Crítica:
El texto original es una mina de datos, pero le falta courage para llamar 'nepotismo' a lo que describe como 'ascenso continuado'. Es un ejercicio de evidencia bruta que deja que el lector saque la conclusión obvia.
El PSOE coloca a dos altos cargos en puestos clave del Tribunal de Cuentas que investiga la financiación ilegal del partido
El PSOE se audita a sí mismo
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Sánchez hace 'copy-paste' del Plan Vive
En el tablero político, el 'copy-paste' es una herramienta de supervivencia. El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de descubrir que el Plan Vive de Isabel Díaz Ayuso no era el monstruo que describían en sus notas de prensa, sino un manual de instrucciones bastante eficiente. Así nace la nueva estrategia de Casa 47: ceder suelo público y soltar subvenciones a promotoras privadas para que hagan el trabajo sucio. Es el clásico volantazo estratégico: ayer era un favor a los fondos buitre; hoy es un 'instrumento necesario' para que las cuentas cuadren. La ingeniería financiera es sencilla. El Ejecutivo pone sobre la mesa 201,7 millones de euros para 29 actuaciones, con el objetivo de levantar unas 2.425 viviendas. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el alquiler se come la mitad del sueldo, esto suena a promesa electoral, especialmente cuando la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos Vergeles, ha puesto fecha de caducidad al misterio: las primeras licitaciones saldrán antes del 29 de noviembre. Justo a tiempo para que el calendario electoral brille. El truco está en la 'viabilidad'. El Gobierno admite que, sin apoyo público, el mercado no se mueve porque los costes de inversión son un sablazo comparados con los ingresos limitados del alquiler asequible. La solución es darle el suelo al privado y dejar que gestione el inmueble durante 50 años, siempre que la renta no supere el 30% de los ingresos del hogar. Una arquitectura jurídica que es el espejo del Plan Vive, pero con distinto color de corbata. Con un inventario de 40.000 viviendas y 2.400 suelos heredados de la Sareb, el Gobierno ha decidido que es mejor jugar al juego de Ayuso que seguir intentando inventar la rueda mientras la gente no encuentra dónde vivir.
Sánchez duplica ayudas al franquismo pre-elecciones
Hay una coreografía política que nunca falla: el adelanto electoral. Justo cuando Pedro Sánchez lanza la bomba del 29 de noviembre, el Gobierno decide que el presupuesto para las víctimas del franquismo se ha quedado corto, como quien se da cuenta de que no tiene suficiente gasolina para llegar a la gasolinera más cercana. El Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Arcadi España, ha soltado un suplemento de crédito de 1.979.170,01 euros. Básicamente, han duplicado la apuesta inicial porque, según sus propias cuentas, solo quedaban 6.369,48 euros en la hucha. Un saldo que no llega ni para pagar un alquiler decente en el Retiro, irónicamente hablando. La ingeniería financiera es sencilla: han recurrido al Fondo de Contingencia para alimentar la cartera de Ángel Víctor Torres. El objetivo es cubrir expedientes ya aprobados por 485.539,49 euros y una previsión adicional de 1.500.000 euros. Todo esto amparándose en el Real Decreto-Ley de marzo, que pone precio al dolor entre 1968 y 1978. Las cifras son contundentes: 250.000 euros por fallecimiento y hasta 500.000 euros por gran incapacidad. Mientras el ciudadano medio ve cómo la lista de la compra se convierte en un deporte de riesgo, el Ejecutivo moviliza millones con la agilidad de quien sabe que el calendario electoral no perdona. Lo más fascinante es el contraste. El anuncio llega mientras los decretos de vivienda caen en el Congreso, dejando en el aire la situación de personas como Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada. Al final, la memoria democrática tiene un presupuesto que se duplica en 24 horas, pero la vivienda parece ser un lujo que no cabe en la agenda de urgencias del Consejo de Ministros.
