Crítica:
El texto original es un ejercicio de visceralidad política más que una noticia. Confunde la etimología de un apodo con una conspiración ideológica sin aportar una sola prueba material.
El texto original es un ejercicio de visceralidad política más que una noticia. Confunde la etimología de un apodo con una conspiración ideológica sin aportar una sola prueba material.
Hay silencios que gritan más que una grada en el minuto 90. Mientras medio país celebraba la final del Mundial el 20 de julio de 2026, en el País Vasco y Navarra algunos decidieron que la mejor forma de festejar el fútbol era a base de golpes y capuchas. En Bilbao, unos radicales armados intentaron tumbar una pantalla gigante instalada por el PP; un gesto tan sutil como intentar arreglar un reloj con un mazo. El alcalde Juan Mari Aburto, del PNV, dice sentir «vergüenza ajena», aunque la vergüenza real es que el civismo se haya convertido en un artículo de lujo que solo aparece en los discursos oficiales. La cosa se puso fea en Berriozar, donde unos veinte encapuchados asaltaron la terraza de un bar, transformando una tarde de cañas y goles en una sala de urgencias. En Vitoria, la historia se repitió: treinta radicales decidieron que llevar la camiseta de la selección era un delito grave, agrediendo a dos jóvenes. Lo curioso es que, mientras los heridos contaban sus golpes, el Gobierno de Pedro Sánchez aplicó la técnica del avestruz. Ni un tuit, ni una nota, ni un suspiro en redes sociales. Alma Ezcurra, del PP, no ha tenido tacto al llamar a estos sujetos «cachorros borrokas» de Bildu, recordando que son precisamente los socios que mantienen la silla del presidente en la Moncloa y a quienes se les regaló la alcaldía de Pamplona. El ministro Óscar Puerte, apodado el «tuitero», parece haber perdido la señal de wifi justo cuando tocaba levantar la alerta antifascista. Al final, Vox y José Antonio Fúster prometen denuncias, pero la pregunta queda flotando en el aire: ¿desde cuándo llevar una bandera es un deporte de riesgo en la España 'normalizada'?
Hay una danza muy curiosa en los pasillos del Palacio de la Moncloa: la de intentar vender un 'chapuzón' financiero como una obra de ingeniería técnica. El rescate de Plus Ultra, ese crédito que los dueños celebraban con champán el 26 de febrero de 2021 —dos semanas antes de que el Consejo de Ministros del 9 de marzo lo aprobara oficialmente—, huele a despacho cerrado y comisión oculta. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta, resulta que José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado un 1% de comisión, disfrazado de 'asesoramiento' a través de su empresa Análisis Relevante. Un detalle exquisito que su propio confidente, Julio Martínez Martínez, ha soltado ante el juez José Luis Calama. En la rueda de prensa, Elma Saiz se limitó a leer un manual de instrucciones para evitar la verdad. Intentó blindar el proceso citando a la Comisión Europea y al Tribunal de Cuentas, pero cometió el pecado de la imprecisión: la UE avaló el Fondo de Apoyo, no el cheque específico para Plus Ultra. Es como decir que el Ayuntamiento aprueba el presupuesto de parques para justificar que alguien se haya quedado con el dinero de los columpios. Lo más fascinante es el 'olvido' sobre los 450.000 euros de deuda con la Seguridad Social que la aerolínea logró aplazar justo después de que Zapatero y José Luis Escrivá se sentaran a comer. El Gobierno ahora pide que 'la Justicia haga su trabajo', la misma frase que usaron con Víctor de Aldama antes de que el exministro José Luis Ábalos acabara con una condena de 24 años. Yolanda Díaz, mientras tanto, hace malabares: pide explicaciones a Zapatero pero se niega a decir si Sumar ha cuestionao el acta del Consejo donde ella misma firmó el rescate. Una coreografía de silencios donde la presunción de inocencia es la manta que todo lo cubre.
