Crítica:
El texto original es un despliegue de datos históricos impecable, pero peca de excesiva deferencia hacia las fuentes marroquíes. Falta un análisis más crudo sobre la incapacidad de la diplomacia española para salir del modo reactivo.
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Sánchez regala fronteras por votos separatistas
El arte de hacer negocios mientras el barrio arde. Así es como Junts ha decidido jugar sus cartas en la crisis de Ceuta. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no parezca un atraco a mano armada, en los despachos de Madrid y Barcelona se reparten el mapa como si fuera una pizza. Miriam Nogueras, la voz de Puigdemont en el Congreso, ha desempolvado una promesa verbal de Pedro Sánchez: el traspaso de la política de inmigración y el control de fronteras a la Generalitat. Un regalo envuelto en papel de seda que Sánchez ya había aceptado, pero que se quedó en el limbo porque Podemos, en un arranque de pureza moral, lo tachó de racista. La hipocresía es el combustible de esta maquinaria. Junts, que históricamente ha mirado con buenos ojos que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla, ahora se pone el traje de 'vigilante de la frontera' para no perder votos frente a Silvia Orriols y su Aliança Catalana. Es el clásico movimiento de quien quiere comer el pastel y quedarse con la receta: piden el control migratorio para decir que no quieren recibir a ningún menor de Ceuta, aunque Salvador Illa, desde la Generalitat, pase de ellos y siga abriendo las puertas. El contraste es sangrante. Mientras Canarias soporta el peso real con 5.800 menores no acompañados, Andalucía con 2.600, Madrid con 2.400 y Cataluña con 2.200, los políticos discuten si el preámbulo de una ley es lo suficientemente 'progresista' para que Belarra y Podemos den el visto bueno. Al final, la seguridad es el tabú que Junts intenta colar en el BOE, mientras el Gobierno de Sánchez hace malabares mediáticos para que nadie llame racista a sus socios, reservando ese adjetivo exclusivamente para el PP o Vox. Una ingeniería financiera de votos donde la moneda de cambio es la frontera.
Ceuta: jugar a la ruleta con el agua
Gestionar la seguridad nacional en Ceuta se ha convertido en un ejercicio de optimismo ciego que roza la negligencia. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el Gobierno ha decidido que dejar a miles de personas acampadas junto a las arterias vitales de la ciudad es un 'riesgo asumible'. Estamos hablando de un espacio de apenas 20 kilómetros cuadrados donde la desalinizadora de Playa Benítez y los embalses del Infierno y el Renegado —el grifo que da de beber a 83.000 ceutíes— conviven en un abrazo incómodo con asentamientos improvisados. La teoría del 'no pasará nada' dinamitó su credibilidad el jueves pasado. En Benzú, entre 30 y 40 personas organizaron una emboscada a un vehículo del Ejército; piedras grandes, cuatro militares heridos y un resultado judicial rápido: doce detenidos, once de ellos condenados a dos años de prisión (canjeados por la expulsión y prohibición de entrada por cinco años). Al día siguiente, otro ataque contra una patrulla militar dejó a un sargento herido. Dieciséis detenidos en dos días. No es una coincidencia, es una señal de humo que el Ministerio de Defensa parece ignorar. Lo verdaderamente surrealista es que el mapa de riesgos parece dibujado por alguien que no sabe leer un plano. Tenemos depósitos de combustible de ATLAS S.A.-CEPSA y el Polvorín El Renegado justo ahí, en el epicentro del caos. La ministra Mónica García confesó el sábado que es 'imposible filiar a la gente' en la playa. Traducción: no sabemos quién está ahí ni qué quiere. Si el Estado no puede ponerle nombre y apellidos a quienes duermen junto a la infraestructura crítica, ¿cómo puede decir que el perímetro está seguro? Margarita Robles presumía de los datos del CNI sobre la movilización previa, pero parece que el Centro de Seguridad Nacional olvidó que un polvorín y una crisis migratoria no son buenos vecinos.