Sánchez: Vivienda pública cero, rentas de lujo
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el presupuesto para que el alquiler no se coma la mitad de su sueldo, en la cúspide del poder la vivienda no es un derecho, sino una rentabilidad exquisita. Begoña Gómez, la mujer del presidente, gestiona un inmueble en la calle Prado —en plena Milla de Oro del Barrio de Las Letras— que funciona como una máquina de hacer billetes. El modelo es sencillo y pragmático: alquiler por habitaciones a dos estudiantes extranjeras de máster que desembolsan 2.200 euros mensuales, más los gastos de luz, agua y calefacción. Es el típico 'sablazo' que cualquier universitario español miraría con horror, pero que en el centro de Madrid es el pan de cada día para quien sabe especular. La ironía alcanza niveles estratosféricos cuando recordamos que Pedro Sánchez, el arquitecto de los decretos contra la especulación, le ordenaba a José Luis Ábalos no ceder ante Podemos en el control de los precios del alquiler. Resulta que el jefe del Ejecutivo, que presume de combatir la gentrificación, convive con una realidad inmobiliaria muy cómoda: el piso de la calle Prado está en un edificio plagado de apartamentos turísticos, y la pareja presidencial tiene otra joya en Pozuelo de Alarcón alquilada por más de 2.000 euros a ciudadanos asiáticos. Sánchez ha prometido que esta legislatura sería la de la vivienda, pero los datos no mienten: es el presidente que menos vivienda pública ha construido en la historia de España. Mientras tanto, el patrimonio heredado de Sabiniano Gómez sigue rindiendo frutos. Al final, la estrategia es clara: predicar la regulación del mercado para los demás, mientras se mantienen los ingresos de lujo mediante inquilinos extranjeros que no cuestionan la factura. Una ingeniería financiera donde el discurso social es el envoltorio y la renta mensual es el verdadero regalo.
Sánchez: el decreto del cajón y el voto
Hay una forma muy sofisticada de hacer política que consiste en dejar que el incendio consuma la casa para luego venderse como el bombero que llega tarde, pero con el camión recién pintado. El caso de Maricarmen Abascal es el manual perfecto de esta ingeniería emocional. Una mujer de 87 años que, en noviembre de 2025, le escribió una carta al presidente Pedro Sánchez con una lucidez aplastante: 'el día que usted nació yo llevaba ya 16 años viviendo en esta casa'. Un recordatorio de que la realidad de la calle tiene más solera que cualquier despacho de Moncloa. Sánchez, experto en el arte de ignorar el correo no deseado, dejó la misiva en el limbo mientras el reloj del desahucio avanzaba. Para cuando Maricarmen grababa un vídeo con el Sindicato de Inquilinas el 17 de septiembre, denunciando que el presidente guardaba el decreto salvavidas 'en un cajón', la tragedia ya estaba cocinada. El 23 de septiembre, la realidad golpeó: Maricarmen salió de su casa del barrio de Retiro en una camilla, directo al hospital. El timing fue quirúrgico. Desde las Naciones Unidas, Sánchez disparó contra el PP, la Comunidad de Madrid y sus 'aticazos', transformando el drama de una anciana en un proyectil electoral. La jugada maestra llegó el 29 de septiembre. Con la Puerta del Sol convertida en acampada y el clima social hirviendo, el Gobierno decidió que era el momento de sacar los decretos del cajón. Sabían que el PP, Vox y Junts los tumbarían el 2 de octubre, pero eso era parte del plan. El rechazo parlamentario fue la excusa perfecta para anunciar, el lunes siguiente, las elecciones del 29 de noviembre. Maricarmen falleció este miércoles, sin volver a su hogar, pero dejando el escenario listo para que el PSOE instrumentalice su muerte en campaña. Al final, la vivienda es un problema complejo, pero el marketing político es una ciencia exacta.
