Crítica:
La noticia expone la desconexión total entre la burocracia madrileña y el barro andaluz. Le falta profundizar en por qué el precio del aceite es tan bajo si la producción ha caído, dejando un hueco en la explicación económica.
Fracasa la regularización de Sánchez: el olivar cordobés se queda sin temporeros
Papeles para todos, pero nadie al olivar
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Boyas en Ceuta: un colador millonario
El Ministerio del Interior ha descubierto que el agua moja y que las boyas, esas piezas de plástico que flotan con la misma convicción con la que un político promete bajar los impuestos, son 'fáciles de sortear'. Resulta fascinante que el Gobierno haya montado un teatro de flotadores para cumplir el capricho jurídico del Tribunal Supremo —que exigía una barrera física para permitir las devoluciones rápidas—, olvidando que el mar no es un pasillo de oficina. La paradoja es deliciosa: mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Estado ha diseñado una frontera con un 'agujero contable' de seguridad justo en el espigón de la playa del Tarajal. Por ese hueco, a finales de julio, entraron unas 80.000 personas en una crisis que dejó en evidencia que el dispositivo era más un adorno que una muralla. Es como poner una cerradura de alta seguridad en la puerta principal pero dejar la ventana del salón abierta de par en par. Para solucionar este 'descuido técnico', el plan es tirar la casa por la ventana. Primero, una extensión de 15 metros con malla 'antitrepa' y luego un dique vertical de 100 metros. El sablazo total del espigón asciende a 7 millones de euros, a los que hay que sumar otros 2 millones para una red de contención sumergida que sustituya a los flotadores que, para colmo, se pincharon en septiembre como si fueran globos de fiesta barata. Tres meses después del caos de los días 30 y 31 de julio, Juan Vivas, presidente de Ceuta, sigue esperando que las obras arranquen. Mientras tanto, el Interior se conforma con decir que la barrera cumple su función legal, aunque sea un colador. Al final, lo importante no es que la frontera sea infranqueable, sino que el papel diga que hay una valla, aunque sea de plástico y tenga pinchazos.
DGT: El reglamento que es una basura
La DGT ha jugado a hacer el optimista con el nuevo Reglamento General de Circulación y el resultado es un incendio en plena carretera. Desde el 1 de octubre, el organismo ha decidido que los motoristas pueden usar el arcén en los atascos, una medida que suena muy bonita en un despacho con aire acondicionado, pero que en el asfalto es, cito textualmente según un agente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, una «basura». El truco está en la letra pequeña, esa que nadie lee hasta que llega el sablazo en la factura. Para que un motero pueda filtrar por el arcén sin que el agente le corte el paso con una multa, la zona debe estar señalizada. El problema es que, según el propio guardia civil, no existe ni una sola señal en todo el territorio. Es como si te dijeran que puedes entrar gratis a un club si presentas un carnet que el propio club se niega a emitir. La trampa se completa con el límite de velocidad: 30 kilómetros por hora. Una cifra tan ridícula que es prácticamente incontrolable, ya que nadie va a instalar radares en el arcén solo para pillar a alguien yendo a ritmo de bicicleta eléctrica. Mientras la DGT intenta dar una pátina de legalidad a una práctica habitual, lo que ha creado en realidad es una fábrica de sanciones. Los motoristas creen que tienen luz verde desde octubre y los agentes se ven obligados a multar a quienes confían en la palabra del BOE. Al final, la ingeniería administrativa ha logrado lo imposible: convertir un intento de flexibilidad en una emboscada legal donde el ciudadano paga el pato por una señal que no existe.
