Crítica:
La noticia es un catálogo de omisiones; describe la censura pero no cuestiona el manual de estilo de LaLiga. Demasiado deferente con las justificaciones de los jugadores.
La noticia es un catálogo de omisiones; describe la censura pero no cuestiona el manual de estilo de LaLiga. Demasiado deferente con las justificaciones de los jugadores.
Giorgia Meloni ha decidido que el aula es el nuevo campo de batalla cultural. Con la sutileza de un martillo pilón, la primera ministra italiana planea presentar ante el Consejo de Ministros un menú de restricciones que parecen diseñadas para que el colegio sea un espejo del programa electoral de Hermanos de Italia. La joya de la corona es el cupo: limitar el número de alumnos extranjeros por clase. Según Meloni, los italianos no pueden ser minoría en su propia casa, una lógica que suena muy bien en el encuentro Fenix de Gioventù Nazionale, pero que en la calle choca con la realidad. Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores, ya ha soltado la primera piedra: aplicar esto en barrios donde el extranjero es el vecino de al lado es, básicamente, intentar meter un elefante en un maletero de mano. Pero no se queda ahí. El Gobierno quiere vetar el burka y el hiyab, vendiendo la prohibición como un acto de feminismo y visibilidad facial. Para rematar el paquete de 'integración', los padres extranjeros con dificultades deberán aprender italiano, porque aparentemente el idioma no se aprende solo respirando el aire de Roma. Entre tanta tensión, Meloni lanza un caramelo: llamar 'liceo' a la formación técnica para que no parezca el premio de consolación y presume de haber subido el Fondo de Financiación Ordinaria de las universidades a 9.400 millones de euros. Dice que es un salto desde los 8.400 millones anteriores y un 25% más que en 2019. Es el clásico truco de magia política: mientras te prohíben el velo y te cuentan los compañeros por etnia, te enseñan un cheque millonario para que no mires dónde están las costuras del sistema. Todo bajo la bandera de la 'cultura del esfuerzo', que en lenguaje administrativo suele significar: 'aquí no regalamos aprobados'.
Hay decisiones políticas que son como quitarle el freno de mano a un camión en bajada: el resultado es previsible, pero el responsable insiste en que el paisaje se ve mejor así. En 2022, Fernando Grande-Marlaska decidió que OCON-Sur, la unidad de la Guardia Civil que tenía al narcotráfico en Andalucía contra las cuerdas, ya había cumplido su 'tiempo'. Básicamente, desmontaron una maquinaria que había incautado 1.400 toneladas de droga y realizado miles de detenciones para repartir los efectivos entre las comandancias. Una jugada maestra de ingeniería administrativa que, en la calle, se traduce como 'cada uno a su verbena'. El General Manuel Contreras, quien llevó el timón de OCON-Sur, no se anda con rodeos: dice que los narcos probablemente montaron una fiesta cuando se enteraron del cierre. Y claro, mientras Interior vendía la reorganización como una 'consolidación', la realidad en la costa andaluza se volvió un deporte de riesgo. Pasamos de operativos masivos, como aquel donde 400 guardias civiles limpiaron 14 toneladas de hachís de un plumazo, a una situación donde las narcolanchas mandan en el Guadalquivir y Huelva. El coste de esta 'optimización' no se mide solo en kilos de resina, sino en vidas. Cuatro guardias civiles han caído en el camino, incluyendo la tragedia del 9 de febrero de 2024 en Barbate, donde Miguel Ángel González y David Pérez fueron embestidos por una lancha, y otros dos agentes fallecidos el 8 de mayo de 2026 en Huelva. Mientras Juanma Moreno pide hasta a la Armada para patrullar la costa, el Ministerio sigue jugando al Monopoly con la seguridad nacional. Desmantelar una unidad efectiva para 'integrarla' es como desarmar un reloj suizo para guardar las piezas en cajones distintos y esperar que siga dando la hora.
