David Sánchez no tendrá que devolver los 340.572 € que cobró porque la Fiscalía no le acusó de ningún delit...

Culpable, pero el dinero se lo queda

politica Una ilustración satírica de estilo editorial. Un hombre con traje elegante sostiene un saco enorme de monedas de oro mientras camina sobre un camino de papeles judiciales. Detrás de él, un mazo de juez golpea una mesa, pero el mazo es de goma y no hace efecto. El fondo es un edificio gubernamental gris y aburrido, contrastando con el brillo dorado del dinero. Estilo de caricatura política de periódico serio, colores sobrios con el oro resaltado.

Hay que tener valor, o una genealogía muy bien puesta, para que el sistema te regale un coche de lujo sin pedirte la llave. David Sánchez Pérez-Castejón ha logrado el 'hat-trick' de la impunidad administrativa: ha sido condenado por prevaricación, pero se queda con los 340.572 euros que cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025.

Sí, ha sido culpable, pero el botín no se toca. Es el equivalente judicial a que te pillen robando el jamón en el súper y el juez te diga que, aunque te lleves la inhabilitación, el jamón ya ha sido digerido y no hace falta devolverlo. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado claro que, como la Fiscalía pidió el sobreseimiento desde el principio —básicamente, mirar para otro lado—, nadie pidió el dinero en el juicio.

Para que David devolviera los fondos, el Ministerio Fiscal tendría que haber tenido la decencia de acusar, algo que no ocurrió. Así, mientras el ciudadano medio se pelea con Hacienda por un error de diez euros en la declaración, Sánchez se guarda un tesoro que empezó con 22.603,82 euros en 2017 y terminó escalando hasta los 57.627,07 euros en 2024.

Todo esto por dirigir una 'Oficina de Artes Escénicas' que, según el propio interesado, no tenía oficina física. Un concepto vanguardista: cobrar un sueldo de jefe sin tener donde sentarse. El ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda, se lleva 18 años de inhabilitación, pero el premio gordo es la ausencia de responsabilidad civil.

Ahora la pelota queda en el tejado de la Diputación de Badajoz o del Tribunal de Cuentas. A ver quién se atreve a pedir que devuelva el dinero después de que los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero ya le hubieran puesto los puntos sobre las íes a la magistrada Beatriz Biedma.

Un final de película donde el villano es culpable, pero el botín es propiedad privada.

Crítica:

El texto original es una mina de oro de datos, pero falla en conectar la condena con la absurda falta de devolución. Es la definición de 'justicia cosmética' donde la pena es simbólica y el beneficio económico es real.

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