Hay quien dice que el honor militar es inquebrantable, pero resulta que para algunos es elástico, especialmente cuando hay ladrillos de por medio. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Valencia, que tenía la delicada tarea de ser interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica, decidió que los fondos públicos eran, en realidad, un fondo de inversión personal para mejorar su calidad de vida. Entre 2018 y 2022, el mando montó un sistema de ingeniería financiera que haría palidecer a cualquier banca privada: fraccionó facturas para saltarse los controles y adjudicó contratos a dedo, como quien elige el menú del día en su bar favorito. La cifra del 'agujero contable' asciende a más de 130.000 euros. Para el ciudadano medio, eso es una hipoteca o el sueño de un coche nuevo; para este entramado, fue la gasolina para alimentar una red de corrupción sistémica. La jueza de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia no se ha dejado engañar por las galoneras. El esquema era sencillo: sobrecostes del 200% en obras públicas. Básicamente, cobraban el triple de lo que costaba el trabajo, o peor aún, facturaban fantasmas: obras que nunca se hicieron pero que en el papel lucían impecables. Lo más cínico llega con la logística inmobiliaria en Siete Aguas. Mientras el Estado pagaba las facturas, el teniente coronel veía cómo su patrimonio crecía gracias a que los mismos empresarios adjudicatarios le hacían las reformas en casa gratis. Todo adornado con una 'opacidad financiera' basada en el efectivo, ese dinero invisible que no deja rastro en el banco pero que levanta muros muy reales. Ahora, catorce investigados, incluido otro agente, se enfrentan a cargos de malversación, cohecho y grupo criminal. El honor, al final, tenía un precio: 130.000 euros y unas cuantas reformas integrales.
Cuando el barco se hunde, los primeros en saltar son los que llevan el mapa del tesoro. En la Audiencia Nacional se ha montado un 'club de arrepentidos' que hace que cualquier grupo de WhatsApp de barrio parezca una hermandad sagrada. Julio Martínez Martínez, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli han decidido que la mejor forma de salvar el cuello es lanzando un misil directo al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. La historia es la de siempre: un rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI en 2021 para que Plus Ultra no se desplomara en plena pandemia. Pero claro, el dinero público no se mueve solo; necesita un lubricante. Aquí entra en juego 'Julito' Martínez y su empresa, Análisis Relevante SL, que se plantaron allí para cobrar una comisión del 1%. Traducido al lenguaje de la calle: mientras el ciudadano medio contaba los céntimos para el café, se gestaba una 'mordida' de 530.000 euros que presuntamente terminó en el bolsillo del expresidente por hacer de puente dorado. El juez José Luis Calama tiene ahora sobre la mesa tres escritos que no dejan lugar a dudas sobre la ingeniería financiera: Zapatero no solo habría cobrado, sino que manejaba información privilegiada sobre el crédito, avisando a la aerolínea antes que nadie. Los imputados han copiado el manual de Víctor de Aldama: cantar todo lo que sepan a la Fiscalía Anticorrupción para evitar que la celda sea su nueva residencia. Incluso la propia compañía Plus Ultra, que hasta ahora miraba para otro lado, ha decidido que es momento de 'colaborar'. Al final, la solidaridad entre los peces gordos dura exactamente lo que tarda en llegar la primera citación judicial.
Hay quienes dicen que el amor de padre es infinito, pero el de Julio Martínez Martínez hacia José Luis Rodríguez Zapatero era, sobre todo, financiero. En una sesión de cuatro horas que pareció un interrogatorio de película de serie B, 'Julito' ha decidido que prefiere ser el soplón del juzgado que el rehén de la trama. Ante el juez José Luis Calama, el empresario ha admitido que Análisis Relevante SL no era más que un cascarón vacío, una de esas empresas que existen solo en el papel para que el dinero fluya sin hacer ruido hacia el entorno del expresidente. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca un atraco, Zapatero y sus hijas manejaban una ingeniería financiera de manual. Las hijas, a través de Whathefav SL, cobraron cuantiosas sumas por 'maquetar' informes que, según Martínez, acabaron siendo simples folletos publicitarios. Un trabajo de diseño gráfico que pagaba mejor que cualquier agencia de Madison Avenue. El plato fuerte llegó con el rescate de Plus Ultra. El Gobierno soltó 53 millones de euros para salvar a la compañía, y por ese movimiento de piezas, Martínez suscribió un contrato para cobrar una comisión del 1%. Una 'mordida' que, aunque no detalló cómo se repartió, tenía el aroma inconfundible de la influencia política. Las cifras son concretas y cortan el aire: 490.780 euros directos al bolsillo de Zapatero y otros 239.755 euros para la mercantil de sus hijas. Con la complicidad de Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, el frente común de imputados ha decidido que la mejor defensa es un ataque coordinado hacia Moncloa. 'Julito' ya no quiere ser el escudo; ahora aspira a ser el próximo Víctor de Aldama: tirar de la manta, cantar todo lo que sabe y evitar que la celda sea su nuevo domicilio.
