El texto original es una mina de oro de irregularidades, pero se queda corto al no cuestionar más la conveniencia del 'timing' electoral. Es un despliegue de nombres que necesita un mapa para no perderse, pero la hipocresía contable es evidente.
La política española ha pasado de los debates ideológicos a competir por quién tiene el filtro de TikTok más venenoso. El PSOE acaba de descubrir, con una sorpresa que roza lo teatral, que el Partido Popular usa la Inteligencia Artificial para hacer que sus dirigentes y Begoña Gómez 'confiesen' delitos en vídeos sintéticos. De repente, Ferraz se ha puesto la capa de víctima y estudia denunciar el asunto, como si el código fuente de la manipulación digital hubiera sido inventado ayer en Génova 13. La memoria, sin embargo, es un músculo que en la calle funciona mejor que en los despachos oficiales. Resulta curioso que quienes hoy claman justicia hayan convertido el ridículo ajeno en una estrategia de estado. No olvidamos aquel despliegue de 'creatividad' en TikTok donde Alberto Núñez Feijóo terminó con cuerpo de mujer bailando, un montaje que tiene la misma profundidad intelectual que un meme de grupo de WhatsApp de tías. Pero no se quedaron ahí; lanzaron PSOEplay, una plataforma que suena más a servicio de streaming barato que a canal de noticias, donde Feijóo aparecía llorando y Santiago Abascal lucía un tono verde esperanza que no encajaba con su discurso. Incluso Isabel Díaz Ayuso fue 'pintada' de rojo, como si la política fuera un libro de colorear para preescolares. En 2024, la sofisticación ha dado paso al mazo. Han llegado a equiparar manifestaciones del PP con neonazis, cosiendo imágenes de esvásticas para elevar el tono al máximo. Llamar 'cómplice del fascismo' al jefe de la oposición es el equivalente político a tirar la mesa en una partida de parchís porque vas perdiendo. Al final, la IA es solo el nuevo envoltorio de una vieja costumbre: el barro es el mismo, solo que ahora se lanza con algoritmos y resolución 4K.
Hay una magia casi mística en la gestión de las obras públicas: esa capacidad de hacer que el dinero desaparezca de los presupuestos para reaparecer, convenientemente, en la cuenta de quien tiene la llave del despacho. Acciona Construcción SA ha dejado de jugar al gato y al ratón con el juez Ismael Moreno para soltar la bomba. Sí, confirmaron que soltaron casi 2 millones de euros a la empresa de Santos Cerdán. Dos millones. Para el ciudadano que mira el ticket del supermercado con pánico, esa cifra es una utopía; para el ex secretario de Organización del PSOE, parece haber sido el precio de una 'gestión' especialmente eficiente en Logroño. La trama es tan vieja como el camino real: contratos de obra pública que, según la Audiencia Nacional, huelen a amaño. Mientras el resto de los mortales peleamos por una subvención para arreglar el tejado, aquí se repartían el pastel con la naturalidad de quien se pasa la sal en una cena familiar. La Fiscalía, que no está precisamente de humor para celebraciones, ha salido al paso para dinamitar los recursos presentados por el socio de Joseba Antxon Alonso. Es fascinante el contraste. Por un lado, la retórica de la transparencia y el rigor institucional; por otro, una ingeniería financiera donde Acciona paga y Cerdán cobra, todo bajo el paraguas de una adjudicación en Logroño que ahora parece más un negocio de favores que una obra de ingeniería. Al final, el hormigón es lo de menos; lo que importa es quién pone la piedra y quién se queda con la nata del presupuesto público.