Jueza 'anormal' y el Supremo le frena
En el teatro del absurdo que llamamos justicia, hay quien confunde la toga con una licencia para el desprecio. El Tribunal Supremo acaba de darle un toque de atención al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por intentar barrer bajo la alfombra un episodio que huele a prepotencia de despacho. La historia es sencilla: un ciudadano acude el 29 de mayo de 2024 a una exploración judicial en Majadahonda, en un proceso de apoyo a personas con discapacidad promovido por su hija. En lugar de garantías, se encontró con un 'anormal' lanzado a la cara. Un sablazo al honor que, en cualquier otro contexto, terminaría en comisaría, pero que aquí se gestionó con la delicadeza de un elefante en una cristalería. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien se ríe en este juzgado— es que la magistrada decidió que la grabación de la sesión era un accesorio opcional, como el cilantro en los tacos. Sin video y sin la presencia del Ministerio Fiscal, el CGPJ decidió archivar la queja en febrero de 2025. La lógica era brillante: 'Si no hay grabación, no podemos probar que te llamó anormal, así que no pasó nada'. Es como si te roban el coche y la policía archiva el caso porque el ladrón tuvo la precaución de apagar las cámaras de seguridad. El Supremo, sin embargo, no ha comprado este truco de magia. Ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil no son sugerencias de lectura, sino obligaciones. Que las salas de vistas estuvieran ocupadas no es una excusa válida para improvisar un interrogatorio en el despacho del Letrado de la Administración de Justicia sin dejar rastro audiovisual. Ahora, el órgano de gobierno de los jueces tendrá que explicar por qué permitieron que el silencio y la falta de actas sirvieran de escudo para una magistrada que parece haber olvidado que el respeto es la base del cargo.
Renfe: el examen que fue un 'copia-pega'
En el mundo real, cuando te pillan con el carrito del helado, pides perdón. En el mundo de Renfe, cuando se filtran las preguntas de un examen, te escondes detrás de un manual de derecho administrativo. Resulta que en la convocatoria para 600 plazas de operador comercial, donde se peleaban 5.716 aspirantes, alguien decidió que el examen psicotécnico fuera un 'copia y pega' del material de la academia Eticop. De hecho, 35 de las 36 preguntas eran calcos. Un éxito rotundo de eficiencia, si lo que buscabas era que el examen fuera un trámite para quien pagó la academia correcta. La respuesta de la compañía pública ante la solicitud de transparencia de THE OBJECTIVE es una joya del cinismo corporativo: dicen que dar explicaciones les obligaría a hacer una 'notable labor previa de búsqueda'. Traducido al cristiano: 'estamos demasiado ocupados ignorando el problema como para redactar un informe'. Es la misma lógica que usarías para no lavar los platos alegando que organizar la esponja y el jabón requiere un análisis de impacto logístico. El resultado es un caos ferroviario sin raíles. Tras consultar a la Abogacía del Estado, decidieron repetir la prueba el 25 de julio, mandando al juzgado a casi 400 candidatos que ya creían que tenían la plaza en el bolsillo. Mientras el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo piden auditorías urgentes, la empresa People Experts, la encargada del diseño, se cierra en banda alegando que dar detalles pondría en riesgo sus 'métodos'. Claro, porque el método de 'copiar a la academia' es un secreto industrial que hay que proteger a toda costa. Entre el silencio de Renfe y la opacidad de la consultora, los opositores se quedan con la sensación de que el tren de la meritocracia ha descarrilado antes de salir de la estación.
DGT: Arcenes sucios como vía segura
La DGT ha decidido que la mejor forma de 'proteger' a los motoristas es invitándolos a pasear por el arcén. Sí, exactamente ahí, donde el asfalto es más una sugerencia que una realidad. A partir del 1 de septiembre, el nuevo Reglamento de Circulación permite que las motos esquiven los atascos por el borde de la carretera, transformando una infracción grave de 200 euros en un derecho ciudadano. Es una genialidad administrativa: para salvarte del tráfico, te mandan a un terreno donde el mantenimiento es un mito urbano. La norma pide que no pasen de los 30 km/h. Claro, porque sabemos que el arcén está lleno de radares invisibles y agentes con cronómetro en mano. Es como pedirle a alguien que camine por la cuerda floja pero sin correr. Mientras tanto, la realidad es que el arcén es el vertedero oficial de la calzada. Un guardia civil, en un momento de honestidad brutal, ha confesado que este año las carreteras están más abandonadas que nunca y que las barredoras parecen haberse ido de vacaciones permanentes. Imaginen la escena: el motero, sintiéndose 'protegido' por la ley, navegando entre piedrecillas, restos de neumáticos y coches averiados en un espacio que, según la norma 3.1-IC de Trazado de Carreteras, debería medir entre 1 y 2,5 metros. En las nacionales, el margen de error es aún más estrecho, apenas un metro en algunos casos. Básicamente, la administración nos dice que, si hay retención, lo más seguro es jugar al Tetris con la vida propia sobre una franja de tierra y grava que nadie limpia. Una medida brillante para quienes disfrutan del riesgo extremo y de los agujeros contables en el presupuesto de mantenimiento vial.