Papeles para todos, pero nadie al olivar
En el despacho del Ministerio, los números cuadran con una elegancia quirúrgica; en el campo cordobés, la realidad es un barro pegajoso que no deja avanzar. El Gobierno de Pedro Sánchez nos vendió la regularización de 1,17 millones de inmigrantes como la panacea para que el aceite no se quedara pudriendo en la rama. Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo dejó claro: hacían falta manos. Pero resulta que los papeles no quitan el frío ni el sol abrasador de las pendientes andaluzas. Mientras el Estado presume de una ingeniería administrativa masiva, Francisco Moreno, secretario general de la UPA en Córdoba, nos cuenta que la situación es, sencillamente, preocupante. El kilo de aceite baila entre los 3,2 y 3,3 euros, una cifra que, para el agricultor, es como intentar pagar la hipoteca con monedas de un céntimo. La producción nacional, que se estimaba en 1,6 millones de toneladas para esta campaña, probablemente se quede corta debido a que el cielo se ha olvidado de llover y el termómetro no da tregua. La paradoja es deliciosa: hay millones de personas regularizadas, pero nadie quiere doblar el lomo en el olivar. El trabajo es penoso y la gente prefiere cualquier cosa antes que la intemperie. Para que alguien acepte el jornal, hay que subir la apuesta: mientras el convenio marca unos 50 euros, en Córdoba hay que soltar entre 60 y 70 euros por ocho horas para que alguien se asome al campo. La UPA ha tenido que improvisar su propio sistema de supervivencia, trayendo a 30 trabajadores bajo protección internacional este año, frente a los 10 del anterior. En resumen: el Gobierno puso los sellos, pero el campo sigue vacío y el bolsillo del agricultor, agujereado.
Infiltrados en Ceuta: el vídeo del 'montaje'
En el tablero geopolítico, hay quienes juegan al ajedrez y quienes prefieren el 'estilo callejero': empujar la masa y mirar desde la barrera con gafas de sol. La Policía Nacional acaba de entregarle a la juez María Tardón un vídeo de siete minutos y medio que es, básicamente, el 'detrás de las cámaras' de un asalto planificado. No estamos hablando de un arrebato espontáneo de desesperación, sino de una coreografía montada con precisión quirúrgica los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Mientras el ciudadano medio lucha por entender por qué sube la luz, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha detectado que el cruce tuvo sus propios 'directores de escena'. El informe es demoledor en su frialdad: 34 fichas de presuntos agentes marroquíes. Diez iban con el uniforme puesto, haciendo el trabajo sucio, pero los otros 24 eran los 'dinamizadores', esos tipos de paisano que se mueven a contracorriente de la masa, señalando rutas como quien indica dónde está el mejor puesto de tapas, pero con la diferencia de que aquí el objetivo era colapsar una frontera. El CENIF estima que entre 75.000 y 85.000 personas fueron movilizadas en dos días. Para que nos entendamos: es como intentar meter el estadio Santiago Bernabéu entero por una puerta estrecha, y alguien, muy convenientemente, estaba coordinando el tráfico. Lo más cínico es ver a estos infiltrados dando órdenes a los antidisturbios de la Gendarmería, demostrando que la jerarquía estaba clara mientras los inmigrantes ponían el cuerpo. Ahora la Audiencia Nacional intenta ponerles nombre y apellidos a estas sombras que monitorizaban la operación. Queda claro que esto no fue un fallo del sistema, sino el sistema funcionando exactamente como alguien quería.
Pensiones: El Gobierno juega al Monopoly
Hacer malabares con la cartera es un arte que dominamos los mortales, pero el Gobierno lo ha elevado a categoría de disciplina olímpica. El pasado martes 20 de octubre, el Consejo de Ministros decidió que la mejor forma de cerrar el año era jugar al 'yo te presto y tú me debes'. Han aprobado una referencia presupuestaria de 10.003,8 millones de euros para que la Seguridad Social no se quede en blanco justo antes de Navidad. Básicamente, es como si el padre le prestara dinero al hijo para que este pueda pagar la cena de Nochebuena, sabiendo que el hijo no tiene un duro en la cuenta y que el préstamo es, en realidad, dinero de la misma familia. Este movimiento se apoya en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado, una especie de 'chequera abierta' que permite estos rescates anuales sin intereses y con un plazo de devolución de diez años. El problema es que ya vamos por el décimo préstamo de este estilo. Si sumamos este nuevo sablazo, la deuda acumulada de la Seguridad Social con el Estado trepa hasta los 146.000 millones de euros. Es una cifra astronómica que, aunque sea una deuda 'entre primos' (administraciones públicas), condiciona el futuro de cualquiera que aún tenga la esperanza de jubilarse sin comer aire. La realidad es que el sistema tiene un agujero estructural. En 2025, aunque el déficit bajó a 7.387 millones de euros (un 0,4% del PIB) frente a los 9.834 millones negativos de 2024, la sangría sigue ahí. Los ingresos no financieros fueron de 232.782 millones, pero las obligaciones llegaron a 240.169 millones. La joya de la corona es el gasto en pensiones y prestaciones contributivas: 206.360 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior. En resumen: gastamos más de lo que cotizamos y el parche favorito del Gobierno es pedirle dinero al espejo.
