Crítica:
La noticia es clara, pero el Gobierno juega al despiste con las cifras reales del 'roto' financiero. El texto deja evidente que el Ejecutivo ya no gobierna, sino que sobrevive a base de inercia.
El Gobierno pierde 800 millones de euros de fondos europeos en una tarde por su incapacidad para convalidar un decreto ley
El Gobierno quema 800 millones por torpeza
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Sánchez paga la luz al invasor marroquí
Hay una ironía exquisita, casi coreografiada, en la gestión energética de este Gobierno. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, Pedro Sánchez ha decidido jugar a ser el 'gestor de suministros' de Rabat. Los datos de Enagás no mienten, aunque a veces duelan: en pleno agosto, mientras Marruecos mantiene su presión sobre Ceuta, España le ha enviado 790 GWh/mes de gas natural a través del tubo de Tarifa. Es, básicamente, pagarle la calefacción y la luz al vecino que te está intentando echar de tu propia casa. Lo más fascinante de esta ingeniería diplomática es el triángulo amoroso energético. España se ha puesto de acuerdo con Argelia para importar más gas vía Medgaz, el gasoducto que llega a Perdigal (Almería). Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las importaciones argelinas subieron de 9.123 GWh/mes a 9.897 GWh/mes. Un incremento de 774 GWh/mes que, en lugar de servir para evitar que la industria española sufra apagones o para estabilizar un sistema eléctrico que va más tembloroso que un flan, ha acabado directamente en el sistema eléctrico de Mohamed VI. Es un negocio redondo para Rabat: España hace el trabajo sucio de negociar con Argelia, absorbe el riesgo y luego le pasa el gas a Marruecos, que ahora depende de nosotros para el 15% o 20% de su consumo eléctrico. Mientras Ceuta carece de una infraestructura energética estable con la península, el flujo hacia el reino alauita corre como la espuma. Hemos convertido el gasoducto de Tarifa en un cordón umbilical que alimenta la actividad económica de quien nos desafía, todo mientras el recibo de la luz en España sigue disparado. Una generosidad que, vista desde la calle, parece más una capitulación que una estrategia de Estado.
Delegado de Ceuta: influencias en familia
En el manual de supervivencia del funcionario avanzado, hay un capítulo dorado que explica cómo gestionar una investigación judicial: tener a la pareja en el lugar donde se reparten las cartas. Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, parece haber seguido el manual al pie de la letra. Mientras Madrid intentaba descifrar si el delegado se quedó dormido en los laureles —o ignoró deliberadamente los avisos del CNI— antes de la entrada masiva de inmigrantes, la maquinaria del control familiar se puso en marcha. La pieza clave del tablero es N.G.M., la esposa de Pérez Triano. No es una empleada cualquiera; es funcionaria de Justicia en la unidad de Registro y Reparto de los juzgados de Ceuta. Para quien no domine la jerga, ese puesto es el 'mostrador' por donde pasan todas las denuncias antes de aterrizar en la mesa de un juez. Es como tener la llave de la caja fuerte y saber exactamente quién entra y quién sale. Desde 2006, cuando figuraba en una bolsa de secretarios judiciales, hasta su ingreso como funcionaria de carrera en 2018, N.G.M. ha tejido una red que incluye haber sido asesora del Grupo Político Socialista en 2007 y suplente del PSOE al Senado en 2008 y a la Asamblea en 2015. La alarma saltó en Madrid cuando sospecharon que el delegado usaba estos 'contactos de almohada' para leer el futuro de sus diligencias por prevaricación omisiva. El asunto se volvió tan turbio que la investigación tuvo que mudarse a la Audiencia Nacional para evitar que el expediente sufriera un 'accidente' en el camino. Para rematar la faena, Manos Limpias y su presidente, Miguel Bernad, denuncian que su solicitud de personación del 2 de septiembre quedó en el limbo, ignorada por el juzgado. Un olvido muy curioso que huele a ingeniería administrativa.
