Crítica:
La noticia es un despliegue de testimonios cruzados que deja al imputado en una posición indefendible, aunque brilla por la ausencia de la versión actualizada de la defensa más allá del recurso legal.
Las declaraciones de la cúpula de Plus Ultra siembran la sospecha de que Zapatero cobró más comisiones tras el rescate
Zapatero: ¿Comisiones infinitas por rescate público?
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Fincas para jóvenes: un regalo tamaño trastero
El pasado 14 de enero, Pedro Sánchez lanzó un caramelo que sabía a gloria: 17.000 fincas para jóvenes agricultores a través de la 'Plataforma Tierra'. El anuncio cayó como anillo al dedo mientras los tractores asediaban las capitales por el lío del Mercosur y los recortes de la PAC. Parecía la solución mágica para un sector donde solo el 9% de los trabajadores tiene menos de 41 años. Pero, como ocurre con muchas promesas electorales, al abrir el capó el motor estaba gripado. Resulta que el Ministerio de Agricultura sigue en silencio, sin el Real Decreto prometido, mientras que un estudio de Cocampo y su fundador, Regino Coca, ha puesto los puntos sobre las íes. La realidad es que el Fisco tiene unas 15.510 parcelas cedibles, pero el tamaño medio es un chiste: 0,416 hectáreas. Para que nos entendamos, es como prometer un piso para una familia y entregarles un trastero con humedad. Mientras que la finca agrícola media en España mide 30,46 ha, el 76,4% de estas 'joyas' gubernamentales no llega ni a una hectárea. Es agricultura de maceta, no de negocio. La ingeniería financiera es fascinante. El Plan de Ventas del Estado 2023-2030 no es más que el hijo moderno de una estrategia de Rajoy iniciada en 2012 para llenar las arcas públicas. Entre 2012 y 2024, el Estado ha soltado parcelas por una media de 2.558 y 2.741 euros, cifras que parecen calderilla comparadas con los 14.000 o 30.000 euros que cuesta una hectárea de regadío. Al final, Sánchez ha vendido como un plan de relevo generacional lo que en realidad es una liquidación de saldos de terrenos minúsculos, concentrados sobre todo en Castilla y León (3.320), Comunidad Valenciana (5.358) y Aragón (1.725).
Laya y el móvil hackeado: ¡Vaya descuido!
Hay protocolos para todo: para pedir una cita en el médico, para pagar el IBI y, por supuesto, para cuando te hackean el móvil siendo la jefa de Exteriores. En abril de 2021, Arancha González Laya descubrió que su teléfono no era precisamente un búnker, sino una puerta abierta de par en par. Mientras el ciudadano medio se preocupa por si el banco le ha cobrado la comisión de mantenimiento, la entonces ministra gestionaba la crisis con Marruecos y el espinoso caso Gali con un dispositivo que probablemente enviaba sus secretos en tiempo real a quien quisiera escucharlos. La escena es digna de una comedia de enredos institucional. Laya, siguiendo el manual de instrucciones, se plantó en Palacio de la Moncloa para entregar el aparato infectado a Félix Bolaños. Un traspaso de testigo, o más bien, de malware. El problema es que este 'regalito' tecnológico llegó en el peor momento posible: en plena tensión diplomática con Rabat y con el Frente Polisario mirando desde la barrera. Es fascinante el contraste. Nos venden la seguridad nacional como un muro de hormigón, pero resulta que la llave de la casa estaba puesta por fuera. Que el personal del Ministerio confirmara la intrusión es el equivalente a que te digan que tienes una gotera justo cuando se ha inundado el salón. La entrega del móvil a Bolaños no fue un simple trámite administrativo, fue la confesión de que la alta cocina diplomática española se estaba cocinando con una ventana abierta y el viento soplando fuerte desde el Magreb. Al final, el protocolo se cumplió, pero la sensación de vulnerabilidad se quedó grabada en el disco duro de la historia reciente.
