Crítica:
La noticia es un catálogo de buenas intenciones que omite el coste de mantenimiento a largo plazo de estas ayudas. Presenta la inversión como un éxito sin cuestionar la desproporción presupuestaria entre especies animales y vivienda humana.
Bruselas destina 74 millones de euros a 27 proyectos medioambientales en España
Millones para ratas y basureras inteligentes
Otros artículos
EEUU quiere cerrar el 'club vacacional' ONU
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en la sede de la ONU en Nueva York parece que el tiempo es, sobre todo, un buffet libre con vistas al mar. El pasado 15 de octubre, la representante de Estados Unidos decidió que ya era hora de cerrar el chiringuito: ha pedido la disolución del Comité Especial sobre Descolonización. ¿El motivo? Según Washington, el organismo ha 'sobrepasado su propósito original'. Traducción para los que bajamos a la calle: el comité se ha convertido en un club de lectura infinito donde se repiten los mismos textos cada año mientras los presupuestos vuelan. Es fascinante el contraste. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta del supermercado no parezca una hipoteca, el Comité se dedica a organizar 'viajes pagados cada año a resorts del Caribe y el sur del Pacífico'. Una ingeniería financiera del placer disfrazada de diplomacia. Washington ha soltado el zasca definitivo recordando que más de 80 antiguas colonias ya son miembros de la ONU, pero que el comité opera como si viviéramos en 1945. El ejemplo más surrealista es el de Puerto Rico. La Asamblea General lo sacó de la lista de Territorios No Autónomos allá por 1953, pero el Comité sigue celebrando reuniones sobre el tema cada año. Es como pagar la suscripción de un gimnasio al que dejaste de ir hace siete décadas solo por mantener el carné. Al final, EE. UU. sostiene que territorios como el Sáhara Occidental, las Malvinas, Gibraltar, Nueva Caledonia o la Polinesia Francesa no merecen ser 'instrumentalizados' en campañas políticas. En resumen: menos hoteles de lujo en el Pacífico y más realismo, que la fiesta de la descolonización se ha alargado demasiado.
Nucleares: el plan para no cerrar
Hay quien dice que el calendario de cierre de las nucleares en España es sagrado, pero en el Foro Nuclear ya están midiendo el viento. Marta Ugalde, presidenta de la entidad, ha soltado el anzuelo en un curso con la Asociación de la Prensa de Madrid: quieren 'sosegadamente' repensar el cierre de aquí a 2030. Traducción para mortales: están esperando a ver quién gana las elecciones para intentar que el reloj se detenga o, al menos, que camine más despacio. El argumento es el de siempre, envuelto en papel de regalo tecnológico. Hablan de 'neutralidad tecnológica' e 'inversiones continuas' para renovar equipos. Básicamente, piden que el Estado no les cierre la persiana mientras ellos siguen invirtiendo en el negocio. Para justificarlo, miran hacia Estados Unidos, donde la central North Anna —la gemela de nuestras Ascó y Almaraz— presume de licencias de hasta 80 años. Es como decir que, porque el vecino tiene un coche clásico que aún arranca, nosotros deberíamos mantener el nuestro en el garaje aunque el motor tosa. Sobre Almaraz, la jugada es más cínica. Una orden ministerial ya ha alargado su vida útil tres años, alegando que reduce el consumo de gas en un 7 %. Un porcentaje que suena a gloria en los despachos, pero que en la calle es el típico 'ajuste de cuentas' para no quedar expuestos a los mercados internacionales. Ugalde jura que esto no cambia la política energética del PNIEC, pero luego admite que ven una 'oportunidad' para modificar el calendario. Es la clásica maniobra de quien dice que no quiere cambiar de planes mientras ya tiene el mapa nuevo desplegado sobre la mesa y el teléfono listo para llamar a los partidos políticos.
