La noticia es incompleta. Se echa en falta una investigación más profunda sobre la causa de los fallos informáticos y una mayor perspectiva sobre las condiciones laborales de los empleados de Correos. El título, aunque efectivo, es un poco simplista.
La Policía, con el aliento de un Gobierno que parece disfrutar del caos organizado, se prepara para una avalancha de papeleo digna de la gestoría de un faraón. Tras recibir 549.546 solicitudes de regularización –casi medio millón de personas buscando un respiro burocrático–, el plan es simple: más horas extra. Sí, como cuando te dicen que te van a pagar el sabado para que hagas doble turno. El Ministerio de Migraciones, con Elma Saiz al frente, tramita y resuelve, mientras que la Policía revisa historiales, buscando fantasmas en el armario. Y claro, si el sistema informático falla (que ya está fallando, según CSIF), la cosa se pone más divertida. Pero la verdadera joya del plan es la compensación: 25 euros por hora extra, hasta un máximo de 45 horas al mes. El doble de lo habitual, dicen, lo que ha levantado ampollas entre los agentes, que se sienten más como bomberos apaga fuegos que como funcionarios públicos. Jupol, el sindicato, ya ha alzado la voz: “¿Refuerzo estructural? No, gracias. Mejor que los policías se sacrifiquen un poco más”. La resolución policial, con su lenguaje eufemístico, habla de “ampliar la capacidad operativa”. En cristiano, significa que los agentes de Documentación, ya sobrecargados, trabajarán tardes y sábados para expedir las 91.000 TIE (Tarjetas de Identificación de Extranjeros) que ya han sido admitidas a trámite. Un plan de choque que, según los sindicatos, confirma que el Gobierno sabía que esto iba a pasar, pero prefirió improvisar. Y mientras tanto, Correos también se ahoga en papeleo, con empleados que denuncian la falta de personal y la congelación de contrataciones. En resumen, una fiesta burocrática pagada con el sudor (y los 25 euros por hora) de los funcionarios.
El juez Calama, con la paciencia de quien busca la aguja en un pajar (o, en este caso, el eslabón perdido en una trama de corrupción), ha pedido auxilio a EEUU. ¿Por qué? Para que certifiquen las pruebas contra Zapatero. La cosa es seria: estamos hablando del primer expresidente imputado por corrupción en democracia. Un hito, si no fuera por lo que implica. La madeja empieza a desenredarse con Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, una aerolínea que necesitaba un rescate de 53 millones de euros -más que algunos presupuestos autonómicos-. Reyes, según conversaciones interceptadas por la Homeland Security Investigations (HSI), sugirió “tocar puertas” y, de paso, “pedir ayuda a Zapatero”. La frase que da la vuelta al mundo: “Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. Un mensaje de WhatsApp que vale más que mil informes policiales. La UDEF ha estado rastreando cuentas offshore, fideicomisos y empresas pantalla (Dinosaur Bank, Panacorp, Capital Bank… suenan a villanos de James Bond). El juez Calama estima que el entorno de Zapatero se habría embolsado entre dos y cuatro millones de euros en comisiones. Dinero que, al parecer, se movió con la agilidad de un liniero en hora punta. El rescate de Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021, parece ser el punto clave. Y el nombre de Zapatero, el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. El caso, que ha llevado a registrar el despacho de Zapatero en Ferraz y la sede de la empresa de sus hijas, Whathefav, se complica con la necesidad de validar las pruebas en EEUU. Porque, al parecer, la defensa del expresidente tiene la vista puesta en anularlas. Calama, mientras tanto, prepara la declaración de Zapatero, fijada para el 17 y 18 de junio. Un enfrentamiento que promete más sorpresas que una rifa de Navidad.