Maletas y Pegasus: El sablazo marroquí en Bruselas
Imagínense que alguien entra en su casa, le lee los mensajes de WhatsApp y, acto seguido, le ofrece una maleta llena de billetes para que deje de quejarse de que le han robado la bici. Pues bien, a escala geopolítica, eso es el Moroccogate. En 2021, el software Pegasus convirtió los móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Margarita Robles en ventanas abiertas para Rabat. No es que el Reino de Mohamed VI tuviera curiosidad periodística; es que tenían el control de las llaves de Presidencia, Interior, Defensa y Agricultura, justo donde se cocinan las exportaciones y los secretos de Estado. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, en Bruselas se manejaba una ingeniería financiera de película. La ONG Fight Impunity, capitaneada por Pier Antonio Panzeri, funcionaba como una lavandería de lujo para canalizar sobornos. La Fiscalía Federal belga, a finales de 2022, encontró más de 1,5 millones de euros en efectivo metidos en bolsas de viaje. Sí, maletas llenas de billetes, como si estuviéramos en una película de mafiosos de los años 70, pero con el sello de la DGED, el servicio de inteligencia marroquí. El diplomático Abderrahim Atmoun hacía de mensajero VIP entre los espías y la red de Panzeri, Francesco Giorgi y Eva Kaili. ¿El objetivo? Que la UE cerrara los ojos ante la falta de libertad de prensa, los derechos humanos y, sobre todo, que el Sáhara Occidental siguiera siendo un cheque en blanco para Rabat. Al final, eurodiputados del grupo S&D como Andrea Cozzolino y Marc Tarabella terminaron imputados. El Parlamento Europeo, en un raro ataque de lucidez, prohibió la entrada a los delegados marroquíes, admitiendo que su hospitalidad costaba demasiado cara.
Sánchez: Generoso fuera, tacaño en casa
Hay una magia contable muy curiosa en Moncloa: la capacidad de encontrar billetes donde el ciudadano común solo ve el recibo de la luz subiendo. Mientras el español medio hace malabares con la cesta de la compra para que no le falte el aceite, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el presupuesto nacional es, básicamente, una hucha abierta para el mundo. No hablamos de un detalle amable; hablamos de una ingeniería financiera que ha catapultado la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta los 26.760 millones de dólares entre 2019 y 2025. Es un despliegue de generosidad que haría palidecer a cualquier ONG. Para ponerlo en lenguaje de calle: en 2019, el primer año completo del líder socialista, el gasto fue de 3.110 millones de dólares. Para 2025, la cifra ha escalado hasta los 4.650 millones. Un incremento del 49,5% que se siente como un sablazo en la factura del contribuyente, pero con la satisfacción moral de saber que el dinero vuela lejos. Y no se engañen con el cuento de los 'préstamos blandos' que algún optimista pueda vender en un foro. Olvídense de que ese dinero vuelva a casa para arreglar un bache en la carretera o poner un médico más en el centro de salud. Según la OCDE, en 2024 el 99,6% de estas ayudas fueron donaciones puras y duras. Dinero que se va sin dejar rastro ni recibo. Sánchez ha rescatado la nostalgia de los máximos históricos de José Luis Rodríguez Zapatero, demostrando que la prioridad es el prestigio internacional antes que el asfalto nacional. Sumando los 455 millones de 2024 y los 323 millones de 2025 destinados a instituciones extranjeras, el panorama es claro: España es el vecino generoso del barrio que paga las cenas de todos mientras tiene la nevera vacía y la gotera en el techo.
Bruselas quiere prohibir tu casa de playa
Bruselas ha decidido que el culpable de que un joven no pueda emanciparse sin hipotecar hasta el alma es, convenientemente, el que quiere comprarse un piso en la playa para escaparse los fines de semana. Bajo el sofisticado nombre de 'Ley de Vivienda Asequible', la Comisión Europea ha lanzado un dardo que, aunque no prohíbe la compra de segundas residencias de golpe, deja la puerta abierta y el camino asfaltado para que ayuntamientos y regiones cierren el grifo. Es el clásico movimiento de 'yo no lo hago, pero te doy el permiso para que lo hagas tú'. La lógica es tan simple que asusta: menos casas para el ocio, más casas para vivir. Un razonamiento que suena muy bien en un despacho de cristal en Bélgica, pero que en la calle se siente como intentar arreglar una inundación tapando el grifo con un chicle. Teresa Ribera y Dan Jørgensen, los arquitectos de esta norma, junto a la bendición de Ursula von der Leyen, sugieren que restringir la propiedad si no es la residencia principal 'salvaguarda la asequibilidad'. Traducido al idioma mortal: si tienes dinero para dos casas, eres el enemigo público número uno. Mientras tanto, el eurodiputado Borja Giménez Larraz ya ha soltado la palabra mágica del momento, calificando la medida de 'corte bolivariano' y un 'desatino'. El argumento es el de siempre: el problema no es quién compra, sino que no hay casas. Es como intentar bajar el precio del pan prohibiendo que la gente compre dos barras; el panadero seguirá cobrando lo mismo y tú seguirás con hambre. Además, la norma pone el ojo en los alquileres turísticos y en las viviendas vacías, amenazando con un sablazo fiscal si el dueño no tiene una excusa convincente para mantener la llave en el cajón. Ahora solo falta que el Consejo y el Parlamento Europeo firmen el acta de defunción del libre mercado inmobiliario.
