Crítica:
La noticia es un festín de contradicciones, pero falla al no profundizar en la cadena de mando que permitió que un comisario operara como un agente libre. El título original es tibio para la magnitud del 'café' que se servía en Barajas.
Sorpresa en el Senado por las revelaciones voluntarias del comisario del ‘Delcygate’
Cafés, favores y 7.000 euros en Barajas
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Nacionalidad para tataranietos: el truco electoral
Parece que en el Ministerio de Justicia han descubierto la fórmula mágica para multiplicar votos sin pasar por el Congreso. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, nació con un propósito noble: reparar el daño a los exiliados del franquismo. Pero claro, la nobleza no gana elecciones. Para eso está la 'creatividad' administrativa. Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmó una instrucción que es, básicamente, un cheque en blanco. Mientras la ley hablaba de hijos y nietos, la instrucción de Puente abrió el grifo hasta los tataranietos. Es como si compraras un coche solo para dos personas y, mediante un decreto interno, decidieras que en el maletero caben otros diez sin que el coche explote. El resultado es un despliegue de ingeniería electoral que haría palidecer a cualquier matemático. Ya son 2,6 millones de solicitudes, con 557.709 expedientes resueltos favorablemente. Lo más surrealista es que el Consulado de España en Caracas admite por escrito que, aunque la ley no menciona a los tataranietos, los están admitiendo 'por interpretación'. Traducido al lenguaje de la calle: 'no está en el libro, pero el jefe dice que pase'. La jugada es maestra. El PSOE tumbó en su día las enmiendas de Ciudadanos que querían ampliar este derecho, pero luego lo hicieron por la puerta de atrás con una firma. El objetivo es tan transparente que asusta: captar votos en provincias pequeñas donde la diferencia con el PP es un suspiro. Mientras el ciudadano medio lucha con la burocracia para renovar un DNI, hay gente cuyos ancestros emigraron 54 años antes de la Guerra Civil obteniendo el pasaporte español gracias a una 'interpretación' generosa. Una reparación histórica que, curiosamente, coincide con el calendario electoral.
Pasaportes a ritmo de robot: el negocio
Hay una armonía casi poética en la gestión de los fondos públicos cuando el que diseña la ley es el mismo que compra la maquinaria para ejecutarla. Isabel Valldecabres, una mujer que sabe moverse por los pasillos del poder como si fueran su propio salón, ha orchestrado una coreografía perfecta. Primero, como mano derecha de Carmen Calvo, pilotó la redacción de la Ley de Memoria Democrática, abriendo la puerta a que descendientes de emigrantes —algunos habiendo salido de España 54 años antes de la Guerra Civil— se conviertan en ciudadanos de un plumazo. Pero claro, el flujo de solicitudes se convirtió en una avalancha que el sistema no podía digerir. ¿La solución? Un despliegue tecnológico que haría palidecer a cualquier centro logístico de Amazon. Valldecabres, ya instalada como presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM), firmó el contrato con Inser Robótica por la módica suma de 676.390 euros. No es un gasto cualquiera; es el precio de instalar dos células robotizadas capaces de escupir 50 pasaportes por minuto. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para una cita de renovación, el Gobierno ha decidido que la prioridad es industrializar la nacionalización masiva con control RFID y verificación de peso. Lo más fascinante es el currículum de la protagonista: desde asesorar a ministros como Juan Alberto Belloch y Bibiana Aído, hasta cobrar un sueldo de 171.908,25 euros en 2025. Es la definición de 'eficiencia' administrativa: redactas la norma que crea la demanda y luego compras el robot que la satisface. Todo bajo el paraguas de la modernización, asegurando que la maquinaria tenga soporte técnico durante diez años, por si el entusiasmo por los 'nietos' se prolonga más de lo previsto.