La Ley de Memoria Democrática nació con la nobleza de devolver la patria a quienes el franquismo escupió fuera de sus fronteras. Pero en el Consulado General de España en Ciudad de México, la nobleza se ha convertido en una especie de 'ventanilla del todo vale' donde el rigor histórico es un estorbo. Un funcionario interno ha soltado la bomba: tardó año y medio en ver un expediente real de un exiliado. Sí, un año y medio gestionando papeles para descubrir que el 90% de los solicitantes no tienen nada que ver con el exilio político. Estamos hablando de una ingeniería administrativa donde se han colado bisnietos de españoles que emigraron cuando el Registro Civil (creado en 1871) era todavía una novedad, o gente que presenta partidas de bautismo del siglo XIX como si fueran un ticket del supermercado. El resultado es un despliegue de generosidad absurda: unas 40.000 nacionalidades concedidas solo en Ciudad de México, y fácilmente entre 50.000 y 60.000 si sumamos el resto del país. Lo más delirante no es la laxitud, sino la urgencia por inflar los números. Parece que los cónsules gestionan pasaportes como quien acumula puntos en un programa de fidelidad para conseguir un mejor destino profesional. La hipocresía alcanza su cénit con la cónsul adjunta, María Prada, quien presuntamente dio órdenes vía WhatsApp para usar el Típex y corregir fechas posteriores al 22 de octubre de 2025. Básicamente, han tratado la ley como un borrador de primaria: si la fecha no encaja, se tacha y se pone la que conviene. Los empleados, atrapados entre el miedo al despido y el sentido común, miraban cómo se legalizaba el caos mientras pensaban que, probablemente, estaban participando en algo ilegal. Una gestión de la memoria que, más que reparar el pasado, parece diseñada para maquillar el presente.
Hay quien dice que la televisión pública es el espejo de la sociedad, pero parece que en RTVE han instalado un filtro de Instagram que convierte los cristales rotos en pétalos de rosa. La última joya del infoentretenimiento ocurrió en 'Mañaneros 360', donde el caos en la plaza de María Pita, en La Coruña, fue presentado como una merienda campestre. Mientras el reportero describía el lanzamiento de objetos y agresiones, el presentador Jesús Cintora aplicó una gimnasia mental digna de Cirque du Soleil para concluir que aquello era una 'concentración mayoritariamente pacífica'. Claro, porque para Cintora, que haya una docena de policías heridos y tres arrestados es solo un detalle anecdótico, como olvidarse de comprar el pan. La narrativa es tan redonda que asusta. Naiara Pinedo soltó que es 'legítimo' denunciar el fascismo, mientras el ministro Pablo Bustinduy daba el sello institucional al designating los ataques como 'derecho a la protesta pacífica'. Es la nueva aritmética de la televisión pública: agresiones + policías heridos = democracia liberal. Para cerrar el círculo, Xabier Fortes en 'La noche en 24 horas' invitó a Juan Roch, quien, con la tranquilidad de quien no tiene que limpiar la sangre del asfalto, definió estos ataques como la 'normalidad' de nuestro sistema. Santiago Abascal, desde Burgos, ha denunciado que esta violencia está organizada desde la Moncloa para acosar sus actos, citando lo ocurrido en La Coruña y Avilés. Al final, el guion de TVE es sencillo: si el ataque es contra el tercer partido con más representación, no es violencia, es 'estética democrática'. Una ingeniería narrativa donde el odio se disfraza de civismo y el ruido de los disturbios se apaga con una sonrisa complaciente en el plató.
El Gobierno se encuentra en ese momento incómodo en el que tienes que decidir si tirar la toalla o intentar un parche desesperado justo antes de que llegue la factura. El caso es Plus Ultra, la aerolínea que en 2021 se bebió 53 millones de euros de dinero público en una operación tan turbia que ha dejado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero imputado. Ahora, el holding público SEPI juega a la ruleta rusa: o venden la empresa a Iberojet para que alguien absorba el agujero contable, o esperan a que pasen las elecciones del 29 de noviembre y rezan para que la compañía no implosione en el camino. La jugada es casi cómica. Iberojet, bajo el ala de Barceló, podría llevarse el negocio por cero euros, pagando únicamente la deuda con la SEPI y manteniendo los empleos. Básicamente, se llevan siete Airbus A330 gratis a cambio de limpiar el desastre. Mientras tanto, la aerolínea intenta sobrevivir vendiendo billetes a precios de saldo para conseguir algo de liquidez, una maniobra que en el barrio llamaríamos 'quemar los muebles para calentar la casa'. El pánico de Pedro Sánchez es real. Si la empresa quiebra ahora, miles de pasajeros quedarían tirados entre España, Colombia y Argentina, repitiendo el trauma de Spanair y confirmando que el rescate inicial fue un error garrafal impulsado por Zapatero. Pero si autorizan el salvamento ahora, admiten que Plus Ultra es un paciente crónico que necesita oxígeno constante en plena campaña electoral. Es el clásico dilema entre admitir que te han timado con la inversión o seguir echando monedas en una máquina que ya no da premios, todo mientras intentan que el nombre de Zapatero desaparezca de los titulares como si fuera un error de ortografía.
