Crítica:
El texto original es un collage de declaraciones inconexas que mezcla seguridad vial con multas a noveles sin hilo conductor. Es puro relleno institucional disfrazado de noticia.
Adiós a la baliza v-16: la DGT reconoce que "es bueno hacer una reflexión" tras la propuesta oficial en el Congreso de reemplazarla
Baliza V-16: ¿Seguridad vial o sablazo?
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Badajoz: El juego de sillas de los inhabilitados
En la Diputación de Badajoz han descubierto que las sentencias judiciales son como las multas de tráfico: solo duelen cuando llegan notificadas al buzón. Mientras el ciudadano medio se juega el sueldo en cada compra del súper, en los despachos pacenses se juega una partida de ajedrez surrealista para ver si los inhabilitados del 'Caso David Sánchez' pueden seguir cobrando del erario público, aunque sea moviéndolos de silla. La jugada es maestra. Para evitar que el barco se hunda, la administración ha pedido dos informes: uno al Gabinete de Asuntos Judiciales y otro a la Intervención General. El primero, firmado por Francisco Mendoza Sánchez —que tiene la curiosa virtud de haber sido abogado de los condenados Félix González Márquez y Cristina Núñez Fernández—, concluyó el 20 de agosto de 2026 que, como la sentencia no era firme ni estaba notificada, no pasaba nada. Es la técnica del 'no he visto el correo', aplicada a la alta gestión pública. Pero el ruido en la calle es ensordecedor. Mientras Vox y el sindicato Manos Limpias exigen que David Sánchez y su asesor, Luis Carrero —el del afectuoso 'querido hermanito'—, devuelvan hasta el último céntimo de sus salarios, la Diputación responde con notas genéricas que sirven para cubrir el expediente, como quien pone un parche en una tubería rota. La incertidumbre ahora recae sobre figuras como Juana Calderón, Francisco Martos y Ricardo Cabezas, quienes esperan que la Junta Electoral Provincial haga un milagro interpretativo y decida que la inhabilitación es solo para el puesto concreto y no para cualquier ente público. Mientras tanto, David Sánchez, que no es empleado público pero tiene el camino cerrado en España, podría considerar un billete solo a San Petersburgo o Japón. Una salida elegante para quien dejó una mancha imborrable en el buen nombre de la institución.
Marruecos colapsó Ceuta con un 'truco' migratorio
Hay que reconocerle el mérito al régimen de Mohamed VI: no fueron a ciegas. Mientras nosotros mirábamos el calendario, en Rabat diseñaron una estrategia de desgaste que haría palidecer a cualquier manual militar. No fue un accidente, fue un 'test de penetración' ejecutado con la precisión de un cirujano que primero te anestesia el brazo para que no sientas el tajo. Todo empezó el 1 de julio con una calma sospechosa: 6 personas entrando irregularmente. Durante la primera decena del mes, las cifras fueron un chiste, moviéndose en dígitos simples, casi como si estuvieran midiendo la temperatura del agua. Pero a mediados de mes, bajo la lupa de la jueza María Tardón y la Comisaría General, el gráfico empezó a dibujar una curva que ya no era casualidad. La jugada fue maestra y perversa. Marruecos utilizó la migración como una herramienta de ingeniería financiera, pero en lugar de euros, gastaron nuestros recursos. Cada rescate 'a nado' es un sablazo a la logística: obligan a desviar efectivos de vigilancia para evitar ahogamientos, saturando los CETI y las urgencias sanitarias. Básicamente, nos hicieron hacer cola en el supermercado mientras ellos abrían la puerta trasera. El desgaste duró treinta días. El 29 de julio, la cifra era de 194 personas; un número manejable, casi anecdótico. Pero el 30 de julio, el sistema, ya fatigado y con los nervios destrozados, recibió el golpe de gracia: más de 75.000 personas de golpe. El colapso no fue un imprevisto, fue el objetivo. Cuando la soberanía española en Ceuta se vio comprometida, el muro humano y administrativo ya estaba en modo 'batería baja'. Una invasión predeterminada donde el ruido previo sirvió para que, al final, no quedara nadie despierto para dar la alarma.