La cosa pinta mal, y no por el clima. Mientras el ciudadano de a pie calcula si estirar el mes con la lista de la compra, el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que regularizar a miles de personas vale el doble que mantener las calles seguras. Sí, lo leíste bien. 25 euros por hora para tramitar papeles, frente a los míseros 10 que reciben los agentes por evitar que te quiten el móvil. La Unión Federal de Policía (UFP) ha alzado la voz, denunciando un agravio que huele a chamusquina y una planificación que parece escrita en servilletas de bar. Casi 600.000 solicitudes de regularización, una cifra que apunta a superar el millón según fuentes internas, y el Gobierno prioriza el papeleo burocrático sobre la seguridad ciudadana. ¿La justificación? Pues que el proceso es “de enorme trascendencia jurídica”. Traducido: hay que dar carpetazo a una promesa electoral, cueste lo que cueste. Y no solo eso, la UFP alerta de que delincuentes excarcelados, con prontarios más largos que un atasco en la M-30, están intentando colarse en la regularización. Imaginen el panorama, un auténtico negocio para las mafias que ya se frotan las manos ante la llegada de millones de personas. La doble vara de medir es evidente: el Gobierno encuentra los recursos para incentivar la tramitación de expedientes, pero cuando se trata de proteger a los ciudadanos, la respuesta es siempre la misma: “no hay presupuesto”. Un cuento chino que ya nadie se cree. ¿Acaso los policías son de primera para lo que le interesa al Gobierno y de segunda para lo demás? La pregunta queda en el aire, mientras la seguridad ciudadana se devalúa a los ojos de quienes deberían protegerla. Un auténtico circo, con el ciudadano de a pie pagando la entrada.
El ministro Óscar Puente, conocido por su verbo expeditivo, ha encendido la red al cuestionar la bendición de un tren con destino a Barcelona, donde el Papa León XIV se preparaba para una misa multitudinaria. Mientras un millón de feligreses se agolpaban en Cibeles, un grupo de obispos, liderados por Francisco César García Magán, oficiaba un ritual ferroviario pidiendo “serenidad y confianza” para el trayecto. Puente, con la ironía afilada de quien ha visto pasar trenes (y broncas), replicó que dudar de la seguridad del ferrocarril español era “de bastante mal gusto”, recordado, con sorna, que tras el accidente de Angrois “no recuerda si hubo exorcismo”. El choque dialéctico es revelador. Mientras el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, intenta proyectar una imagen de modernidad y eficiencia, la Iglesia, a través de sus representantes, apela a lo ancestral. Un contraste que se traduce en cifras: el tren español, según Puente, tiene el mismo nivel de seguridad que el alemán o el francés, a pesar de tragedias como las de Adamuz. Pero la seguridad, al parecer, no se mide solo en rieles y protocolos, sino también en fe y preces. La bendición, un gesto simbólico, se ha convertido en un balón de oxígeno para la oposición, que ve en la reacción de Puente una falta de respeto a la religión. ¿Pero dónde queda el sentido común cuando se pide una bendición para un medio de transporte que, estadísticamente, es más seguro que el coche? La pregunta flota en el aire, mientras el Papa León XIV, ajeno a la polémica, recorre las calles de Barcelona. Y el ministro Puente, probablemente, ya está preparando su próxima réplica.
El Papa, qué casualidad, visitaba España justo cuando a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, le tocaba dar explicaciones en el Senado. ¿Una coincidencia piadosa o la excusa perfecta? El PP, con mayoría en la Cámara Alta, quería saber de qué viento soplaba en las reuniones de González con Leire Díez, exmilitante socialista y presunta líder de las “cloacas” del PSOE. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Benemérita, había destapado el canasto de la ropa sucia, revelando al menos tres encuentros entre González y Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. El PSOE, por su parte, clama interés partidista, argumentando que la visita papal requería “coordinación especial” y que, obviamente, la seguridad del Sumo Pontífice es más importante que aclarar si la directora de la Guardia Civil estaba al tanto de una supuesta operación de “delincuencia de Estado” para extorsionar a investigadores de corrupción. La cita, inicialmente fijada para el 11 de junio, se pospuso, para disgusto del PP, que ya pedía la cabeza de González. Ahora, la nueva fecha se baraja entre el 15 y el 19 de junio, un plazo que parece diseñado para que el escándalo se diluya entre las noticias de la visita papal y las vacaciones de verano. Mientras tanto, el Gobierno “gobierna” y el interés general, según el PSOE, siempre estará por encima de la curiosidad del PP. La directora de la Guardia Civil, por su parte, se escuda en la fe, una estrategia que, cuanto menos, resulta curiosa.