Bruselas esquiva la ley con tomates marroquíes
En Bruselas han descubierto que la mejor forma de gestionar un problema es hacer como que no existe, o mejor aún, aplicarlo 'provisionalmente' mientras el Parlamento Europeo duerme la siesta. Ursula von der Leyen y su equipo han montado un tinglado comercial con la dinastía alauí que es una auténtica obra de ingeniería financiera y diplomática, diseñada para esquivar una sentencia del TJUE del 4 de octubre de 2024. El tribunal luxemburgués fue claro: nada de aranceles cero ni etiquetas marroquíes para productos del Sáhara Occidental sin preguntar al pueblo saharaui. Pero claro, en la política de alto nivel, las sentencias judiciales son como las sugerencias en una caja de quejas: se leen, pero no siempre se hacen caso. Para evitar que Rabat abra las válvulas de la presión migratoria —un chantaje que ya vimos en Ceuta—, la Comisión Europea se ha inventado un 'apaño' en octubre de 2025. En lugar de respetar la ley, han decidido jugar al juego de las palabras. Ahora, los tomates no vienen del Sáhara, sino de 'Dakhla Oued Ed-Dahab' o 'El Aaiún-Sakia El Hamra'. Es como si para evitar una multa de tráfico, cambiaras el nombre de tu coche por 'carruaje vintage'; el coche sigue siendo el mismo, pero el papel dice otra cosa. Mientras tanto, el agricultor español de tomate está pagando el pato. Sus ventas al continente han caído un 37% en una década y su producción un 20%. Mientras nosotros contamos los céntimos, Bruselas envía fondos para regadíos y energía al desierto, intentando colar que el consentimiento saharaui es 'implícito' porque hay dinero de por medio. Un razonamiento que en la calle llamaríamos 'comprar el silencio'. El acuerdo sigue en el limbo porque von der Leyen sabe que llevarlo al Parlamento es jugar a la ruleta rusa: una moción del PP ya casi tumba el etiquetado el pasado 26 de noviembre, fallando por un solo voto debido al veto socialista. Así que, mientras tanto, el acuerdo sigue funcionando en la sombra, como ese contrato de alquiler que nadie firma pero que todos pagan.
Menores bajo la lluvia: el 'papelito' manda
Hay una coreografía muy depurada en la gestión de la miseria: primero se desalojan los asentamientos con la eficiencia de quien limpia un trastero y luego se deja que los protagonistas duerman bajo la lluvia. El domingo, la Policía Nacional decidió que era el momento de 'limpiar' Los Rosales, el Poblado de Regulares y las naves del Tarajal. El resultado fue un operativo que sacó a 500 personas de la calle, de las cuales casi la mitad eran niños. Unos 200 menores fueron retirados del Tarajal, pero el destino final no fue una cama, sino el Paseo de Colón. Imaginen la escena: más de 50 chavales pasando la noche frente a la Jefatura Superior de Policía, como quien espera la apertura de una tienda en rebajas, pero con carteles que rezan «Soy menor» y el frío calando los huesos. A las 10:00 del lunes, los agentes empezaron a dejarlos entrar en grupos de diez, como si estuvieran gestionando la cola de un banco, para filiarlos antes de mandarlos a alguno de los once centros de acogida de la ciudad. Lo absurdo es que, mientras el delegado del Gobierno, David De la Encina, presume de cifras, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, soltó la bomba: esos niños podrían haber dormido en un centro porque había sitio. O sea, que la burocracia del 'papelito' pesó más que el sentido común y la lluvia. Mientras tanto, el ping-pong político entre Vivas y Fernando Grande-Marlaska sigue su curso. Marlaska dice que Ceuta no hace los deberes; Vivas responde que el Gobierno central es el que no sabe negociar con Marruecos, lanzando un dato que dinamita cualquier narrativa de eficiencia: solo 160 expedientes de repatriación iniciados de un universo de entre 3.500 y 4.000 menores. En resumen, los niños son el balón en un partido donde los jugadores se pelean por quién tiene la culpa mientras los menores esperan en la acera.