Montero: Pedicura de lujo y discurso proletario
Hay una disciplina casi religiosa en el arte de posar para Instagram: el libro estratégicamente colocado, el café humeante y una pedicura que costaría más que la cesta básica de una familia promedio. Irene Montero, a sus 38 años, ha decidido regalarnos este sábado una postal de su 'asueto' de Semana Santa. El problema no es el descanso —que Dios nos libre de prohibirlo—, sino el cortocircuito mental que produce ver la estética de la burguesía más refinada disfrazada de discurso progresista. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la tarjeta para llegar al día 30, la exministra de Igualdad nos vende una 'dolce vita' desde una ubicación secreta, probablemente muy lejos del ruido de las protestas sociales. La red social se ha convertido en un campo de batalla. Sus 876.000 seguidores se dividen entre el aplauso automático y el sarcasmo punzante de quienes le recuerdan que el camino desde el comunismo de manual hasta el chalet de Galapagar, en la exclusiva urbanización de La Navata, es sorprendentemente corto y está muy bien asfaltado. La paradoja es deliciosa: defender la austeridad colectiva mientras se protege la 'familia' (con Leo, Manuel y Aitana) en una mansión que es el sueño de cualquier emprendedor capitalista. Para rematar el cuadro, Pablo Iglesias aparece en El Periódico confesando que ser vicepresidente hasta marzo de 2021 fue como estar en la cárcel. Una metáfora generosa, considerando que la celda tenía sueldo público y privilegios de Estado. Ahora, desde la comodidad de Canal Red, Iglesias se divierte más que ella. Al final, el equipo familiar funciona a la perfección: ella gestiona la imagen de eurodiputada en Bruselas y él el retiro dorado, mientras el resto del mundo sigue intentando entender cómo el 'nosotros' acabó convirtiéndose en un 'yo' con pedicura perfecta.
Títulos públicos: fábrica de emigrantes y BOE
España ha montado una fábrica de graduados que, en lugar de diseñar el futuro, se especializan en el arte de buscar una plaza en el BOE. Mientras en Estados Unidos el 75 % de los universitarios sueña con montar su propio chiringuito tecnológico, aquí el 75 % aspira a la gloria del sello y la nómina fija. Como bien soltó Antonio Banderas, con gente que solo quiere ser funcionario no se levanta un país, se mantiene un museo. El sistema es un colador de talento. El Banco de España y el INE nos cuentan que en 2022 el 60 % de los emigrantes eran universitarios. En 2023 se fueron 81.805 y en 2024 la cifra subió a 88.243. Traducido al lenguaje de la calle: estamos pagando la formación de élite de nuestros jóvenes para que otros países recojan los frutos, los impuestos y la productividad. Es como pagar el gimnasio más caro del barrio para que el vecino de enfrente se quede con los músculos. El esperpento alcanza su clímax con la Medicina. En 2025 se homologaron 30.303 títulos extranjeros mientras solo graduamos unos 6.700 médicos anuales. Tenemos una oferta de plazas MIR que roza las 10.000, pero el Gobierno prefiere pelearse con las universidades privadas que forman médicos 'gratis' para el Estado antes que admitir que la planificación es un caos. Incluso en el posgrado, la realidad dinamita la narrativa oficial. Las privadas, con solo 1.224 másteres frente a los 2.942 públicos, atraen a más alumnos (165.688 vs 147.501) y logran una empleabilidad superior: un 85,5 % a los cuatro años frente al 77,3 % de la pública. La universidad española produce el 82 % de la ciencia, pero ANECA y el sistema premian publicar artículos que nadie lee antes que crear patentes que den dinero. Hemos confundido el pensamiento crítico con el recelo al empresario.
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