB: negligencia a 160km/h
Gestionar la seguridad ferroviaria en España parece haberse convertido en un ejercicio de fe ciega y prórrogas infinitas. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el exministro Óscar Puente miraba cómo el sistema de protección LZB de la línea Madrid-Sevilla se desplomaba 170 veces en 2026, como quien ignora que el grifo del baño gotea mientras se inunda el salón. Trece de esos sustos ocurrieron precisamente en Urda, donde el 28 de octubre la negligencia pasó de ser un dato estadístico a una tragedia con 69 muertos. La hipocresía es el combustible de este relato. Puente y su equipo prefirieron estirar la vida de un sistema alemán sin repuestos —básicamente, ponerle cinta aislante a un motor fundido— en lugar de cumplir el plazo de sustitución por el ERTMS previsto para inicios de 2026. A esto sumamos que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) recibió cuatro avisos sindicales entre enero y junio. El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro ya gritaban que la fatiga mental y la falta de personal eran una bomba de relojería. Pero claro, en los despachos de Madrid, el estrés del trabajador es un concepto abstracto hasta que el tren choca. El minuto a minuto del desastre es una comedia negra: el 3 de noviembre, el propio Puente admitió que el centro de control recibió la alerta del maquinista a las 8:48, pero durante cinco minutos nadie movió un dedo mientras el AVE volaba a 160 km/h cuando debía ir a 40. Ahora, el Tribunal Supremo juega al tenis con los plazos. Vox ha pedido la imputación por homicidio imprudente, pero el calendario sugiere que la justicia esperará a que las elecciones borren el aforamiento de Puente para que la juez de Orgaz tome el testigo. Una coreografía procesal perfecta para que el ruido electoral tape el sonido del impacto.
Puente vació el transporte para el Verano Joven
Gestionar el presupuesto público en este Gobierno es como intentar cuadrar las cuentas de casa moviendo dinero del bote de la hipoteca para comprarse una PlayStation: al principio nadie se entera, hasta que el techo se cae encima. Óscar Puente, quien hasta hace nada manejaba el Ministerio de Transportes, aplicó una ingeniería financiera digna de un mago de feria. Para financiar el 'Verano Joven' —ese caramelito electoral que permite a los menores de 30 viajar con descuentos del 90% entre julio y septiembre—, el Ejecutivo decidió que mejorar las infraestructuras era un lujo prescindible. En 2025, el Gobierno le hizo un 'sablazo' monumental a las comunidades autónomas y municipios, retirándoles la totalidad de las ayudas destinadas a mejorar el transporte público. Hablamos de 105 millones de euros (80 millones que iban a las autonomías y 25 millones a entidades locales) que desaparecieron para que 1,5 millones de jóvenes pudieran hacer sus 6,5 millones de trayectos hacia Madrid, Valencia o Sevilla. Básicamente, sacrificaron el mantenimiento y la calidad del servicio para comprar el 'like' de la Generación Z en redes sociales. Lo verdaderamente cínico es el calendario. Mientras Puente se vanagloriaba del 'éxito de la medida' y el Gobierno operaba sin Presupuestos Generales del Estado desde 2023, el sistema se degradaba. El coste anual de este despliegue de generosidad ha oscilado entre los 120 y 130 millones: 170 millones en 2023, 139,1 millones en 2024, 118,8 millones en 2025 y 130,5 millones en 2026. Esta priorización del postureo sobre la seguridad terminó en tragedia. Apenas un año después de vaciar las arcas de mejora de infraestructuras, los accidentes de Adamuz y Urda dejaban un saldo macabro de 115 fallecidos. Puente ha dimitido apelando a la 'dignidad política', pero la dignidad no devuelve la vida a quienes viajaban en una red que se dejó de mejorar para pagar billetes baratos.
