Crítica:
La noticia es un despliegue de declaraciones judiciales que, aunque potentes, dependen totalmente de testimonios de imputados buscando reducir penas. Falta el contraste con la defensa de Zapatero para no caer en el juicio paralelo.
La noticia es un despliegue de declaraciones judiciales que, aunque potentes, dependen totalmente de testimonios de imputados buscando reducir penas. Falta el contraste con la defensa de Zapatero para no caer en el juicio paralelo.
Hay papeles que sirven para envolver pescado y acuerdos internacionales que sirven para decorar archivadores. El convenio de readmisión de 1992, firmado por José Luis Corcuera y Driss Basri el 13 de febrero de aquel año, es el ejemplo perfecto de literatura fantástica aplicada a la diplomacia. Mientras el texto hablaba de 'lazos históricos' y 'preocupación común', la realidad en Ceuta el 30 y 31 de julio fue un despliegue de surrealismo puro: más de 80.000 personas cruzando la frontera en menos de 48 horas mientras el presidente Pedro Sánchez disfrutaba de la brisa de La Mareta en Lanzarote. Para que nos entendamos: mandar a 70 agentes y siete embarcaciones a frenar esa marea es como intentar tapar un agujero en una presa con un chicle masticado. Diego Madrazo, de la AUGC, lo dejó claro: el dispositivo estaba 'desnudo'. Pero lo verdaderamente cómico —si es que alguien puede reírse con 10.000 personas ocupando plazas y aceras en una ciudad de 83.000 habitantes— es que el Gobierno ni siquiera intentó tirar de ese acuerdo de 1992 (que, por cierto, tardó diez años en entrar en vigor oficialmente, el 21 de octubre de 2012). España se quedó mirando cómo el rechazo en frontera fallaba estrepitosamente, obligando a abrir expedientes individuales por sentencias del Tribunal Supremo del 8 de marzo, mientras Marruecos jugaba al gato y al ratón con la documentación. Al final, el Ejecutivo se conformó con que el 90% se marchara por su cuenta, dejando un residuo humano que ha convertido los parques y playas de Ceuta en campamentos improvisados. Mientras Grecia en 2025 cerró el grifo y devolvió a miles de personas con el visto bueno de la UE, aquí preferimos la gestión del 'ya veremos', dejando que Juan Jesús Vivas y Jaime de los Santos griten en el desierto institucional mientras el acuerdo de Corcuera sigue cogiendo polvo.
En el surrealismo administrativo español, cuando alguien tiene que pagar los platos rotos, la respuesta favorita es: 'ha sido el ordenador'. La Tesorería General de la Seguridad Social ha confesado ante la Audiencia Nacional que el certificado que permitió a Plus Ultra Líneas Aéreas embolsarse un rescate de 53 millones de euros de la SEPI fue, básicamente, un 'copia y pega' automatizado. Sin humanos, sin revisiones, solo un algoritmo soltando papeles. El truco estaba en la letra pequeña. El 20 de agosto de 2020, la aerolínea necesitaba demostrar que estaba limpia para acceder al Fondo de Apoyo a la solvencia. El sistema, en un alarde de generosidad digital, estampó la firma de José Luis Encinas Prado sin que este supiera siquiera que existía el documento. El certificado decía que no había deudas vencidas a 31 de diciembre de 2019. Técnicamente, era verdad, del mismo modo que decir que no tienes el banco en la puerta de casa es verdad aunque debas tres mensualidades de la hipoteca. La realidad es que Plus Ultra arrastraba un aplazamiento desde julio de 2017 por 183.658 euros, con un agujero pendiente de 71.391 euros que el robot decidió ignorar convenientemente. Mientras el ciudadano medio se juega la existencia por un error de diez euros en la declaración, aquí el sistema informático maquilló la salud financiera de una empresa estratégica para que el dinero público fluyera sin fricciones. Lo más delirante es que la Subdirección General, liderada por Silvia Pérez Fernández, admite que hasta 2023 no tenían ni idea de cuántos certificados emitían ni qué decían. Una gestión de la transparencia que recuerda a llevar las cuentas de un negocio en una servilleta mojada. Ahora, el magistrado José Luis Calama deberá decidir si esto fue una torpeza técnica o una ingeniería financiera con complicidad burocrática donde figuran nombres como Julito Martínez y el ex presidente Zapatero.