Hoteles para ONG y barracones para policías
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en la gestión del espacio en Ceuta. Mientras los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esos que ponen el cuerpo en la primera línea, pernoctan en barracones que cualquier colectivo policial calificaría de 'escenografía de película bélica', el Gobierno ha decidido jugar al anfitrión generoso. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, bajo el mando de Elma Saiz, ha abierto las puertas de la Casa del Mar a los voluntarios de la ONG Accem. No es un albergue improvisado con esterillas. Estamos hablando de la sede del Instituto Social de Marina, un edificio diseñado para los trabajadores del mar y sus pensionistas, que ahora sirve de hotel boutique para activistas. El inventario es envidiable: 27 habitaciones con baño propio, sala de lectura, televisión, juegos de mesa y hasta servicio de lavandería. Es el típico pack de vacaciones todo incluido, pero pagado con la gestión del patrimonio público. El contraste es un puñetazo en la mesa. Por un lado, tenemos a Accem, una organización que maneja 84 millones de euros de dinero público y que despliega psicólogos y trabajadores sociales en Loma Margarita para atender a unos 4.000 inmigrantes ilegales (de los cuales 1.300 ya tienen techo y tres comidas). Por otro, tenemos a la policía española, hacinada y olvidada, mientras el Ministerio justifica la cesión alegando 'situaciones de carácter excepcional'. Accem dice que cada inmigrante llega con una historia que 'merece ser escuchada'. Es una frase preciosa, digna de folleto humanitario. Lástima que esa sensibilidad no llegue a los barracones de los agentes, cuyas historias de insomnio y frío parecen no encajar en la agenda de prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sablazo europeo: camiones de tropas para Marruecos
Hay quien dice que la cooperación internacional es un ejercicio de generosidad; otros, que es el arte de maquillar la realidad con palabras bonitas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ejecutado una maniobra de ingeniería administrativa digna de un premio, canalizando 45,1 millones de euros hacia Marruecos entre 2019 y 2025. El truco consiste en llamar «gestión de fronteras y migración» a lo que, en el lenguaje de la calle, es montar un ejército. Mientras el ciudadano medio se pelea con la subida del aceite, el Gobierno ha regalado a Rabat un catálogo que parece sacado de un videojuego de guerra: 399 todoterrenos, 41 camiones y 669 cámaras de visión térmica y nocturna. Lo más delirante ocurre en el bienio 2019-2020. Con Pedro Sánchez en funciones, la FIIAPP soltó 39,1 millones de euros en un ritmo frenético. No compraron folletos informativos ni suministros médicos, sino 130 Toyota con rejilla (5,8 millones) y el plato fuerte: 18 camiones «habilitados para el transporte de tropas» por 2,2 millones. Básicamente, han financiado con fondos europeos la movilidad de una brigada de 6.000 efectivos. Es como si compraras una aspiradora para limpiar la casa y acabaras instalando un sistema de defensa antiaérea en el jardín. La hipocresía se remata al mirar al vecino. Ni Argelia, ni Túnez, ni Senegal han visto un solo camión de tropas. A ellos se les envía seguridad vial o gestión hospitalaria, cosas de civiles. Solo Marruecos ha recibido este «pack militar» disfrazado de ayuda humanitaria. Al final, el material no ha servido para frenar un solo asalto migratorio, pero ha dejado a Rabat muy bien equipado. Una inversión brillante: pagamos nosotros, lo usan ellos y el resultado es el mismo de siempre.
Pirineos Orientales: el nombre que no cambia
Hay quien dice que el nombre de un lugar es solo una etiqueta, pero en política es el equivalente a pelearse por el último trozo de tarta en una cena familiar: nadie tiene hambre, pero todos quieren ganar. El departamento francés de los Pirineos Orientales acaba de cerrar una consulta que ha sido, en esencia, un ejercicio de apatía colectiva. Con una participación ridícula del 10,57% —apenas 38.178 personas de un censo de 384.000—, el resultado es un bostezo administrativo. Ganó el nombre histórico, 'Pirineos Orientales', con 18.025 votos frente a los 16.092 de 'Pirineos Catalanes'. Una diferencia de 1.933 papeletas que, en términos reales, es como intentar cambiar el rumbo de un transatlántico soplando un globo. Hermeline Malherbe, presidenta del Consejo Departamental, soltó la frase comodín de manual: 'la democracia ha hablado'. Claro, habló un grupo minúsculo mientras el resto del departamento estaba probablemente echando la siesta o ignorando el correo. La Plataforma per la Llengua, que esperaba el cambio, ahora dice que no es un voto contra la catalanidad, sino un fallo de 'pedagogía'. Traducción: no supimos vender el producto. El bando de Louis Aliot, el alcalde de Perpiñán vinculado al Reagrupamiento Nacional de Le Pen, celebra una victoria que es más tibia que un café recalentado, pero suficiente para mantener el statu quo. Este episodio es el segundo golpe para el catalanismo administrativo francés, tras el fiasco de 2016 con 'Occitania'. Mientras tanto, la lengua sigue retrocediendo: del 36,1% al 32,6% entre 2018 y 2023 según el Idescat. Es la inercia de un Tratado de los Pirineos de 1659 que dejó a Llívia como un enclave español por un tecnicismo legal, recordándonos que las fronteras se dibujan con pluma, pero se sienten con la piel. Comparado con la Colectividad Europea de Alsacia, que recuperó su nombre por voluntad política en 2021, aquí nos hemos quedado en la anécdota de un buzón vacío.
