Crítica:
La noticia es un ejercicio de contraste brutal entre el marketing político y la tragedia humana. Solo falla en no preguntar quién aprobó la factura de los pines mientras la seguridad ferroviaria fallaba.
Puente gastó 1.266 euros en pines para celebrar el AVE a 350 km/h para Barcelona dos meses antes de Adamuz
Pines de oro para un AVE lento
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Illa quiere volver a cobrar peajes
Parece que la luna de miel con las autopistas gratuitas ha durado lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha decidido que el aire puro de la gratuidad en la AP-7 ya ha pasado factura y ahora quiere que el conductor vuelva a abrir la cartera. El argumento es el de siempre: la carretera está hecha polvo por el flujo incesante de camiones que van y vienen de la Junquera, y los Mossos no dan abasto con las mafias que han convertido el asfalto en su zona de recreo. Pero claro, cobrar solo en Cataluña sería como poner el impuesto del aire solo en Barcelona; el ruido político sería ensordecedor. Por eso, el consejero de Movilidad ha tenido la brillante idea de extender el 'sablazo' a todo el territorio español, invitando a Pedro Sánchez a montar un plan conjunto. La ingeniería financiera es sencilla: para los turismos, el tajo iría de los 3 a los 8 céntimos por kilómetro. Traducido al lenguaje de la calle, es soltar entre 15 y 40 euros cada 500 kilómetros. Un gasto que, comparado con el precio actual de la cesta de la compra, parece una broma, pero que pica en el bolsillo del que viaja por necesidad. Para los camiones, la broma es más pesada: 20 céntimos por kilómetro, lo que se traduce en un billete de 100 euros cada 500 kilómetros. Illa mira con nostalgia el modelo de la A-636 vasca, donde los turismos ya pagan 0,16 euros por kilómetro (unos 2,5 euros por tramos cortos de 15 kilómetros) mediante un sistema dinámico sin cabinas. Básicamente, te registras en una web, das tus datos y esperas que el cargo llegue a tu cuenta mientras disfrutas del paisaje. Un sistema moderno para un problema antiguo: querer que el usuario pague el mantenimiento que el Estado no puede costear.
Ceuta: El colador fronterizo que avergüenza a España
El 30 de julio no fue un día cualquiera; fue el día en que la frontera de Ceuta decidió jugar al colador. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, un ejército de 200.000 personas —según The Wall Street Journal— decidió que era el momento ideal para probar suerte. No fue una coincidencia, fue una coreografía digital. Unos cuantos mensajes virales sobre una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones rápidas sirvieron de cerilla para prender la mecha. De repente, el sueño europeo se convirtió en una carrera de obstáculos donde las mafias del tráfico humano fueron las directoras de orquesta, aprovechando el caos para colar sus 'paquetes' preferidos. El resultado es un agujero de seguridad que deja mal parado a cualquiera. El Gobierno dice que entraron más de 80.000 personas. Para que nos entendamos: es como si intentaran meter el estadio Santiago Bernabéu entero por una puerta de servicio en una sola tarde. Juan Vivas, presidente de Ceuta, ya avisaba de que los cruces habían pasado de 200 diarios a 1.500 el 29 de julio, justo antes del Día del Trono marroquí. Pero claro, la inteligencia era invisible. Fernando Grande-Marlaska dice que no sabía nada, mientras Margarita Robles sale al rescate defendiendo que el CNI y el CIFAS hicieron su trabajo. Un despliegue de optimismo institucional mientras los servicios públicos de la ciudad están en cuidados intensivos. En Bruselas, el humor es negro. La Comisión Europea mira a España con la cara que pone un profesor cuando el alumno no ha entregado el trabajo y, además, miente. No hay petición formal de ayuda a Frontex ni a Europol, y las devoluciones avanzan a paso de tortuga: entre 25 y 30 expedientes diarios. A este ritmo, terminaremos de gestionar la crisis cuando ya estemos celebrando el próximo siglo. Una vulnerabilidad expuesta que deja a la Unión Europea con el flanco sur abierto de par en par.