Sandías marroquíes: el sablazo al campo español
Parece que en España hemos decidido que cultivar sandías es un deporte de riesgo o, quizá, simplemente un capricho que no podemos costear. Mientras el agricultor local pelea contra el clima y la burocracia, el Estado ha decidido que la mejor estrategia es abrir la cartera y mirar hacia el sur. En la campaña 2025/2026, nos hemos traído 52,68 millones de kilos de sandía desde Marruecos. Un despliegue logístico digno de una mudanza transatlántica que nos ha costado 44,23 millones de euros. Para que nos entendamos: estamos hablando de que casi la mitad de lo que importamos (el 48,26%) viene del vecino, dejando a Senegal y Mauritania cogiendo migajas. El precio medio se ha quedado en 0,84 euros por kilo, una cifra que suena a ganga en el papel de Hortoinfo y Estacom, pero que es el reflejo de una dependencia crónica. Lo curioso es el baile de las cifras. Venimos de un agujero profundo en 2023/2024, cuando solo trajimos 28,7 millones de kilos, el mínimo histórico de la última década. Pero el hambre de fruta extranjera ha vuelto: hemos subido un 6,3% respecto a la campaña anterior, sumando 3,11 millones de kilos adicionales. El resto del tablero es casi anecdótico. Senegal nos vendió 16,24 millones de kilos por 11,8 millones de euros (a 0,73 €/kg), mientras que Mauritania, con menos volumen (10,23 millones de kilos), nos clavó un precio medio de 1,33 euros por kilo, sumando 13,62 millones de euros. Y para rematar la ironía, hasta Alemania nos ha 'vendido' 6,87 millones de kilos, que probablemente no hayan visto una semilla alemana en su vida, sino que son simples reexportaciones. En total, hemos soltado 91,86 millones de euros por 109,15 millones de kilos de sandía extranjera. Un negocio redondo, siempre que no seas el que planta la semilla aquí.
Renfe: Seguridad de 'amigos' y trenes chocando
Hay quienes juegan al Tetris con los muebles del salón y quienes lo hacen con la seguridad de miles de pasajeros. En Renfe, la última partida fue especialmente creativa. El 14 de octubre, mientras el país miraba hacia las elecciones adelantadas del 5 de octubre, la cúpula decidió que la seguridad ferroviaria era un accesorio más que podía colgarse del despacho del presidente. Así nació la Dirección de la Oficina del Presidente, con Elena Aróstegui al mando, convirtiendo la seguridad técnica en un trámite de gabinete. Una maniobra de ingeniería organizativa que, en lenguaje de calle, es como cambiar al electricista certificado por el primo del dueño justo antes de que estalle el cuadro eléctrico. El resultado llegó rápido y con un coste humano devastador: el choque en Urda, Toledo, donde un tren de Renfe embistió por detrás a uno de Iryo, dejando un saldo de 68 muertos. Un desastre que ocurre días después de que Álvaro Fernández Heredia —el hombre de confianza de Óscar Puente desde sus tiempos en Auvasa, Valladolid— decidiera que los 'martes del susto' eran el momento ideal para mover piezas en el organigrama. Heredia, que aterrizó en la presidencia el 14 de enero de 2025 tras pasar por el Ministerio de Transportes, ya arrastra el fantasma de Adamuz (Córdoba), donde el 18 de enero murieron 46 personas por una soldadura que se rompió un día antes. Entre nombramientos como los de Francisco Javier Rubio, Antonio Moraga y Mónica Fernández, la seguridad pasó a ser una cuestión de sintonía política y personal. Mientras el ciudadano medio reza para que el cajero no le cobre comisión, en Renfe se gestionaba la prevención ferroviaria como si fuera una agenda de contactos. Una reestructuración que priorizó la lealtad del círculo de Puente sobre la robustez de las vías.
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