Crítica:
La noticia es un catálogo de cifras que asusta, pero falla al no contrastar si estos fondos son créditos recuperables o donaciones a fondo perdido. Demasiado dato bruto y poca investigación sobre el retorno real de esa inversión.
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Aragón paga el plomo contra los conejos
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el presupuesto de la compra no parezca un atraco a mano armada, en Aragón han decidido que la prioridad absoluta es repartir plomo. El Gobierno de Aragón ha puesto sobre la mesa la compra de 70.000 cartuchos para combatir a un enemigo que, aunque orejudo y simpático en los cuentos, es una auténtica picadora de carne para el campo. La jugada es sencilla: el dinero público fluye hacia la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) para que los cazadores federados sigan con su rutina anual de abatir un millón de conejos. Porque sí, un millón. Es una escala de producción industrial, pero en sentido inverso. La urgencia es casi cinematográfica: los cartuchos deben estar en manos de los destinatarios antes del 25 de noviembre de 2026, o el dinero se esfuma. No es un experimento nuevo; en 2023 ya regalaron 40.000 cartuchos biodegradables, como quien intenta limpiar la conciencia mientras aprieta el gatillo. El Departamento de Medio Ambiente y Turismo justifica este despliegue basándose en un agujero financiero de 50 millones de euros en pérdidas agrícolas y unas 50.000 hectáreas arrasadas. La lista de municipios afectados se ha engordado con 11 nuevos nombres, incluyendo Ainzón, Alagón o Trasmoz, donde el conejo de monte manda más que el alcalde. Lo más irónico es que, según el CITA, el problema es que hemos soltado conejos para repoblar cotos y hemos puesto regadíos por doquier, creando básicamente un hotel de cinco estrellas con buffet libre para la plaga. Ahora, para solucionar el desastre que nosotros mismos diseñamos, el consejero Manuel Blasco y el PSOE se ponen de acuerdo en que la única salida es el calibre 12. Una solución quirúrgica, si por quirúrgica entendemos disparar a todo lo que se mueva en el matorral.
El 'Decreto Maricarmen' y la trampa Muface
El Gobierno ha aplicado la técnica del 'caballo de Troya' con una maestría digna de un escapista. Mientras el país miraba el escaparate del Real Decreto-ley 29/2026 —bautizado con el sentimentalismo del 'decreto Maricarmen' para dar una imagen de corazón blando—, Pedro Sánchez y Óscar López han colado una cláusula que es, básicamente, una puerta trasera para echar a la gente. El truco está en la letra pequeña del artículo 12: Casa 47, la empresa pública de vivienda, puede gestionar los inmuebles del Fondo Especial de MUFACE. Hasta aquí, todo parece un plan de alquileres asequibles para el ciudadano de a pie. Pero cuidado, que aquí viene el sablazo. En el artículo 2, donde se supone que se protege al vulnerable hasta el 31 de diciembre de 2030 para que no lo echen a la calle, han dejado un hueco del tamaño de un rascacielos. Han excluido de las suspensiones de desahucios a los entes públicos que gestionan vivienda social. O sea, que si Casa 47 decide que ya no te quiere en el piso, tu condición de 'vulnerable' sirve para muy poco porque el gestor es el propio Estado. Es como si el Ayuntamiento te regalara una manta para el frío pero te prohibiera usarla dentro de sus edificios. Mientras tanto, en el Plan Estratégico Muface Avanza2 (2026-2028), la consigna es limpiar el balance. Quieren liquidar 204 inmuebles, incluyendo 86 viviendas concentradas en Madrid, para engrosar la hucha de las pensiones. Para ello, han llamado a Segipsa para que tasen y vendan. En resumen: el Gobierno usa la bandera de la protección social para mover las fichas de un tablero inmobiliario donde el inquilino es el único que no sabe si mañana despertará con una orden de desahucio firmada por el mismo ministerio que dice defenderlo.