Imaginen el cuadro: el jefe del Ejecutivo español, acostumbrado a que el mundo gire en torno a su agenda, descubre que en el MetLife Stadium es básicamente un invitado de segunda. Mientras España se coronaba campeona del mundo este 20 de julio de 2026, a Pedro Sánchez le tuvieron que explicar, con la delicadeza de quien te dice que no hay más pan en la panadería, que no estaba invitado a la foto del trofeo. Un 'no' rotundo envuelto en papel de protocolo FIFA. El reparto de roles fue quirúrgico. La gloria estaba reservada para el Rey Felipe VI, Gianni Infantino y Donald Trump. Sánchez, que probablemente esperaba un protagonismo de primera línea, se quedó con el papel de espectador VIP sin funciones oficiales. Es como pagar la entrada más cara del concierto y que te digan que no puedes subir al escenario para el bis. La indignación en el Ejecutivo fue palpable, aunque el presidente decidió maquillar el desplante volando rápidamente a Argelia para 'normalizar' relaciones bilaterales, como quien huye de una fiesta donde le han dejado fuera de la lista de invitados. Pero lo mejor no fue el veto institucional, sino la banda sonora. Mientras saludaba a la Familia Real, el estadio se convirtió en un coro coordinado. No eran cánticos de ánimo, sino el clásico 'Pedro Sánchez, hijo de puta' resonando en Nueva York con la fuerza de un tsunami. Una sintonía que, curiosamente, viajó en avión y aterrizó en la Plaza de Cibeles, donde los aficionados celebraban la segunda estrella del fútbol español recordándole al presidente que, aunque él no estuviera en la foto de la Copa, el sentimiento de rechazo sí tenía un lugar reservado en el podio.
Hay quien dice que el poder es un juego de ajedrez, pero en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero parece más un juego de 'quién conoce a quién' con fondos públicos de por medio. Julio Martínez Martínez, el hombre que el juez José Luis Calama ha bautizado con la precisión de un cirujano como el 'correveidile' del exmandatario, ha decidido que ya es hora de que la música suene para todos. Ante el Juzgado de Instrucción número 4, Martínez ha dinamitado la versión oficial: no hubo casualidades, sino una hoja de ruta trazada por el propio Zapatero para conectar los puntos entre la aerolínea Plus Ultra, su presidente Julio Martínez Sola y la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, aquí se hablaba de un rescate de 53 millones de euros a través de la SEPI. Un sablazo institutional que, según el testimonio, no llegó por arte de magia, sino por la ingeniería de un ideólogo que ahora dice no conocer a los dueños de la compañía. Para colmo, el 'correveidile' admite que el negocio incluía una comisión del 1% sobre ese rescate, un porcentaje que se filtraba a través de Análisis Relevante, la maquinaria financiera del exlíder socialista. Pero la generosidad no terminaba en los rescates. Martínez confesó haber trasladado 236.000 euros a What The Fav para pagar a las hijas de Zapatero, manteniendo el flujo de efectivo mensual aunque no movieran un solo dedo en el trabajo. Una suerte de asignación vitalicia disfrazada de contrato. Tras cuatro horas de interrogatorio y respuestas que el juez consideró 'demasiado genéricas', el testigo ha pedido sus agendas para refrescar la memoria. Porque claro, recordar dónde se dejan millones de euros públicos requiere, al menos, un calendario bien organizado.
Comentarios