Yolanda Díaz: menos horas, más papeleo
Yolanda Díaz llega al último tramo de 2026 con el carrito de la compra lleno de promesas, pero con la tarjeta denegada en la caja. Su gran sueño, recortar la jornada a 37,5 horas semanales, ha terminado en el cementerio legislativo gracias al veto de Junts. Mientras los empresarios suspiran aliviados porque no les han subido el coste de la nómina sin bajar la producción, la ministra se ha tenido que tragar también el 'despido restaurativo'. Esa idea de pagar indemnizaciones 'a la carta' según la vulnerabilidad, edad o sexo del trabajador, suena muy bien en un mitin, pero en el mundo real es la receta perfecta para que nadie quiera contratar a los perfiles que dice proteger. Es como intentar salvar a alguien prohibiendo que le den trabajo. Pero como el espíritu burocrático no descansa, si no puede reducir las horas, al menos puede multiplicar los papeles. El Consejo de Ministros acaba de aprobar una nueva fiesta de la papelería: contratos laborales que parecen enciclopedias. Se acabó el práctico 'según convenio'; ahora el empresario deberá detallar horarios, sueldos, periodos de prueba y hasta los planes LGTBI y de igualdad. Lo más surrealista es la exigencia de incluir las 'reglas algorítmicas' que determinan las condiciones de trabajo. Básicamente, quieren que el jefe explique por escrito cómo piensa el ordenador. Todo esto mientras el registro horario digital, ese que permitiría a la Inspección de Trabajo espiar el fichaje en tiempo real, sigue en el limbo. Al final, la estrategia es clara: si no puedo darte menos horas de trabajo, te daré más horas de rellenar formularios. Una ingeniería administrativa que no crea empleo, pero que mantiene muy ocupados a los gestores.
ONGs e inmigración: el negocio del altruismo
Hay un negocio redondo donde el cliente no paga, sino que es el producto. En un extremo tenemos a las mafias, que operan con la precisión de una multinacional logística; en el otro, una maquinaria de ONG que ha convertido la solidaridad en un modelo de suscripción financiado con nuestros impuestos. Rubén Pulido lo deja claro: el inmigrante es la unidad de negocio que hace girar la rueda. El reparto del botín está tan aceitado que parece un acuerdo de caballeros. Cruz Roja, Accem y CEAR se han dividido el pastel de la primera acogida, los traslados y la asesoría legal sin pelearse por las migajas. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se pone el traje de gala. Accem movió a más de 10.000 personas entre 2024 y finales de 2025, con un ticket de unos 300 euros por vuelo. Mientras tanto, Cruz Roja soltaba entre 15.000 y 20.000 euros diarios en comida en la playa del Trampolín durante la crisis de Ceuta, habiendo engullido ya 6,5 millones de euros. Es como gestionar un buffet libre donde el dueño cobra la cuenta al Ayuntamiento. Lo más cínico es la 'lógica de incentivos'. En este ecosistema, si no te gastas la subvención, el año que viene te recortan el presupuesto. Es la ley del 'gástalo o piérdelo', lo que convierte la eficiencia en un pecado mortal. Así, el tercer sector ha inflado su plantilla hasta los 500.000 empleados y compensados, alimentándose del flujo migratorio. Acoger a un menor no acompañado cuesta entre 4.000 y 4.500 euros al mes; una cifra que haría palidecer a cualquier alquiler en el centro de Madrid, aunque gran parte de ese dinero no llega al chaval, sino que sostiene los despachos, los sueldos de directores y la estructura de un sistema que no quiere que el problema se solucione, porque entonces se quedarían sin oficina.
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