Crítica:
El texto original es un despliegue de opacidad institucional disfrazada de legalidad. La contradicción entre las joyas 'oficiales' y los datos 'privados' es el clavo que el artículo apenas roza, pero que define toda la farsa.
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Sol: El juego del despiste institucional
La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el tablero de un juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse, pero todos quieren mandar. El Sindicato de Inquilinos plantó su bandera el 26 de septiembre para exigir el 'decreto Maricarmen', y desde entonces, el centro de Madrid parece una partida de ping-pong institucional. Manos Limpias, que no deja pasar ni una mosca, ha decidido que el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, ha estado demasiado tiempo mirando las nubes y ha presentado este lunes una denuncia por prevaricación administrativa por omisión. Para Miguel Bernad, secretario general del sindicato, la cosa es sencilla: hay una acampada 'lisa y literalmente ilegal' frente a la sede de la Comunidad de Madrid y el delegado ha decidido aplicar la técnica del avestruz. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, aquí se pelea por el artículo 404 del Código Penal, alegando que no actuar es, en realidad, una decisión consciente de dejar que el caos reine en el turismo y el comercio. Lo más jugoso es el espectáculo de hipocresía administrativa. El Ayuntamiento, que normalmente se lleva bien con el Gobierno, ha soltado un zarpazo acusando a la Delegación de 'dejación de funciones', recordándoles con ironía que en el 15M de 2011 no fueron tan tímidos con los desalojos. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha saltado a la yugular del Ministerio del Interior y de Pedro Sánchez, acusándolos de 'lavarse las manos' y querer pasarle el muerto a la Policía Municipal. Al final, entre el decreto, las denuncias y los reproches, la acampada sigue ahí, como un recordatorio de que en política, cuando todos son responsables, nadie lo es.
Voto de nietos: el censo es buffet
Imaginen que alguien decide mudarse a su barrio, pero no porque le guste la zona o tenga familia allí, sino porque simplemente 'le apetece' figurar en su padrón para votar. Sin papeles, sin arraigo y sin que nadie le pida una explicación coherente. Pues bien, eso es básicamente lo que está pasando con la ley de nietos, donde el censo electoral parece haberse convertido en un buffet libre de municipios a elegir. El pasado 25 de septiembre, la Oficina del Censo Electoral (OCE) lanzó una instrucción para las Oficinas Consulares que, sobre el papel, debía poner orden. Sin embargo, cuatro miembros de la Junta Electoral Central (JEC) —Carlos Vidal Prado, Fernando Marín Castán, Javier Tajadura Tejada y Vicente Magro Servet— han soltado un voto particular que es, en lenguaje llano, un grito de auxilio. Denuncian un 'desconcierto' absoluto: hay alcaldes que se despiertan un día y descubren que su pueblo ha crecido más que una startup de Silicon Valley, con ciudadanos inscritos que jamás han pisado la zona y que, en algunos casos, pertenecen a municipios que ni siquiera existían cuando sus antepasados fueron exiliados. La ingeniería es sencilla: el interesado elige dónde quiere votar y el consulado se limita a comprobar que el nombre esté bien escrito, como quien revisa que el ticket del súper no tenga manchas. No hay control, no hay justificación, solo burocracia formal. El dato que dinamita la credibilidad del proceso es Madrid: más de una cuarta parte de los nuevos electores del CERA en cuatro años han decidido que su 'mayor arraigo' está en la capital. Es decir, que Madrid es la nueva meca electoral para quienes no tienen un vínculo real con el territorio. Los cuatro magistrados exigen revisar lo hecho para que la limpieza del sistema no sea un cuento chino, mientras la OCE sigue entregando respuestas insuficientes desde julio.