PSOE pide 'pase VIP' europeo a Marruecos
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te revisan los bolsillos. El PSOE ha decidido llevar este arte a Bruselas con una enmienda a la Ley de Aceleración Industrial que es, básicamente, un pase VIP para que Marruecos acceda a ayudas europeas como si fuera un vecino de comunidad con cuota al día. Doce diputados socialistas, entre ellos figuras como Nicolás González Casares, Leire Pajín y Juan Fernando López Aguilar, han firmado una propuesta para conceder el 'trato más favorable' a terceros países con acuerdos comerciales. En cristiano: quieren que un componente industrial fabricado en el reino alauí sea visto con el mismo cariño que uno hecho en Albacete a la hora de repartir el dinero público. Mientras el ciudadano medio ve cómo la cesta de la compra se convierte en un deporte de riesgo, en el Parlamento Europeo se debate si equiparar la industria marroquí a la de la UE, el Reino Unido o la Asociación Europea de Libre Comercio. El PP, que no se ha tragado el cuento, advierte que esto es saltarse la fila sin pasar por la evaluación de reciprocidad. Es una ingeniería financiera curiosa: por un lado, tenemos el recuerdo fresco de los 80.000 inmigrantes que cruzaron la frontera entre el 30 y 31 de julio, una avalancha que Pedro Sánchez calificó en La Sexta como una gestión 'inteligente' por parte de Rabat. Por otro, el PSOE intenta que Marruecos se siente a la mesa de los beneficios industriales. La paradoja es deliciosa. Mientras las embarcaciones marroquíes hacían incursiones en aguas españolas, en Bruselas se redactaban artículos para 'preservar las cadenas de valor estratégicas'. Al final, parece que la estrategia consiste en abrir el grifo de las ayudas mientras el vecino decide cuándo y cómo abrir la frontera. Una generosidad que, curiosamente, nunca se aplica con la misma flexibilidad hacia el bolsillo del contribuyente español.
Moncloa gasta 347.000€ en traducciones web
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado para que no le salga el presupuesto en rojo, en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se manejan los números con la soltura de quien juega con dinero ajeno. Félix Bolaños ha decidido que la web de La Moncloa y los papeles de la Secretaría de Estado de Comunicación necesitan un barniz de plurinacionalidad que cuesta, exactamente, 347.243,86 euros (IVA incluido). Sí, han leído bien. Casi 350.000 euros para que los contenidos digitales hablen catalán, euskera, gallego y valenciano. El despliegue de ingeniería financiera, formalizado el 9 de octubre en el BOE, es una joya del optimismo presupuestario. Roberto Martínez Orío, el subdirector general de Gestión Económica, ha firmado un contrato con la empresa Linguaserve Internacionalización de Servicios S.A. que tiene una estructura curiosa: el gasto real empieza con un 'aperitivo' de 57.873,98 euros para el primer año (2026) y luego se lanza el plato fuerte en 2027 con un sablazo de 289.369,88 euros. Lo más fascinante es el contrato de confidencialidad. La empresa debe guardar un silencio sepulcral sobre los datos que maneje, como si traducir una página web institucional fuera una operación de inteligencia del MI6 y no un trámite administrativo pagado con el IVA del contribuyente (esos 60.265,46 euros que se van directos al fisco). Al final, la Administración se reserva el derecho de no pagar si el resultado no es 'satisfactorio'. Una cláusula muy humana: yo te encargo el trabajo, te prometo el dinero, pero si no me gusta el tono del adjetivo en gallego, puede que te quedes con las ganas. Así se gestiona el lenguaje del poder: caro, lento y con el bolsillo del vecino abierto de par en par.
Marruecos quiere Ceuta y Melilla 'con inteligencia'
Hay gente que gestiona su agenda con Google Calendar y hay políticos que planifican la entrega de ciudades ajenas como quien elige el momento exacto para lanzar una oferta de Black Friday. Nabila Mounib, diputada del Partido Socialista Unificado, ha salido al ruedo con una soltura pasmosa para decir que Marruecos ya sabe cuándo abrir el debate para 'recuperar' Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. Eso sí, con 'inteligencia', porque aunque quieran el terreno, no están para guerras destructivas; básicamente, quieren el coche pero sin pagar el seguro ni romper el parabrisas. La chispa de esta última rabieta ha sido la visita de Felipe VI y la reina Letizia a las ciudades autónomas, un viaje que la Alianza Izquierda (esa mezcla de Federación Democrática Izquierda y el Partido Socialista Unificado) ha calificado de 'paso provocador'. Para ellos, que el Rey pise suelo español en Ceuta y Melilla es como si un vecino entrara en tu jardín a podar las plantas: una 'falsa legitimidad' de una supuesta ocupación. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando condicionan la cooperación con la Unión Europea y España al reconocimiento de sus pretensiones, usando la diplomacia como quien chantajea al tendero para que le baje el precio del pan. Para cerrar el círculo del surrealismo, Mounib no se queda en la geografía y se lanza al terreno de las teorías conspirativas. En agosto, ya apuntaba con el dedo a George Soros, sugiriendo que el multimillonario estadounidense pulsa botones invisibles para provocar disturbios y usar a los 'oprimidos'. Todo esto envuelto en el viejo sueño del 'Gran Marruecos', ese mapa aspiracional que no se conforma con el Sáhara Occidental, sino que quiere engullir Canarias, Mauritania y trozos de Malí. Un banquete territorial donde España, según ellos, es solo el plato principal esperando el momento adecuado para ser servido.
