Crítica:
La noticia es un ejercicio de contraste brillante entre la fiesta y el juzgado, aunque se queda corta al no profundizar en los nexos reales de la sociedad Whatthefav.
Antonia Alcázar, la hermana de Gertrudis: «Por supuesto que no va a entrar en la cárcel, confianza absoluta...
VIPs del PSOE: Imputadas pero muy tranquilas
Otros artículos
Chubasqueros de usar y tirar: el sablazo
Hay que tener valor para llamar 'uniforme' a una prenda que se deshace al tercer centrifugado. El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que es hora de gastar 2.378.031 euros en chubasqueros que, por fin, aguanten más de cinco coladas. Sí, han leído bien: la Administración había entregado ropa tan delicada que echarle suavizante era básicamente un acto de vandalismo contra la bandera de España, que se despegaba como una pegatina barata de feria. Ahora, el pliego del expediente 2026/00051 exige un estándar casi espacial: que las letras de 'Instituciones Penitenciarias' sobrevivan a 30 lavados. La ironía es tan espesa que se puede cortar con tijeras de sastre. Mientras los funcionarios de la APFP se cuecen en polos 100% poliéster —ideales para simular una sauna portátil en turnos de 16 horas—, el Gobierno presume de una ingeniería financiera donde la ropa la cosen los propios presos en centros como Córdoba, Jaén o Alcalá de Henares. Pasamos de la elegancia de El Corte Inglés en la era pre-2008 a una confección interna que, según Gonzalo Arboledes, deja mucho que desear en transpirabilidad y funcionalidad. Pero lo verdaderamente escandaloso no es que el uniforme sea un disfraz de mala calidad. Lo grave es que mientras se discute si el logo es transfer o bordado, la seguridad es un coladero. Desde 2010 se registran más de 5.800 agresiones, y el ritmo no baja: en 2025 se contabilizan ya 529 ataques físicos. Más alarmante aún es la cifra de agresiones sexuales a trabajadoras, que se han triplicado pasando de 43 en 2023 a 117 en 2025. Marlaska prefiere invertir en chubasqueros que no se borren antes que en chalecos antipinchazo o en frenar la espiral de impunidad que reina en los pasillos.
Sánchez: Gafas para el eclipse, ojos cerrados
Hay que tener un desplante de dimensiones bíblicas para que, mientras tu entorno se desmorona como un castillo de naipes mojado, decidas convertirte en guía turístico astronómico. Pedro Sánchez ha optado por la técnica del 'estira y encoge': mientras el juez Santiago Pedraz le pone la soga al cuello a la cúpula de seguridad y gestión, el presidente nos vende gafas protectoras. Es el arte de la evasión llevado al grado profesional. El escenario es dantesco. Por un lado, tenemos a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y a Manuel Llamas, DAO del Instituto Armado, imputados por prevaricación y obstrucción a la Justicia. Al parecer, se dedicaron a jugar al gato y al ratón con la UCO para tapar filtraciones que quemaban el despacho del jefe. Pero claro, explicar por qué la fontanera Leire Díez tenía llaves del sistema es demasiado complejo. Es más fácil recomendar una app. Como si no fuera suficiente, la SEPI se ha convertido en un club de lectura sobre delitos graves. Veinticinco altos cargos, incluida la presidenta Belén Gualda, están imputados por una red de tráfico de influencias, malversación y organización criminal. Básicamente, han gestionado el dinero público como quien gestiona el presupuesto de una cena de empresa donde alguien se ha olvidado de pagar la cuenta. Y así, en lugar de dar la cara por este agujero contable y ético, Sánchez publica un vídeo el sábado promocionando 'Trío de Eclipses', la herramienta del Ministerio de Ciencia para ver el eclipse del 12 de agosto. '¡No os olvidéis de las gafas protectoras!', exclama el presidente. Un consejo brillante: nos pide que miremos al cielo para que no tengamos que mirar al suelo, donde los expedientes judiciales se están amontonando como ropa sucia un lunes por la mañana.
