La noticia expone la inoperancia administrativa, pero falla al no cuestionar por qué se permite el pago de retribuciones sin prestación de servicio. Es un retrato perfecto de la gestión pública: el proceso es 'normal', aunque el resultado sea absurdo.
Hay quien dice que el dinero público es como el agua: fluye hacia donde mejor le cae, generalmente hacia los amigos de los amigos. En Badajoz, el grifo estuvo abierto de par en par para David Sánchez y su colega Luis María Carrero. No fue un error de cálculo ni una propina generosa; fue una arquitectura del engaño. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, David Sánchez se embolsó 340.572,36 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025, y Carrero otros 86.988,76 euros. En total, un sablazo de 427.561,12 euros que salieron de las arcas de la Diputación de Badajoz para financiar puestos de trabajo que, según la Audiencia Provincial, eran básicamente decorativos, vacíos de contenido y diseñados a medida. Lo verdaderamente surrealista no es el 'enchufismo' —que en este país es casi un deporte nacional—, sino la reacción de la Diputación de Badajoz. Su presidenta, Raquel del Puerto, se ha puesto el traje de escudo humano y se opone a recuperar el dinero. Es la paradoja máxima: la entidad perjudicada no quiere que le devuelvan la cartera. Es como si te robaran el coche y, cuando la policía lo encuentra, tú insistieras en que el ladrón se lo quede porque 'no hay justificación' para recuperarlo. Ahora entra en juego el Tribunal de Cuentas, bajo la batuta de Elena Hernáez, para ver si esos fondos vuelven a casa. El PP, Vox e Iustitia Europa están empujando el carro, sabiendo que la sentencia penal ya dejó claro que el proceso de selección fue un 'escaparate' cosmético. El presidente del Gobierno habla de 'líneas rojas' y 'estafas', pero en la calle la línea roja es la cuenta bancaria pública. Si el Tribunal decide que hubo responsabilidad contable, preparen los embargos, porque el romanticismo político no paga las facturas del Estado.
Italia ha decidido que la mejor forma de despertar al sur del país no era con un café cargado, sino quitándole el colchón. Giorgia Meloni aplicó una terapia de choque en 2023 al fulminar la 'Renta de la Ciudadanía', esa prestación que para muchos era el salario de toda una vida sin haber pisado una oficina. El resultado es una paradoja estadística que haría llorar a cualquier economista: el desempleo ha caído a mínimos de 20 años y el PIB per cápita italiano ha crecido casi un 9% desde 2019, dejando en ridículo el modesto 5% de España. En el Mezzogiorno, el histórico agujero negro del empleo, la tasa de ocupación subió al 54,2%. Sicilia, por ejemplo, ha pegado un salto de 7 puntos desde 2020, llegando al 51,4%. Para el Gobierno, es un éxito rotundo; para el ciudadano de a pie, ha sido un sablazo en la cartera. El Istat calcula que unas 850.000 familias perdieron una media de 2.600 euros anuales. Básicamente, Meloni cambió la red de seguridad por un curso de formación y un 'suerte con la búsqueda'. Los datos del Istat y el INPS son contundentes: 24,36 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2026 y una tasa de paro nacional del 6,3%. Pero no nos dejemos engañar por el maquillaje de Scope Ratings y su calificación BBB+. Detrás del récord de empleo hay una realidad más cruda: salarios que han perdido un 10,2% de poder adquisitivo y 1,2 millones de trabajadores pobres en el sur. Es el triunfo de la estadística sobre la calidad de vida. Se han creado 500.000 empleos, sí, pero muchos son el resultado de tirar de fondos europeos y turismo estacional, mientras 175.000 jóvenes universitarios prefieren hacer las maletas antes que aceptar un sueldo de miseria en su tierra.
