El texto original es un ejercicio de arqueología registral eficiente, aunque el cierre intenta forzar un vínculo familiar con Pedro Sánchez que distrae del hecho principal. La hipocresía del ministro es el plato fuerte, y el artículo lo sirve bien.
Hay quien dice que el dinero público es como el agua, pero en RTVE lo gestionan como si fuera champán en boda de magnates. Resulta que la cadena pública ha soltado 1,72 millones de euros a NSN Media Productions, la productora de Joel Borrás y Andrés Iniesta, para que Jordi Basté pudiera viajar hasta Waterloo y charlar con Carles Puigdemont en la comodidad de su residencia belga. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, la corporación que preside José Pablo López ha decidido que el camino más corto hacia la investidura de Pedro Sánchez en 2023 pasaba por abrir el grifo de La2Cat. El despliegue financiero es modesty pura. En 2025, el programa 'Plà Seqüència' costó 640.000 euros. Este año, el presupuesto ha pegado un estirón hasta los 985.000 euros. Pero ojo, que la generosidad no termina ahí. NSN Media también factura el programa de debate 'No se n’ha parlat prou', de Laura Rosel, por otros 505.000 euros. En total, la productora se ha embolsado 2,22 millones de euros. Un sablazo institutional que hace que cualquier presupuesto familiar parezca un chiste de mal gusto. La hipocresía alcanza su cénit cuando CCOO se indigna, no solo porque se externalice una entrevista de este calibre ignorando a los periodistas de casa, sino porque los fragmentos de la charla aterrizaron primero en RAC1, una radio privada del Grupo Godó, antes que en la pantalla pública que la pagó. Básicamente, hemos pagado el viaje, la cena y el hotel para que la primicia se la llevaran otros. Todo esto por un 8,3% de audiencia en Cataluña. Un éxito rotundo, si es que medimos la eficiencia por la cantidad de euros invertidos por cada espectador que no cambió de canal.
En el Ministerio del Interior, parece que la gestión de materiales se maneja con la misma filosofía que quien intenta arreglar una fuga de agua con celo y esperanza. Fernando Grande-Marlaska tiene a 330 guardias civiles en las vallas de Ceuta y Melilla patrullando con cascos que tienen más años que algunas de las leyes que deben aplicar. Hablamos de piezas caducadas hace más de 20 años; material que, irónicamente, ya se exhibe en museos como reliquia histórica mientras el agente de turno lo lleva puesto para que no le reviente la cabeza. Para que nos entendamos: la vida útil de estos cascos antidisturbios es de 15 años. Pasado ese plazo, el poliestireno interno se reseca y se vuelve tan útil como un cenicero en una moto. No absorben impactos, solo bailan sobre la cabeza, provocando que los agentes sufran fracturas en las manos al resbalárseles el equipo o, peor aún, que el casco se parta como una galleta ante una pedrada. En el asalto de 2022 a Melilla, donde 2.500 subsaharianos intentaron entrar y 500 lo lograron, la precariedad pasó factura: un guardia perdió su especialidad de GRS por las secuelas de un golpe que un casco decente habría neutralizado. La solución del Ministerio ha sido una obra maestra de la ingeniería del parche. Prometieron 600 cascos nuevos, pero en Melilla los repartieron entre los GRS y la Usecic, dejando a los de Fiscal y Fronteras en el olvido. ¿El resultado? El responsable de material de Melilla hace 'canibalismo' de equipo: despieza cascos viejos para ponerle correas y tornillos a otros que están igual de mal. Mientras tanto, los agentes comparten el 'material caliente' (chalecos y espinilleras) como quien comparte un cepillo de dientes en un hostal barato. Con 200 efectivos en Ceuta y 130 en Melilla, la seguridad fronteriza se ha convertido en un ejercicio de supervivencia donde el presupuesto parece haberse evaporado en el camino.
