Crítica:
La noticia es un bombazo, pero el Gobierno se escuda en la 'seguridad nacional' como quien usa un paraguas en un huracán. Falta que alguien explique exactamente quién dio la orden de bloquear las fotos.
La prueba que Moncloa ocultó a la juez: coches fletados por Marruecos participaron en la invasión de Ceuta
Moncloa oculta satélites: Ceuta no fue espontánea
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Zapatero y las joyas: el 'sablazo' qatarí
Hay quien dice que el tiempo lo cura todo, pero en el despacho del juez José Luis Calama el reloj corre con una precisión quirúrgica que no admite 'olvidos' diplomáticos. José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro exmandatario reconvertido en ermitaño de alquiler en Las Rozas, se ha topado con un muro de hormigón en el Golfo. Resulta que el señor Zapatero prometió en junio entregar los certificados de origen de unas joyas intervenidas en un plazo de diez días. Tres meses después, el plazo ha caducado más que un yogur dejado al sol y los papeles siguen siendo un fantasma. La jugada es tan vieja como el hilo negro: tras intentar hacer gestiones 'amistosas' en Arabia Saudí, Emiratos y Qatar —probablemente con el mismo tono con el que uno pide un favor para saltarse una cola—, el resultado ha sido un silencio sepulcral. Ahora, en un giro de guion digno de Oscar, Zapatero pide que sea el juez quien haga el trabajo sucio mediante comisiones rogatorias, centrando el tiro exclusivamente en Qatar. Es la clásica maniobra de quien, al ver que no puede pagar la cuenta con el carné de socio, pide que el banco gestione la deuda. Mientras tanto, la solidaridad de partido funciona como un seguro a todo riesgo. Pedro Sánchez, que no quiere que el ruido de las joyas le ensucie la campaña, mantiene el teléfono encendido para su mentor, aplicando la técnica de 'creerle al amigo' que ya probó con Víctor de Aldama. Por otro lado, la lealtad en el mundo de los negocios es mucho más volátil. Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino que sirvió de arquitectura financiera para una consultora donde Zapatero se lucraría, ha aplicado la ley del hielo. El testaferro ha pasado de ser el confidente a ser un desconocido que no coge el teléfono, dejando al ex presidente solo con sus joyas y sus recuerdos en Las Rozas.
Marlaska: promesas rotas y guardias expulsados
La palabra de un ministro tiene la misma caducidad que un yogur olvidado en el maletero durante agosto. En enero de 2020, Fernando Grande-Marlaska lanzó una promesa blindada: «ningún Guardia Civil va a salir de Navarra». Un mantra que el Gobierno ha repetido hasta 2025, mientras, por debajo de la mesa, se cocinaba un menú degustación de precariedades. Ahora, la realidad ha aterrizado con la sutileza de un choque frontal. La transferencia de competencias de Tráfico a Navarra, efectiva desde abril de 2025, ha dejado a más de 150 agentes en un limbo administrativo que parece diseñado por un experto en sadismo burocrático. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado la bomba: la notificación oficial ya está aquí y el camino es un callejón sin salida. Los agentes tienen un mes para elegir entre el exilio o una 'pasarela' hacia la Policía Foral que es, en realidad, un salto al vacío. Aceptar la integración significa aceptar un sablazo en la nómina con salarios congelados, olvidarse del derecho a una vivienda y ver cómo el coeficiente de reducción para la jubilación se evapora como el agua en el desierto. Es el clásico trato de 'firma aquí y olvida tus derechos'. Para rematar la jugada, los agentes en reserva son obligados a volver al servicio activo, como si el tiempo no pasara o la edad fuera un detalle irrelevante. Lo más cínico es que, una vez que crucen el puente hacia la Policía Foral, la puerta de regreso a la Guardia Civil se cierra con candado y cadena. Una ingeniería financiera y laboral que convierte la estabilidad del funcionario en un juego de azar donde el Estado siempre gana y el agente paga la factura.
