Crítica:
La noticia es un ejercicio de arqueología política necesario, aunque omite el detalle de qué pasó exactamente con la personación de la Abogacía General del Estado. Un título que resume la inoperancia legislativa disfrazada de retórica.
Pedro Sánchez anunció en 2018 la creación de una ley de vivienda contra los fondos buitre, aunque han tenido que pasar ocho años para que vuelva a ponerla sobre la mesa
Sánchez y la vivienda: promesas en alquiler
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Pasaportes 'fantasma' y el pucherazo de los nietos
Hacerse con la nacionalidad española parece haberse convertido en un trámite más sencillo que renovar el carnet de conducir. La 'Ley de Nietos', que técnicamente caducó en octubre del año pasado, ha dejado una puerta abierta que parece más un portal del tiempo. El truco está en el Código Civil: mientras la ley tenía fecha de consumo, el artículo 20.1.a) permite que cualquier menor bajo patria potestad de un español recupere el pasaporte. Es el efecto dominó perfecto; una cadena de nacionalidades que no termina nunca y que convierte el censo electoral en un globo que no para de inflarse. La ingeniería financiera de votos tiene nombre y apellidos: Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente. El 22 de mayo de 2023, Puente envió un oficio a los cónsules que básicamente decía: 'Si no pueden por la ley, tiren del Código Civil'. Pero ahí no acaba el ingenio. La instrucción permitió presumir el exilio de quienes se fueron entre 1936 y 1955 sin pedir pruebas, y lo que es más surrealista, abrió el grifo a descendientes de emigrantes del siglo XIX. Gente que no tiene ninguna relación con la 'reparación' de la Guerra Civil, pero que encaja en el dibujo para engordar el CERA. Las cifras son un sablazo a la lógica: hasta el 31 de agosto, 600.684 personas obtuvieron la nacionalidad, de las cuales 369.017 ya pueden votar. El Tribunal Supremo, que no es tonto, ha puesto el freno de mano y ha exigido revisar 170.000 expedientes. Mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, el Gobierno parece haber intentado diseñar un ejército de votantes remotos que nunca han pisado un pueblo español, pero que conocen muy bien el camino hacia las urnas por correo.
Sánchez usa el CIS como oráculo electoral
Hay quien reflexiona en silencio y quien necesita que le lean el futuro en una hoja de cálculo. Pedro Sánchez está en ese limbo existencial donde no sabe si aguantar el tipo hasta 2027 o tirar la toalla y convocar elecciones el 29 de noviembre. Para ayudarle a decidir, Félix Tezanos ha despertado al CIS, que se ha puesto a hacer llamadas como quien hace inventario en una tienda que se va a la quiebra. El truco es brillante: entran por la puerta trasera hablando de la vivienda y el drama de Maricarmen, pero una vez que el ciudadano tiene el teléfono en la oreja, le sueltan un interrogatorio de más de 60 preguntas. Es como si te llamaran para preguntar si te gusta el pan y acabaran preguntándote dónde guardas las llaves de casa. Mientras el país intenta cuadrar la cuenta del supermercado, el CIS mide con una escala del 0 al 10 si irías a votar, a quién elegirías y quién es el 'menos malo' de la lista. Todo esto ocurre mientras Óscar Puente suelta viñetas que sugieren que el presidente está más noqueado que un boxeador en el decimosegundo asalto. La hipocresía es el plato del día: el Gobierno finge analizar decretos de vivienda —esos que el PP, Vox y Junts ya han mandado a la papelera— mientras en realidad están haciendo un estudio de mercado para ver si el producto 'Sánchez' sigue vendiendo o si es hora de liquidar el stock. Entre un Podemos que calienta la calle con el apoyo de los Antifascistas y un Sumar que ya no ve sentido a seguir jugando a las casitas si no pueden legislar, el presidente busca en los datos la excusa perfecta para su próximo movimiento.