Hay una magia muy particular en la política: la capacidad de olvidar lo que hiciste ayer para exigir hoy que otros paguen la fiesta. Los independentistas de Més, ahora cómodamente instalados en la oposición, han decidido que el Ayuntamiento de Palma, bajo el mando de Jaime Martínez, debe jugar al Monopoly con dinero real. Su última ocurrencia es exigir que el consistorio les encuentre un piso a los okupas antes de que el juez les dé la patada. Una generosidad conmovedora, especialmente si recordamos que durante la legislatura pasada, cuando Neus Truyol llevaba la concejalía de Urbanismo y Vivienda, el balance de construcción de pisos sociales fue un redondo y brillante cero. Nada. Ni un ladrillo. Es el clásico movimiento de quien pide que no se cierre el grifo mientras él mismo se encargó de que no hubiera tuberías. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler en Palma se convierte en un deporte de riesgo para la cuenta corriente, Més propone un modelo donde no se cuestione si alguien 'merece' la ayuda. Básicamente, quieren que el derecho a ocupar sea el derecho a mudarse a un piso público pagado por todos. El contraste es delicioso: en 2023 hubo casi mil desalojos mientras ellos gobernaban y el silencio fue sepulcral; ahora que el Ayuntamiento quiere derribar los edificios ruinosos junto a la antigua prisión, la vulnerabilidad se ha vuelto una bandera sagrada. La moción, que se debatirá el próximo 29 de octubre, es un ejercicio de gimnasia mental. Piden incrementar 'masivamente' el parque público, ignorando que ellos tuvieron la llave del presupuesto y prefirieron el modo ahorro. Quieren proteger al okupa frente a la especulación, pero olvidan que el propietario del piso, ese que paga el IBI y ve cómo su casa se convierte en un hotel gratuito, también es parte del paisaje urbano. Una gestión basada en la utopía para los demás y el olvido para los propios.
El derecho es, a veces, como una persiana veneciana: depende de cómo la muevas que entre luz o te quedes a oscuras. Ahora mismo, el Defensor del Pueblo, Gabilondo, ha decidido jugar al abogado de los nietos, lanzando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para anular los autos del Tribunal Supremo que frenaron la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El objetivo es claro: que los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática puedan votar el 29 de noviembre. Suena noble, casi poético. Pero aquí es donde entra la letra pequeña, esa que suele ser el sablazo final en cualquier contrato de alquiler. Hay juristas que miran este movimiento con el mismo escepticismo con el que uno mira una oferta de 'todo incluido' sospechosamente barata. El argumento es un martillazo lógico: ¿cómo vas a defender los derechos de ciudadanos españoles si precisamente el problema es que aún no tienen la nacionalidad reconocida de forma definitiva? Es como intentar entrar en un club VIP con una invitación que el portero ya ha tachado. Para colmo, sacan a relucir el artículo 13.1 de la Constitución. Según esta lectura, el Defensor del Pueblo no tiene gasolina para proteger a extranjeros que ni siquiera pisan suelo español. Básicamente, sugieren que Gabilondo está intentando abrir una puerta que no le corresponde, defendiendo a personas que, legalmente, están en un limbo administrativo. Mientras el Defensor habla de vulnerar el derecho a la participación política, la igualdad y la tutela judicial efectiva, los críticos sugieren que el recurso debería irse directo a la papelera de reciclaje. Al final, la ley de nietos se ha convertido en un partido de tenis jurídico donde la pelota es el voto y el juez es quien decide si el jugador siquiera ha pagado la cuota del club.
Hay una forma muy elegante de decir 'me voy con la conciencia tranquila' mientras te aseguras de que la cuenta corriente no sufra el impacto. Montse Mínguez, la exportavoz del PSOE que ha decidido hacer un acto de magia y desaparecer de la escena pública, lo hace justo cuando el ruido sobre los 30 pisos alquilados por su marido, Sergi Vélez, se volvía ensordecedor. Es la clásica maniobra de desligarse de Ferraz para no manchar el mantel de las generales, pero sin soltar el tenedor. Aquí viene la parte donde la aritmética institucional se vuelve fascinante. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler de un zulo se come la mitad de su sueldo, Mínguez se prepara para recoger una indemnización de 23.568,93 euros. No es un premio a la resistencia, sino la recompensa por siete años de servicio en la Cámara Baja, donde cada año trabajado se traduce en un mes de sueldo íntegro. Con un salario base de 3.366,99 euros mensuales, la cuenta sale sola. Es el 'bonus' por dimitir en el momento justo. La normativa, un regalo heredado de la era de José Luis Rodríguez Zapatero con retoques en 2011, permite que el tope llegue hasta los 80.000 euros si aguantas 24 años en el sillón. Una suerte de plan de pensiones para la clase política que hace que cualquier fondo de inversión parezca un juego de niños. Mientras Rebeca Torró toma el relevo en la portavocía, casi cien excongresistas, como el popular Jaime Ignacio del Burgo —que sigue cobrando 3.900 euros desde 2008—, nos recuerdan que en el Congreso, el cese de la actividad es, paradójicamente, el inicio de una renta muy cómoda.