Sede de ONU Turismo: muebles de alquiler
Hay quien decora su casa para Navidad y hay quien alquila muebles para fingir que trabaja. ONU Turismo ha elevado el 'atrezzo' a categoría de estado. Resulta que la nueva sede en el Paseo de la Castellana, ese regalo envuelto en papel de seda que Pedro Sánchez cedió gratuitamente por 75 años, estaba más vacía que la nevera de un estudiante el día 28. Para evitar que la Cumbre Iberoamericana pareciera un episodio de 'La Casa de Papel' sin muebles, han tenido que alquilar mobiliario para simular que allí hay gente picando teclas y moviendo expedientes. La ingeniería financiera es fascinante. Mientras el ciudadano medio se lo piensa dos veces antes de comprar una silla ergonómica, el Gobierno ya soltó más de 29 millones de euros en 2023 para remodelar el edificio B del Palacio de Congresos. Pero claro, el lujo no se detiene: en septiembre de 2026 (según los papeles), se lanzaron contratos para mobiliario de dirección por 391.522 euros y una partida para sillería con un valor estimado que roza los 65 millones de euros. Sí, han leído bien. Sillas que cuestan más que el PIB de algunos municipios. Todo este despliegue de generosidad pública tiene un aroma familiar. La sede es un guiño directo a la amistad entre Zurab Pololikashvili y Begoña Gómez, quien encontró en la OMT un impulsor clave para su etapa en el Africa Center del IE. Entre cenas reservadas en La Moncloa a principios de 2023 y concesiones gratuita de edificios públicos con 34 plazas de parking incluidas, el Gobierno ha transformado el concepto de 'relaciones públicas' en un deporte de alta competición. Al final, lo único que parece faltar en este despacho de lujo es el trabajo real, que es lo que han tenido que alquilar por horas.
Sablazo al Supremo: García Ortiz paga 39.000€
Hay errores que se pagan con el orgullo y otros que se pagan con una transferencia bancaria que te deja temblando. Álvaro García Ortiz, el hombre que decidió que los secretos no eran tan secretos, acaba de recibir el hachazo final del Tribunal Supremo. No es una multa, es el 'ticket' de las costas procesales: 39.009 euros. Para algunos, una cifra insignificante; para el ciudadano que mira la factura de la luz con pánico, es el precio de un coche nuevo o un par de años de alquiler en el centro. La historia es una comedia de errores y minutas. La Abogacía del Estado y la Fiscalía intentaron hacer de 'estirados' en el regateo, sugiriendo que el caso era tan sencillo que el pago no debería pasar de los 4.000 euros. Básicamente, querían aplicar el descuento de 'amigo' a un proceso donde se reveló información confidencial de Alberto González Amador, la entonces pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero el Supremo ha dicho que no. La Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) ha fulminado esa pretensión, dejando claro que el trabajo de Gabriel Rodríguez-Ramos, el abogado de González Amador, no fue precisamente un paseo por el parque. El desglose es quirúrgico: 38.508,26 euros por los honorarios del letrado y unos 501,22 euros para la procuradora. En total, un sablazo de 39.000 euros que el ex Fiscal General tendrá que soltar. El Supremo ha sentenciado que, aunque haya quien crea que el caso carecía de complejidad, la 'relevancia institucional' y el volumen de papeles justifican el precio. Al final, la moraleja es clara: jugar al espía con datos ajenos sale caro, y en el Tribunal Supremo no aceptan cupones de descuento.
Renfe: Dúplex sin hipoteca y puntualidad sospechosa
En una empresa donde el retraso de diez minutos es motivo de tragedia nacional, Álvaro Fernández Heredia ha demostrado que, para los negocios personales, tiene una puntualidad suiza. El 13 de enero de 2025, mientras el país aún digería el 'apagón' informático de Navidad y Raül Blanco hacía las maletas el día 8, el futuro presidente de Renfe firmaba la compra de un dúplex de 144 metros cuadrados en el barrio de Embajadores. Veinticuatro horas después, el 14 de enero, el Consejo de Ministros le daba el visto bueno al nombramiento propuesto por Óscar Puente. Una sincronización digna de un reloj digital. Lo más fascinante no es la coincidencia temporal, sino la ligereza financiera. Mientras el ciudadano medio ve la hipoteca como una condena a perpetua, el dúplex de Embajadores —con sus dos plantas, tres dormitorios y una terraza para ver pasar los trenes de Atocha— entró en su patrimonio sin un solo euro de préstamo hipotecario. Hablamos de una propiedad que, según precios de mercado de octubre de 2026 (6.585 euros por metro cuadrado), ronda los 730.000 euros. Tirar esa cantidad sobre la mesa sin pedir permiso al banco es un deporte de riesgo que pocos pueden permitirse. Pero el catálogo inmobiliario no termina ahí. Desde noviembre de 2013, Heredia ya presumía de un chalet de 525 metros cuadrados en Robledo de Chavela, también libre de cargas. Todo este despliegue de solvencia llega mientras Renfe navega por su año más oscuro: el descarrilamiento en Adamuz el 18 de enero de 2026 (46 muertos) y el choque en Toledo el 28 de octubre (69 muertos). Resulta conmovedor que, mientras los trenes chocan y la gestión se descarrile, el patrimonio del jefe siga circulando por la vía rápida, sin frenos ni hipotecas que lo detengan.
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