Hay quien dice que gobernar es el arte de mirar hacia otro lado mientras el incendio consume la alfombra. En Ceuta, el 30 y 31 de julio, el incendio fue una entrada masiva de personas y la alfombra, la frontera. Ahora, el Instituto de Política Social (IPSE), con Pablo Hertfelder al mando y la abogada María Juher en los papeles, ha decidido que ya basta de juegos de espejos y lanza una querella al Tribunal Supremo contra Fernando Grande-Marlaska y su mano derecha, Aina Calvo Sastre. Los cargos son pesados, de esos que no se quitan con una ducha: alta traición y prevaricación. La trama es un clásico de la burocracia española: el juego del 'yo ya avisé'. Miguel Ángel Pérez Triano, el exdelegado del Gobierno, se marchó de su puesto dejando una nota mental muy clara: que él había avisado a Interior sobre los informes del CNI. Según Pérez Triano, pidió refuerzos y hasta la intervención del Ejército, pero el Ministerio parece que estaba en modo avión. Mientras el ciudadano de a pie lucha contra la inflación y el sablazo de la luz, en las altas esferas se gestionó el asalto de 80.000 inmigrantes como quien ignora un correo electrónico no prioritario. Lo más jugoso es el vídeo del Faro de Ceuta, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil se dedican a discutir sobre quién abrió la valla, mientras el IPSE sostiene que el verdadero agujero no estaba en la frontera, sino en el despacho de Marlaska. Hertfelder no piensa ir con tibieza; ya apunta a ONG y otros miembros del Gobierno, sugiriendo que se atendió más al asaltante que al vecino. Todo esto llega justo antes de las elecciones, cuando el calendario político es más sensible que un sensor de movimiento, y con la Fiscalía mirando hacia otro lado, obligando a una asociación civil a hacer el trabajo sucio de la justicia.
La nacionalidad española, ese tesoro que algunos custodian como el Santo Grial, se ha convertido en el Consulado de México en una especie de tarjeta de fidelidad para privilegiados. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, en Ciudad de México se ha montado un 'VIP Pass' donde el pasaporte europeo no es un acto de reparación histórica, sino un ticket gratuito para el quirófano. Resulta fascinante: llegan correos electrónicos pidiendo adelantar expedientes porque alguien necesita una operación urgente. Básicamente, usan la sanidad pública española como un seguro médico premium, pagado con el sudor del contribuyente que ya ve las listas de espera más largas que una cola de descuentos en Black Friday. Pero el 'negocio' no termina en la salud. Para muchos, el pasaporte es simplemente el sésamo abrir para saltarse la cola de visados hacia Estados Unidos. Y claro, en este banquete no faltan los invitados de honor. Según un testimonio interno, la cúpula diplomática ha usado la ley de nietos como moneda de cambio para hacerse amigos de la élite azteca, especialmente de políticos afines al partido Morena, empresarios y artistas. Estos expedientes 'especiales' volaban por encima de los funcionarios, esquivando cualquier control real sobre si sus antepasados fueron exiliados del franquismo o si simplemente tienen un apellido que suena a Castilla. Para rematar la faena, el Gobierno juega al escondite con los números. Mientras el Ejecutivo le dice al Tribunal Supremo que hay 163.000 nacionalizados en el mundo, el trabajador consular suelta la bomba: la cifra es muy superior. Solo en México se estiman unos 60.000, sin contar que consulados como el de Argentina trabajaban 12 horas diarias a ritmo de fábrica textil. Todo esto bajo la bendición de la directriz de Sofía Puente, convirtiendo la ciudadanía en un coladero administrativo donde la ética se ha ido de vacaciones.
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