Sablazo de 25 millones solo para menas
En el tablero del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, las prioridades tienen un aroma muy particular. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra y reza para que el recibo de la luz no sea una película de terror, el Gobierno ha decidido soltar un 'sablazo' de 25.055.700 euros. No es para arreglar baches ni para rescatar al autónomo que no llega a fin de mes, sino para el programa TándEM, un traje a medida diseñado exclusivamente para menas y ex menas. La ingeniería financiera es sencilla: basándose en el artículo 50 de la Ley 3/2023 de Empleo, el Ejecutivo ha etiquetado a este grupo como 'colectivos vulnerables'. Una etiqueta que, en la práctica, funciona como un pase VIP para acceder a fondos que el resto de los jóvenes desempleados solo ven en los folletos. El plan consiste en combinar formación y trabajo remunerado durante doce meses, apoyándose en entidades sin ánimo de lucro que, convenientemente, gestionan el flujo del dinero público. Lo verdaderamente surrealista es el calendario. Esta generosidad presupuestaria llega justo cuando Ceuta parece un escenario de caos absoluto. El 30 de julio, unas 80.000 personas cruzaron ilegalmente el espigón de El Tarajal, provocando colas kilométricas en la Jefatura de Policía. Resulta irónico que el Gobierno tenga 25 millones para 'itinerarios de inserción', pero no pueda costear suficientes traductores para que los funcionarios de Ceuta entiendan qué ocurre en la frontera. Al final, la 'integración social' se convierte en una partida presupuestaria donde el dinero fluye con una agilidad que envidiaría cualquier emprendedor español.
Adiós a los 120: Europa nos frena
Bruselas ha decidido que el camino más corto hacia el paraíso de la seguridad vial pasa por pisar el freno. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) y la ONU han lanzado una propuesta que suena a castigo escolar: bajar el límite de las autopistas a 100 km/h en toda la Unión Europea. El argumento es el de siempre, el del miedo. Nos venden que reducir solo 1 km/h la velocidad media salvaría a 2.200 personas al año, mientras que subir 10 km/h dispara el riesgo de acabar en una noticia policial en un 220 %. Para los burócratas, que en 2025 murieron 19.500 personas y otras 100.000 quedaron heridas de gravedad, la solución no es mejorar la formación del conductor, sino recortar la velocidad como quien recorta el presupuesto de una fiesta. Es la lógica del 'parche': si no sabemos conducir, que vayamos más lento. Mientras tanto, los Países Bajos ya han abrazado este ritmo de paseo, pero el resto de Europa mira con escepticismo. La paradoja tiene nombre y apellido: Alemania. El país de la ingeniería y la Autobahn, donde en algunos tramos el límite es el sentido común y la potencia del motor, presume de una de las tasas de mortalidad más bajas del continente. Es el equivalente a decir que puedes comer dulces si sabes cómo digerirlos, mientras que en España nos quieren poner a dieta forzada. En casa, la DGT sigue jugando al gato y al ratón. En agosto, la Guardia Civil montó 3.466 puntos de control y chequeó más de un millón de coches, cazando a 69.231 conductores que decidieron que el límite de 120 km/h era más una sugerencia que una ley. Al final, pasaremos de los 120 km/h españoles o los 140 km/h polacos a un ritmo uniforme europeo que hará que los viajes largos se sientan como una cola en el supermercado un sábado por la tarde.
Sánchez gasta 8 millones en autopromoción
Hay una magia contable fascinante en los despachos de Moncloa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de modernizar el país es contando lo bien que lo están haciendo. El Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional ha reservado la suma de 7.951.688 euros para decirnos que las cosas funcionan. Sí, casi ocho millones de euros para que nos enteremos de que existen 'mejoras'. El desglose es una joya del surrealismo administrativo. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se lleva 2.000.000 € para que sepamos que hay servicios digitales; es decir, gastan dos millones en decirnos que podemos hacer el trámite por internet en lugar de hacer cola en una oficina. Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se funde otros 2.000.000 € en 'visibilizar' el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Básicamente, pagan millones para decirnos que el dinero que ya llega es 'transformador'. Pero el premio al optimismo se lo lleva el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que a través del SEPE ha destinado 2.260.933 € para 'difundir la marca' de la nueva Agencia Española de Empleo. Porque claro, el empleo no llega solo, necesita un logotipo caro. A esto sumamos 1.190.755 € del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para vendernos una 'justicia del siglo XXI' y 500.000 € del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para el servicio LACT. Lo irónico es que la Ley 29/2005 prohíbe destacar logros de gestión. Pero el Ejecutivo ha encontrado el truco: meterlo todo en el saco de 'interés social'. En total, el Plan 2026 supone un desembolso de 155.601.788 euros. Un 3,45% menos que en 2025, porque la austeridad también es cuestión de marketing.