Cloacas, narcoclanes y el 'enchufe' presidencial
Hay niveles de surrealismo que ya no caben en un guion de Netflix. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para que no le cobre comisión, en los despachos del poder se juega una partida de ajedrez donde las piezas son narcoclanes y jueces. Dolors Montserrat ha decidido que el tablero español es demasiado pequeño y se ha llevado la pelota a Bruselas. El asunto es sencillo, pero macabro: la jueza Beatriz Biedma, que se atrevió a hurgar en el jardín de David Sánchez —hermano del presidente y ya condenado a nueve años de inhabilitación por un 'enchufe' en la Diputación de Badajoz que haría palidecer a cualquier nepotista—, dice que la están asfixiando. No hablamos de una simple llamada incómoda o un correo electrónico con tono pasivo-agresivo. Según la UCO de la Guardia Civil, el menú de intimidaciones incluye seguimientos y contactos con el mundo del narcotráfico donde, según los informes, se llegó a barajar la idea de 'eliminar' a la magistrada. Es el clásico 'servicio técnico' de las cloacas del Estado: si la ley molesta, se busca a alguien que sepa limpiar la escena. Montserrat, desde la vicepresidencia de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha lanzado una pregunta escrita a la Comisión Europea invocando los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. Básicamente, le pregunta a Bruselas si el Estado de Derecho en España es un principio fundamental o simplemente una sugerencia decorativa cuando el investigado tiene apellido presidencial. Que una jueza denuncie presiones por hacer su trabajo es el equivalente institucional a que te roben la cartera mientras la policía te pide el DNI para comprobar que eres la víctima.
Sefardíes en el limbo: ventanilla cerrada
La reparación histórica en España es como el servicio técnico de algunas operadoras: te prometen el cielo, te hacen pagar el billete de avión y, al final, te dejan en espera eterna con una música irritante de fondo. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene archivados en un cajón, cogiendo polvo y humedad, 8.622 expedientes de nacionalización de judíos sefardíes. No hablamos de papeles mal rellenados o de gente intentando colar un currículum falso; hablamos de solicitudes que cumplían todos los requisitos formales de la Ley 12/2015. Pero claro, en la administración actual, el 'sí' es un lujo y el silencio es la norma. Lo fascinante es el contraste. Mientras estos 8.622 ciudadanos esperan una respuesta que parece no llegar jamás, la maquinaria se ha aceitado sospechosamente para otros. Bajo la batuta de Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública—, se ha impulsado la llamada «Ley de Nietos». Aquí el grifo se ha abierto de par en par para cientos de miles de descendientes de exiliados del franquismo. Es la magia de la burocracia selectiva: para unos, la ventanilla está cerrada con candado y cadena; para otros, hay alfombra roja y prioridad absoluta. La Federación de Comunidades Judías en España ha intentado preguntar qué pasa, pero la respuesta de los funcionarios es un mantra lapidario: «no tenemos orden de tramitarlos». Es el equivalente administrativo a decirte que tu pedido no llega porque el jefe no quiere firmar el albarán. Resulta irónico que un Gobierno que presume de vanguardia ética deje en el limbo a miles de personas que ya habían invertido tiempo y dinero, esperando una reparación por una expulsión del siglo XV que, al parecer, ya no encaja en la agenda política de turno.
España: el refugio VIP de yihadistas africanos
España se ha convertido en el 'hotel con todo incluido' para quienes no tienen nada que perder, excepto la moral. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cesta de la compra no le deje en números rojos, el Ministerio del Interior gestiona una realidad surrealista: 200.000 delincuentes comunes y radicales, procedentes de cárceles colapsadas en Yemen, Somalia, Mali, Libia y Burkina Faso, han visto que las puertas de sus prisiones se abrían de par en par. Y, por alguna razón que escapa a la lógica del sentido común, el destino preferido es la Península. No hablamos de refugiados buscando un sueño, sino de perfiles que, según la Policía Nacional, son capaces de rajarte el cuello por cinco euros. Una moneda pequeña para un daño irreparable. La estrategia de entrada es casi artesanal: algunos se colaron en el asalto masivo de Ceuta en julio, donde ya se han detectado grupos yihadistas con órdenes de ejecutar acciones. De hecho, hay 12 sujetos peligrosos, incluidos tres 'Foreign Fighters' veteranos de Siria e Irak, que juegan al escondite en territorio español mientras la inteligencia militar y policial intenta rastrear comunicaciones cifradas. Lo más delirante es el 'vacío legal' que actúa como alfombra roja. El 93% de las solicitudes de asilo son rechazadas, pero el sistema es tan lento que el tiempo juega a favor del infiltrado: dos años de espera y ¡pum!, arraigo legal. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez votó en contra del reglamento europeo para acelerar expulsiones el pasado 1 de octubre, el resto de Europa ha cerrado el grifo. España, en cambio, sigue dejando la puerta abierta, confiando en que un tatuaje de un kaláshnikov en el brazo sea la única señal de alerta antes de que el problema toque a su puerta.
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