Sánchez y el laberinto de los 114 millones
Gestionar una crisis nacional parece que, para el Gobierno de Pedro Sánchez, es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con ganas de irse a dormir la siesta. Mientras el Ejecutivo se dedica a señalar al PP por 'poner palos en las ruedas', la realidad es que en Bruselas se miran las manos. Resulta fascinante que, habiendo una ayuda de 114 millones de euros sobre la mesa —una cifra que haría temblar cualquier cuenta corriente doméstica—, el Ministerio del Interior haya sido incapaz de rellenar los papeles a tiempo. Bruselas tuvo que bloquear el dinero por pura falta de concreción. Básicamente, es como si te ofrecieran pagar el alquiler y tú no supieras dar el número de cuenta. El ritmo ha sido, digamos, 'meditativo'. Tardaron un mes en pedir el apoyo de Frontex, cuando la UE estaba ya con el teléfono en la mano desde el primer día. Fernando Grande-Marlaska y el comisario Magnus Brunner hablan de 'importantes avances', ese lenguaje diplomático que en la calle significa 'estamos dando vueltas al asunto'. Un mes y medio después de la invasión, el dinero sigue en el limbo. Lo más surrealista es el juego de las sillas institucionales. Tenemos a Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión de von der Leyen, jugando al escondite mientras Ceuta arde. Y mientras José Manuel Albares contraprograma las visitas del presidente Juan Jesús Vivas para que el foco no se desvíe, el rey Felipe VI sigue esperando el 'visto bueno' del Ejecutivo para pisar la ciudad. En resumen: mucha pompa en los anuncios, pero a la hora de ejecutar, parece que el Gobierno prefiere que la ayuda europea llegue por correo ordinario y en días laborables.
UGR: ¿Honoris Causa o hipocresía diplomática?
Hay una regla no escrita en los pasillos del poder: la coherencia es un lujo que las instituciones no suelen permitirse. La Universidad de Granada (UGR) se encuentra ahora en ese incómodo precipicio. Mientras el campus de Ceuta se prepara para abrir el 22 de septiembre con un 'kit de supervivencia' —vigilancia, control de accesos y apoyo psicológico para 1.755 personas—, los profesores destinados allí han decidido que ya basta de hacer como que no pasa nada. No piden solo seguridad; piden que el rector Pedro Mercado limpie el armario de los trofeos y retire el Doctor Honoris Causa a Mohamed VI, concedido el 7 de septiembre de 2000. La jugada es maestra porque utiliza el espejo de la hipocresía institucional. En mayo de 2024, la UGR se puso la capa de valiente y suspendió por unanimidad la cooperación con Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Aquella decisión, que terminó en un dolor de cabeza judicial con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es ahora el arma de los docentes: si hubo 'cancelación' para unos, ¿por qué el silencio cómplice con el soberano alauí ante la crisis en Ceuta? El contraste es casi cómico si no fuera trágico. Mientras la UGR presume de que su impacto en el PIB ceutí es del 3,35 % —una cifra que suena a orgullo corporativo en un folleto de marketing—, los profesores exigen que la institución deje de jugar a la diplomacia de salón y diga, sin miedo a que se le caiga el café, que Ceuta y Melilla son España. Salvador del Barrio, el vicerrector, ha tenido que escuchar que el Honoris Causa de hace 26 años ya no es un puente cultural, sino un anacronismo que huele a naftalina y a conveniencia política.
Espionaje y Ceuta: el sablazo de Rabat
Hay silencios que pesan más que un impuesto al lujo y otros que, cuando se rompen, suenan a cristales rotos en plena madrugada. Mehdi Hijaouy, el antiguo número dos de la DGED (la inteligencia marroquí), ha decidido que ya es hora de soltar el lastre. En una charla con 'Le Canard Enchaîné', Hijaouy ha dejado caer una bomba: Rabat no es que estuviera mirando el paisaje, es que tenía el mapa de la invasión migratoria de finales de julio subrayado con fluorescente. Para el exespía, esto no fue un 'descuido' de seguridad, sino una coreografía coordinada. Pone el dedo en la llaga señalando a Ali el Himma, el consejero del rey Mohamed VI, y a Abdellatif Hammouchi, el jefe de la policía marroquí. Lo irónico es que Hammouchi no es un desconocido para nosotros; es un hombre condecorado por Marlaska, un detalle que hoy suena a chiste de mal gusto mientras la jueza María Tardón intenta descifrar el rompecabezas en el juzgado. Claro, la respuesta de Rabat es la de siempre: el 'manual del traidor'. Dicen que Hijaouy es un estafador expulsado en 2010, una etiqueta cómoda para invalidar a quien sabe dónde están enterrados los secretos. Pero la pregunta de Hijaouy es tan simple que duele: ¿cómo se mueve una marea humana hacia la frontera sin que el virrey y el jefe policial se enteren? Es como decir que no viste que se inundaba el salón mientras tenías el grifo abierto y el pie en el pedal. Para rematar la faena, Hijaouy menciona el software Pegasus con una ironía fina, asegurando que en Rabat intervendrían hasta el teléfono del diablo si les conviene. Mientras tanto, en Francia, el juez Calama une los puntos entre el espionaje a Pedro Sánchez y sus ministros de Interior y Defensa, sugiriendo que el autor de todas estas 'travesuras' digitales es el mismo. Un círculo de lealtad reverencial que, visto desde fuera, parece más bien un club de lectura de secretos ajenos.
