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Koldo García desmiente al exgerente del PSOE Mariano Moreno en una entrevista en Leo Radio. Afirma que recibió 'billetes grandes', incluso de 500 euros, que la UCO de la Guardia Civil denomina 'chistorras'. Koldo niega la existencia de una 'caja B' en Ferraz según su criterio personal y profesional. La secretaria Celia Rodríguez gestionaba sobres con metálico y confirmó pagos en efectivo a otros cargos del partido. Koldo era quien distribuía los pagos entre el equipo de la Secretaría de Organización, a la que se reintegraron 127.000 euros en siete años según documentación del PSOE. Koldo asegura no saber si el secretario general Pedro Sánchez recibió pagos en efectivo. Koldo también confrontó con el empresario Víctor de Aldama, a quien definió como un personaje sin credibilidad. La investigación se sigue en el Tribunal Supremo contra Koldo, el exministro José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.
El presidente Pedro Sánchez destinó más de 300 millones de euros a empresas y organismos que financiaron la cátedra de su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid. Juan Carlos Barrabés, empresario cercano a Gómez, fue designado 'socio estratégico' en julio de 2023. Barrabés recibió contratos públicos por más de 10 millones de euros en 2021 gracias a cartas de recomendación de Gómez. La Fundación La Caixa aportó 60.000€ al programa y posteriormente recibió alrededor de 2 millones de euros a través de convenios con el Gobierno. Reale Seguros donó 60.000 euros al máster de Gómez tras una reunión con un amigo de Sánchez que trabaja como corredor de seguros. La Fundación ONCE, colaboradora de la cátedra, recibió un millón de euros en subvenciones del Gobierno. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió el borrado de 'metadatos' en concursos ganados por Barrabés. El informe de la Intervención General de la Administración del Estado calificó el procedimiento como 'fraude de ley'.
Celia Rodríguez, empleada del PSOE, declaró ante el Tribunal Supremo que Koldo García distribuía dinero en efectivo a José Luis Ábalos y su equipo. Rodríguez gestionaba pagos en efectivo a través de sobres. El 18 de diciembre de 2018, Rodríguez envió un mensaje a Koldo con detalles de gastos: 1.147,85 euros para la Secretaría de Organización y 3.743,15 euros para Ábalos, totalizando 4.891 euros. Koldo admitió que los gastos de Ábalos salían de su bolsillo. Celia preguntó, entre risas, «¿De dónde lo sacas? Ja, ja, ja». Un mes después, apareció la primera referencia a la presunta caja B de «folios» con la que operaba Ábalos. El 18 de enero de 2019, Koldo habló con su mujer sobre «folios para el jefe», considerado un lenguaje convenido para billetes de 50 euros. La UCO intervino conversaciones de WhatsApp que mostraban que Koldo actuaba como distribuidor de pagos. El partido reconoció haber abonado 127.000 euros en metálico a Ábalos.
José Luis Ábalos presentaba tickets de gastos que incluían facturas de 'personas ajenas al PSOE' recopiladas por Koldo García en restaurantes como La Tragantía. El modus operandi incluía acuerdos con restaurantes para obtener facturas desechadas. Ábalos logró 'colar' 55.411,26 euros en 2019 y 33.352,08 euros en 2018. El exgerente Mariano Moreno confirmó que no se comprobaba la autenticidad de los tickets presentados. La UCO investiga una 'fuente de ingresos no declarada' relacionada con estos gastos. El PP solicitó al Supremo reclamar al PSOE los resguardos de pagos a Ábalos. El instructor Leopoldo Puente investiga la posible existencia de una 'caja b'.
Funcionarios de prisiones denuncian que la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de Cataluña manipula las estadísticas de agresiones. En 2024 se registraron 3.604 incidentes (diez al día), un aumento del 84% en cinco años. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica que la Generalitat ofrece una imagen distorsionada de la realidad. Según los datos del Departamento de Justicia catalán, las agresiones han aumentado un 84% en cinco años y se han multiplicado por siete respecto a la última década. En 2024 se registraron 661 agresiones totales y 55 incidentes graves. El CSIF denuncia que la Administración ha modificado los criterios de clasificación de incidentes para reducir artificialmente el número de casos considerados 'graves'. En 2025, las agresiones han aumentado un 20% respecto al año pasado, con 601 incidentes. El sindicato exige que los datos vuelvan a publicarse completos y desagregados. La población reclusa en Cataluña creció un 6,8% el año pasado y hay más de 9.000 presos. El Govern ha anunciado la construcción de dos módulos en la cárcel de Mas de Enric (Tarragona) para acoger a 256 reclusos adicionales, con una previsión de estar listo en 2028. Uno de los centros más tensionados es Brians 2, con 1.777 internos.