Baliza V16: Seguridad vial o sablazo político
Hay un arte casi místico en la capacidad de la administración para convertir un gasto doméstico en una cuestión de principios políticos. Pere Navarro, el timonel de la DGT, ha salido a la luz pública con una perplejidad digna de un Oscar: no entiende cómo hay ciudadanos que se niegan a soltar entre 40 y 60 euros por la nueva baliza V16 solo porque la idea lleva el sello de Pedro Sánchez. Es fascinante. Para el Estado, que el ciudadano se gaste lo mismo que cuestan dos cenas modestas en un dispositivo con eSIM y GPS es un trámite lógico; para el bolsillo del conductor, es otro 'sablazo' más en la lista de la compra obligatoria. El dispositivo es una joya tecnológica que chiva tu posición a la plataforma DGT 3.0 cada 100 segundos, jubilando a los viejos triángulos que obligaban a jugar a la ruleta rusa en el arcén. Pero claro, la modernidad tiene un precio: si decides mantenerte fiel al plástico naranja de toda la vida, la multa es de 80 euros. Una ecuación sencilla donde el Estado gana siempre, ya sea por la venta del aparato (con su correspondiente IVA para Hacienda) o por la sanción. Pero la reforma no se queda en el gadget. Navarro ha decidido que la fluidez del tráfico es un lujo prescindible frente a la seguridad, eliminando esos cruces donde el peatón tenía verde y el coche ámbar. Además, han puesto la mira en los 'vulnerables'. Si vas en moto y te pillan con sandalias o sin guantes en carretera, prepárate para un tajo de 200 euros en la cuenta bancaria. A los ciclistas les han quitado la excusa del calor para no usar casco y a los riders se lo imponen por decreto. En resumen: más seguridad, más control y, sobre todo, más tickets de pago.
Campamentos en Ceuta: hotel barato y cárcel al lado
El Gobierno ha decidido que el mejor sitio para montar un nuevo campamento de inmigrantes es, precisamente, al lado de la cárcel de Fuerte Mendizábal. Una genialidad urbanística que sitúa el alojamiento a solo 420 metros de la frontera con Marruecos. Básicamente, han puesto la puerta de entrada y la salida de emergencia en el mismo pasillo, ignorando que los sindicatos de prisiones y la propia dirección del centro ya han gritado que esto es un riesgo de seguridad. La CSIF ha tenido que acudir a la Inspección de Trabajo porque, claro, mezclar la logística penitenciaria con un campamento improvisado es como intentar organizar una boda en medio de una manifestación: el caos está garantizado. Mientras Ángel Víctor Torres, el mando único de esta crisis, dice que la ubicación 'no es negociable' y que este será el último campamento, la realidad en la calle es otra. En Ceuta, el tejido social se deshilacha. Tenemos a cocineros obligados a pillar un ERTE porque sus bares han pasado de servir cafés a ser zonas inhabitables. Es la economía del 'no se puede trabajar'. Y mientras el Ejecutivo despliega una red de campamentos que parece el mapa de un festival de música —desde Loma Margarita y La Hípica hasta el Guano y las naves del Tarajal—, la gestión del personal es un chiste de mal gusto. El ministro Maslaska le ofrece a la policía una dieta de pernocta de 49 €, cuando cualquier hotel medio decente en la zona clava 130 €. Es como pedirle a alguien que se mude a una ciudad cara dándole el presupuesto para un menú del día. Al final, el Gobierno construye infraestructuras 'temporales' que huelen a permanentes, mientras los que mantienen el orden pagan la fiesta de su bolsillo y los comerciantes cierran la persiana.
Sánchez y Gómez: ocho casas y contando
Mientras la generación Z juega a la ruleta rusa con los alquileres y muchos treintañeros ven la emancipación como una leyenda urbana, en la cúspide del poder la realidad tiene otro color. Pedro Sánchez y Begoña Gómez navegan la crisis de vivienda con la tranquilidad de quien tiene el tablero completo. El matrimonio suma ocho propiedades: seis viviendas y dos plazas de garaje. Un inventario que hace que el decreto urgente de vivienda del Consejo de Ministros parezca, más que una solución, una broma de mal gusto escrita desde un ático. La ingeniería patrimonial recae principalmente en Begoña Gómez. Antes de los 35 años ya tenía tres pisos, una cifra que para el ciudadano medio suena a ciencia ficción. Entre sus activos destacan un apartamento de 181 metros en Pozuelo con piscina y un piso de 112 metros en la calle del Prado, el cual hipotecó en abril con el BBVA para rascar un préstamo de 240.000 euros. Pero el verdadero 'premio gordo' está en el horizonte: la herencia de su padre, Sabiniano Gómez, fallecido en junio de 2024. Entre inmuebles en Pozuelo y Majadahonda, Begoña podría sumar otras tres viviendas, rozando el título de 'gran tenedora' (más de diez inmuebles). El mapa inmobiliario es variado: desde el refugio de verano en Mojácar, comprado en 2013 con un sigilo casi quirúrgico para no manchar la imagen de Sánchez cuando aspiraba al mando del PSOE, hasta un piso de 80 metros en Aluche adquirido en 2005. Mientras el Gobierno intenta regular el mercado, la familia presidencial acumula metros cuadrados como quien colecciona sellos. Al final, la paradoja es deliciosa: el arquitecto de la ley de vivienda vive en un ecosistema donde la propiedad es el único refugio seguro contra la tormenta que él mismo describe en sus discursos.