Hay errores que se borran con goma y otros que requieren volver a sentarse en un pupitre a los 50 tacos. Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y aspirante a la Alcaldía de Valencia, ha descubierto que la magia de la 'transcripción rápida' no sirve para obtener un título universitario. Resulta que en la web del PSOE, tras el congreso de Sevilla de diciembre de 2024, Bernabé aparecía como una flamante licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual por la Universitat de València. Un currículum blindado, digno de una academia de letras, hasta que la realidad —esa que no admite 'errores de transcripción'— decidió pasar factura. El PSOE intentó vender el desliz como un despiste administrativo, una especie de errata de última hora por las prisas del congreso. Pero en la política, como en la lista de la compra, si anotas que tienes huevos y el cartón está vacío, el problema no es la pluma, sino la despensa. Tras el sablazo mediático y las acusaciones de la derecha, la delegada ha decidido que la mejor forma de limpiar el historial es volver a las aulas. Ahora, Bernabé cursa las asignaturas de asistencia obligatoria que le faltan para terminar Filología Hispánica. Es un giro poético: pasar de ser la jefa de la delegación a ser la alumna que tiene que levantar la mano para pedir permiso. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación, la política descubre que los títulos no se gestionan por decreto ni se 'transcriben' por error. Bernabé admitió que solo había iniciado los estudios, pero que en su currículum oficial como delegada todo estaba en orden. Ahora le toca demostrar que sabe más de sintaxis que de maquillaje curricular.
Gestionar una crisis nacional es como organizar una cena familiar: algunos ponen la mesa y otros desaparecen justo cuando llega la cuenta. El pasado 30 y 31 de julio, Ceuta vivió un estrés postraumático colectivo con la entrada de unas 80.000 personas. Pedro Sánchez aterrizó, soltó la palabra 'ataque' para que sonara épico y, acto seguido, puso rumbo a La Mareta en Lanzarote. Un desplazamiento relámpago que dejó la ciudad en manos de un Fernando Grande-Marlaska que solo aguantó un día y medio de guardia antes de que el Ejecutivo decidiera que el problema ya estaba 'solucionado'. La hipocresía alcanzó niveles estratosféricos el 1 de agosto. Mientras Óscar Puente escribía desde su trinchera que Sánchez ya había resuelto la crisis, el Gobierno le cerró la puerta en las narices a Magnus Brunner, el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones. Brunner quería ir a Ceuta, pero desde Madrid le soltaron que no hacía falta, que todo estaba bajo control y, detalle maestro, que no había nadie para acompañarlo porque los ministros estaban de vacaciones. Básicamente, le dijeron que el incendio se había apagado y que no molestara que el equipo de bomberos estaba en la playa. La realidad, sin embargo, no se lee en los comunicados oficiales. Mientras en Bruselas se hablaba de 'superar la prueba' el 4 de agosto, en Ceuta seguían durmiendo al raso más de 10.000 personas. Hay 6.000 en albergues y más de 2.000 menores no acompañados que no encajan en la narrativa del 'problema resuelto'. Ahora, con Juan Jesús Vivas moviendo hilos en Bruselas y el PP europeo enviando a Manfred Weber para 'europeizar' el caos, el Gobierno se encuentra con que el maquillaje se ha corrido. Pasar de la 'solución inmediata' al retorno forzado exigido por Brunner y Feijóo es un giro de guion que ni en Netflix.
