Crítica:
El texto original es una sucesión de citas que deja que el personaje se justifique solo. Falta un análisis crítico sobre la legalidad de aceptar tales regalos en el ejercicio del cargo.
El texto original es una sucesión de citas que deja que el personaje se justifique solo. Falta un análisis crítico sobre la legalidad de aceptar tales regalos en el ejercicio del cargo.
Hay una gimnasia mental que ya quisiera cualquier atleta olímpico. Pedro Sánchez, en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, ha decidido que es el momento ideal para jugar al diccionario. Cuando un periodista se atreve a mencionar que a Begoña Gómez se le abre un juicio oral por tráfico de influencias y malversación, el presidente activa el modo 'corrector de estilo'. «Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez», sentenció. El matiz es, según él, fundamental. Es como si alguien te pillara con la mano en la masa y tú insistieras en que no eres 'el ladrón', sino 'el individuo que sostiene la masa'. Una pirueta semántica digna de un manual de supervivencia política. El problema es que intentar separar el cargo de la almohada es, a estas alturas, como querer quitarle el azúcar al café una vez que ya lo has bebido: imposible y ridículo. La hipocresía tiene un aroma penetrante. Mientras Sánchez insiste en el nombre propio para blindar la identidad, el Gobierno se comporta como un equipo de seguridad privada. El pasado martes, Elma Saiz utilizó la mesa del Consejo de Ministros —el altar sagrado de la gestión pública— para defender a Begoña Gómez a título individual. Es el clásico movimiento de 'yo no la conozco en el trabajo', pero 'ponemos toda la maquinaria del Estado a su servicio'. Lo más irónico es que el corazón del delito de tráfico de influencias late precisamente en ese vínculo. No se acusa a la ciudadana Gómez por sus méritos académicos, sino por ser la mujer del jefe. Intentar borrar el parentesco en una rueda de prensa es como intentar tapar el sol con un colador mientras el juicio oral ya está llamando a la puerta.
En el tablero político, hay una técnica muy depurada que consiste en inflar los globos antes de la foto y dejarlos desinflar en cuanto el flash deja de brillar. Fernando Grande-Marlaska ha intentado vendernos que la frontera de Ceuta es un búnker impenetrable con más de trescientos agentes antidisturbios, pero Laura García, portavoz de JUPOL, ha decidido hacer la auditoría de la calle. Y el resultado es un chiste de mal gusto. Resulta que la aritmética del Ministerio del Interior es creativa. Nos hablan de refuerzos, pero la realidad es que solo hay unos doscientos cuarenta componentes de la UIP y cuarenta y dos agentes de la UPR llegados de la península. El truco del almendruco consiste en solapar el relevo de las unidades el día 23: hacen que los que se van y los que llegan coincidan un momento para que la foto salga llena, como quien pone tres platos en la mesa para que parezca que hay banquete cuando en realidad solo hay un filete para compartir. Pero hay más. Esos agentes no son un ejército infinito; se dividen en tres turnos y hay que descontar a los que están durmiendo tras una guardia nocturna. Al final, si ocurre una invasión, la suma de Policía Nacional y Guardia Civil no llegaría ni a los seiscientos efectivos simultáneos. Es como intentar tapar una piscina con un colador. Para rematar la función, tenemos a tres mil quinientos militares mirando el paisaje. Están allí, sí, pero sin estado de emergencia no son agentes de la autoridad. Básicamente, son vigilantes de lujo que no pueden intervenir, generando una frustración que se huele desde Madrid. Mientras tanto, en Benzú esperan cuatrocientas personas de origen subsahariano, piezas de un juego geopolítico donde Marruecos mueve los hilos y Estados Unidos parece haber olvidado que España también vive en este lado del Estrecho.