En un país donde pedir una cita previa es como intentar ganar la lotería sin comprar boleto, el Estado ha descubierto el negocio perfecto: pagar por el arte de no hacer nada. Tenemos a 45 inspectores de Trabajo que, tras superar una oposición que haría llorar a un monje tibetano y terminar su formación en diciembre de 2025, han pasado los últimos 19 meses en un spa administrativo pagado con nuestros impuestos. Desde septiembre del año pasado, la maquinaria pública desembolsa 50.000 euros al mes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si el Gobierno decidiera pagar el alquiler y la cesta de la compra de medio centenar de personas mientras esperan a que alguien recuerde dónde ha dejado las llaves de la oficina. El agujero contable ya supera los 600.000 euros, un sablazo que no sirve para inspeccionar ni una sola empresa, sino para alimentar un limbo burocrático donde el tiempo es relativo y el presupuesto infinito. La danza de las responsabilidades es exquisita. Yolanda Díaz, al mando del Ministerio de Trabajo, juega al ping-pong institucional lanzando la pelota al tejado de Óscar López en Función Pública. Mientras tanto, los afectados miran el calendario con pánico hacia las elecciones del 29 de noviembre, temiendo que el adelanto electoral convierta su espera en una condena perpetua hasta marzo de 2027. Si eso ocurre, el Estado habrá tirado más de un millón de euros en nóminas de 1.100 euros mensuales por el simple placer de mantener la 'tramitación normal' de un concurso de traslados. Es la eficiencia española en estado puro: pagar el sueldo completo por un servicio que es, literalmente, inexistente.
Hay quien dice que el amor es ciego, pero en el entorno de la Moncloa parece que el amor tiene una vista privilegiada para los negocios. Mientras el juez Juan Carlos Peinado prepara el escenario para un juicio oral con jurado, la trama se engrosa con un detalle delicioso: Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez procesada por malversación, tiene un marido que sabe exactamente dónde aprieta el zapato de la burocracia. David Arevalillo de la Torre, socio director de A&A Estudio Jurídico, ha hecho de la 'Ley de Nietos' su gallina de los huevos de oro, vendiendo la posibilidad de saltarse las colas de unos consulados que, según él, están más desbordados que una terraza en agosto. El negocio es sencillo: vender el 'sueño español' a clientes latinoamericanos y sefardíes, prometiendo agilizar trámites que, sin su ayuda, podrían tardar décadas. Es el clásico 'yo te llevo de la mano', una frase que suena muy tierna hasta que recuerdas que Cristina Álvarez está señalada como cooperadora necesaria en un presunto agujero contable relacionado con un software para pymes en la Complutense. Resulta fascinante que la Presidencia del Gobierno pagara el sueldo de una asistente que, según la investigación, no hacía labores protocolarias, sino que era el apoyo logístico permanente de la actividad profesional de Begoña Gómez. Un favor entre amigas, dicen, aunque el favor haya costado dinero público y ahora acarree una petición de seis años de cárcel para la asesora y trece para la mujer del presidente. Lo más irónico es el 'timing'. Mientras el Tribunal Supremo suspende el voto de 163.020 nacionalizados por esta vía para las elecciones del 29 de noviembre, el despacho de Arevalillo, tras ser consultado, ha decidido borrar sus redes sociales. Un truco de magia digital digno de un experto: cuando el foco se pone sobre la ingeniería financiera y los vínculos familiares, lo más prudente es hacer desaparecer la evidencia. Así es la danza del poder: unos gestionan la cátedra, otros los pasaportes y nosotros, los de siempre, pagamos la fiesta.
Bruselas ha decidido que el problema de que no carguemos los híbridos no es la falta de enchufes en el parking, sino que el depósito es demasiado generoso. La solución europea es tan brillante como un espejo: obligar a que los coches tengan depósitos más pequeños. Básicamente, quieren que el conductor sienta la ansiedad del indicador de combustible parpadeando para que, por puro pánico, busque un enchufe. Es el equivalente automovilístico a quitarte el colchón para obligarte a madrugar. Mientras los fabricantes europeos agonizan, asfixiados por normativas que les obligan a quemar cientos de millones de euros anuales en burocracia verde, Bruselas decide apretar más la tuerca. La jugada apunta directamente a los híbridos enchufables, esos vehículos que muchos usan como coches de gasolina convencionales porque cargar la batería es, a veces, más complicado que montar un mueble de IKEA sin instrucciones. El contraste es casi cómico cuando miramos al Este. Mientras Europa recorta, China expande. El Yangwang U8 llega con 75 litros y el BYD Seal U presume de 60 litros, permitiendo autonomías que superan los 1.200 kilómetros. Para un europeo, hacer 1.200 kilómetros sin parar es ya casi un mito urbano. Bruselas argumenta que menos gasolina significa menos peso, menos desgaste de frenos y neumáticos, y un consumo menor. Una ecuación matemática impecable que ignora la realidad del usuario que no quiere vivir pegado a un cable. Lo más irónico es que algunas marcas locales, ya rendidas ante las normas de emisiones, ven esta restricción como un salvavidas. Prefieren que el cliente sufra la falta de autonomía antes que pagar las multas millonarias por no alcanzar unos objetivos de emisiones que parecen redactados en un laboratorio de ciencia ficción.