Mercedes anticapitalistas y brigadistas en Ceuta
Hay quien confunde la solidaridad con el marketing de guerrilla. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para que la cuenta del súper no parezca una hipoteca, en Ceuta desembarcan los 'brigadistas' de Negu Gorriak y Derecho a Techo. No vienen con mantas ni medicinas en silencio —estilo Jesucristo—, sino con una rueda de prensa bajo el brazo, buscando el 'sustillo' necesario para alimentar la narrativa del fascismo. Es la vieja receta: provocar al vecino que lleva dos meses aguantando una invasión y luego presumir de las piedras recibidas como si fueran medallas al valor. El despliegue es casi cómico. Tenemos a una diputada de Ceuta Ya! recogiendo activistas en un Mercedes anticapitalista; un contraste tan fuerte que casi se puede oler el aroma a hipocresía desde el puerto. En el tablero político, la cosa no es distinta. Mientras Óscar López lanza dardos contra los jueces llamándolos 'lobos solitarios', el gobierno parece jugar al ajedrez con piezas que no controla. Se menciona a Leire Díez y un encargo surrealista a clanes de narcotraficantes para asustar a la instructora Biedma. Al final, resulta que los narcos tienen más ética profesional que la cúpula sanchista. Entre el ruido de 'poner el cuerpo' —frase que Irene Montero ha convertido en mantra— y la retórica de Pablo Iglesias, aparecen nombres impronunciables como Aranzadi Iruñea Denon Artean-Pamplona. Aitor Balbás Ruiz, que en 2019 no llegó ni a los 900 votos (867 exactamente), intenta ahora dar lecciones de cultura citando a Bertolt Brecht para camuflar un pasado que huele a Bildu. Todo esto ocurre bajo el paraguas de la Agencia Europea Anti-Fronteras y una red de colectivos como No Name Kitchen o Fraktal, que prometen abolir fronteras mientras el Rey luce el pin de la Agenda 2030. Un círculo perfecto donde el revolucionario y el globalista se dan la mano mientras Ceuta se convierte en el parque temático de la utopía.
Cuentas electorales: el escaño es el cajero
En la política, como en el fútbol, el que no marca gol no cobra el primario. Así de crudo es el balance del Consejo de Cuentas sobre las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. Mientras seis partidos se reparten un festín de 2,27 millones de euros en subvenciones, la coalición de IU-Movimiento Sumar-Verdes-Equo se queda mirando el escaparate con un agujero de 74.230,96 euros en el bolsillo. Básicamente, han pagado la fiesta y se han ido sin comer. El reparto del botín es una oda al contraste. El PSOE, con sus 30 procuradores, se lleva la tajada más gorda con 810.744,02 euros, superando al PP (33 parlamentarios) que recibirá 808.257,89 euros. ¿La razón? Los socialistas gastaron más en el 'mailing' —ese envío de propaganda que llega a casa y acaba directo a la papelera—, soltando 349.865,82 euros frente a los 293.754,03 de los populares. Es la lógica del sistema: cuanto más gastas en papel mojado, más te devuelve el Estado. Vox, con 14 procuradores, se embolsa 487.625,36 euros, aunque el Consejo le ha metido un pequeño 'tijeretazo' de 1.595 euros por pagar fuera de plazo. Las formaciones del Grupo Mixto completan el cuadro: la UPL se lleva 108.477,11 euros, Por Ávila 38.239,94 y Soria ¡Ya! 26.342,89 euros. Lo más irónico es que el Consejo de Cuentas, en su sede de Palencia, ahora sugiere que se limite el gasto a lo 'imprescindible'. Un concepto elástico que llega tarde, después de que se hayan justificado 3,18 millones de euros. Mientras tanto, IU y compañía descubren que en la aritmética electoral, el esfuerzo sin escaño es, sencillamente, una donación involuntaria al sistema.