Cafés, WhatsApps borrados y el 'caso Leire'
Hay quien dice que la justicia es ciega, pero en el 'caso Leire' parece que tiene una vista envidiable para detectar el aroma a café y traición. El juez Santiago Pedraz ha decidido que Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, y su mano derecha, el DAO Manuel Llamas, no estaban simplemente 'tomando el té', sino que se han columpiado en la cuerda floja de la prevaricación y la obstrucción a la justicia. El guion es de manual: reuniones clandestinas, mensajes que desaparecen más rápido que el sueldo el día uno y una complicidad que huele a quemado. La trama tiene nombre y apellido: Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, que se movía por los pasillos del poder como quien pasea por su jardín. Mientras el Gobierno jura que la confianza en González es 'intacta' (una palabra muy bonita para decir que no piensan soltar el lastre), los datos de la UCO son demoledores. No fueron dos cafés inocentes, fueron al menos tres encuentros presenciales desde que González tomó el mando el 17 de septiembre de 2024. El 20 de septiembre, la geolocalización puso a Díez a 280 metros de la Dirección General; el 20 de diciembre volvieron a coincidir, justo cuando el DAO Manuel Llamas intentaba abrir expedientes contra los agentes de la UCO que se atrevieron a investigar al poder. Lo más cínico es el juego de las sombras digitales. El 11 de mayo del año pasado, tras una llamada, González activó el borrado automático de WhatsApp. Una limpieza primaveral de chats para que el juez no leyera las instrucciones de 'alimentar la vía'. Mientras tanto, el abogado Ismael Oliver cobraba 27.225 euros por proteger los intereses de Pedro Sánchez, una cifra que hace que la multa de tráfico que pagó Leire Díez por mal estacionar parezca una broma de mal gusto. El próximo 16 de julio, la Audiencia Nacional será el escenario donde se decida si estas reuniones eran 'charla de amigas' o una ingeniería financiera y administrativa para blindar al Gobierno.
Bono se compra un palacete caribeño
Hay quienes se jubilan con un huerto y una radio a pilas, y luego está José Bono, que ha decidido que el Caribe le sienta mejor que el aire acondicionado de Madrid. El exministro no se ha limitado a tomar el sol; se ha instalado en el Meridian Residence, un complejo de Santo Domingo donde el lujo es tan espeso que se puede cortar con un cuchillo. El 9 de junio de 2023, a través de su sociedad Teivelpir, Bono se hizo con un apartamento de 213 metros cuadrados (contando el trastero y la plaza de garaje, que en estas ligas también cuentan) que hoy baila sobre los 500.000 euros. Lo curioso no es el precio —que para algunos es el coste de un coche y para otros el de una vida— sino el vendedor. La operación se hizo con Inmobiliaria Riviera Dominicana, una entidad con base en Panamá, representada por Lawrence Romes Hazoury Toca. Para los que no sigan la liga del dinero caribeño, Hazoury no es un simple agente inmobiliario: es el presidente de la APAP, la cuarta entidad financiera de República Dominicana. Es decir, Bono no compró la casa a un vecino, sino a quien maneja los hilos del ahorro y el préstamo en el país. La coincidencia geográfica es casi poética: el piso está a unas manzanas de sus oficinas, las de su socio Juan Segovia y las del empresario Dímas de Andrés. Un ecosistema cerrado donde se comparten sedes, abogados y, probablemente, el mismo tipo de cava. Todo esto mientras Bono, ya nacionalizado dominicano desde 2020, asesoraba la reforma de la Policía Nacional, justo cuando España soltaba una subvención de 250.000 euros al cuerpo policial en mayo de 2021. Entre macroparques solares de 500 millones de euros y pisos de lujo, el exministro ha montado un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con una fluidez envidiable.
Chivite y el 'negocio chino' de Zapatero
Hay quien dice que en política el silencio es oro, pero en el caso de María Chivite, el silencio empieza a oler a cerrado. La Presidenta de Navarra se encuentra en el ojo del huracán porque el Parlamento le ha pedido que deje de jugar al 'está todo muy bien' y detalle sus citas con ChinaLink ESGT y Energy China. No son precisamente dos panaderías de barrio; son firmas que la UDEF tiene en el radar por mover fondos hacia la cuenta conjunta de José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa. Hablamos de 27 transferencias que suman casi 160.000 euros, una cifra que, mientras el ciudadano medio lucha con la factura de la luz, parece el presupuesto de un capricho presidencial muy bien pagado. La trama tiene un ingrediente picante: Santos Cerdán. Chivite admite que las reuniones fueron a instancias suya, pero el PPN, con Sergio Sayas al mando, ha detectado que las versiones bailan más que un principiante en salsa. Mientras el Gobierno dice que Cerdán fue el puente, la empresa ChinaLink asegura que ellos llamaron directamente para hablar de hidrógeno verde. Esa contradicción es la grieta por donde se cuela la sospecha. ¿Negocios oficiales o favores entre amigos con pasaporte rojo? El Parlamento, presidido por Geroa Bai, ha decidido que ya basta de respuestas a medias y ha exigido hasta los correos electrónicos y las actas de Sodena. Todo el rastro del dinero y los compromisos verbales. El plazo de tres días venció el jueves y, según los populares, el PSN está aplicando la técnica del 'estirón de calendario' para que el tema se enfríe hasta septiembre. Pero con nombres como Luo Bixiong y Javier Romero en la lista de invitados a la sede de la Presidencia, el aire en Pamplona está demasiado caliente para que el olvido haga su magia.