Hay una regla no escrita en el universo: si el jefe quiere que el cielo sea verde, los empleados empiezan a comprar pintura. En la NASA, el 'jefe' es Donald Trump y su última ocurrencia es que la Inteligencia Artificial (AI) ya no existe; ahora se llama 'Super Inteligencia' (SI). Así de simple. No es que hayan descubierto un chip cuántico que siente amor o que el rover Perseverance haya empezado a escribir poesía metafísica en Marte. La tecnología es la misma, pero el envoltorio ahora tiene un nombre más pomposo porque así lo dicta la orden ejecutiva del 29 de septiembre. Jared Isaacman, el administrador de la NASA y miembro del club de los multimillonarios tecnológicos, ha liderado esta carrera por el diccionario. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, Isaacman y su equipo están en una misión crítica: borrar la palabra 'AI' de cada rincón de la agencia. Es un despliegue de ingeniería lingüística en cuatro fases que termina el 23 de diciembre. Imagínense el caos: cambiar URLs, títulos de cargos (como el de Kevin Murphy) y hasta la infraestructura digital. De hecho, algunos técnicos advierten que esto es un 'cambio disruptivo' que podría romper integraciones de software. Básicamente, están arriesgando que el sistema colapse solo para que el nombre suene más 'épico'. Dentro de la agencia, el ambiente es de surrealismo puro. Algunos empleados comparan el término 'AI' con Voldemort: el nombre que no debe ser pronunciado. La hipocresía es deliciosa: el gobierno mantiene la definición técnica de IA, pero prohíbe el nombre. Es como cambiar el nombre de la cerveza por 'elixir de cebada superior' pero seguir vendiendo el mismo líquido. Al final, la ciencia se queda en el banquillo mientras el marketing político toma el mando del cohete.
Hay una ironía deliciosa en el aire del campo estadounidense. Mientras el votante rural conservador solía ser el muro inexpugnable de los Republicanos, ha aparecido un nuevo vecino ruidoso y voraz: los centros de datos de la IA. Resulta que vivir a menos de una milla de estas moles de silicio es el mejor lubricante para el voto demócrata. Según YouGov y The Economist, el apoyo al ticket azul entre estos vecinos saltó del 54% al 61% entre mayo y octubre. Básicamente, el ruido y el consumo energético de la IA están haciendo más por los Demócratas que cualquier discurso sobre salud pública. El contraste es casi cómico. Donald Trump se ha pasado la campaña abrazando a los multimillonarios tecnológicos y vendiendo la IA como el nuevo elixir del progreso. Pero para el campesino que ve cómo su entorno se transforma en un servidor gigante, esa retórica suena a cuento chino. El resultado es que la intención de voto demócrata a nivel nacional subió del 53% al 55%, impulsada en parte por este despecho rural. Sin embargo, aquí llega el giro de guion digno de Hollywood. Los estrategas demócratas, en lugar de salir a recoger estos votos con entusiasmo, han sugerido a sus candidatos que no presionen demasiado a la industria de la IA. ¿La razón? El dinero. El lobby tecnológico está soltando decenas de millones de dólares, convirtiéndose en la fuente de financiación de campañas más gorda de la historia de EE. UU. Como bien dice Nick Owens, el activista que no se traga el cuento, ambos partidos están complicados en el mismo juego. Al final, el votante rural no es que se haya vuelto progresista de repente; es que está harto de que su patio trasero sea la batería de una IA que ni siquiera sabe usar.
Comentarios