David Sánchez: 9 años fuera del 'chiringuito'
Hay quienes creen que una sentencia es como un ticket de supermercado: si no te gusta el precio, intentas devolver el producto. David Sánchez intentó aplicar esa lógica con la Audiencia de Badajoz, pidiendo que borraran los párrafos 'incómodos' de su condena por prevaricación. Quería limpiar el expediente de aquel 2016, cuando el puesto de coordinador de conservatorios se cocinó a fuego lento y con el menú ya decidido antes de que alguien llegara a la entrevista. Pero el tribunal, con una frialdad quirúrgica, le ha recordado que una cosa es que el delito haya prescrito y otra muy distinta es que los hechos se hayan evaporado mágicamente. La prescripción no es una goma de borrar para la historia. El 'sablazo' institucional es contundente. Nueve años de inhabilitación. No se trata solo de que ya no sea el jefe de la Oficina de Artes Escénicas —plaza que soltó en febrero de 2025, probablemente para evitar que le echaran con el ruido de los platillos—, sino que tiene el camino cerrado a cualquier puesto electivo o discrecional en la administración pública. Básicamente, el Estado le ha puesto un candado al currículum hasta que pase casi una década. Mientras tanto, su compañero de viaje, Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz, se lleva una condena doblemente pesada: 18 años de banquillo administrativo. La justicia incluso se ha tomado el tiempo de ajustar las cuentas de las costas procesales, repartiéndolas como quien divide la cuenta de una cena incómoda: dos duodécimas para Gallardo y una para el resto. Por si fuera poco, el intento de desacreditar al teniente coronel Antonio Balas y a la UCO ha chocado contra un muro. El tribunal ha dejado claro que ser testigo y perito a la vez no es una contradicción, sino una capacidad técnica que la defensa no ha sabido digerir.
Pasaporte español: el 'kit' sin manual instrucciones
España ha abierto el grifo de la nacionalidad y el resultado es un surrealismo digno de una comedia de enredos. La Ley de Memoria Democrática ha provocado que 2,4 millones de personas en todo el mundo se lancen a pedir el pasaporte rojo, como quien pide una pizza a domicilio pero sin saber dónde queda la pizzería. Argentina se lleva el premio gordo, concentrando el 40% de las peticiones; solo en el Consulado de Buenos Aires se amontonan 645.052 expedientes, una cifra que hace que cualquier cola de supermercado en Navidad parezca un paseo tranquilo por el parque. Lo verdaderamente fascinante no es el volumen, sino el vacío. Mientras que el que quiere la nacionalidad por residencia tiene que sudar tinta con un examen de la Constitución y cultura general, el 'nieto' entra por la puerta grande sin saber distinguir un mapa de una servilleta. Hemos llegado al punto en que hay aspirantes que confunden Navarra con el País Vasco con una naturalidad pasmosa: «Mi abuelo era navarro, somos puros vascos», sueltan sin pestañear. Es el equivalente a decir que tu abuelo era de Madrid y por eso eres un experto en el clima de Sevilla. Hay jóvenes cuyos ancestros vienen de Los Barrios de Luna, en León, o de Lugo, que jamás han pisado esas tierras. Han visitado Madrid o Barcelona como turistas, pero el pueblo del abuelo es una 'cuenta pendiente', una especie de leyenda urbana familiar. Mientras tanto, en la calle Guido del barrio Recoleta, las filas de 200 metros son el paisaje habitual. Todo esto ocurre mientras el Tribunal Supremo intenta poner un freno cautelar al voto de quienes no acrediten ser descendientes de exiliados, pero el papeleo sigue fluyendo. Al final, España está sumando millones de ciudadanos que conocen el país por el catálogo de una agencia de viajes, pero que ya tienen el poder de decidir el futuro político de quienes sí pagan el IBI.
Buses en Palma: Residentes primero, turistas después
En Palma, donde sobrevivir a la temporada de verano es casi un deporte extremo, el PSOE ha decidido que la solución al caos del transporte no es, precisamente, poner más autobuses, sino organizar una fila de castigo. Iago Negueruela, secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la alcaldía, propone que los turistas sean los últimos en subir a los buses de la EMT. Una especie de 'apartheid de transporte' basado en el plástico: si tienes la tarjeta TIB o la Única, pasas primero; si vienes a ver la catedral, espera tu turno mientras el residente que va al médico o al trabajo te mira con superioridad moral. Negueruela argumenta que este verano ha sido 'supermasificado' y que el alcalde ha mirado hacia otro lado, priorizando el flujo del visitante sobre el del currante que intenta llegar al aeropuerto sin sufrir un ataque de ansiedad. La lógica es tan simple como cruel: si un trabajador llega tarde, le cae un marrón en la oficina; si un turista llega tarde a pasear por Palma, pues llega tarde a no hacer nada. Para darle barniz de prestigio a la ocurrencia, han sacado la carta de Venecia, sugiriendo que si los italianos lo hacen para gestionar su propia agonía turística, nosotros también podemos. Es la clásica ingeniería política: en lugar de resolver el agujero de servicio con más flota y mejores frecuencias, se propone gestionar la cola. Es como intentar solucionar que el supermercado no tenga pan organizando quién tiene más hambre para que entre primero en la tienda vacía. Una medida de 'corto y medio recorrido' que, en el fondo, es un parche brillante para un sistema que ya no aguanta más peso.