Julito huye: el ático de los billetes
Hay mudanzas que no son por gusto, sino por pánico. Julito Martínez Martínez, el hombre que hacía de 'paraguas' financiero para José Luis Rodríguez Zapatero, ha ejecutado una retirada táctica de su ático en la calle Diego de León 35, en el corazón del barrio de Salamanca. No ha sido una salida elegante con preaviso; ha sido una huida nocturna, de esas que se hacen sin hacer ruido para no despertar a los vecinos, dejando las llaves al portero como quien deja un ticket de parking caducado. El inmueble no era solo un lugar para dormir entre sábanas de hilo, sino que servía de fachada para Análisis Relevante. Esta empresa, que en el papel parece una consultora y en la realidad un buzón de comisiones, fue la herramienta para canalizar el dinero de la aerolínea Plus Ultra hacia el exmandatario a cambio de aceitar el rescate público. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para el café, en este ático la UDEF encontró 286.070 euros en efectivo. Pero no estaban en una caja fuerte digna de un banco, sino repartidos como si fuera una búsqueda del tesoro para niños: en bolsas de viaje, cajas de vasos, palos de golf y hasta entre adornos navideños. Una ingeniería financiera de nivel 'manual de instrucciones para principiantes'. Lo más surrealista es la geografía del poder paralelo. Apenas 30 metros, en el número 36, Vicente Fernández Guerrero operaba el centro logístico de la trama SEPI, donde Santos Cerdán y Javier Pérez Dolset se reunían para gestionar 'mordidas' corporativas. Dos pisos, dos hermanas propietarias y una misma calle convertida en el centro de operaciones de las cloacas del PSOE. Ahora, Julito ha vuelto a Alicante, buscando el refugio familiar y la distancia del foco, después de que los dueños del piso, hartos de tener a la policía de visita, decidieran no renovarle el contrato que vencía en septiembre.
Zapatero: joyas reales o cárcel directa
Hay paradojas que parecen escritas por un guionista de comedia negra, y la de José Luis Rodríguez Zapatero es la joya de la corona. El expresidente tiene en su caja fuerte un tesoro de 1,32 millones de euros —según la tasación de la casa Ansorena— que ahora se ha convertido en su propia soga. La UDEF los encontró allí, y él dice que fueron regalos de Arabia Saudí mientras gobernaba en Moncloa. El problema es que no tiene ni un papel que lo pruebe, y aquí es donde la cosa se pone divertida. Zapatero está jugando a la ruleta rusa con la burocracia saudí. Si logra que el reino certifique que las piezas son reales, el valor de mercado se dispararía por el bendito 'provenance'. En el mundo de las subastas, que una joya haya pertenecido a un rey es como pasar de un coche usado a un Ferrari de colección: el precio se multiplica por dos o cinco. Pero claro, si el valor sube, el agujero contable con Hacienda también. Actualmente, la cuota defraudada ronda los 581.000 euros. Le faltan solo 19.000 euros para alcanzar los 600.000, la barrera mágica que convierte su problema en un 'delito fiscal agravado'. Es el dilema perfecto: si demuestra que no es un mentiroso y que las joyas son auténticas reliquias del rey Abdalá bin Abdulaziz (regalos de 2007), se acerca peligrosamente a los dos años de prisión mínima. Para salir del atasco, ha desplegado a su mejor activo, Moratinos, el hombre con el hilo directo a Riad. Mientras tanto, el juez José Luis Calama y la Abogacía del Estado esperan a ver si el pedigrí de los diamantes y rubíes acaba mandando al exmandatario a cambiar la alfombra de Moncloa por una de celda.
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