Apple Maps borra a España del mapa
Parece que en Cupertino han decidido hacer una limpieza de primavera en el mapa, pero se han pasado de frenada con la goma de borrar. Apple Maps, esa herramienta que consultan unos 500 millones de usuarios mensuales mientras buscan la pizzería más cercana, ha decidido que las Islas Chafarinas y los Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas ya no son españoles. Así, sin más, con un clic, el gigante tecnológico ha borrado la soberanía de España para regalársela a Marruecos. Es como si llegaras a casa y descubrieras que alguien ha puesto el nombre de tu vecino en el timbre de tu portal y el ayuntamiento dice que ahora el piso es suyo. Lo irónico es que no es un error de GPS cualquiera; es una coincidencia milimétrica con el delirio del 'Gran Marruecos' de Allal el Fassi. Estamos hablando de territorios que España posee mucho antes de que la dinastía alauí se pusiera de acuerdo sobre dónde empezaba su casa. El Peñón de Vélez de la Gomera fue conquistado en 1508, cuando en África lo que había eran tribus y no estados con pasaporte. Las Chafarinas se tomaron el 6 de enero de 1848 y el Peñón de Alhucemas se consolidó en 1673. Todo esto está blindado por la Constitución Española de 1987 y el Tratado de Paz y Amistad de 1860, pero claro, los algoritmos de Apple tienen más peso que los tratados internacionales. Mientras tanto, en el palco oficial, el silencio es ensordecedor. Pedro Sánchez habla de 'colaboración total' con Rabat para gestionar el flujo migratorio, ignorando que el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouhbi, ya reclamaba el 21 de agosto que los territorios vuelvan 'al seno de la patria'. Es la diplomacia del guante de seda: mientras el Gobierno sonríe para la foto, Apple Maps nos va haciendo el 'sablazo' cartográfico, redibujando las fronteras según sople el viento del palacio de Mohamed VI.
Cañas, mentiras y medio millón perdido
En el teatro de la política española, el guion suele escribirse con tinta invisible y se borra según sople el viento. El caso de las cañas en los barrancos valencianos es una obra maestra del surrealismo administrativo. Empezamos la semana con Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, lanzando un grito de auxilio: los cauces están atascados y las lluvias de otoño no perdonan. Una preocupación legítima que, en el lenguaje de la calle, es como avisar de que el techo gotea mientras el casero finge que no está en casa. La respuesta del Gobierno central fue un despliegue de gimnasia mental digno de medalla olímpica. Zulima Pérez, comisionada para la dana, salió al ruedo para decir que el Ministerio no tenía competencias y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no podía tocar ni una hoja. Lo llamó 'deslealtad absoluta' de los ayuntamientos. Básicamente, nos dijeron que no tenían la llave de la puerta y que dejáramos de molestar. Pero llega el miércoles y, ¡magia!, la CHJ publica en su web que están limpiando el barranco del Carraixet en Bétera. No solo tienen la llave, sino que han soltado 520.000 euros para limpiar 650 metros de cauce. Para que nos entendamos: mientras nos vendían que era imposible intervenir por falta de papeles, se han gastado medio millón de euros en 'recuperar el bosque de ribera'. Pasar de la 'incapacidad jurídica' a ejecutar un presupuesto de este calibre en siete días no es eficiencia, es una bofetada de hipocresía. El relato cambió más rápido que el tiempo en septiembre, demostrando que las competencias son, en realidad, elásticas según convenga al calendario político.
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