Siete decenas de peligrosos saltan a península
El Gobierno ha decidido jugar al Tetris con la seguridad ciudadana. Tras el asalto masivo a Ceuta, han decidido que 70 de los 'invitados' más intensos —aquellos con currículum en agresiones sexuales, robos violentos y atentados contra agentes— no son aptos para el clima local y los han despachado a prisiones de Algeciras, Archidona y Morón de la Frontera. Un traslado en furgoneta y barco que parece un tour turístico, mientras en la prisión de Ceuta bostezan seis módulos vacíos con 72 celdas cada uno. Ingeniería logística de primer nivel. Mientras Fernando Grande-Marlaska insiste en que la inseguridad es una 'percepción subjetiva' (como quien te dice que tu cuenta bancaria vacía es solo una sensación), los datos de Juan Jesús Vivas dinamitan el relato. Pasar de 67 a 1.001 agresiones y de 10 a 600 allanamientos en un año no es una opinión, es un incendio. Los ingresos en la cárcel ceutí se han disparado un 505%, llegando a 121 sujetos, muchos de ellos con el 'tatuaje de graduación' del yihadismo y el crimen: la S, el dólar y los tres puntos. La realidad es que el sistema está haciendo un 'colador'. De cada diez detenidos, solo un par acaban en celda; el resto son expulsados, permitiendo que los más escurridizos sigan deambulando por la ciudad. Entre ellos, personajes que ya habían sido expulsados y regresaron como quien vuelve a su pueblo en vacaciones, incluyendo a un delighted agresor sexual de menores de 2019. Para rematar el cuadro, los funcionarios de prisiones, representados por el sindicato TAMPM, lidian con un caos organizativo y un protocolo sanitario que recuerda al Covid, con mascarillas FFP2 para combatir brotes de sarna, tuberculosis e impétigo. Todo esto mientras un preso ya ha tenido que ser 'empaquetado' con sujeción mecánica por su agresividad. En resumen: el Gobierno maquilla la cifra, pero el olor a sarna y el ruido de los cristales rotos no se borran con un comunicado oficial.
Ceuta: desalojo aplazado y juegos de culpas
En el tablero político español, Ceuta se ha convertido en el tablero de Monopoly donde los ministros juegan con casas que no existen. Mientras el ciudadano de a pie intenta que la factura de la luz no le deje en números rojos, el Gobierno ha decidido que desalojar la playa del Trampolín es como montar un mueble de IKEA sin instrucciones: se ha aplazado la operación porque el 'campamento del Puerto' aún no está rematado. Básicamente, han querido mover a 1.500 personas de las 4.000 que viven allí, pero se han dado cuenta de que no tienen dónde meterlas. Un despliegue de eficiencia que haría llorar a cualquier gestor de barrio. En los pasillos del Congreso, el ambiente es de chợ (mercado). Pedro Sánchez, con la soltura de quien pide un crédito sin avales, ha aplicado la técnica del 'balón fuera'. Cuando le preguntan por los 700 a 1.000 menas que siguen durmiendo a la intemperie, su respuesta es un dardo directo: «Eso a Vivas, pregúntele». Una jugada maestra de ingeniería administrativa: si el problema es grande, busca a alguien con un cargo inferior y échale la culpa. Mientras tanto, el PP lo tacha de «amoral» y «sinvergüenza», y Marlaska, el ministro más reprobado de la legislatura, insiste en que el trabajo es «extraordinario». Claro, extraordinario es el optimismo que hace falta para decir que todo va bien mientras la Fiscalía investiga si el delegado Miguel Ángel Pérez Triano se quedó dormido al volante de la gestión. Para rematar la función, la Diputación de Badajoz ha decidido que no pedirá el reintegro de los 427.000 euros cobrados por David Sánchez y Luis Carrero. Un agujero contable que se cierra con un sello oficial, mientras en Ceuta los estudiantes huyen a Castilla-La Mancha porque estudiar en una ciudad invadida es un deporte de riesgo. Así es la España de 2026: mucha retórica europea de Von der Leyen en Estrasburgo, pero en la calle, el desalojo sigue esperando a que terminen de montar la carpa.
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