Sueldos de lujo y tareas externalizadas
Hay que tener valor. Mucho valor. El Instituto de la Mujer, bajo el ala del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha decidido que gestionar el distintivo «Igualdad en la Empresa» es una tarea demasiado ardua para quienes cobran por hacerla. Así que, en un alarde de generosidad con el dinero ajeno, le han soltado 767.972 euros a Enred Consultoria, S.L. para que haga el trabajo sucio: redactar bases, analizar papeles y hacer verificaciones in situ. Básicamente, han pagado casi tres cuartos de millón de euros para que alguien más les diga cómo ser iguales. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra, el Ministerio juega al 'outsourcing' de sus propias competencias. Lo más delirante es que el pliego exige que la empresa tenga «aptitudes específicas en materia de igualdad». Traducido al cristiano: pagamos a un externo para que sepa lo que nosotros, que somos el Instituto de la Mujer, deberíamos saber por definición. Es como contratar a un chef para que te diga cómo hervir agua mientras tú cobras el sueldo de MasterChef. Pero el despliegue de cinismo no termina aquí. El Tribunal de Cuentas ya les había pillado el truco con otro 'sablazo' más discreto: 14.990 euros para que una empresa externa redactara el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata. La excusa oficial fue la «imposibilidad» de hacerlo con sus propios medios técnicos. Resulta fascinante que esa imposibilidad conviva armoniosamente con las nóminas de la cúpula: el secretario técnico de Igualdad embolsa 104.188 euros anuales y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres llega a los 130.473 euros. Mucho sueldo para tan poca capacidad de redactar un texto normativo, ¿no creen?
Zapatero: joyas millonarias y silencio absoluto
Hay quien gestiona el tiempo con la precisión de un reloj suizo y quien lo hace como si el calendario fuera una sugerencia opcional. José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido aplicar esta última técnica. El expresidente, que ya carga con la mochila de siete delitos, prometió dar la cara sobre el misterioso tesoro de su caja fuerte, pero el plazo del 27 de junio ha pasado sin que el hombre asome la cabeza. Su abogado, Víctor Moreno, se lanzó el 17 de junio en la Audiencia Nacional asegurando que las explicaciones llegarían en 'una semana o diez días como máximo'. Spoiler: no llegaron. Lo verdaderamente fascinante es la gimnasia mental aplicada a la valoración de los trastos. Luis Arroyo, actuando como portavoz, intentó vendernos que aquello eran simples recuerdos familiares, herencias de la madre y la suegra, con un valor de entre 30.000 y 50.000 euros. Una cifra razonable, casi como el presupuesto de una reforma pequeña en casa. Pero entonces entró en juego la realidad. La firma Ansorena y el Instituto Gemológico Español hicieron los números y el resultado dinamitó la narrativa: las joyas valen más de 1,3 millones de euros. Pasar de 50.000 a millón y trescientos no es un error de cálculo, es vivir en dimensiones paralelas. Para rematar la jugada, Zapatero intentó jugar la carta del 'estoy desorganizado' presentando un recurso el día 15 para aplazar su declaración, alegando que necesitaba tiempo para buscar los papeles del origen de las piezas. El juez, que no estaba para juegos de escondite, le denegó el permiso. Así, mientras el expresidente sigue en silencio, la pieza separada por delitos fiscal y de contrabando sigue ahí, recordándonos que algunas herencias pesan mucho más que otras, especialmente cuando el fisco no ha visto ni un céntimo.
El blindaje de Sánchez empieza a agrietarse
Pedro Sánchez ha intentado montar un 'seguro de vida' institucional que le permita mandar desde el sofá hasta 2031, pero la realidad le está pegando un sopapo de realidad. La estrategia era sencilla: llenar cada organismo autónomo, tribunal y consejo de fichas leales con mandatos larguísimos, como quien firma una hipoteca a treinta años para que el siguiente dueño de la casa no pueda cambiar ni el color de las paredes. Así, el Gobierno entró a machete en RTVE en octubre de 2024, blindando a 15 consejeros hasta 2030 mediante un real decreto ley. Un movimiento quirúrgico para que el control ideológico fuera el plato fuerte del menú durante seis años. Sin embargo, el plan tiene fugas. En el Tribunal Constitucional, el PSOE ha pinchao en hueso; el PP ha bloqueado la renovación de los cuatro magistrados que elige el Senado para 2026, incluyendo a Cándido Conde-Pumpido, esperando que la aritmética de la Cámara Alta juegue a su favor. Mientras tanto, la lista de 'ilustres imputados' crece con la directora general de la Guardia Civil, su adjunto operativo y la presidenta de la SEPI, que siguen en sus puestos porque en esta guerra, según el manual de Rambo, no se hacen prisioneros. Hay blindajes que parecen bunkers, como Inés Olóndriz en la AIReF hasta marzo de 2032 o José Luis Escrivá en el Banco de España hasta septiembre de 2030. Pero hay otros que son de papel: la Fiscalía General con Teresa Peramato o el CIS con José Félix Tezanos caen en cuanto cambie el dueño del despacho. Incluso en la CNMV, Carlos San Basilio y Paloma Marín están puestos hasta finales de 2030 tras un cambio de ley en marzo de 2023 que alargó los mandatos de cuatro a seis años. Al final, el intento de crear un Estado sanchista eterno se parece más a intentar tapar el sol con un dedo: mucho esfuerzo, pero la sombra se está acortando.