PISA: El sablazo educativo de Pedro Sánchez
España ha logrado lo que parecía imposible: alcanzar el fondo del barril educativo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, la OCDE nos ha soltado el informe PISA y el resultado es un auténtico agujero negro. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el rendimiento estudiantil no ha bajado, se ha desplomado, marcando el peor resultado de toda la serie histórica. Es como si hubiéramos decidido que saber leer y sumar es un lujo opcional. Gregorio Luri, pedagogo que no se anda con chiquitas, ha puesto el dedo en la llaga. Para él, no es culpa de que los chavales estén pegados al móvil —porque en Estonia o Singapur usan pantallas y no se vuelven analfabetos—, sino de una 'desertización cognitiva'. Hemos cambiado el rigor por una 'pedagogía blanda' y matemáticas emocionales. Básicamente, hemos sustituido el esfuerzo por palmaditas en la espalda, produciendo más deficiencia que excelencia. Es la gestión del 'todo bien' mientras el edificio se cae a trozos. Pero el espectáculo tiene un giro digno de thriller contable. Jorge Sainz ha destapado que en Cataluña la tasa de exclusión de alumnos pasó del 5,6 % en 2022 al 23,2 % en 2025. Cuadruplicar la exclusión en tres años no es un error de cálculo, es un truco de magia para que la media nacional (477 en ciencias y 451 en lectura) no parezca tan catastrófica. Mientras tanto, el País Vasco ha sufrido un desplome de 47 puntos en lectura, bajando a 419. Al final, nos venden una media nacional que no describe a nadie, ocultando un sistema fragmentado donde el absentismo y la falta de profesores son la verdadera asignatura pendiente.
Policía vende espía de Pegasus por millones
Hay quienes ven la seguridad nacional como un servicio y quienes la ven como un catálogo de Wallapop. Un colaborador de la Policía Nacional, de esos que deberían dormir tranquilos sabiendo que protegen el Estado, decidió que la ubicación de un espía valía más que su honor. En marzo, en el hotel Eurobuilding de Madrid, mientras otros pedían un café, este personaje se sentó con emisarios de Marruecos para cerrar un trato: el paradero de Mehdi Hijaouy a cambio de un 'pequeño' incentivo de entre dos y tres millones de euros. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, este confidente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska intentó hacer el negocio de su vida vendiendo a un prófugo como quien vende un coche de segunda mano. Hijaouy no es un cualquiera; era la mano derecha de Yassine Mansouri y jefe del «Service Action» de la DGED. Es el hombre que guarda las llaves del reino: las pruebas del spyware Pegasus y, según se dice, el material sustraído del teléfono de Pedro Sánchez. El colaborador policial no solo sabía que Hijaouy respiraba, sino que le dio el mapa detallado: un piso en Mejorada del Campo y una finca en Cáceres. Datos que, en un mundo sin hipocresías, habrían terminado en un atestado y no en una negociación hotelera. El espía, que ya había pasado por la Audiencia Nacional tras ser detenido en septiembre de 2024, terminó convirtiéndose en la moneda de cambio de un sistema donde la lealtad tiene precio. Mientras el grupo Jaboroot amenaza con soltar la lista de 70.000 agentes y los secretos de la crisis de Ceuta, nosotros descubrimos que en el corazón del aparato policial hay quien prefiere el billete extranjero al deber público. Un despliegue de cinismo que deja el concepto de 'seguridad nacional' como un chiste de mal gusto.
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