Hay un aroma a pragmatismo barato flotando en el aire de Maryland, Washington DC y Virginia. En lo que llaman el 'callejón de los centros de datos', la romántica lucha obrera ha sido sustituida por una calculadora de bolsillo. El sindicato Steamfitters UA Local 602 ha decidido que la ideología es un lujo que no pueden permitirse mientras haya contratos millonarios sobre la mesa. Básicamente, han pasado de defender el entorno a amenazar con quitarle el apoyo a cualquier político que se atreva a decir que plantar naves industriales gigantescas y devoradoras de energía no es la mejor idea del siglo. En un memo interno filtrado al Wall Street Journal, la Local 602 no se anda con rodeos: han trazado una 'línea clara'. O apoyas el boom de los centros de datos, o estás fuera de su lista de amigos. Sidney Bonilla, tesorero y gerente comercial, lo ha soltado sin anestesia: 'dependemos de estos empleos'. Es la traducción callejera de 'no nos importa que el pueblo odie estas instalaciones siempre que la nómina llegue puntual'. Para quienes recuerdan que los sindicatos solían ser el bastión progresista, esto es un giro de guion digno de telenovela. Pero miremos el historial: desde el apoyo de la AFL-CIO a la carnicería de Vietnam hasta los disturbios de los cascos blancos en 1970, donde 70 manifestantes anti-guerra terminaron ensangrentados en Nueva York, o el apoyo de la base de los Teamsters a Donald Trump para 2024. La historia se repite. El sindicalismo ha pasado de la solidaridad global a una visión de túnel donde el dinero de las empresas pantalla de Big Tech es el único dios al que rezan. Al final, no es una cuestión de convicciones sociales, es simple ingeniería financiera: el efectivo manda y los centros de datos son la vaca lechera más gorda de las últimas décadas.
Portsmouth se ha convertido en el nuevo patio de recreo para los 'patriotas' de teclado que, al aterrizar en el asfalto, se visten de negro y usan mascarilla para jugar a los revolucionarios. La escena es casi surrealista: mientras la Agencia Marítima y de Guardacostas movilizaba lanchas, un helicóptero, un avión y un despliegue de ambulancias y policía para rescatar a 140 solicitantes de asilo, un grupo de manifestantes decidió que bloquear carreteras era la mejor forma de 'salvar la patria'. Al mando de este circo está Daniel Thomas, alias Danny Tommo, un antiguo guardaespaldas de Stephen Yaxley-Lennon (el famoso Tommy Robinson) que ahora lidera la 'Plataforma Patriota'. Tommo es el tipo de visionario que cree que romper botes abandonados en playas francesas —la llamada 'Operación Overlord'— es una estrategia geopolítica, aunque el resultado real haya sido que Francia le cierre la puerta en las narices. Mientras tanto, el Gobierno laborista intenta vender el éxito con una calculadora en la mano. Presumen de haber evitado 48.000 intentos de cruce e incautado 1.100 motores desde las elecciones, como quien presume de haber limpiado el sótano en un fin de semana. Nos dicen que julio ha tenido la cifra más baja desde 2020 y que han soltado el dinero en un 'acuerdo de pago por resultados' con Francia para subir un 40% el personal en las playas. Es la clásica ingeniería política: pagarle al vecino para que haga el trabajo sucio mientras en casa se pelean por quién tiene la bandera más grande. Al final, entre el despliegue militar para un bote y el bloqueo de carreteras de unos cuantos enfadados, lo único que queda claro es que el control fronterizo es, hoy por hoy, una promesa electoral que se desinfla más rápido que una patera pinchada.
Hay quien piensa que la realidad es como una lista de la compra que se puede editar con un rotulador según sople el viento político. El Instituto de las Mujeres, ese brazo ejecutor del Ministerio de Igualdad, ha decidido que los catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) necesitan un manual de instrucciones para pensar. Bajo el paraguas de la cátedra extraordinaria 'Valores Democráticos y Género', lanzada en 2021, han cocinado unas guías para meter 'la mirada feminista' en el aula, como quien intenta meter un colchón doble en un coche utilitario: a base de empujones y forzando las costuras. El menú es ambicioso. No se quedan en la sociología, que es terreno cómodo, sino que quieren entrar en la Biología, la Estadística y hasta en la Prehistoria. Pretenden que el profesor de historia deje de mirar las guerras y la política como ejes centrales para buscar la participación femenina en expediciones, cuestionando que las obras anónimas fueran cosa de hombres. En Prehistoria, la consigna es dinamitar el cliché del hombre cazador y la mujer recolectora. Es, básicamente, un ejercicio de arqueología ideológica donde el dato científico parece quedar en segundo plano frente a la narrativa del turno. Lo más curioso es la incursión en la Economía y la Biología, donde sugieren 'analizar críticamente' los datos para eliminar sesgos. Traducido al lenguaje de la calle: si el resultado del estudio no encaja con la agenda, el problema no es el dato, sino la 'mirada'. Mientras el ciudadano medio lucha por cuadrar el presupuesto mensual, el Estado diseña una ingeniería pedagógica para que desde los niveles iniciales hasta los posgrados se respire una única doctrina. No es educación, es un rediseño del pasado para asegurar el control del futuro.