UGT-Andalucía: El 'bote' que hundió la honradez
España tiene una asignatura pendiente con la honestidad: suele salir más caro que el alquiler en Sol. Roberto Macías, un joven mexicano que aterrizó aquí con la ilusión de un Erasmus, terminó descubriendo que en UGT-Andalucía la solidaridad se aplicaba principalmente al reparto de los botines. Desde el área de compras, Macías se topó con una ingeniería financiera de manual: facturas retocadas y una contabilidad paralela que haría ruborizar a cualquier contable creativo. El truco del almendruco se llamaba 'el bote' o el 'ráppel'. Básicamente, usaban subvenciones públicas destinadas a formar a desempleados —gente que no tiene ni para el café— para alimentar un agujero contable donde el dinero desaparecía por arte de magia. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos en el súper, en el sindicato se gestionaba un fraude de gran escala con la soltura de quien usa una tarjeta de empresa para vacaciones en el Caribe. Macías no se quedó mirando. Al ser despedido, soltó la bomba: más de 22.000 documentos internos filtrados a la prensa. Un tsunami de papel que dinamitó la cúpula de UGT-Andalucía y obligó a los jefes a recoger sus maletas. Pero aquí llega el giro tragicómico de nuestra justicia. Mientras los artífices del fraude caminaban hacia sus condenas con paso lento, el denunciante fue cazado. Macías acabó condenado por revelación de secretos. La moraleja es tan amarga como un café sin azúcar: en este país, si ves que alguien se está llevando los muebles de la oficina, puedes avisar, pero prepárate para que te multen por haber abierto la puerta para que el policía vea el robo. Un coste personal prohibitivo por el simple pecado de no ser cómplice.
Robles blinda al DAO de las Cloacas
En el manual de 'supervivencia institucional', la regla de oro es clara: si el barco tiene una vía de agua, lo mejor es decir que el agua es, en realidad, un efecto óptico. Margarita Robles ha aplicado esta técnica con maestría quirúrgica. El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha sido imputado por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por prevaricación y obstrucción a la justicia en elCaso Cloacas del PSOE. ¿La respuesta de Defensa? Un escrito de dos páginas que es un monumento al arte de no hacer nada. Mientras que cualquier ciudadano corriente, si tiene un problema con la administración, se siente como si estuviera intentando mover una montaña con una cuchara de plástico, el DAO disfruta de un blindaje envidiable. Robles admite que tiene la sartén por el mango —la competencia para suspenderlo—, pero decide que no hay 'elementos de juicio suficientes'. Básicamente, es como si te pillaran con la mano en la masa de la tarta y el dueño del local dijera que, mientras no haya un análisis químico de la harina, técnicamente no has robado nada. El partido Iustitia Europa, liderado por Luis María Pardo, intentó dar un toque de atención, pero la respuesta ministerial ha sido un despliegue de jerga jurídica para decir que no tienen 'legitimación activa'. En cristiano: 'ustedes no son nadie para pedirme que mueva un dedo'. Para rematar la jugada, Robles se escuda en la Ley Orgánica 12/2007 y el principio de non bis in idem, argumentando que es mejor esperar a que la justicia penal decida antes de tocar el sueldo o el despacho del señor Llamas. Una paciencia administrativa que, curiosamente, nunca se aplica cuando el viento sopla en dirección contraria.
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