Maquinistas: menos frenos y más Ley Trans
Imaginen que están en la cabina de un tren de Metrovalencia o del TRAM de Alicante. Tienen miles de personas a bordo, un túnel oscuro y, de repente, el sistema de frenado de emergencia decide hacer huelga. En ese instante de pánico técnico, lo último que te salva el pellejo es recordar el Título I de la Ley 4/2023. Pero para la Generalitat Valenciana, parece que saber sobre la rectificación registral del sexo es tan vital para el transporte público como saber dónde está el freno de mano. La ingeniería del absurdo ha llegado a las oposiciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Para conseguir una plaza fija, los aspirantes ahora deben hacer malabares mentales: por un lado, el Reglamento de Circulación y la Ley de Seguridad Ferroviaria; por otro, el articulado sobre la igualdad de las personas LGTBI. Es como si para sacar el carné de conducir te obligaran a recitar la historia del arte; no te hace mejor conductor, pero deja muy contentos a los de arriba. El examen es un test de 120 preguntas. 90 son para que el tren no se estrelle, y 30 son el 'peaje ideológico' del temario general. Ahí es donde se cuela la Ley Trans, amparándose en el artículo 12.2, que obliga a las administraciones a meter contenidos de no discriminación en las pruebas. El resultado es un contraste delirante: mientras el opositor intenta memorizar los cuadros de velocidad para no causar una tragedia, debe dedicar horas a una normativa que no mueve ni un solo vagón. Al final, la seguridad ferroviaria pasa a ser la acompañante de una agenda política que se impone con la sutileza de un choque frontal.
Sánchez cae y TVE cancela el fútbol
Hay noches en las que el pánico se huele a través de la pantalla. Este viernes 2 oct. 2026, el Congreso de los Diputados decidió que los dos decretos sobre la vivienda no eran más que castillos de naipes, tumbándolos y dejando la legislatura de Pedro Sánchez balanceándose en la cuerda floja electoral. Cuando el barco hace agua, lo primero que se hace es cerrar las escotillas y encender todos los focos. Así ha reaccionado TVE. En un movimiento que roza el surrealismo, La 1 ha decidido que analizar el desastre es más urgente que el fútbol. Han mandado el partido Francia-Italia de la UEFA Nations League a La 2, como quien esconde un mueble viejo en el trastero para que no se vea en la visita. ¿El motivo? Hacer espacio para que Pepa Bueno se explaye durante una hora y 40 minutos en un Telediario 2 'especial'. Cien minutos de análisis para digerir que el Gobierno ha perdido el control, mientras el ciudadano medio intenta entender por qué su alquiler sigue subiendo aunque el decreto haya muerto. La ingeniería de programación no ha terminado ahí. Gonzalo Miró y Esther Palomera en 'Malas Lenguas' se han expandido para devorar el hueco de 'Aquí la tierra', creando un puente infinito hacia el informativo. Mientras tanto, los pobres concursantes de 'Cifras y Letras' con Aitor Albizua se han quedado sin programa, sacrificados en el altar de la urgencia política. Al otro lado del dial, La Sexta ha seguido el mismo guion: Antonio García Ferreras ha montado un despliegue en 'Al Rojo Vivo: Elecciones, la decisión de Sánchez'. Cuando la política se vuelve un incendio, las pantallas se convierten en extintores que, irónicamente, solo sirven para avivar la llama del espectáculo.
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