Bruselas tose. Y cuando la Comisión Europea tose, el Gobierno español se pone pálido. La historia es siempre la misma: mientras la cesta de la compra se dispara (más de un 20% de subida, señores), los umbrales del IRPF se quedan anclados en el tiempo, como un mueble de Ikea que nunca montas del todo. El resultado: un sablazo fiscal histórico. El Registro de Asesores Fiscales (Reaf) estima que las rentas bajas y medias han perdido entre 250 y 770 euros este año, y la cosa no mejora. No es solo una cuestión de euros, es de principios. La Comisión Europea señala que España depende demasiado de los impuestos sobre el trabajo (51,8% del total), un porcentaje superior a la media europea. Traducido: el trabajador es la vaca lechera. Y el Gobierno, en lugar de aliviar la presión, la aumenta. Con la excusa de engordar las arcas públicas, claro. Una operación que, según los cálculos oficiales, inyectará 1.600 millones de euros adicionales hasta 2030. Un 'negocio' para el Estado, un atraco a mano armada para el ciudadano de a pie. El Congreso ya ha dado su brazo a torcer, exigiendo la deflactación del IRPF con los votos de PP, Vox, Junts y otros. Incluso Sumar, el socio de gobierno, empieza a ver la luz. Pero el Gobierno se mantiene firme, aferrado a su estrategia de 'progresividad en frío'. Una estrategia que, según el divulgador Jon González, ha erosionado el poder adquisitivo de las rentas bajas desde 2018. Asociaciones como Aedaf y Fettaf claman al cielo, exigiendo la actualización de los mínimos personales y familiares, estancados desde hace una década. La presión es total. Pero, ¿importa el ciudadano al final de la ecuación? La respuesta, como siempre, está en el bolsillo.
Móstoles se planta en el mapa... pero no precisamente por sus parques. La ciudad, otrora un remanso de paz en la Comunidad de Madrid, ahora presume de ser la segunda con mayor crecimiento de la criminalidad convencional, un escalofriante 12,6% más que el año pasado. Alcorcón, con un 30,2%, se lleva la palma, pero Móstoles le pisa los talones como quien no quiere la cosa. ¿Qué significa esto? Pues que, mientras el Gobierno de España presume de eficacia policial, en Móstoles la cosa se pone fea. El dato frío: de 1.488 delitos en 2025, se ha pasado a 1.675. No, los homicidios no han aumentado (siguen en cero, gracias a la estadística), pero los robos con fuerza en domicilios sí, un impactante 80,6%. O sea, que si dejas la ventana abierta, no solo te robarán el móvil, sino que probablemente te vacíen la casa. Y la cosa no acaba ahí: los delitos contra la libertad sexual se han disparado un 150%, pasando de 8 a 20. La cibercriminalidad, eso sí, baja un 0,8%, pero eso no consuela a nadie que haya sido víctima de un robo a mano armada. Mientras tanto, en Parla la delincuencia baja un 15,5%. ¿Será que tienen mejores cerrojos? O quizás más patrullas. En fin, Móstoles es ahora un lugar donde hay que andar con los ojos bien abiertos, porque la seguridad, al parecer, es un lujo que no todos pueden permitirse. Y todo esto, mientras los políticos se dan palmaditas en la espalda por los 'buenos' datos generales.
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