La noticia es un despliegue de declaraciones oficiales que ocultan la paradoja de una huelga que no cuestiona al gestor actual. El texto original omite analizar por qué el Gobierno no se siente responsable de la crisis de vivienda que motiva el paro.
Mientras el ciudadano medio se pelea con una web que no carga para conseguir una cita consular, en el Consulado General de España en Tánger han montado un sistema de 'fast-track' que haría palidecer a cualquier aeropuerto. La protagonista es E.BA, una señora de 65 años que se mueve por las zonas restringidas como si fuera la dueña del cortijo. Según los datos, E.BA llega en un coche negro de alta gama, aparca dentro de la legación y sube a la 'zona noble' para entregar listas de políticos, jueces y fiscales marroquíes que no tienen tiempo para hacer cola. Es el equivalente diplomático a tener un primo en la discoteca que te mete sin pagar y sin pasar el control de seguridad. Lo verdaderamente surrealista es el currículum de la 'enlace judicial'. E.BA estuvo vetada del consulado durante 14 años por estar implicada en una red de venta de visados Schengen; básicamente, vendía el acceso a Europa como quien vende entradas para un concierto agotado. Ahora, bajo la mirada complaciente de la cónsul Aurora Díaz-Rato, ha sido 'rehabilitada' y tiene acceso total a los ordenadores, donde coteja solicitudes con la ayuda de una funcionaria de confianza. Es una ingeniería de la confianza ciega que huele a inteligencia marroquí y favores mutuos. Pero el consulado, una manzana de 16 hectáreas con una residencia de 1.000 metros cuadrados, no solo sirve para visados VIP. Ha funcionado como hotel boutique gratuito para la élite socialista. José Bono se refugió allí desde mayo hasta junio, huyendo de la prensa que investigaba sus mansiones en la medina, mientras disfrutaba de coche oficial y servicio de limpieza pagado con nuestros impuestos. Leire Pajín también pasó por allí antes del verano. En Tánger, parece que la diplomacia consiste en gestionar el lujo ajeno mientras el resto espera un correo de confirmación que nunca llega.
Hay una gimnasia mental fascinante en la política actual, una especie de yoga cognitivo que permite dormir tranquila mientras se predica la austeridad desde un código postal envidiable. Mónica García, la actual ministra de Sanidad y posible punta de lanza del Frente Amplio para el 29 de noviembre, nos ha regalado una perla digna de manual: afirma que vive «por debajo de sus posibilidades». Claro, porque cuando el escenario es el barrio de Retiro, el epicentro del lujo madrileño donde los alquileres son un deporte de riesgo para el ciudadano medio, el concepto de «posibilidades» se vuelve elástico. Resulta casi poético que resida en la misma zona donde Maricarmen, una mujer de 87 años, acabó desahuciada. Mientras unos cuentan los céntimos para que no les corten la luz, García se refugia en la narrativa del esfuerzo profesional. Es la historia de una anestesista del Hospital 12 de Octubre que, tras pasar por la AMYTS y la Marea Blanca, saltó a la Asamblea de Madrid en 2015 y terminó superando al PSOE en mayo de 2021. Todo muy noble, hasta que entramos en el terreno de la ingeniería financiera familiar. El giro de guion llega con su exmarido, Enrique Montañés, un alto mando de la multinacional CHEP. Resulta que Montañés se embolsó más de 195.000 euros vía Bono Social Térmico, un colchón destinado a quienes realmente no tienen para calentar la casa, no para vicepresidentes senior de logística. La ministra pidió perdón alegando que no tenía «ni idea», una frase que en el lenguaje de la calle se traduce como «yo no miro la cuenta corriente». Tras el divorcio en 2023, Mónica abandonó el piso propiedad de su ex (comprado en 2017) para mudarse a otro alquiler en la misma zona. Básicamente, ha cambiado un palacio por otro, manteniendo la estética de la lucha social mientras pasea por los castaños del Retiro.