El abogado de las víctimas del denominado 'Pelicot español' ha alertado formalmente a la Audiencia Provincial de Madrid sobre el riesgo de que los familiares de las menores agredidas sexualmente busquen venganza contra el acusado durante el juicio. El letrado, Alberto Martín, ha solicitado por escrito un refuerzo de las medidas policiales dentro y fuera de la sede judicial para evitar incidentes graves, ya que los allegados de las tres niñas, de 7, 9 y 12 años, se encuentran en un estado emocional "muy fuerte y difícil de controlar" y "quieren ver muerto" al acusado. La preocupación del letrado se acentúa porque el presunto autor de las violaciones se encuentra en libertad bajo fianza, una situación que considera "inexplicable" dada la gravedad de los hechos. El temor a un encuentro incontrolado entre las víctimas y el acusado ha llevado al abogado a pedir vigilancia adicional, especialmente después de que situaciones similares estuvieran a punto de ocurrir en vistas previas al juicio oral. La acusación particular solicita una pena de 72 años de cárcel para Antonio A. V., residente de Serranillos del Valle (Madrid), por agredir sexualmente a las tres nietas de su pareja. Además, se piden 19 años de prisión para un amigo del acusado que también participó en las agresiones, y se menciona la participación de otros hombres sin identificar a quienes se ofrecía a las menores. Los hechos ocurrieron presuntamente entre 2020 y 2022, en la piscina o vivienda del acusado, y también en lugares públicos como el skatepark del pueblo, "en decenas de ocasiones", según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKDIARIO.
Dilawar Hussein confesó el triple asesinato de Morata de Tajuña ocurrido el 17 de diciembre de 2023. Las víctimas le debían 60.000 euros tras ser estafadas por falsos novios estadounidenses. Hussein alegó escuchar voces y ver fantasmas debido a su enfermedad mental. La fiscal solicita 36 años de prisión por tres delitos de homicidio y quebrantamiento de condena. La defensa pide 7.5 años con atenuantes por trastorno de personalidad paranoide y confesión. El acusado había prestado 40.000 euros a las víctimas y las había amenazado previamente. Los informes forenses indican una leve disminución de sus capacidades intelectivo-volitivas debido a un trastorno paranoide de personalidad.
Un juzgado de Jerez ha dejado en libertad provisional a la empleada de una guardería acusada de maltratar a 5 niños menores de 3 años. Los padres están indignados y piden que sea encarcelada. La guardería despidió a la empleada tras descubrir los hechos mediante cámaras instaladas por un detective. La empleada, que trabajaba en el centro desde hace 26 años, se negó a declarar ante la jueza. El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera impuso a la ex empleada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los menores. Los padres sospechan que el maltrato podría haber sido continuado durante años. La madre de una de las víctimas describió los maltratos en un programa de TVE, denunciando que la empleada pegó y amenazó de muerte a su hija de 2 años sin motivo. El caso se inició el 20 de octubre cuando los padres de una víctima comunicaron sus sospechas a la dirección de la guardería. La investigación continúa y se está estudiando un presunto delito contra la integridad moral. El Juzgado ha informado a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para posibles medidas administrativas.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales critica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Félix Bolaños. Salvador Viada, portavoz de la asociación, considera que la reforma es una 'tomadura de pelo' y que no garantiza la independencia de la Fiscalía. La reforma busca que los fiscales asuman la instrucción de las causas judiciales, competencia que desde 1882 ha correspondido a los jueces. Viada ha expresado su escepticismo sobre la viabilidad de la reforma y ha destacado que la independencia de la Fiscalía es crucial. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, terminará su mandato en 2027. La oposición, incluido el Partido Popular, ha sido criticado por no implicarse en la reforma. La reforma plantea riesgos de injerencia política y se produce en un momento complejo para el Gobierno, rodeado de casos judiciales y acusaciones de corrupción. La estructura de investigación dirigida por fiscales solo funciona si la Fiscalía es independiente del Gobierno.
En Balaguer (Lérida), la muerte de varios gatos callejeros ha generado un conflicto debido a la gestión de una colonia felina comunitaria. El recinto municipal donde se ubicaban los gatos ha sido arrendado a un particular que cambió el candado, impidiendo el acceso a la cuidadora autorizada por el Ayuntamiento. Esto ha provocado la muerte de varios gatos, uno de ellos el 8 de octubre. La asociación FAADA ha presentado denuncias penal y administrativa ante el Juzgado de Instrucción de Balaguer contra el Ayuntamiento por presunto delito de maltrato animal por omisión y por incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. La Ley exige que las personas cuidadoras autorizadas puedan acceder a los recintos donde se encuentran los gatos, incluso si son de titularidad privada. El Gobierno ha exigido que cada municipio tenga un mediador de conflictos entre gatos y vecinos para facilitar la convivencia. La situación se ha agravado debido a la falta de actuación rápida y contundente por parte del Ayuntamiento, según FAADA. El conflicto se centra en la gestión de colonias felinas y la obligación de los ayuntamientos de protegerlas, lo que no siempre coincide con la capacidad para realizar esterilizaciones, que son costosas. La asociación SOS Bigotis de Balaguer gestionaba la colonia felina en el recinto municipal antes de que fuera arrendado.
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Rosa Muñoz