Soberanía a la carta: el lío de Ceuta
Gestionar la soberanía nacional parece haberse convertido, para el Ejecutivo, en algo parecido a organizar una cena de empresa: cada uno cuenta la historia a su manera y nadie se pone de acuerdo en quién pagó la cuenta. El 30 y 31 de julio, mientras más de 70.000 inmigrantes cruzaban el paso del Tarajal en una crisis que habría hecho temblar a cualquier Estado, la Marina Real marroquí decidió que las aguas de Ceuta eran un parque temático. Una fragata y varias patrulleras navegaron por territorio español sin pedir permiso, jugando al 'está prohibido' hasta casi chocar con nuestros buques. Lo fascinante no es el susto naval, sino la gimnasia mental del Gobierno para explicarlo dos meses después, cuando El País soltó la bomba el lunes. Pedro Sánchez, desde la comodidad de Bruselas, nos vende que fue un "hecho puntual" resuelto con una "interlocución fluida". Traducción: un desliz que arreglamos con una llamada. Pero si bajamos al barro, la orquesta desafina. Elma Saiz repite el mantra del "hecho puntual", mientras Félix Bolaños intenta hacer un malabarismo lógico asegurando que la incursión y la entrada masiva de personas no tienen nada que ver, aunque ocurrieran exactamente al mismo tiempo. Como si el hecho de que se te queme la cocina mientras el salón se inunda fuera una coincidencia cósmica. Para rematar el cuadro, David de la Encina, delegado en Ceuta, lo simplifica aún más: era un "patrutullaje de rutina". Claro, porque entrar en aguas ajenas sin permiso es ahora el equivalente a salir a comprar el pan. Entre la "transparencia absoluta" que presume Sánchez y el secretismo de "seguridad nacional" que blinda Bolaños, queda un vacío legal y moral del tamaño de una fragata. Mientras Alberto Núñez Feijóo ya prepara el expediente para el 29 de noviembre, el Gobierno sigue intentando que creamos que el caos fue, en realidad, una coreografía coordinada.
Satelites caros para barcos que 'paseaban'
Hay coincidencias que no son casualidad, sino guiones mal escritos. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, la Armada española decidió que era el momento ideal para hacerse con un 'ojo en el cielo'. El 8 de julio, justo veintidós días antes de que unos buques militares marroquíes decidieran que las aguas españolas próximas a Ceuta eran un parque de atracciones, el Gobierno formalizó un contrato de 217.500 euros con Hisdesat Servicios Estratégicos. Un sablazo que, en términos de presupuesto estatal, es calderilla, pero que en términos de timing es una obra maestra del suspense. La jugada fue rápida: procedimiento negociado sin publicidad. Traducción: 'no queremos que nadie pregunte'. El objetivo era alimentar el SIVICEMAR, el sistema de vigilancia que gestiona el COVAM en Cartagena, usando datos AIS para saber quién navega, hacia dónde va y a qué velocidad, especialmente cuando las estaciones terrestres se quedan cortas. Todo muy profesional, hasta que llegamos al 30 y 31 de julio. En medio de una crisis migratoria asfixiante, los barcos marroquíes entraron en nuestro patio. Pedro Sánchez, el pasado 12 de octubre, calificó aquellas jornadas de «muy intensas», una expresión que suena a café frío y llamadas nerviosas entre armadas para evitar que el incidente escalara. Para rematar la escena, España envió el buque Rayo el 3 de agosto, seguido por la fragata Santa María y luego la Navarra. Mientras el delegado David de la Encina intentaba vendernos que las patrulleras marroquíes solo estaban 'paseando' en labores habituales, el Gobierno ya había pagado la suscripción premium al rastreo satelital. No hay pruebas de que el contrato fuera una respuesta profética, pero la cronología es tan sospechosa que parece diseñada por un becario de inteligencia.
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