En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, la política ha vuelto a demostrar que es experta en envolver el acero con terciopelo. Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta, ha soltado la bomba con la naturalidad de quien pide un café: ya están llamando a las embajadas para que los menores extranjeros no acompañados hagan las maletas y vuelvan con sus familias. El argumento es el 'interés superior del menor', una frase hecha que suena muy bonita en el BOE pero que, traducida al lenguaje de la calle, significa que el sistema de acogida está más saturado que un autobús en hora punta y que la solución más barata es el billete de vuelta. Mientras Pollán insiste en que la capacidad del sistema está rebasada desde 2024 y que el Gobierno central juega al unilateralismo con decretos leyes, Nuria Rubio, del PSOE, ha respondido con el manual de la indignación institucional. Para Rubio, esto no es gestión, es propaganda y 'soflamas racistas' que avergüenzan a la región. La procuradora ha recordado que, mientras unos discuten sobre quién paga la factura, la mano de obra migrante es la que sostiene el chiringuito laboral en León y el resto de la comunidad, evitando que el número de autónomos caiga en picado. Al final, el debate se ha convertido en un partido de tenis donde la pelota es la responsabilidad. Por un lado, Pollán se escuda en la legalidad y el respaldo ciudadano; por otro, Rubio señala directamente a Alfonso Fernández Mañueco, sugiriendo que ha entregado estas competencias a Pollán como moneda de cambio para no perder su silla. Un despliegue de generosidad política donde los únicos que no tienen voz en la mesa son los niños que, según el bando que mire, son o víctimas que necesitan protección o un problema logístico que hay que exportar.
Votar es, supuestamente, un acto íntimo, casi sagrado, como decidir qué marca de detergente comprar sin que nadie nos mire. Pero para el Gobierno de Pedro Sánchez, el voto de los españoles en el exterior parece haberse convertido en un cheque en blanco que se puede pasar de mano en mano como si fuera un vale de descuento caducado. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), bajo el ala del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, ha soltado un informe en 2025 que redefine la 'democracia' como un trámite de ventanilla. Hasta ahora, el Código Civil y el Real Decreto 557/1993 eran claros: solo si estabas incapacitado o enfermo podías delegar tu voto. Una medida lógica, del tipo 'si no puedes caminar, alguien te lleva la silla'. Pero la nueva propuesta quiere borrar el requisito de la salud para sustituirlo por la 'voluntad'. Básicamente, que puedas ceder tu derecho a votar a cualquier desconocido con un poder notarial, aunque el beneficiario esté a 8.000 km de distancia. El ejemplo del informe es casi poético: alguien en Guyana delegando su voto en París. Es como pedir una pizza en Madrid y que la cobren en Tokio solo para 'facilitar el proceso'. La jugada es maestra. Mientras el Ejecutivo decía que la participación exterior era un chiste, por debajo del 10%, y que la Ley de Nietos no movería ni un escaño tras el freno del Supremo, sus organismos redactaban este manual de instrucciones para inflar las urnas. Copiando el modelo francés, buscan que el voto sea un activo transferible. Al final, lo que venden como 'facilitar el sufragio' huele a una ingeniería electoral donde el voto deja de ser un derecho personal para convertirse en una propiedad delegable según convenga el calendario político.
Hay un arte casi místico en convertir una retirada estratégica en un drama humanitario. Mientras en Ceuta se limpia la arena de la playa del Trampolín, los medios marroquíes, como Nador City y eldigital, han decidido que el regreso voluntario de centenares de nacionales no es una cuestión de pragmatismo, sino un calvario. Según el relato, los implicados vuelven a casa huyendo de los 'malos tratos' y el 'sufrimiento' de unos campamentos improvisados. Una narrativa conmovedora, si olvidamos que muchos simplemente se dieron cuenta de que intentar colar un asilo sin tener los requisitos es como intentar pagar el alquiler con cupones de descuento: no te lo acepta nadie. La realidad es mucho más prosaica y huele a trámite administrativo. Los retornados, que han ido sumando miles desde agosto pasado, han descubierto que el camino al Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes (CATE) es un callejón sin salida legal. ¿Para qué pasar por el registro y la identificación si el resultado final es una deportación forzosa con sello oficial? Prefieren cruzar la puerta designada por las autoridades marroquíes cerca del rompeolas de El Tarajal, ahorrándose el papeleo y el mal rato. Es fascinante el contraste: mientras los albergues de Loma Colmenar respiran gracias a que miles optan por el camino de vuelta, la prensa vecina insiste en la violencia sufrida. Al final, la ingeniería del relato intenta maquillar que el 'sueño europeo' se ha estrellado contra la pared de los criterios de protección internacional. No es que el terreno sea hostil, es que el visado imaginario no sirve para abrir puertas. Ahora solo quedan los grupos refugiados en las montañas, esperando a ver si el guion cambia o si el desmantelamiento de los asentamientos informales termina de vaciar el tablero.