Calabozos de Ceuta: Ruinas y cerrojos rotos
Gestionar la frontera de Ceuta se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo sobre escombros. Mientras el Gobierno presume de control migratorio, el puesto fronterizo de El Tarajal parece más el decorado de una película de terror que una instalación de seguridad nacional. El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha dejado que los calabozos se conviertan en ruinas, transformando la custodia de inmigrantes en una lotería de riesgos. La cronología es un monumento a la desidia: una inspección en 2023 ya gritaba que el área estaba 'inutilizada parcialmente'. En 2024, la Jefatura Superior de Policía de Ceuta volvió a enviar un oficio, básicamente un 'socorro' administrativo. Pero en el despacho central, el reloj corre a ritmo de siesta. Las obras no arrancaron hasta abril de este año, con un plazo de 10 meses que parecen una eternidad cuando tienes a 90.000 inmigrantes cruzando el espigón el pasado 30 de julio. Traducido al lenguaje de la calle: tenemos una frontera que es un colador y unas celdas que son un chiste. Hablamos de instalaciones donde los detenidos podían manipular los cerrojos desde dentro —como quien abre una puerta mal ajustada en casa— y donde la videovigilancia era un mito urbano. Sin interfonos ni micrófonos, la seguridad dependía más de la buena voluntad que de la técnica. Para rematar la faena, el SUP, a través de Ismael Derdabi Montegordo, advierte que la ciudad está saturada. Mientras Interior se toma su tiempo con el hormigón, la Jefatura de Policía de Ceuta hace malabares con el espacio, intentando encajar en un vaso de agua a miles de personas foráneas. Una gestión brillante: dejar que la infraestructura se caiga a trozos justo cuando el flujo migratorio revienta las costuras del enclave.
Dana: 25 millones y solo un 6%
Hay una diferencia abismal entre el lenguaje de los boletines oficiales y la realidad de quien no tiene techo. El Gobierno, en un despliegue de generosidad administrativa, aprobó el Real Decreto-ley 7/2024 el 11 de noviembre para inyectar 25 millones de euros destinados a comprar viviendas para los damnificados de la dana en Valencia. Una cifra que suena a solución definitiva, pero que en la práctica ha tenido la agilidad de un caracol con artritis. Al cierre de 2025, las cuentas de CASA 47 (la entidad que nació del antiguo Sepes mientras cambiaba de nombre y estatutos el 10 de diciembre de 2025) revelan que solo se han ejecutado 1,516 millones de euros. Traducido al lenguaje de la calle: han gastado el 6,1% del presupuesto. Mientras las familias esperaban un techo, la administración se dedicó a hacer compras quirúrgicas: una casa en Catarroja por 61.320 euros, otra en Sot de Chera por 41.700 euros y un par de inmuebles en Sollana por 81.270 y 74.920 euros. El resto del dinero, unos 23,4 millones, descansa plácidamente en una cuenta bancaria, como quien guarda el cambio en un cajón mientras la casa se quema. La ironía alcanza niveles artísticos cuando vemos que se gastaron 11.620 euros en mobiliario, probablemente para que las pocas casas compradas no parecieran museos del vacío. Y por si fuera poco, el Tesoro Público juega al escondite con los 30 millones de euros en donaciones ciudadanas. Hacienda solo ha dado detalles de un tercio; los otros 20 millones son un misterio contable que no aparece en ningún desglose público. El Estado ha demostrado que es experto en aprobar decretos urgentes, pero un desastre gestionando la urgencia.
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