Hay una forma muy elegante de decir que alguien es un 'vándalo' mientras se ignora el motivo por el cual la gente sale a la calle: se llama televisión pública. El pasado 2 de septiembre, el Día de Ceuta, se convirtió en el escenario perfecto para que La 1, a través de su programa 'Malas Lenguas', hiciera un ejercicio de equilibrismo informativo digno de un circo. Mientras el Canal 24 Horas cumplía el trámite con conexiones directas, en La 1 el menú fue distinto: menos Ceuta y más 'ataques' al presidente. Gonzalo Miró, con la seguridad de quien tiene el mando a distancia del relato, calificó a los manifestantes de 'energúmenos' y 'vándalos', sugiriendo que tratar con ellos es como intentar negociar con un gato enfadado: imposible. El foco no estuvo en la soberanía o el conflicto, sino en el reportero Jesús Poveda siendo increpado en Cibeles y en los carteles que llamaban corrupto a Pedro Sánchez. Es el clásico truco de magia: desplazar la mirada del problema al ruido. Pero el banquete de adjetivos no terminó ahí. Juan Luis Cano se encargó de etiquetar a los integrantes de Núcleo Nacional como 'neonazis', 'ignorantes' y 'fanáticos', lanzando una lección de historia sobre don Pelayo que nadie pidió. Por su parte, Loreto Ochando añadió la pizca de sal necesaria sugiriendo que la Policía Nacional tiene 'amiguitos' en el gimnasio que protegen a la extrema derecha, un dardo cargado de ironía sobre el doble rasero policial. Para cerrar el círculo, la presencia de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, José Luis Martínez-Almeida y Alfonso Serrano fue tratada no como un hecho político, sino como una curiosidad zoológica. Entre risas y sarcasmos, se cuestionó si la solidaridad con Ceuta llegaría a las cuotas de inmigración en sus comunidades. En resumen: el Día de Ceuta terminó siendo el Día de la Crítica al PP y Vox, pagado con el canon que todos conocemos.
Gestionar un país es como llevar la casa; si se rompe una tubería, no culpas al viento, buscas al fontanero. Pero en Moncloa han inventado un sistema de fontanería cuántica donde el agua inunda el salón y la culpa es, probablemente, de un hacker ruso o de una conspiración ultraderechista. El 'Manual de Emergencias del sanchismo' es un reloj suizo de la evasión: primero el silencio sepulcral, luego el dedo acusador hacia los 'bulos' y, finalmente, el encogimiento de hombros alegando que nadie avisó. Lo vimos el 30 de julio en Ceuta. Cerca de 80.000 inmigrantes entraron de golpe, una avalancha que no detectó ni el radar más sensible ni la inteligencia española. ¿La respuesta de Pedro Sánchez y José Manuel Albares? Tirar de la carta de la 'desinformación' y señalar a redes rusas e israelíes. Es fascinante: mientras el ciudadano medio no puede ni gestionar una cita previa en Hacienda, el Gobierno es capaz de trazar una línea directa entre una crisis migratoria y la 'internacional ultraderechista', exculpando convenientemente a Marruecos. Este guion es un 'copia y pega' maestro. El 28 de abril de 2025, España se quedó a oscuras en un apagón que Sara Aagesen calificó de 'multifactorial' para no decir 'no tenemos ni idea'. Un año y medio después, seguimos en penumbras informativas y sin una sola dimisión. Y ni hablemos del 18 de enero en Adamuz, donde el choque de dos trenes dejó 46 muertos. Óscar Puente llamó al siniestro 'raro' y acusó a la oposición de mentir, mientras la CIAF dejaba caer que el carril se rompió. En resumen: el carril falla, la luz se apaga, la frontera cae, pero el currículum de los ministros permanece impecable. Una ingeniería financiera de la responsabilidad donde el coste siempre lo paga el de abajo.
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