España paga el agua del tomate marroquí
Hay que tener una cara dura del tamaño del Atlas. Mientras en España gestionar el agua es un deporte de riesgo entre sequías y el fantasma de Acuamed, nuestro vecino marroquí ha decidido jugar a la liga de los grandes. Para 2031, el reino alauita tendrá cuatro de las diez desaladoras más grandes del planeta, situándose justo detrás de los jeques de Arabia Saudita y Emiratos. Y aquí viene el giro irónico: el 'empujoncito' financiero viene de Madrid. Con una ingeniería financiera que haría llorar a cualquier contribuyente, España ha soltado unos 340 millones de euros públicos. El desglose es un poema: 250 millones vía FIEM, 60 millones de Cesce y otros 31 millones por Cofides. Básicamente, estamos pagando la factura de la luz y el agua para que los tomates de Karam Green Agri lleguen más frescos y baratos a los lineales de Lidl y Tesco, compitiendo —y machacando— a la huerta española. El plan es agresivo. De producir 345 millones de metros cúbicos anuales con 17 plantas, quieren saltar a 1.700 millones para 2030. La joya de la corona es la planta de Casablanca, construida por Acciona con un coste de 887 millones de euros, que además sirve de 'maquillaje' hídrico para impresionar a la FIFA de cara al Mundial 2030. Mientras tanto, el Plan Verde de Aziz Ajanuch demostró que plantar sandías en el desierto de Zagora es una genialidad... si no te importa agotar los acuíferos. Ahora, con la ósmosis inversa bajando los costes a 50 centavos el metro cúbico, el agua ya no cae del cielo, sino que sale de una tubería financiada por nosotros. Un negocio redondo para ellos; para nosotros, un agujero contable con sabor a salmuera.
Yolanda Díaz pide manifestarse contra sí misma
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de un atleta olímpico para lograr lo que Yolanda Díaz ha hecho esta semana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ocupa un despacho en Moncloa desde 2020, ha soltado la perla: pide una 'movilización contra el Gobierno de España'. Sí, han leído bien. Es como si el dueño de un restaurante saliera a la calle a gritar que hay que cerrar el local porque la comida es incomible, mientras sigue cobrando el sueldo de gerente y manejando la cocina. El escenario fue un acto del Partido Comunista, el lugar ideal para que Díaz lanzara su mantra contra Alberto Núñez Feijóo y Abascal. Pero el giro surrealista llegó cuando sugirió que, si hace falta movilizarse contra el propio Gobierno del que ella es pieza clave, que lo hagan. Es una ingeniería política que deja al ciudadano medio, ese que lucha con la factura de la luz y la lista de la compra, totalmente descolocado. ¿Cómo se puede ser el brazo ejecutor de una política y, simultáneamente, el que pide quemar el mapa desde dentro? Borja Sémper, portavoz del PP, no ha tardado en calificar el episodio de 'berlanguiano' y compararlo con '1984', y no le falta razón. Estamos ante un esperpento donde las siglas de Sumar, fundadas en 2023, ya planean su propia desaparición para 2027 bajo el nombre de Frente Amplio, acogiendo a Izquierda Unida y los Comunes. Mientras tanto, Díaz ya ha avisado que no será la candidata. Básicamente, está preparando la maleta y el aterrizaje, pero antes quiere dejar el jardín abonado con un poco de caos electoral. Una jugada maestra de quien ya no tiene nada que perder, pero mucho que fingir.
Visados a España: más cola, misma burocracia
Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y siente que el sueldo se le escapa entre los dedos como arena, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido montar un nuevo 'escaparate' en La Habana. A partir del 5 de octubre, abre el Centro de Solicitud de Visados para España, un despliegue logístico que llega justo cuando la 'ley de nietos' tiene a medio Caribe revisando el árbol genealógico para ver si algún tatarabuelo caminó por la península. José Manuel Albares ya lo había soltado en septiembre de 2025: el consulado de La Habana estaba más colapsado que una autopista en agosto. Para solucionar este 'embotellamiento' administrativo, han instalado la nueva oficina en la Av. 31, entre 18 y 14, casa 1419 (Miramar-Playa). Pero ojo, que aquí hay truco de magia burocrática. El nuevo centro es básicamente el recepcionista de turno; se encarga de recoger los papeles y entregar los pasaportes, pero el poder real —el sello del 'sí' o el 'no'— sigue encerrado en el Consulado General de España en La Habana. Es como contratar a un intermediario para que te tome el pedido, pero que la cocina siga siendo la misma de siempre. La transición tecnológica ha sido el clásico 'borrón y cuenta nueva'. Han fulminado el sistema Bookitit este lunes, dejando a los usuarios en un limbo digital donde la única esperanza es revisar la carpeta de 'correo no deseado' para ver si info@spainvisa-cuba.com les da luz verde. Todo esto ocurre mientras Cuba se consolida como el segundo país con más solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos. Una danza de pasaportes y ancestros que demuestra que, en el juego de la burocracia, quien tiene el sello tiene el mando.
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