Ceuta ha pasado de ser una ciudad tranquila a convertirse en un experimento social sobre la supervivencia urbana en tiempo récord. Imaginen que, de la noche a la mañana, una población de 84.000 personas recibe a una avalancha de entre 80.000 y 100.000 recién llegados los días 30 y 31 de julio. No es una mudanza organizada; es un choque frontal. Tres meses después, el resultado es un 'autoconfinamiento' nocturno donde las terrazas han pasado a ser recuerdos y las playas, zonas prohibidas. Para las mujeres ceutíes, la libertad ahora se mide en mililitros de spray pimienta en el bolso. La normalidad se ha roto tanto que llevar una medalla de la abuela o una minifalda es jugar a la ruleta rusa con la seguridad personal. Es el absurdo total: en pleno siglo XXI, el código de vestimenta lo dicta el miedo y no el gusto. Mientras el Gobierno juega al escondite con las cifras, Maxi Lacasa advierte que aún quedan entre 15.000 y 20.000 personas ilegalmente instaladas, dispersas por la ciudad como un avispero que nadie quiere tocar. La hipocresía institucional es el plato fuerte. Mientras en Madrid se organizan marchas convocadas por Mujeres Caballas, en Ceuta los niños ven cómo los toboganes de los parques infantiles se han transformado en dormitorios improvisados. Los ceutíes han tenido que pagar el billete de autobús y barco hasta la capital para recordarles que sus derechos no caducan al cruzar el Estrecho. 88 días después, el foco mediático se ha apagado, pero el miedo sigue encendido, recordándoles que vivir en la 'puerta de Europa' hoy significa mirar siempre por encima del hombro para ver quién te graba o quién te acecha.
Hay una lógica perversa en la gestión de lo público que roza el surrealismo. Mientras el ciudadano medio recicla el bote de yogur para no tirar dinero, Adif y el ministro Óscar Puente parecen haber decidido que la mejor forma de gestionar 35.000 traviesas de hormigón es mandarlas al desguace. Sí, han leído bien: material en perfecto estado, fabricado entre 2018 y 2023, que en lugar de salvar la economía de una zona herida, acabará como escombro. Es como tirar un coche nuevo porque te has comprado uno con asientos de cuero, ignorando que tu vecino no tiene ni para el autobús. La plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata ha destapado este agujero de sentido común. Estas piezas son la llave para reabrir el tramo Astorga-La Bañeza como ramal de mercancías, la única tabla de salvación para reindustrializar el centro de la provincia tras el cierre de la azucarera. El plan es sencillo: trasladar el material a los 50.000 metros cuadrados de terreno en Astorga-San Andrés. Pero no. Adif prefiere la 'sustitución total', una ingeniería financiera que huele a derroche mientras se ignora el mandato de siete ayuntamientos y la Diputación. Lo más sangrante es que el proyecto es viable, no requiere expropiaciones ni evaluaciones ambientales infinitas y costaría unos 25 millones de euros. Un chiste comparado con las inversiones faraónicas que suelen volar en Madrid. Ya se hizo en el ramal de Villadangos y funcionó. Pero parece que en León, la estrategia oficial del Gobierno socialista es el desprecio. Destruir infraestructura pública útil no es un error logístico; es un bofetón directo a la cara de Riego de la Vega y Valderrey, disfrazado de modernización ferroviaria.
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