Nacionalidad express: cónsules al banquillo por fotocopias
Parece que en algunos consulados españoles el rigor administrativo ha pasado a ser una sugerencia opcional, algo parecido a cuando ignoramos los términos y condiciones de una app. Manos Limpias, con Miguel Bernad Remón al mando, ha lanzado una piedra el pasado 14 de octubre que ha aterrizado directamente en la Fiscalía Anticorrupción. El motivo: nueve responsables consulares en Cuba, Argentina, México y Venezuela que, presuntamente, han gestionado la 'Ley de Nietos' con la ligereza de quien firma un ticket de parking. La denuncia apunta a que en La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas se han aceptado fotocopias como si fueran el Santo Grial, saltándose verificaciones básicas. Es la burocracia en modo 'fast track': nacionalidades concedidas sin mirar si el árbol genealógico era real o un invento de última hora. En el centro del tablero aparece Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, quien el 25 de octubre de 2022 firmó la instrucción que flexibilizó la presunción de exilio entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Para Manos Limpias, esto es como intentar ampliar la capacidad de un vaso echándole agua con un embudo: una instrucción administrativa no puede inflar los derechos de una ley. El ruido llega justo cuando el Tribunal Supremo pone la lupa sobre los efectos electorales de estas nacionalizaciones, que afectan a unos 163.000 españoles residentes en el extranjero. Con las generales del 29 de noviembre en el horizonte, el censo electoral se ha convertido en el campo de batalla. Mientras el Defensor del Pueblo pelea en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía deberá decidir si los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal tienen que aplicarse a quienes confundieron la diplomacia con una agencia de viajes express hacia la ciudadanía española.
Suministros en Chafarinas: el 'reparto' que pone nerviosos a Rabat
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras buscas la correa. En el Estrecho, el juego es más rudo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, el buque 'Mar Caribe' juega al repartidor de Amazon, pero con combustible y agua potable para los puestos militares en Alhucemas y las Islas Chafarinas. Un despliegue logístico que, para Rabat, no es más que un recordatorio molesto de que España sigue plantando la bandera en zonas que Marruecos desea como quien desea el último trozo de tarta en una cena familiar. El 'Mar Caribe' no es un crucero de lujo; es un bicho de 1.860 toneladas, 57 metros de eslora y 11,8 metros de manga que sale de Cádiz para que los soldados no pasen sed ni se queden sin gasoil. Desde enero de 2010, este barco ha sido el pulmón de las posiciones en el norte de África y las islas Alborán, haciendo el trabajo sucio tras la retirada de dos buques especializados. Es una rutina militar, sí, pero en el tablero geopolítico nada es rutina. El timing es la clave del sarcasmo. El movimiento coincide con las visitas del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla, un paseo institucional que en Rabat se lee como un desafío. Lo curioso es el silencio actual de Marruecos. No es el mismo ruido que hubo en 2007, cuando la visita del rey Juan Carlos terminó con la retirada del embajador marroquí de Madrid. Ahora callan, pero observan cada nudo marinero y cada litro de combustible que desembarca el 'Mar Caribe'. Saben que, en este tablero, el suministro es la mejor forma de decir: 'Aquí seguimos y no nos movemos'.
Ceuta: el mando a distancia de la invasión
Mover a un grupo de personas es complejo; coordinar el desplazamiento de entre 75.000 y 85.000 individuos es, sencillamente, una operación logística que haría palidecer a cualquier multinacional de transportes. No ocurre por arte de magia ni por un impulso colectivo espontáneo. Alguien pagó el autobús, alguien coordinó el reloj y alguien, muy probablemente, miraba el mapa desde un despacho climatizado. La juez Tardón lo sabe y ha decidido dejar de mirar la superficie para empezar a hurgar en la maquinaria. El camino es claro: seguir el rastro del dinero y los datos. No se puede montar un despliegue de tal magnitud sin una ingeniería financiera que deje huella. Por eso, la magistrada ha puesto en el punto de mira los 'sistemas hawala' —esas transferencias informales que son el agujero negro de la banca tradicional— y ha pedido a la UDEF y a la UCO que rastreen los movimientos económicos que financiaron la movilización de los días 30 y 31 de julio de 2026. Es como intentar encontrar quién pagó la cuenta de una cena masiva donde nadie quiere admitir que estuvo presente. Pero hay más. La juez no solo busca billetes, busca ojos en el cielo. Ha reclamado al CEO de la tecnológica HI IBERIA los registros de la herramienta SEDA. Quiere saber quién pidió imágenes satelitales de la zona de El Tarajal y la frontera con Castillejos entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026. Básicamente, quiere saber quién estaba haciendo 'zoom' sobre la frontera mientras se cocinaba el asalto. Para rematar el cuadro, el Director del CETI de Ceuta deberá soltar todas las comunicaciones emitidas y recibidas. En resumen: la justicia busca el mando a distancia de una invasión que, según los números, fue más un despliegue coordinado que un accidente migratorio.
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