En Talayuela, el AVE ya avanza desde Talavera de la Reina, pero el sentido común parece haber cogido el tren en dirección contraria. Durante veinte años, el pueblo ha gestionado la convivencia con una naturalidad envidiable, integrando a una población donde una cuarta parte nació en Marruecos desde aquel boom de temporeros del tabaco de 1991. Sin embargo, la política de despacho ha decidido que aprender el idioma de tus raíces es, ahora sí, una 'injerencia extranjera'. El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), vigente desde 1985 y pagado íntegramente por la Fundación Hassan II —es decir, coste cero para el contribuyente, que ya tiene bastante con la lista de la compra—, ha sido sacrificado en el altar del pacto entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola. El resultado es un vacío pedagógico en el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, donde más de 200 alumnos se han quedado sin sus docentes. Lo más surrealista es el baile burocrático: los colegios, el Ayuntamiento y la Consejería intentaron un 'apaño' de última hora para salvar 17 horas de mediación y mover las 8 horas de lengua a aulas municipales. Un parche típico de quien intenta arreglar una tubería rota con celo. Pero el Ministerio de Educación, en un giro de ironía administrativa, ha tumbado la maniobra alegando que el convenio bilateral exige que todo ocurra dentro del centro. El Ministerio admite que esto dificulta la integración social, pero prefiere la pureza del reglamento al bienestar de los chavales. Mientras tanto, Madrid mantiene programas similares para búlgaros, rumanos o kazajos. Parece que el 'adoctrinamiento' solo es peligroso cuando el profesor viene del Magreb. Como bien dice Luis Alfonso Corrales, director del Gonzalo Encabo, donde el 60% del alumnado es marroquí: nos han dejado sin nada.
Gestionar un país es, al parecer, como organizar una cena familiar: lo importante no es que haya comida, sino que nadie se pelee por el mando de la tele. Pedro Sánchez ha decidido que marzo es zona prohibida para las elecciones generales. Mientras los alcaldes y líderes regionales le soplan al oído que adelanten el calendario antes de las municipales de mayo, en Moncloa han activado el radar de 'eventos incómodos'. El pánico no es una crisis económica ni el hecho de que Begoña Gómez tenga que sentarse en el banquillo. No. El verdadero terror es Gianni Infantino. El jefe de la FIFA se juega la reelección el 18 de marzo en Rabat y podría soltar la bomba: que la final del Mundial 2030 se juegue en Casablanca y no en el Bernabéu o el Camp Nou. Para el Gobierno, que una noticia así caiga en plena campaña sería como que te llegue el sablazo de la factura de la luz el día de tu cumpleaños: un golpe emocional que no saben cómo gestionar. Así, mientras la Constitución marca el final del mandato para el 23 de julio y la Loreg obligaría a convocar comicios el 22 de agosto como fecha límite, el Ejecutivo juega al Tetris con el calendario. Ignoran la presión de los Presupuestos y prefieren agotar la legislatura para evitar que el estadio Hassan II, ese monstruo de 115.000 asientos, se convierta en el monumento a su derrota diplomática. Mientras Milagros Tolón sigue vendiendo optimismo sobre la sede española, en los pasillos se sabe que Marruecos tiene los votos atados gracias a la ingeniería de Youssef Amrani y Fouzi Lekjaa. Al final, la política española se ha vuelto un partido de fútbol donde el miedo a un gol en contra de la FIFA pesa más que cualquier crisis migratoria en Ceuta.
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible, pero Lorena Suárez parece haber confundido la gestión electoral con una sesión de espiritismo. La entonces secretaria general del PSOE en Argentina no se quedó en la superficie; decidió que el censo electoral era más una sugerencia que una norma. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración para renovar un carnet que caducó hace dos lunes, Suárez lanzaba un mensaje clarísimo en julio de 2023: el pasaporte vencido sirve perfectamente para votar. Un detalle técnico que, en manos de alguien con menos escrúpulos, suena a invitación abierta al caos. Pero el verdadero 'toque maestro' llega con el audio filtrado por OKDIARIO. Aquí la ingeniería financiera se transforma en ingeniería funeraria. Suárez, con la naturalidad de quien pide que le pasen la sal, instó a un militante a conseguir fotocopias de pasaportes familiares, incluyendo explícitamente el de una tía que ya había pasado a mejor vida. «Yo me arreglo», sentenció. Traducción para los que vivimos en el mundo real: 'No me importa que esté en el cementerio, si tengo el papel, el voto cuenta'. El contraste es delicioso y nauseabundo a la vez. Por un lado, la lucha épica y romántica de la ciudadanía residente en el exterior por eliminar el voto rogado; por otro, la oportunidad de oro que dejó la Junta Electoral Central el 30 de marzo de 2023. Al no exigir que el documento esté en vigor, la JEC abrió una puerta que Suárez quiso convertir en un autopista para el fraude. El escándalo estalló cuando su propia mano derecha, Gustavo López, decidió que el juego había llegado demasiado lejos y alertó al Consejo de Residentes Españoles (CRE). Al final, resulta que para ganar elecciones en Argentina, el PSOE no solo necesitaba militantes, sino también una buena conexión con el más allá.