Vender la nacionalidad española como si fuera un abono dorado para el gimnasio o un seguro de vida contra la inflación argentina. Así de sencillo lo ha planteado Pablo Platas Casteleiro, el cónsul en Rosario, quien ha transformado su oficina en una verdadera fábrica de pasaportes. Mientras el ciudadano medio lucha contra la burocracia para renovar el DNI, en Rosario se han gestionado 108.490 solicitudes en cuatro años, saltando de unos modestos 1.200 expedientes anuales a una cifra que parece el conteo de votos de una elección presidencial. El truco maestro es el marketing: no se trata de memoria histórica ni de reparar el trauma del exilio franquista, sino de vender la 'nacionalidad europea'. Platas Casteleiro ha sido muy claro en la emisora Rosario La Ciudad: el pasaporte español es la llave maestra para instalarse en otros 27 países. Básicamente, ha convertido la Ley de Memoria Democrática en un 'Plan B' para quien quiera huir de la crisis económica, disfrazando la conveniencia migratoria con una pátina de justicia social. La ingeniería administrativa ha sido brillante. Para no colapsar, el consulado aplicó la 'reagrupación familiar', reutilizando papeles para que los nietos y bisnietos se saltaran generaciones enteras sin despeinarse. El fervor fue tal que el cónsul aceptó solicitudes hasta las 23:59 del último día, como quien acepta un pedido de última hora en una oferta de Black Friday. Al final, la farsa es redonda: el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza el pretexto de la represión franquista para nacionalizar a más de 2 millones de personas, mientras el Espacio Schengen empieza a mirar a España con recelo, especialmente tras el bloqueo cautelar de Italia. Un negocio redondo donde la historia es el envoltorio y el pasaporte es el producto.
La administración española tiene una relación muy especial con el concepto de 'plazo'. Para el ciudadano de a pie, que el plazo venza significa que el banco le cobra una comisión o que el impuesto ya no se puede presentar. Pero en el universo de Exteriores, el cierre es más bien una sugerencia temática. Resulta que, aunque la Ley de Memoria Democrática cerró sus puertas el 22 de octubre de 2025, en Paraguay la Embajada de España en Asunción sigue repartiendo citas como si estuvieran en una promoción de apertura. No es que hayan reabierto la ventanilla para nuevos aventureros, no nos engañemos. Se trata de limpiar el atasco de quienes pidieron cita antes de la fecha límite y se quedaron en el limbo administrativo. Es la eterna historia del 'ya estamos procesando su solicitud' mientras el calendario sigue escupiendo huecos meses después del cierre formal. La escala del caos es monumental. Hasta el 31 de mayo de 2026, Exteriores se encontró con un tsunami de 1.225.188 solicitudes. De ese millón y pico, solo 571.761 han sido aprobadas y apenas 333.696 han llegado a inscribirse. Es decir, más de la mitad de la gente está en una sala de espera virtual que parece eterna. Para intentar que el barco no se hundiera, en 2025 contrataron a 657 efectivos adicionales, un 43% más que el año anterior, sumando unos 2.300 trabajadores en los últimos cuatro años. En Buenos Aires la cosa es aún más surrealista: 645.052 identificadores de trámite frente a solo 196.751 expedientes recibidos. Un agujero logístico que ahora intentan parchear con revisiones preliminares. Y mientras tanto, el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central, que el 14 de septiembre empezaron a mover ficha, han decidido que ahora hay que revisar quién es quién para ver quién puede votar y quién no. En resumen: el plazo cerró, pero el papeleo es el nuevo deporte nacional.
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