La solidaridad tiene un límite, y ese límite es un informe de la Policía Nacional. Resulta conmovedor: la RFEF quería 'devolver la gratitud' a Ceuta organizando un amistoso sub-20 contra México el próximo 30 de septiembre. Un gesto noble, casi poético, que se ha estrellado contra la realidad de un Ministerio del Interior que, básicamente, ha dicho que no hay quien controle la calle. Fernando Grande-Marlaska y su equipo han soltado el bombazo mediante una carta de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana: no hay agentes suficientes para montar el despliegue. Traducido al lenguaje de barrio: el Estado no puede garantizar que el partido no termine en un caos debido a la 'presión migratoria' y la 'conflictividad social'. Es la paradoja perfecta. Queremos llevar el fútbol para dar apoyo, pero el apoyo es tan peligroso que mejor nos vamos a Madrid, donde el césped es más tranquilo y no hay que lidiar con la tensión de la vía pública. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, lo ha soltado en Málaga, mientras inauguraba la exposición 'Reyes del Mundo'. Irónico que se hable de reyes mientras el estadio Alfonso Murube es el gran olvidado; según el informe, ni siquiera tiene una Unidad de Control Organizativo (UCO). Es como intentar organizar una boda de lujo en un salón que no tiene salidas de emergencia: el riesgo es demasiado alto para los despachos. Al final, el foco seguirá 'encendido' para las familias ceutíes, pero desde la distancia cómoda de un estadio madrileño. La gratitud, al parecer, viaja muy bien en avión, pero no soporta el clima de tensión del entorno del estadio. Mucho corazón en el discurso, pero el presupuesto de seguridad no da para más que para un 'lo sentimos, nos mudamos a la capital'.
La precisión quirúrgica no es lo fuerte de los manifestantes en Ceuta. El domingo, exactamente a las 20:15 horas, un grupo de vecinos decidió que la mejor forma de protestar contra la llegada de la ONG pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo era jugar al 'tiro al blanco' con un coche. El problema es que, en su afán por combatir el radicalismo, terminaron haciendo un desastre con el vehículo de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas. Imaginen la escena: huevos, patadas y pedradas que convierten un parabrisas en un puzzle de cristal, todo porque confundieron el coche con el de unos activistas navarros que venían a 'poner el cuerpo como escudo'. Es la ironía máxima: linchar a alguien para defender la convivencia. Julia Ferreras, en una charla con la Cadena SER, confesó que llegó a temer por su vida mientras veía cómo sus propios vecinos —en una ciudad donde todo el mundo sabe quién es quién— intentaban sacarlos del coche a la fuerza. El despliegue de violencia fue tal que la Policía Nacional tuvo que intervenir para evitar que la 'confusión' terminara en tragedia, con un agente metiéndose al volante para rescatar a los ocupantes. Mientras algunos gritaban que 'aquí no queremos radicales', el resultado fue un coche destrozado y un patrón de agresividad que, según Ferreras, es fruto de un discurso instrumentalizado por la derecha durante más de 50 días. Al final, el mensaje es claro: en la calle, el odio no pide el DNI antes de lanzar la piedra. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina y luego sorprenderse de que la casa se queme.
Hay errores en el censo que harían que cualquier contable de barrio se tirara por la ventana. Estamos hablando de la 'ley de nietos', esa pieza de ingeniería legislativa que busca reparar el pasado, pero que en la práctica parece gestionada con la misma precisión que un sorteo de lotería en un bar. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática nos ha regalado un espectáculo surrealista en la Comunidad de Madrid. Empecemos por Tres Cantos. El municipio ha sumado más de 200 personas al censo exterior. El problema es que la norma reconoce como exiliados a quienes huyeron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Detalle menor: Tres Cantos nació en 1991. Es decir, para que haya exiliados en Tres Cantos en los años 50, tendrían que haber tenido la capacidad de viajar en el tiempo. El alcalde, Jesús Moreno, lo llama 'perplejidad técnica', que en lenguaje de calle es: '¿Pero quién ha firmado este despropósito?'. Si lo de Tres Cantos es un chiste, lo de Madarcos es una comedia negra. El pueblo más pequeño de Madrid, con apenas 69 habitantes, ha visto cómo se le inscribían 52 'nietos' del voto CERA. Prácticamente han duplicado la población con un plumazo administrativo. La alcaldesa, Eva Gallegos, está horrorizada porque este 'sablazo' demográfico puede cambiar el sentir del pueblo sin que el Ayuntamiento haya visto ni un solo papel. Mientras el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la instrucción de la Oficina del Censo Electoral, el resto del sistema sigue operando en modo 'ya veremos'. Es la clásica gestión donde el rigor es un invitado que nunca llega a la fiesta, dejando que el censo se convierta en un juego de azar donde el arraigo es una sugerencia y no un requisito.
Comentarios