Hay prioridades que son un ejercicio de equilibrismo mental. Mientras Ceuta se hunde en el caos y Bruselas tiene que recordarnos que es 'frontera europea' para que no se nos olvide, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que lo más urgente en el Consejo de Asuntos Generales es que el catalán sea lengua oficial en la UE. Es como intentar arreglar la gotera del techo poniendo cortinas nuevas en el salón: un detalle estético mientras la casa se inunda. El Ministerio de Exteriores, bajo el mando de José Manuel Albares, ha jugado la carta del chantaje, amenazando con vetar la ampliación de la UE si no aceptan el catalán. El resultado ha sido un 'no' rotundo y público de Alemania, Suecia y Lituania. Un varapalo que deja al Ejecutivo como el alumno pesado de la clase que interrumpe la lección de geopolítica para hablar de gramática. Lo más surrealista es que este capricho lingüístico se coló incluso en debates sobre la guerra de Ucrania o los aranceles de Donald Trump, porque apparently, la prioridad es el pacto con los independentistas antes que la estabilidad del continente. Mientras tanto, Ceuta es la cenicienta del presupuesto y la atención. El Gobierno tardó más de un mes en tramitar las ayudas europeas y en pedir el auxilio de Frontex. Una dejadez que se traduce en campamentos en el puerto y el caos regresando a la playa del Trampolín. Pero claro, es más cómodo grabar vídeos para redes sociales en Nueva York que gestionar una invasión. Ahora, el Ejecutivo espera que la derrota parlamentaria de unos Presupuestos Generales del Estado que ni siquiera han sabido presentar sirva de cortina de humo. Una ingeniería financiera del ridículo donde el ruido político tapa el silencio administrativo hacia los ceutíes.
Hay una diferencia abismal entre 'desclasificar' y hacer un truco de magia con el corrector blanco. Pedro Sánchez prometió transparencia total sobre la invasión de Ceuta, pero lo que ha entregado es un libro con las páginas más comprometedoras arrancadas. Mientras el ciudadano medio lucha por entender por qué la luz sube cada mes, el Gobierno juega al escondite con notas militares que son auténticas bombas de relojería. El 27 de julio, el Ejército ya tenía el mapa del desastre. No eran rumores de cafetería ni hilos de Twitter; eran llamadas interceptadas a agentes marroquíes coordinados con el poder de Rabat. La palabra 'masivo' repetía como un mantra la magnitud del asalto previsto para el 30 de julio, coincidiendo con la festividad del Trono. Pero claro, decir que Marruecos ayudaba a evitar el caos mientras sus agentes coordinaban el asalto es una gimnasia mental que solo un experto en narrativa política puede soportar. La hipocresía alcanza su pico cuando vemos que el Gobierno desclasificó el documento solo parcialmente. Nos dejaron leer que era 'muy probable una entrada de migración irregular', una frase tan aséptica que parece el folleto de una agencia de viajes. Sin embargo, taparon la orden militar de que nadie abandonara su puesto, ni siquiera al terminar el servicio, por la gravedad de la amenaza. El 29 de julio el documento ya estaba en manos del CNI y del Gobierno. Tenían la sartén por el mango, pero prefirieron dejar que el Ejército tuviera las manos atadas. Sin un estado de emergencia, que solo puede pulsar el presidente, los militares eran espectadores de lujo. Sánchez, Miguel Ángel Pérez y Fernando Grande-Marlaska miraron hacia otro lado mientras el papel decía exactamente lo que iba a pasar. Una gestión de manual: leer el aviso, clasificarlo como secreto y luego fingir que fueron sorprendidos por el destino.
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